martes, marzo 17, 2009

Los obispos rompen la distensión con el Gobierno por el aborto. La Conferencia Episcopal llama a una "masiva movilización" contra la reforma

Los obispos rompen la distensión con el Gobierno por el aborto. La Conferencia Episcopal llama a una "masiva movilización" contra la reforma. JUAN G. BEDOYA - Madrid. EL PAÍS - Sociedad - 17-03-2009
La calma entre la Iglesia católica y Gobierno socialista se rompe apenas un año después de negociarse. Los obispos llamarán a una "masiva movilización" contra el Ejecutivo cuando éste concrete y remita a las Cortes la reforma de la ley que en 1985 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Lo anunció ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino. "Quitar la vida a una persona es el atentado mayor que se pueda cometer", dijo. Será el primer pulso de la jerarquía católica contra los socialistas a pesar de los gestos del Gobierno hacia la Iglesia y desde que el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero mejoró la financiación del Estado a la Iglesia católica, con un incremento del 34% de la cuota que los fieles pueden destinar a su confesión mediante el IRPF.
El cartel con un niño que gatea sonriente al lado de un lince va a inundar las calles de España en las próximas semanas. "¿Y yo? ¡Protege mi vida!", pide el chiquillo. A su lado, el lince luce una cuña de garantía de protección total. En la cabecera del anuncio, unas fotografías representan el desarrollo de un bebé desde el embrión, su crecimiento progresivo en el útero materno, y la figura de una embarazada de nueve meses.
La tesis de los eclesiásticos es que el niño está claramente menos protegido que el lince por la legislación española. "Está muy bien que se ampare a los animales en peligro de extinción, que se proteja la diversidad de la biosfera, pero justamente esta sensibilidad mayor que tenemos para la biosfera nos debe hacer reflexionar acerca de la necesidad de proteger, no menos, sino más, a los seres humanos que van a nacer", sentenció el portavoz episcopal.
El Ejecutivo socialista y los obispos parecían haber llegado a un acuerdo en esta legislatura para evitar conflictos de envergadura. Incluso se había implicado en el empeño la Curia (gobierno) del Vaticano. Así pareció con motivo de la visita a Madrid, el mes pasado, del secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone. El cardenal y número dos del Papa, oficialmente en viaje privado, recibió tratamiento de jefe de Estado, con entrevistas y almuerzo con el Rey, el presidente del Gobierno y varios ministros.
La pacificación de relaciones había estado precedida, años atrás, de una confrontación extraordinaria, con manifestaciones convocadas por los obispos por las calles de Madrid contra la legalización de las parejas del mismo sexo con el nombre de matrimonio (2005), o en defensa de la familia (navidad de 2008). El portavoz de la Conferencia Episcopal dijo entonces que la legalización del matrimonio gay era lo peor que le había pasado a su iglesia en España en dos mil años.
En busca de consolidar la pacificación de relaciones, el Gobierno reformó muy generosamente el sistema de financiación estatal a la Iglesia romana y canceló algunas reformas previstas, como la legalización de la eutanasia. También renunció a poner "los puntos sobre las íes" en las relaciones Estado-Iglesia, como había prometido Rodríguez Zapatero en la campaña electoral de hace un año. Pero no quiso cancelar la reforma de la legislación del aborto, otra de sus promesas.
Los obispos responderán con contundencia. Su tesis no ha variado. El aborto es un crimen horrendo, y el Estado, legalizándolo, se hace cómplice del mismo. Cuando el Gobierno envíe el proyecto de ley reformando lo aprobado en 1985, lo dirán alto en una carta pastoral, que guardan como oro en paño. Además de combatir al Ejecutivo, el episcopado quiere luchar también contra la "permisividad moral y social" que acepta sin inmutarse "la eliminación" de un ser antes de nacer. Entre las muchas "patologías de la razón" que sufre la humanidad, ninguna es peor que la aceptación social del aborto.
El cartel presentado ayer, del que se han hecho 30.000 copias, se exhibirá de manera preferente en los centros educativos católicos y en los templos, pero también en 1.600 enormes vallas en calles de 37 ciudades (215 vallas en Madrid y otras tantas en Barcelona). Ocho millones de dípticos se entregarán en mano. Martínez Camino no desveló su coste.

¿Las encarcelaría?

¿Meterían en la cárcel los obispos a las 112.000 mujeres que abortan voluntariamente en España cada año? No hay pregunta que incomode más a los prelados. Su portavoz aludió ayer a que el Código Penal prevé penas incluso de prisión para los que atenten contra la fauna y la flora protegida, pero se negó a responder sobre si estaba sugiriendo que la mujer embarazada y quienes intervienen en la comisión del aborto deberían sufrir también penas de cárcel. Martínez Camino titubeó y se limitó a recordar que "la ley que no protege el derecho de una persona a nacer es una ley injusta, e incluso no tendrá ni siquiera el carácter de ley". Sobre los casos excepcionales, "debe ser el juez quien debe dictar la pena, a tenor de circunstancias eximentes o atenuante de cada caso".

Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) lamentó que, "una vez más, la Conferencia Episcopal cometa la bestialidad de comparar un derecho de la mujer con la protección animal". "Los obispos se preocupan mucho más de que sus dogmas se conviertan en ley, que de que se defienda la vida, como ha ocurrido con el niño andaluz nacido para ayudar a curar una enfermedad congénita de su hermano. Debería darles vergüenza", dijo a la agencia Servimedia.


* Más de 300 "científicos" presentan un manifiesto contra la reforma de la ley del aborto

Aído: "¿Por qué no ha habido manifestaciones contra el aborto en los últimos 20 años?". Blanco recuerda que durante los Gobiernos del PP se practicaron 500.000 interrupciones de embarazo. AITOR RIVEIRO - Madrid ELPAIS.com - Sociedad - 30-03-2009
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se ha preguntado hoy por qué los que ayer se manifestaron contra el aborto no han protestado en los últimos 20 años, durante los cuales ha estado en vigor la misma norma que aún sigue vigente. Aído se ha interrogado también sobre los detalles concretos que no les gustan a los manifestantes, cuando aún no se conoce el proyecto de ley. A juicio de la ministra, el debate no es ya aborto sí, o aborto no, algo que ya "ha superado" la sociedad española hace décadas. En la misma línea se ha expresado el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que ha recordado que "en España se aborta con la misma ley desde hace muchos años" y que "durante los ocho años del Gobierno del PP, con José María Aznar al frente, se practicaron 500.000 abortos", informa Anabel Díez. "No hubo manifestaciones entonces, sí las hubo cuando gobernaba Felipe González, y ahora las vuelve a haber, sólo cuando gobierna el PSOE". Es decir, la acusación de doble moral, la ha lanzado Blanco tanto "al PP como a la Iglesia".
Blanco ha precisado que todavía no hay ley sino que se trata de un anteproyecto, por lo que puede haber aún "reflexiones" sobre su contenido. Ahora bien, dos aspectos son intocables: "Ninguna niña ni ninguna mujer irán a la cárcel por abortar" y "se extremarán las garantías jurídicas y sanitarias". Blanco se ha declarado creyente en varias ocasiones.
La ministra de Igualdad se ha reunido esta mañana con el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, quien ha pedido al Gobierno que el plazo para abortar por riesgo para la salud de la madre sea de 24 semanas y que no haya límite para interrumpir el embarazo en caso de malformación fetal. La ministra también ha recibido al presidente de la Sociedad Española de Contracepción, Ezequiel Pérez. Y a lo largo de la semana se entrevistará con asociaciones provida.
El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, también ha insistido, desde Singapur, en la misma idea que Aído y Blanco. En las legislaturas del PP, ha dicho, "se practicaron más de 500.00 abortos legales". En declaraciones a RNE, el ministro ha asegurado que respeta "profundamente cualquiera de las opiniones que se expresan en cualquier sentido", pero ha mostrado su "sorpresa por el hecho de que durante los ocho años que gobernó el PP no hubo ninguna de estas manifestaciones".
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha criticado que la campaña contra el aborto impulsada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) se pague "con el dinero de todos" procedente de la recaudación obtenida a través de la declaración de la renta. En este sentido, se ha referido a los carteles en los que se compara a un lince protegido con el derecho a la vida de un niño, y ha indicado que son los carteles de las "mentiras", ya que "ni el lince es ibérico, ni el niño es un feto". Por último, ha dejado claro que no se opone a la Iglesia católica y recordado que en IU también hay cristianos, pero espera que "rompan con la jerarquía religiosa de una puñetera vez".

La astucia del lince. Javier Pradera DOMINGO - 22-03-2009
La Conferencia Episcopal ha utilizado el periodo cuaresmal para lanzar una espectacular campaña preventiva contra el embrionario -valga la coincidencia- anteproyecto del Gobierno para modificar la ley del aborto aprobada hace 24 años. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino (premiado recientemente con un obispado por sus briosas críticas a la política del Gobierno durante la anterior legislatura), mostró el pasado lunes a la prensa un cartel de anticuado diseño con las imágenes de una cría de lince ibérico ("protegido") y de un niño a gatas ("¿y yo?"), bajo el rótulo común ¡Protege mi vida!, para anunciar la jornada por la vida del 25 de marzo.
Al día siguiente fue presentada una Declaración de Madrid firmada por académicos, investigadores, catedráticos y profesores universitarios que muestran su disconformidad con el aborto -en general- y con las modificaciones -en particular- a la ley de 1985 sugeridas el pasado 18 de febrero por la subcomisión parlamentaria de la Comisión de Igualdad del Congreso. El precalentamiento en la banda de los aguerridos componentes del equipo habitual de agit-prop eclesiástico antes de que el Consejo de Ministros hubiese enviado el proyecto de ley de reforma a las Cortes da fundamentos para suponer que la Conferencia Episcopal se apresta a ensordecer de nuevo a la opinión pública con las atronadoras tamborradas dirigidas en el pasado contra la autonomía del Estado aconfesional en un sistema democrático para legislar sobre el divorcio, el matrimonio homosexual, la educación cívica o las investigaciones con células madre.
La campaña propagandística basada en las imágenes de la cría del lince ibérico protegida y del niño dejado en manos de criminales incluye la pegada voluntaria en las paredes de las parroquias y los centros católicos de 30.000 carteles y el alquiler de 1.500 vallas publicitarias en las calles españolas. No se sabe todavía si la compra de espacios incluirá a la prensa, la radio y la televisión; también se ignora la cuantía exacta de unos gastos financiados con unos ingresos procedentes, en abrumadora mayoría, de los fondos presupuestarios donados a la Iglesia que el Gobierno de Zapatero elevó durante la pasada legislatura a iniciativa de su vicepresidenta, en la ingenua creencia de que la medida serviría para suavizar la hostilidad del Estado vaticano y de su enclave episcopal en España.
La presencia en el cartel de una cría protegida del lince ibérico no implica la súbita conversión de la Conferencia Episcopal a las ideas de José Ferrater Mora o de Peter Singer a favor de la extensión de la ética a los derechos de los animales. La burda, falsaria y provocadora campaña eclesiástica sólo pretende equiparar la interrupción voluntaria del embarazo previa al parto con el infanticidio posterior al nacimiento: la torpe confusión entre el nasciturus cuya gestación queda interrumpida y el rollizo niño del cartel andando a gatas es un venenoso acto mal intencionado. -

Contra la ley natural. Santos Juliá. DOMINGO - 22-03-2009
Como no todo va a ser meterse con el Gobierno, ya llueva, ya luzca el sol, bueno será recordar que el 27 de mayo de 2006 el BOE publicó la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, que derogaba otra ley del mismo nombre de 1988 y su modificación por una más de 2003. La promulgación de la nueva ley podía entenderse, pues, como último paso de una legislación iniciada muy pronto en España, en la segunda legislatura socialista, que, modificada por el PP, ha disfrutado de amplio consenso en el conjunto de la sociedad española. También consiguió amplio acuerdo, un año después, la Ley, de 3 de julio de 2007, de investigación biomédica.
No es cosa de proceder aquí a un análisis de ambas leyes. Bastará decir que con ellas se abría el camino para romper, con todas las garantías legales, el imperio de la naturaleza sobre la historia en un elemento central de la concepción creacionista del mundo: el hecho de nacer. No porque la vida pudiera surgir de la nada, utopía situada más allá del horizonte actual de la ciencia, sino porque la vida era susceptible de clonación, también en seres humanos, a los que según aquella visión del mundo un ser divino insufla un espíritu eterno, creado, ahora sí, de la nada, en el momento de su concepción.
La posibilidad técnica -prohibida por la ley- de clonar seres humanos con fines reproductivos produjo vértigo a los guardianes del sentido de la vida y administradores de los ritos de la muerte, en nuestro país, desde remotos tiempos, monopolio de la Iglesia católica, intérprete por derecho divino de la ley natural. La Conferencia Episcopal desencadenó, pues, una campaña en la que todo valía, desde la mentira al insulto y a la acusación digna de llevar a sus autores ante el juez de guardia. No faltó obispo que calificara la ley de "cruel, discriminatoria, totalitaria", o denunciara la matanza de hijos "engendrados por el camino" para obtener el hijo deseado, o evocara a Hitler como inspirador de los laboratorios para la "producción de objetos". Se habló de la "malicia radical" de la Ley y se presentó a "nuestros legisladores" como "conducidos por una mentalidad profundamente amoral".
Los socialistas de ahora aguantaron la campaña y las manifestaciones callejeras encabezadas por obispos, aunque -nadie sabe por qué- iniciaron su segunda legislatura con ánimo compungido, como pidiendo perdón: poco faltó para que organizaran un baile en honor del singular personaje enviado por el Papa a templar gaitas, y nada detuvo al ministro de Hacienda para subir del 0,52% al 0,7% la asignación al capítulo de culto y clero, que era como se llamaba en tiempos de Isabel II, cuando la religión católica era religión del Estado. Si a los obispos les entró el vértigo ante el abismo de la reproducción asistida y de la investigación biomédica, al Gobierno le dio el tembleque por el enfado de la Iglesia ante la posible pérdida de su monopolio sobre el origen de la vida y la liturgia de la muerte.
Y de aquellos polvos, estos lodos. Crecidos, con la sonrisa del triunfo en la cara y la bolsa repleta de denarios, los obispos entran de nuevo en campaña. Se trata de que la gente no vaya a creer que una nueva vida puede ser genéticamente seleccionada con la finalidad de salvar otra y hacer felices a papá, a mamá y al hermanito enfermo y que todos -familias católicas incluidas- lo celebremos y sintamos una profunda emoción ante este triunfo de la razón sobre el desafortunado azar, de la ciencia sobre el capricho de la ley natural; o que nadie, por lo siniestro del caso, caiga en la tentación de pensar que el aborto practicado a una criatura de nueve años, violada por su padrastro, es un acto de humanidad y que asesino sería quien dejara seguir su curso al embarazo, como una fatalidad impuesta por la ley natural; o, en fin, que a nadie se le ocurra opinar que el padre de una joven condenada a vida vegetal es sencillamente humano en su combate, ejemplar, admirable, por poner fin a tal dislate. No, nada de esto es legítimo y quienes practican estas artes son asesinos: eso dicen, al menos, los obispos españoles.
Un bebé en España, una niña en Brasil, una joven en Italia: la razón, la moral y la piedad están del lado de quienes en un caso han devuelto la salud y la vida, en otro han reparado un crimen y en el último han puesto fin a una tragedia. La jerarquía católica califica esos actos como asesinato y eutanasia. El Estado, por decir esas cosas, le paga una buena soldada y organiza fiestas en la recepción de sus jerarcas. Bien, quizá sea que aún no hemos salido de los tiempos en que Isabel II se entendía a lo divino con Pío IX. -

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