De deficit, tarifas, primas y moratorias de lo razonable David Cabó kaos en la red
La patronal eléctrica (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa, E.ON, HC-EDP) ha venido mantenido especialmente en 2010 y 2011 múltiples reuniones con el Ministerio de Industria y Energía reclamando la devolución perentoria del grueso del deficit tarifario (balance reconocido desde el año 2000, cuando las renovables llevaban pañales y las primas eran insignificantes, sobre opacas declaraciones de costes de generación presentadas por UNESA que superan con creces la parte de ingresos previstos para retribuirles vía tarifa). Ponían sobre la mesa situar al final de 2012 “el contador a cero”. La cuestión es que estos costes, que define el Gobierno como organismo regulador, se ven sujetos tanto a desvíos sobre lo esperado como a reducciones artificiales generadas por voluntad política, unas veces por la proximidad de elecciones y otras, con el fin de maquillar el aumento de la inflación, posponiendo la corrección para ‘mejores tiempos’. De hecho, la tarifa incluso se redujo a precios corrientes para impulsar el consumo en épocas de ‘ajustes’ (disparando así la intensidad energética, indicador de ineficiencia de un país), y hoy aún el precio medio eléctrico es inferior a precios constantes (valores actualizados de la moneda) al de 1997, antes de la liberalización. La consecuencia de que esta retribución se mantenga por debajo de los costes de generación reconocidos genera una deuda con las eléctricas; si además también resulta inferior al aumento de la inflación, evidentemente el quebranto se dispara. Como los gobiernos nunca quieren asumir impopulares “subidas de la luz”, esta deuda se acrecienta con intereses -a tasas de mercado, pues se contrae entre los consumidores y las empresas. Las eléctricas, participadas en general por bancos y fondos de inversión, pueden titularizarla para no asumir los costes financieros mediante subastas vendiendo derechos de cobro (fluctuantes en función de la situación económica de los mercados) avalados por el Estado. Tanto ellas como los adquisidores de deuda son acreedores de los consumidores, pero no de la administración pública, enorme “patinazo” del ministro Soria, que enlazó este monto privado con el egreso gubernamental (solamente se han derivado compensaciones extrapeninsulares). El problema para el gasto público se daría en el caso de seguir la envenenada propuesta de UNESA de sacar de los costes tarifarios las primas al régimen especial para dejarlas a merced de volubles partidas en los Presupuestos Generales del Estado, como una subvención más, dudosamente constitucional al recaudar fondos de todos los contribuyentes para costear servicios destinados a los consumidores conectados a red, aunque sean mayoría.
Si damos crédito a las justificaciones de costes “reales” dadas por la patronal y le agregamos el deficit acrecentado por los vaivenes tarifarios, devolver la deuda contraída a corto-medio plazo supondría duplicar el coste de las tarifas de acceso, una parte importante del precio medio final que conllevaría a aumentar un 20% anual la tarifa final de los consumidores domésticos y PYMES, con su consiguiente estancamiento económico. En 2009 el Gobierno decretó una autolimitación regulatoria mediante la que contendría escalonadamente el crecimiento del deficit, de modo que en 2012 no habría de superar un aumento de 1.000 M€. Al mismo tiempo, reduce los pagos a los sistemas insulares y establece la Tarifa de Último Recurso (que además pretendió ser exclusiva para las grandes comercializadoras) destinada pequeños consumidores con pocas posibilidades de negociar precios bajos, pero incluso mantiene pagos de costes externos al sector eléctrico, como los de la infraestructura gasísitica.
Con todo este despropósito, derivado de una gestión tarifaria poco acorde con las coyunturas y nada transparente con los costes, al acabar 2011 hemos acumulado unos números negativos de 21.800 M€ (un promedio de 780 euros por abonado) y se estiman superiores a 24.000 para 2012. Ahora bien, esta cuantía es prácticamente independiente de las primas e incentivos al régimen especial (renovables, residuos y cogeneración fósil que no superan 50 MW), que los consumidores asumimos vía tarifa entre los costes de acceso, como el deficit. Entre 1998 y 2011, el régimen especial (que ha pasado de 5.700 a 35.700 MW instalados) ha impedido al régimen ordinario (de 43.500 a 64.800 MW) vender 723.000 millones de kWh, bien por adquisición vía tarifa (percibiendo primas), bien por resultar competitivas vía mercado (percibiendo incentivos) puesto que contribuyen a reducir la dependencia de los combustibles importados, ahorrar en emisiones, distribuir la producción y elevar el ratio de empleo por kWh. Las primas equivalentes acumuladas en ese tiempo nos han supuesto casi 46.100 M€ a precios actuales; esto supone 6,4 c€/kWh, inferior al precio de mercado que se habría dado de adquirir hoy esa electricidad a un régimen ordinario basado especialmente en centrales de combustibles fósiles y emisoras de CO2. Pero como acabaron resultando producciones ‘limpias’ superiores a las previsiones gubernamentales, también se trasladaron a los años siguientes las diferencias de liquidación al régimen especial. En efecto, sólo recientemente los desajustes en las primas del régimen especial han venido influyendo en el aumento del deficit, como reconoce el propio BBVA. Justificando el desbarajuste, Sebastián forjó no sólo la inmediata bajada de primas declamada por las eléctricas -en lugar del ajuste progresivo y la redistribución entre las distintas tecnologías en función de su evolución de costes- sino además, la limitación anual de su producción, la incertidumbre ante las inversiones planificadas y la inseguridad jurídica sobre las ya realizadas.
La cuestión es que, mientras el Gobierno se puede tomarse 15 años en reintegrar el deficit a las empresas eléctricas omnipresentes en el régimen ordinario, que percibirán de nuestros bolsillos 12.000 M€ por compensaciones a una supuesta transición a la competencia que nunca acaba de llegar, les reclama mensualmente unas importantes devoluciones por la energía adquirida al régimen especial. O lo que es lo mismo, ha estado dando prioridad a pagar las fuentes de menor consumo energético. Este es el trasfondo de los machacones comunicados de UNESA, de las falacias de Unión Fenosa, Endesa o Iberdrola (con la famosa farsa de los 400 euros por abonado para costear el Plan de Energías Renovables) en los albores de las elecciones generales, o de las justificaciones de los ministos Sebastián y Soria, que reproducen tan a la ligera los diarios, sea por ignorancia o por intereses, pero que tienen una fuerte repercusión mediática. Puesto que retribuir a las “renovables” sin subir la factura eléctrica conlleva retrasar la devolución del deficit, ante el público desconocedor de mercados y sistemas eléctricos se atreven a equiparar los aumentos anuales de deuda tarifaria con el de las primas al régimen especial como si hubieran estado siempre íntimamente relacionados e incluso pretenden embrollar haciendo entender que las primas equivalentes (23.000 M€ a precios corrientes entre 2004 y 2010) son las que han conformado el deficit, o confundir éste con costes de acceso anuales (17.000 M€ en 2011 entre primas, distribuidoras, comercializadoras, redes, compensaciones insulares y anualidades del reintegro de deuda). En efecto, patéticos titulares vinculan directamente las primas con las causas del deficit y relacionan sus recortes con abaratamiento del precio eléctrico; sin embargo, la realidad es que la tarifa seguirá aumentando a pesar de la moratoria del régimen especial, pues aun evitando en 2012 un sobrecoste de 800 M€ en primas, las devoluciones a las eléctricas ascenderán al menos a 1.300 M€. En la disyuntiva entre desvestir a cientos de pequeños inversores o vestir a cinco gigantes, el Gobierno se ha decantado por el lado más fácil, por beneficiar al cártel que lo puede tener contra las cuerdas. Ha calcado fielmente la coartada de UNESA, poco interesada en futuros proyectos renovables en España, ante los ciudadanos y la prensa pero, ¿qué ocurrirá cuando el abonado advierta que, de cuatro tomates que había en la cesta, los dos biológicos simplemente han sido sustituidos por otros dos transgénicos?
Adicionalmente, la favorable entrada de la eólica en el mercado marginal (pool) ha repercutido en el descenso de su precio diario, expulsando en ocasiones a las térmicas contaminantes, que normalmente marcan la retribución para todo el sistema. Dicho de otro modo, todas las tecnologías percibían menos ingresos y ello permitía a los consumidores ganar márgenes para pagar parte de la deuda. No es extraño por tanto que la CNE haya ordenado investigar si las eléctricas han pactado en determinadas situaciones una mayor entrada de energías fósiles para falsear al alza el precio de mercado. Sin embargo, ese ‘fenómeno’ de reducción del pool no afecta tanto a las renovables ni a las convencionales prácticamente amortizadas (fuel, carbón, nuclear e hidráulica) como a las tecnologías de régimen ordinario de nueva implantación: Los grandes inversores han apostado muy especialmente por ciclos combinados de gas natural, centrales de rápida construcción, aun basadas en un combustible importado y en progresiva carestía, amparados en una política de implantación masiva y unos incentivos de 20.000 €/MW durante 10 años, lo que significa costearles una tercera parte de sus gastos anuales de amortización.
Salvo con la gestión momentánea de los residuos nucleares, UNESA ha ganado la partida a los gobiernos y su pretensión de ingresar escasas externalidades (cobros vía tarifa a las tecnologías contaminantes por algunos “efectos secundarios”); en particular, la devolución de los derechos de emisión asignados gratuitamente, o la financiación del plan de ahorro y eficiencia energética. Pero en la batalla contra Sebastián y su obligación de consumir el caro, ineficiente y sucio carbón nacional de Hunosa que todos los consumidores subvencionamos con la excusa de mantener el empleo minero (más de 500.000 euros por operario), prefirieron negociar: Retiraban las demandas judiciales a cambio de que la extraordinaria potencia ciclos combinados (que operando a medias en buenos años hidráulicos y eólicos pueden revender el gas que no consumen) percibieran millonarias subvenciones sólo por estar disponibles. La CNE consideró innecesario este pago por capacidad o garantía de potencia decidido por Sebastián puesto que el sistema era claramente excedentario en potencia instalada y advertía que tales cuantías, que podemos entender como subvenciones ilegales al lucro cesante, estarían mejor invertidas en amortiguar los peajes de acceso. Sebastián, desoyendo los informes y accediendo a las demandas de UNESA, aprobó in extremis tanto estas ayudas como unas sorpresivas compensaciones a la hidroeléctrica (reclamadas únicamente por Iberdrola) por su capacidad de gestión vía almacenamiento, en una acción que muchos interpretamos como un trato de favor para asegurarse una bien remunerada jubilación en alguna gran empresa del sector energético. Asimismo, Soria ha desoído las propuestas de la CNE de tomar otras medidas reductoras de deficit, como eliminar las retribuciones a las instalaciones de transporte eléctrico amortizadas así como aplicar los pagos a redes y distribuidores según criterios de eficiencia, proporcionar los costes de acceso a los de la energía, trasladar los costes de gestión a los precios regulados, etc.
En otras palabras, las renovables, la cogeneración y el medioambiente, con sus pequeños inversores, empresas y empleados, pagan el pato de la mala gestión tarifaria de los sucesivos gobiernos, de un sistema de costes sujeto tanto a criterios no energéticos como a subjetivas compensaciones entre grupos de coste, y de la burbuja de los ciclos combinados alentados por las liberalizaciones emprendidas especialmente por las grandes eléctricas. Y en este injusto gravamen, los medios que las secundan y el analfabetismo energético tienen una considerable culpa.
