20 de junio de 2007 HUESCA Heraldo de Aragón RUBÉN DARÍO NÚÑEZ.
El Justicia de Aragón insta a retirar la valla de un coto de caza privado que corta un camino desde 1977 en Bastarás
La finca se apropió en su día de 270 hectáreas protegidas del Parque Natural de
la Sierra y Cañones de Guara.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha instado al Departamento de Medio Ambiente de la DGA y al Ayuntamiento de Casbas de Huesca a actuar de forma "urgente" para conseguir que la empresa propietaria de un coto privado de caza de 1.500 hectáreas situado en el núcleo abandonado de Bastarás retire después de más de 30 años de incumplimientos un vallado de seguridad que impide el acceso a un antiguo camino real (unía Huesca y Boltaña) y que se apropia, además, de 270 hectáreas protegidas por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
La finca, dentro de la cual también se encuentra la Cueva de Solencio -una de las más importantes de Aragón con 8,2 kilómetros de longitud y cuatro lagos navegables-, fue comprada a finales de los 70 por una sociedad de cazadores que la convirtió en un coto privado introduciendo ciervos, corzos, muflones... Construyeron un vallado de 20 kilómetros con traviesas de tren y alambrada de espino para impedir, en teoría, el furtivismo. Cuando en 1990 se creó el Parque Natural de Guara, parte del coto quedó dentro del área protegida, pero la valla siguió en pie. En estas tres décadas, ha ido pasando de unas manos a otras como Codorníu, una multinacional francesa y, desde hace tres años, un propietario español.
A principios de 2007 y a raíz de una noticia aparecida en HERALDO denunciando su presunta ilegalidad, el Justicia abrió un expediente de oficio y pidió más información a Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica
del Ebro y Ayuntamiento de Casbas.
La primera sanción, del ICONA
Medio Ambiente contestó informando que el 4 de mayo de 1977 el antiguo ICONA ya sancionó a la empresa propietaria de entonces (Finbas S.A.) por ocupar y vallar sin permiso el monte "Las Foces de Rodellar" con 18.000 pesetas de multa y exigiéndole suprimir la valla. La sociedad recurrió y aunque su petición fue desestimada, siguió sin retirar el vallado.
En 1994, el servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Montes de Huesca acordó incoar un nuevo expediente contra Finbas S.A. y casi un año después volvió a formular una nueva denuncia.
Ya en el año 2000, Las Cortes rechazaron una proposición no de ley que pretendía instar al Gobierno de Aragón a emprender acciones legales para recuperar el carácter público del camino real y las hectáreas protegidas del Parque de Guara ya que, a su juicio, debía ser el Ayuntamiento el que iniciase las acciones oportunas.
No obstante, Las Cortes sí reconocieron que el vallado del coto privado de caza atravesaba cauces, zonas de servidumbre y de dominio público de diversos barrancos, hechos que ya fueron denunciadas ante la CHE. Además, consideraban que la valla vulneraba la ley de Caza ya que ésta prohibe que los cercados impidan el tránsito de especies de fauna silvestre. "Sin embargo, la valla está fuertemente anclada en el suelo, está hecha en muchísimos puntos con traviesas de tren y soportes verticales de espino, con lo cual está hecho a propósito para impedir la salida de animales", reconocieron Las Cortes.
A la vista del "fracaso" de todas estas gestiones, en enero de 2003 se remitió a Finbas S. A. una orden para que antes de 6 meses quitara la valla, construyendo antes un cercado cinegético para que las especies introducidas ocupasen solo el terreno acotado. La empresa propuso entonces una permuta de terrenos pero Medio Ambiente denegó la solicitud. Tras varios recursos rechazados, acudieron a la vía de lo contencioso-administrativo paralizando el proceso hasta hoy.
Ante la petición del Justicia, el pasado 28 de marzo, la DGA abrió un nuevo expediente por infringir la Ley de Montes que, además de una multa económica y diversas medidas de restauración, exige cumplir íntegramente la sanción impuesta ya en 1977.
Mientras, el Ayuntamiento de Casbas de Huesca envió al Justicia un escrito afirmando que no había actuado ni tenía previsto hacerlo en breve plazo para recuperar el camino "ya que reconocemos nuestra escasa capacidad de maniobra en el tema así como las limitaciones jurídicas de las que disponemos" y afirmaba que debía ser la DGA la que emprendiera las oportunas acciones.
Por último, la CHE informó que en su día ya abrió un expediente sancionador por movimiento de tierras, desmonte de laderas y explanaciones contra la empresa que levantó la valla por afectar al cauce de un barranco.
García Vicente asegura que aunque el Ayuntamiento de Casbas no pueda ejercer sus competencias para conservar las vías públicas, puede pedir ayuda legal a otras instituciones como la Comarca de la Hoya, la Diputación o la DGA "y lo razonable sería hacer uso de ellas". No obstante, deja claro que Medio Ambiente también tiene competencia directa en el asunto "porque la ley de Caza prohíbe los cercados que impidan el libre tránsito de especies cinegéticas y la circulación del resto de la fauna silvestre".
"No tenemos medios"
El alcalde de Casbas de Huesca, Pascual Latorre, aseguró que ya ha recibido el informe del Justicia y que en el primer pleno del Ayuntamiento propondrá una resolución para pedir amparo a la DGA "porque nosotros no tenemos medios para litigar con un propietario tan importante y después de 30 años no creo que pase nada por esperar 15 días más".
El Justicia pide eliminar un vallado 24/06/2007 EL PERIÓDICO
El Justicia de Aragón ha pedido al Ejecutivo aragonés que "actúe en defensa de los intereses públicos" y recupere para el disfrute ciudadano el monte del antiguo término municipal de Bastarás, en el parque natural de Guara, que se encuentra vallado en un perímetro de 20 kilómetros por un coto cinegético. Fernando García Vicente recoge de esta manera la denuncia que durante los últimos años ha venido reiterado Ecologistas en Acción, demandando a las distintas administraciones que procedieran "a la recuperación del monte usurpado por la empresa que gestiona el coto, la apertura del camino real para uso público y la adaptación del vallado a las estipulaciones de la ley sobre conservación de espacios naturales y la Ley de Caza".
El Justicia da un plazo de un mes a Medio Ambiente para que acepte su recomendación y se cumplan las normas ambientales que rigen las instalaciones de esta naturaleza. Además, insta al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, al que pertenece Bastarás, a que en la resolución de los problemas que afecten a su ámbito de competencia "haga uso, en los casos de insuficiencia de medios propios, de las posibilidades que ofrece la vigente normativa".
Ecologistas en Acción apoya las demandas del Justicia y califica de "vergonzosa y de despropósito" la presencia, "durante 30 años", de este vallado en el interior de un espacio protegido, así como la "pasividad" de las administraciones involucradas, como son Gobierno de Aragón, CHE y Ayuntamiento de Casbas de Huesca.
Los conservacionistas critican el que durante los últimos años estas denuncias se hayan resuelto, en el mejor de los casos, "con sanciones ridículas dentro de la gravedad de los hechos". Además, aseguran que la empresa propietaria del coto de caza ha realizado reformas importantes en el mismo, como subir la altura del vallado 60 centímetros, hasta los 260 actuales o realizar desmontes y roturaciones de montes con un número importante de maquinaria pesada en pleno Parque Natural.
El Justicia de Aragón insta a retirar la valla de un coto de caza privado que corta un camino desde 1977 en Bastarás
La finca se apropió en su día de 270 hectáreas protegidas del Parque Natural de
la Sierra y Cañones de Guara.El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha instado al Departamento de Medio Ambiente de la DGA y al Ayuntamiento de Casbas de Huesca a actuar de forma "urgente" para conseguir que la empresa propietaria de un coto privado de caza de 1.500 hectáreas situado en el núcleo abandonado de Bastarás retire después de más de 30 años de incumplimientos un vallado de seguridad que impide el acceso a un antiguo camino real (unía Huesca y Boltaña) y que se apropia, además, de 270 hectáreas protegidas por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
La finca, dentro de la cual también se encuentra la Cueva de Solencio -una de las más importantes de Aragón con 8,2 kilómetros de longitud y cuatro lagos navegables-, fue comprada a finales de los 70 por una sociedad de cazadores que la convirtió en un coto privado introduciendo ciervos, corzos, muflones... Construyeron un vallado de 20 kilómetros con traviesas de tren y alambrada de espino para impedir, en teoría, el furtivismo. Cuando en 1990 se creó el Parque Natural de Guara, parte del coto quedó dentro del área protegida, pero la valla siguió en pie. En estas tres décadas, ha ido pasando de unas manos a otras como Codorníu, una multinacional francesa y, desde hace tres años, un propietario español.
A principios de 2007 y a raíz de una noticia aparecida en HERALDO denunciando su presunta ilegalidad, el Justicia abrió un expediente de oficio y pidió más información a Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica
del Ebro y Ayuntamiento de Casbas.La primera sanción, del ICONA
Medio Ambiente contestó informando que el 4 de mayo de 1977 el antiguo ICONA ya sancionó a la empresa propietaria de entonces (Finbas S.A.) por ocupar y vallar sin permiso el monte "Las Foces de Rodellar" con 18.000 pesetas de multa y exigiéndole suprimir la valla. La sociedad recurrió y aunque su petición fue desestimada, siguió sin retirar el vallado.
En 1994, el servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Montes de Huesca acordó incoar un nuevo expediente contra Finbas S.A. y casi un año después volvió a formular una nueva denuncia.
Ya en el año 2000, Las Cortes rechazaron una proposición no de ley que pretendía instar al Gobierno de Aragón a emprender acciones legales para recuperar el carácter público del camino real y las hectáreas protegidas del Parque de Guara ya que, a su juicio, debía ser el Ayuntamiento el que iniciase las acciones oportunas.
No obstante, Las Cortes sí reconocieron que el vallado del coto privado de caza atravesaba cauces, zonas de servidumbre y de dominio público de diversos barrancos, hechos que ya fueron denunciadas ante la CHE. Además, consideraban que la valla vulneraba la ley de Caza ya que ésta prohibe que los cercados impidan el tránsito de especies de fauna silvestre. "Sin embargo, la valla está fuertemente anclada en el suelo, está hecha en muchísimos puntos con traviesas de tren y soportes verticales de espino, con lo cual está hecho a propósito para impedir la salida de animales", reconocieron Las Cortes.
A la vista del "fracaso" de todas estas gestiones, en enero de 2003 se remitió a Finbas S. A. una orden para que antes de 6 meses quitara la valla, construyendo antes un cercado cinegético para que las especies introducidas ocupasen solo el terreno acotado. La empresa propuso entonces una permuta de terrenos pero Medio Ambiente denegó la solicitud. Tras varios recursos rechazados, acudieron a la vía de lo contencioso-administrativo paralizando el proceso hasta hoy.
Ante la petición del Justicia, el pasado 28 de marzo, la DGA abrió un nuevo expediente por infringir la Ley de Montes que, además de una multa económica y diversas medidas de restauración, exige cumplir íntegramente la sanción impuesta ya en 1977.
Mientras, el Ayuntamiento de Casbas de Huesca envió al Justicia un escrito afirmando que no había actuado ni tenía previsto hacerlo en breve plazo para recuperar el camino "ya que reconocemos nuestra escasa capacidad de maniobra en el tema así como las limitaciones jurídicas de las que disponemos" y afirmaba que debía ser la DGA la que emprendiera las oportunas acciones.
Por último, la CHE informó que en su día ya abrió un expediente sancionador por movimiento de tierras, desmonte de laderas y explanaciones contra la empresa que levantó la valla por afectar al cauce de un barranco.
García Vicente asegura que aunque el Ayuntamiento de Casbas no pueda ejercer sus competencias para conservar las vías públicas, puede pedir ayuda legal a otras instituciones como la Comarca de la Hoya, la Diputación o la DGA "y lo razonable sería hacer uso de ellas". No obstante, deja claro que Medio Ambiente también tiene competencia directa en el asunto "porque la ley de Caza prohíbe los cercados que impidan el libre tránsito de especies cinegéticas y la circulación del resto de la fauna silvestre".
"No tenemos medios"
El alcalde de Casbas de Huesca, Pascual Latorre, aseguró que ya ha recibido el informe del Justicia y que en el primer pleno del Ayuntamiento propondrá una resolución para pedir amparo a la DGA "porque nosotros no tenemos medios para litigar con un propietario tan importante y después de 30 años no creo que pase nada por esperar 15 días más".
El Justicia pide eliminar un vallado 24/06/2007 EL PERIÓDICO
El Justicia de Aragón ha pedido al Ejecutivo aragonés que "actúe en defensa de los intereses públicos" y recupere para el disfrute ciudadano el monte del antiguo término municipal de Bastarás, en el parque natural de Guara, que se encuentra vallado en un perímetro de 20 kilómetros por un coto cinegético. Fernando García Vicente recoge de esta manera la denuncia que durante los últimos años ha venido reiterado Ecologistas en Acción, demandando a las distintas administraciones que procedieran "a la recuperación del monte usurpado por la empresa que gestiona el coto, la apertura del camino real para uso público y la adaptación del vallado a las estipulaciones de la ley sobre conservación de espacios naturales y la Ley de Caza".
El Justicia da un plazo de un mes a Medio Ambiente para que acepte su recomendación y se cumplan las normas ambientales que rigen las instalaciones de esta naturaleza. Además, insta al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, al que pertenece Bastarás, a que en la resolución de los problemas que afecten a su ámbito de competencia "haga uso, en los casos de insuficiencia de medios propios, de las posibilidades que ofrece la vigente normativa".
Ecologistas en Acción apoya las demandas del Justicia y califica de "vergonzosa y de despropósito" la presencia, "durante 30 años", de este vallado en el interior de un espacio protegido, así como la "pasividad" de las administraciones involucradas, como son Gobierno de Aragón, CHE y Ayuntamiento de Casbas de Huesca.
Los conservacionistas critican el que durante los últimos años estas denuncias se hayan resuelto, en el mejor de los casos, "con sanciones ridículas dentro de la gravedad de los hechos". Además, aseguran que la empresa propietaria del coto de caza ha realizado reformas importantes en el mismo, como subir la altura del vallado 60 centímetros, hasta los 260 actuales o realizar desmontes y roturaciones de montes con un número importante de maquinaria pesada en pleno Parque Natural.
