domingo, julio 22, 2012

Malditos funcionarios bastardos. Tras la evaporación del Estado no habrá ni derechos adquiridos ni propiedades a proteger. A ver quien gana. FRANCISCO Palacios 19/07/2012


Malditos funcionarios bastardos

Tras la evaporación del Estado no habrá ni derechos adquiridos ni propiedades a proteger. A ver quién gana


FRANCISCO Palacios 19/07/2012
Esta ha sido la consigna. El ministro Montoro escupía la filosofía base: los funcionarios están dados al cafelito, practican el fraude horario y militan en la desidia estructural. Un pliego de cargos que venía a sumarse a las odas de Aguirre (Esperanza), y ante los que solo había que esperar sentencia. La ejecutó el presidente Mariano laminando un mes de salario a través de su omnisciente sistema-decretoley que para nada quiebra la lógica especulativa y real de su crisis. La cuarta bajada de sueldo tras asalto alevoso de ZP en 2010, posterior subida de IRPF y subsiguiente nueva subida IRPF del presidente Mariano en sendos espectáculos de palmaria estafa electoral. Antes ya se había soportado congelación sucesiva incluso en los mal llamados años de bonanza. Don Mariano y ZP se han fundido el 20% de la capacidad adquisitiva de este colectivo. Millones de nuestros salarios van a encubrir las quiebras fraudulentas bancarias que produjeron solos-solitos unos banqueros millonarios, una clase política servil e inepta y un sistema que no sirve.
Son estos unos días en que una caterva de neoliberales bien alimentados espetan que los funcionarios son privilegiados que, además, no pueden ser despedidos. Los que así se expresan no aciertan a ver cómo los funcionarios sí estuvieron años "despedidos". Por término medio el funcionario está cinco años preparando oposiciones. Cinco años sin ingresos, soportando gastos de preparación a costa de sus padres o, en el peor de los casos, en jornadas de trabajo y estudio sin fines de semana ni vacaciones. Cinco años de enclaustramiento, por término medio, con numerosos casos de siete u ocho años en dinámicas de "despido" sin prestación o subsidio. Una inversión brutal de tiempo, recursos propios y coste psicológico.
Se miente cuando se dice que España es el país que más funcionarios cobija cuando siquiera llega a la media de europea con ratio de 5.5% sobre población, muy lejos del 12.3% de Suecia o incluso de pigs como Portugal o Irlanda.
Los inquisidores parecen desconocer que en la Administración existen sueldos de los más bajos del mercado, sueldos medios a los que cuesta llegar 20 años, o bien sueldos altos sometidos a régimen de incompatibilidad tal que sonrojan comparándolos a lo ganado por compañeros de promoción. Sueldos apenas subidos en años donde en el macro-sector de la construcción se conseguían ingresos de dos mil y tres mil euros para el peón hasta de millones para cualquier promotor nesciente venido a más a través de la alta política local y la baja cama financiera. Vaya por delante que la Administración pública no es un nirvana y allí habitan profesores obtusos, inspectores indolentes, médicos desfasados, policías bribones o administrativos de telenovela. Pero la existencia de cierta escoria marginal no puede impugnar la labor del colectivo.
Es falsa la correlación de mayor funcionariado con peores servicios o más endeudamiento público. Falsa, hay países con récord de deuda pública y que, sin embargo, cobijan las tasas más bajas de funcionarios por habitante como Grecia (3.30) o Reino Unido (3.41). Y viceversa, ya que países con las mayores tasas de funcionarios del mundo, como Suecia (12.3) o Finlandia (10.6), son reconocidos por ser las administraciones más sobresalientes. España se sitúa en un porcentaje del 5.52, más bajo que la media europea (vid. E.U.,Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States).
Nunca he hecho corporativismo, pero va siendo hora ante la desfachatez con la que se nos está maltratando, desde el insulto de empresarios de Porsche Cayenne y Dom Perignon Oenothèque al exabrupto de algún operario cañí cuya única religión pende del mini-adosado, la Ducati monster y el "yo-soy-españó-españó-españó". Ambos dos forrados a mayor gloria del icono-ladrillo y la destrucción económica del país. Los anteriores personajes son solo alguacilillos de poderosas instancias internacionales y think-tanks para los que la función pública debe ser diluida. Encabezan este agit-prop el FMI y le siguen fundaciones varias como el Instituto de Estudios Económicos o el estadounidense Cato Institute. Según estos edenes del pensamiento, la existencia de la función pública es superflua para la funcionalidad de una nueva dogmática administrativo-presupuestaria, prescribiendo un sinnúmero de privatizaciones de administraciones públicas.
En esta letanía militan los que quieren cargarse el Estado para convertirlo en Ente Administrativo que funja de consejo de administración de las oligarquías clepto-financieras. Quieren eliminar el principio natural de la función pública, el principio de un Estado con servidores independientes y preparados para sustituirlos por lacayos privatizados al servicio de partido o grupo de presión. La campaña no es inocente. En la demolición del Estado social viene inscrita la demolición del propio Estado y de la soberanía nacional. Pero que cuiden, porque tras la desaparición de derechos sociales, tras la evaporación del Estado, no existiría sino estado de naturaleza y, llegados a ese punto, no habrá ni derechos adquiridos ni propiedades a proteger. Si quieren un mundo de competitividad universal lo pueden tener. A ver quien gana.
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza) / Presidente de Attac-Aragón

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