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lunes, junio 03, 2013
sábado, abril 13, 2013
“El PP, y más aún el PSOE, podrían desaparecer en poco tiempo”
“El PP, y más aún el PSOE, podrían desaparecer en poco tiempo”
José Álvarez Junco (Viella, Lérida, 1942) es conocido por muchos por participar en la elaboración de la llamada Ley de Memoria Histórica, pero también ha trabajado sobre el anarquismo en España, el populismo y el nacionalismo. En este campo recibió el Premio Nacional de Ensayo en 2001 por Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX. Su último libro analiza la historia de la propia producción histórica.
Tiene fama de historiador serio y riguroso. Ello le ha granjeado respeto y notoriedad también en el otro lado del Atlántico, donde pasó diez años trabajando en las universidades de Tufts y Harvard, convirtiéndose sus trabajos en referencia básica de un emergente hispanismo. Está a punto de jubilarse como docente y jefe del Departamento de Pensamiento Político y Movimientos Sociales en la Universidad Complutense, pero asegura que seguirá investigando y escribiendo.
Contesta serio a las preguntas, sin eludir respuestas firmes pero midiendo las palabras en busca de la frase exacta. Poco atraído por la exposición pública, ha concedido pocas entrevistas en los últimos años, casi todas dedicadas a alguna cuestión concreta. No es este el caso, pues hoy hay demasiados temas de actualidad –crisis de modelo, movimientos sociales, populismo, represión…- que merecen ser tratados desde una perspectiva histórica.
El libro que acaba de publicar se titula Las Historias de España. ¿Por qué este título?
Se iba a llamar La historia de la historia de España lo que es un poco repetitivo pero quizás explique mejor de qué va: se trata de narrar la evolución de los relatos sobre el pasado de esta parte del mundo a lo largo de los siglos. Desde los mitos griegos y romanos (“se llama Hispania porque su primer rey fue Hispano, hijo de Hércules…”) hasta los relatos actuales, que conservan restos míticos.
¿La visión que tiene la gente de la crisis actual está condicionada por estos relatos históricos?
La visión del presente siempre tiene que ver con la manera dominante de interpretar el pasado. En relación con la crisis, nosotros no tenemos recuerdos de crisis similares en el pasado. Solo se le podrían comparar la de los años 30, iniciada en 1929, o los 40, con el hambre de la postguerra. Pero están muy lejos. Las crisis de 1974-83 o de 1992-93 fueron bastante menores.
Lo que sí observo es un mecanismo reflejo y auto-exculpatorio que consiste en echar la culpa a los políticos. Es también bastante infantil. Los políticos actuales son, desde luego, bastante malos, no se me ocurre ninguno al que presentar como ejemplar. Pero en un país donde todo el mundo intenta evadir impuestos, incluso a la hora de contratar a gente, no se puede decir de los políticos otra cosa más que reproducen la forma de comportarse del ciudadano medio, aunque su capacidad de defraudar es mucho mayor. Y al ser ejemplos de comportamiento, son mucho más perniciosos.
En este sentido, han proliferado partidos que se sustentan en el ataque a los políticos. Usted ha escrito un libro titulado Lerroux, el emperador del paralelo, refiriéndose al Partido Radical de los años 20 y 30. ¿Es comparable con el actual UPyD, por ejemplo?
Sí, creo que hay bastante demagogia y oportunismo por parte de estos partidos. Lerroux hizo algo similar especialmente antes de la II Repúbilca. También era un líder populista y españolista en Barcelona, y hacía bandera de estar en contra de los políticos cuando toda su vida fue un político profesional.
Los movimientos sociales que han crecido en España también comparten muchas veces un ataque a los políticos, pero hay algo más. Usted creó la asignatura Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense. ¿Qué semejanzas o diferencias ve con otros movimientos en la historia?
A lo largo de la historia europea, los movimientos de protesta han acabado institucionalizándose y dando lugar a una generación de nuevos partidos políticos. En un determinado momento triunfaron los partidos liberales, que fueron desbordados luego por los demócratas y éstos a su vez por los socialistas y luego los comunistas. Podríamos incluso mencionar a los anarquistas, aunque éstos no llegaron a institucionalizarse y convertirse en un partido político. En la situación actual, podría ocurrir que los movimientos de protesta se institucionalizaran, y surgiera una nueva generación de partidos. La verdad es que los partidos actuales da la impresión de que están en situación pre-agónica. El PP, y más aún el PSOE, podrían desaparecer en poco tiempo. También podría ocurrir que no supieran hacerlo y sus propuestas acabaran sin concreción práctica. Lo que está claro es que la democracia actual necesita ampliarse y perfeccionarse y que los partidos actuales no son capaces de canalizar las demandas sociales, que debería ser su función principal.
En ese sentido vemos, si seguimos comparando con Italia, que allí la protesta se ha canalizado a través de un partido político, y sin embargo en España no tan claramente. Aquí además se ha dado un fuerte impulso al asamblearismo y las iniciativas de apoyo mutuo. ¿Tiene esto semejanzas con el anarquismo de finales del siglo XIX y principios del XX sobre el que usted escribió en sus primeros libros?
No tanto, porque el anarquismo se planteó como objetivo principal la destrucción del Estado y hoy día es difícil proponer seriamente un objetivo semejante. O, al menos, proponerlo y tener muchos seguidores. Dependemos del Estado para nuestra jubilación, la sanidad, la educación, los transportes públicos. Pensar en una sociedad sin Estado no me parece hoy realista. En la España de hace 100 años, en la que el Estado no hacía más que recaudar impuestos, llevarse a los jóvenes al servicio militar y enviar a los pueblos a la Guardia Civil para que mantuviera el orden, sí era plausible pensar en que se viviría mejor sin Estado. Pero la reivindicación que hoy domina, que no es exactamente anarquista, es de mayor democracia: lo cual es lógico, porque hoy los partidos están rígidamente controlados por las cúpulas y la participación popular a través del parlamento es casi imposible.
Sin embargo, en otras épocas, el movimiento de cambio se ha diluido al venir una recuperación económica. Hoy, que vemos que esa recuperación no llega, no parece que los movimientos sociales vayan a parar, sino todo lo contrario.
Los movimientos sociales han demostrado las carencias de la democracia y de los partidos actuales. Pero los propios movimientos de protesta, si no consiguen concretar un programa de reformas y de vías para que esas reformas se lleven a cabo, pueden quedarse en una manifestación ética y estética, sin consecuencias políticas. Lo que ocurra dependerá también de lo que dure la crisis.
Pero insisto en que es preciso concretar las propuestas. Queremos una “democracia real” o “políticos honestos” no es suficientemente concreto. Dígame usted cómo quiere que se garanticen estas cosas. Los seres humanos no son ángeles. Hay que legislar para individuos reales, que como tengan un gramo de poder intentarán, previsiblemente, aprovecharlo en su propio favor. No digo que todos lo hagan, pero muchos lo intentan, y hay que establecer mecanismos que lo hagan imposible; o que sancionen implacablemente al que lo haga.
Pero, ya que menciona Democracia Real Ya, ellos tenían unas propuestas concretas desde el mismo 15-M, pero chocaron y siguen chocando contra un muro en el Parlamento. ¿Qué hacer entonces?
Con una lista de tres, cuatro, diez propuestas concretas. Recabando las firmas de millones de ciudadanos, utilizando todas las vías posibles, al final gobiernos y partidos tendrán que rendirse.
Esto es lo que está ocurriendo con la PAH, por ejemplo.
Sí, es un magnífico ejemplo.
¿Cree que conseguirán hacer claudicar a los partidos, concretamente al PP?
Sí, creo que sí lo conseguirán, ahí tendrán que rendirse no sólo el Gobierno y los partidos, sino los bancos también.
Ahora que menciona a los bancos, puesto que piensa usted que desde los movimientos sociales se pone demasiado el foco en los políticos, ¿quizá debería desviarse hacia las grandes empresas?
Sí, especialmente hacia los bancos, y los altos ejecutivos responsables de este desastre. En algunos países se han tomado ya medidas para atar en corto a los responsables de la banca y las grandes empresas. Pero aquí no hay manera. Ni siquiera se toman medidas para limitar los salarios o las primas, los famosos bonus, de bancos que están, incluso, subvencionados e intervenidos.
Muchos achacan estos problemas de falta de democracia a una Transición que dejó unos “déficits” y creó el sistema político actual. ¿Hasta que punto en ese momento se hizo lo que se podía hacer o no se hizo lo suficiente para crear una democracia de verdad?
Yo defiendo la Transición, situada en su contexto. En ese momento se hizo lo que se podía hacer. Se reformó radicalmente el sistema político con un mínimo de sufrimiento, evitando la nueva guerra civil que la gente temía que podía estallar al morir Franco. En lugar de eso, se creó una cultura de pactos, lo cual no es malo, pero es cierto que a cambio se pagó un precio muy alto. Se dejó sin depurar la policía, aunque esto no ha causado los mayores problemas después de la Transición. También se dejó sin depurar la judicatura, con los desastrosos resultados que hoy sufrimos. Y se creó un sistema democrático excesivamente rígido, sin controles a quienes ejercen el poder.
Se nos había dicho tantas veces durante el franquismo que las democracias eran ineficaces porque sus gobiernos duraban seis meses, etc., que se construyó un edificio democrático demasiado rígido, con unos gobiernos a los que es imposible derribar en el parlamento, por el voto de censura constructivo, que es prácticamente un dique insuperable, con unos partidos que son monolíticos, sin democracia interna y que controlan a sus propios parlamentarios por medio de las listas cerradas.
Habla de la policía y quizá en las últimas décadas no se ha sabido mucho, pero ahora sí que vemos cada vez más denuncias de maltrato, por ejemplo, en la comisaría de Moratalaz en Madrid, o las propias imágenes de violencia de los antidisturbios contra manifestantes pacíficos. Parece que ahora sí está siendo más visible esta falta de depuración.
Sí, pero ningún cuerpo policial en el mundo se compone de angelitos. Hay que ser relativo en los juicios. La policía del franquismo y de la Transición te daba palizas, o te amenazaba con tirarte por la ventana, y a más de uno lo tiraron. Durante la Transición, la policía y cuerpos parapoliciales mataron a unas 30 o 40 personas. En el País Vasco, sobre todo, el comportamiento policial era brutal: por poner una Ikurriña, simplemente, murió más de uno, lo cual explica bastante cómo se envenenó la situación allí y fue imposible convencerles de que había habido una transformación del sistema político.
La propia Amnistía Internacional ha seguido denunciando torturas a etarras durante prácticamente todo el período democrático.
Hasta muy tarde, sí. Es una de las causas de la prolongación del conflicto.
Prácticamente hasta el final de las acciones de ETA, podemos decir.
Sí. Pero ETA tampoco dejaba de provocar en la medida de lo posible, porque les convenía que esa situación se mantuviera para justificar la “lucha armada”.
Ha mencionado la falta de depuración en el poder judicial. En este sentido, ¿puede tener algo que ver con la sentencia del Tribunal Supremo contra el Juez Garzón sobre el intento de juzgar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo?
Garzón tiene muchos méritos. Es un juez que ha conseguido grandes avances en el potenciamiento de una justicia universal y ha perseguido a terroristas, a mafiosos, a delincuentes de cuello blanco… Y, aunque yo no soy jurista, me atengo a opiniones de juristas de quienes puedo fiarme: parece ser que cometió errores procesales en la causa por la que fue condenado. La única de las tres por las que fue juzgado. Aunque es obvio que la persecución a la que se le sometió estaba inspirada por razones políticas.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el intento de investigar los crímenes del franquismo interpreta la Ley de Amnistía como una ley de punto final. A la vista de que la jueza argentina Servini de Cubría va a investigar estos crímenes, ¿fue efectivamente una ley de punto final?
Repito que no soy jurista y no me atrevo a opinar con solvencia. Pero mi opinión es que esos crímenes tenían que ser sacados a la luz, denunciados en términos intelectuales y morales, pero no juzgarlos penalmente, porque sus autores habían muerto y la responsabilidad penal se extingue con la muerte.
Sin embargo, muchos de los autores de los crímenes franquistas, especialmente los de los últimos años, no han muerto.
Pero no era esos a los que estaba intentando juzgar Garzón. Empezó con los de la guerra, mencionando a los generales que habían dado el golpe de estado, para confirmar que estaban muertos. Era una ofensa innecesaria, porque los hijos y nietos del que cometió el crimen no tienen ninguna responsabilidad penal.
Entonces, ¿qué ocurre en el caso de la investigación de la jueza argentina?
Ese caso es distinto. Quienes cometieron crímenes en el último franquismo, y están hoy vivos, pueden en principio ser perseguidos, si se entiende que la Amnistía de 1977, que se aprobó a propuesta de la izquierda, no lo olvidemos, en el primer parlamento democrático, es una ley de “punto final” y debe ser considerada inválida; y si a eso se añade, por supuesto, que son crímenes contra la humanidad y deben ser considerados imprescriptibles.
¿Una comisión de verdad y reconciliación, como existió en Perú o Sudáfrica, no sería posible?
Esa sería una excelente medida política. Pero no judicial, si el ajusticiado está muerto. Pero, si no se pueden exigir responsabilidades penales, sí se puede, y se debe, aclarar lo que ocurrió, hacer públicos aquellos hechos, explicárselo a las generaciones futuras. Explicarlos como se explica hoy –y se debe seguir explicando durante todo el tiempo que sea posible- el holocausto nazi, para que los ciudadanos actuales comprendan a qué extremos de brutalidad puede llegar el ser humano y lo eviten en el futuro. Por tanto, una comisión de verdad y reconciliación me parece muy buena medida. Aunque los hechos no son tan recientes como para encontrar fácilmente gente viva que pueda recordarlos.
En ese sentido, ahora que menciona el Holocausto Nazi, cuando uno visita Alemania, hay innumerables museos, campos de concentración para visitar, etc. En España ni siquiera hay un museo de la Guerra Civil, por ejemplo.
No, no existe un museo de la Guerra Civil. Tiene razón. Y no sería fácil escribir las explicaciones, si se creara. El tema sigue siendo muy conflictivo.
¿Es posible que no se haya hecho un esfuerzo suficiente en ese campo?
Por parte de las instancias oficiales no se ha hecho un esfuerzo. Salvo en algún caso, como en Cataluña, pero más inspirado por ofrecer una versión nacionalista que por recordar de verdad el conflicto. Por ejemplo: los muchos catalanes muertos a manos anarquistas apenas son mencionados y el número, en muchos casos inferior, de represaliados por el franquismo es subrayado a bombo y platillo. Pero los historiadores sí han hecho todo el esfuerzo posible, a medida que se han ido abriendo los archivos; y ahora están prácticamente abiertos en su totalidad. Por lo que, en conjunto, los hechos básicos de la Guerra Civil y la represión de la post-guerra son bastante conocidos. Eso no quiere decir que no se deba seguir trabajando en el asunto.
Usted participó en la primera fase de elaboración de la Ley de Memoria Histórica. ¿Está de acuerdo con el resultado final?
Quedó un poquito corta, en mi opinión. Pero en conjunto se hizo una ley aceptable. Su intención inicial era cerrar la herida, terminar de una vez con aquella querella, pero el clima de crispación hizo imposible que sirviera para eso. Algunas de las declaraciones iniciales de la ley están bien, como por ejemplo la declaración de ilegitimidad de los juicios franquistas. No hubo una anulación general de las sentencias, porque eso hubiera significado que el Estado se tenía que hacer responsable de indemnizar a los familiares y las arcas públicas hubieran tenido que dedicar buena parte del gasto durante bastantes años a este fin. Se optó, por eso, por la vía intermedia de declarar aquellos juicios ilegítimos, desproveerlos de autoridad moral, pero sin consecuencias económicas. Se concedió, por otra parte, la nacionalidad española a los brigadistas internacionales; se reconoció a las asociaciones de víctimas; se reconoció a las víctimas de la Transición, olvidadas hasta entonces; se creó el archivo general de la Memoria Histórica, que está en Salamanca. Todo eso estaba bien.
Pero la ley se quedó corta en el apoyo a la exhumación de fosas, que se dejó a la iniciativa privada. El Estado debería haber impulsado la creación de un mapa de fosas y apoyado la búsqueda e identificación de los restos. En cuanto a los símbolos, también parece razonable lo de dejarlos como están solo en caso de que no sean ofensivos para la otra parte y estén compensados con símbolos que homenajeen a los del bando contrario.
El Valle de los Caídos planteaba un problema especialmente grave. Intentar reconvertirlo en otra cosa es imposible y destruirlo, sin más, creo que sería un error. Para un historiador, es bueno poder recordar visualmente lo que fue una época. Es algo que no se puede hacer en Alemania, por ejemplo, donde no queda ningún monumento nazi. Por lo que no me parece mal que se optara por dejarlo como está. Pero creo que se debería haber mantenido lo que estuvo previsto en los textos preparatorios de la ley, que era su explicación pedagógica, con fotografías de los prisioneros de guerra trabajando allí vigilados por guardias civiles y textos que explicaran cómo se construyó y cuáles fueron sus finalidades.
¿Por qué desapareció?
En el trámite parlamentario, al negociar el PSOE con IU y Convergencia –pues no tenía mayoría absoluta y, además, en esa ley se quería tener el máximo de apoyos; el PP, desde luego, rechazó desde el primer momento el más mínimo contacto sobre este tema–, acabó desapareciendo aquel párrafo del artículo sobre el Valle de los Caídos. No sé por qué, la comisión preparadora del texto no tuvo ya nada que ver con aquella fase de la negociación.
jueves, abril 11, 2013
jueves, diciembre 20, 2012
sábado, noviembre 10, 2012
Los bancos más crueles con los desahucios: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia
Santander, BBVA, Caixabank, Bankia o la crueldad de los desahucios
La lucha contra los desahucios ha prendido en los medios con más fuerza que nunca
Hablamos con los afectados y los colectivos antidesahucios para conocer los métodos de las entidades bancarias
¿Qué banco o qué caja de ahorros es el más cruel a la hora de ejecutar hipotecas y desahucios? Santander, BBVA, la Caixa, Bankia, Sabadell, Banesto, Popular. O las cajas vascas, como la Kutxa o la BBK. Todas las entidades practican métodos parecidos, pero ¿la dureza a la hora de echar una familia a la calle es la misma? Una cámara de televisión, testimonios radiofónicos, fotos y denuncias en los medios, con las siglas y los logos de la entidad vinculados a situaciones dramáticas tienen un efecto clave. Con todo, ni noticias brutales como los suicidios -con enormes dificultades para que salgan a la luz- son un detonante para rebajar la presión de las entidades financieras.
La lucha contra los desahucios ha prendido en los medios con más fuerza que nunca, pese a los años de protestas desde que se inicio la crisis en 2007. Ya sea porque algunos jueces han puesto pies en pared y toman posiciones contra los métodos utilizados para despojar a la persona de su hogar, ya sea porque los dos partidos mayoritarios -el PSOE llama al PP- parece que intentan hacer algo, la sociedad es cada cada día más sensible a esta realidad. Como es imposible encontrar un ránking con las entidades financieras más duras a la hora de ejecutar el desahucio, pregunto a quienes viven el drama día a día si hay diferencias entre una entidad u otra. También por qué ahora la llama de la irritación y la injusticia ha prendido.Ni noticias brutales como los suicidios son un detonante para rebajar la presión de las entidades financieras
Vicente García sonríe ante la pregunta. Es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia y lo tiene muy claro. En su ciudad, la Caja de Ahorros del Mediterráno -la CAM-, un fiasco de caja que terminó en manos del Banco Sabadell "es la peor a la hora de ejecutar el desahucio. Y también Bancaja (ahora en Bankia). No hay manera de negociar nada con ellos, se cierran en banda". En cuanto a la sensibilidad social creciente, Vicente opina que el suicidio del quiosquero de Granada que se ahorcó poco antes de que llegaran a embargarle la vivienda o el intento de suicidio del hombre de Burjassot (Valencia) han ocupado tanto espacio en los diarios, que el PSOE -que venía trabajando en el tema- se ha dirigido al PP con una proposición que tiene pegas "porque no contempla la dación en pago" remata García.
Domingo Elar, desempleado de 55 años, protesta por la orden de desahucio de su casa / Getty
El asunto de los suicidios es delicado, entre otras razones porque no está claro que en España haya más casos por el desalojo de una vivienda. No hay datos fiables, además, porque si es un suicidio y la familia es católica, se oculta para que el sacerdote y la Iglesia cumplan con el ritual religioso. Los suicidas no van al cielo, según Roma. Pero a Tatyana Roeva, eso le da igual. La llamo porque es una de las líderes contra la ejecución de las hipotecas y los desahucios. Es psicóloga. "A bancos y cajas les dan igual los suicidios. No sé siquiera si a los partidos les preocupa, pese a lo que dicen. Todos los días hay suicidios por un desahucio, aunque no se diga. Y eso no es razón para que algo les conmueva. ¿Los más crueles a la hora de ejecutar la hipoteca? En mi experiencia, yo diría que la Kutxa, que ejecuta al primer dasahucio. Pero todos son iguales: Bankia, BBVA, Santander a través de su financiera...No hay diferencias. Sólo la presión social, la denuncia les hace abrirse algo más para la negociación".
Tatyana lo cuenta desde la presencia que aún se mantiene frente a la sede de Bankia, en Madrid, donde han alcanzado algunos logros, como que la antigua Cajamadrid aumente el plazo a algunos de los afectados por la futura ejecución de la hipoteca.
Desde Córdoba, Antonio Gómez -de Stop Desahucios- confima una de las conclusiones que se pueden sacar sobre el grado de crueldad de las entidades financieras: cuantos más problemas económicos ha tenido la entidad, más brutales y desconsideradas son las ejecuciones y los desahucios. La razón es bien clara, la CAM -ahora en manos del Sabadell- o CajaSur -ahora en manos de la BBK- son un agujero a cubrir por las dos entidades que las han comprado, que llegan desde otra comunidad autónoma diferente y por tanto, el grueso de su clientela no está allí. "A nosotros, Cajasur nos está dando unos enormes quebraderos de cabeza. Los nuevos dueños dan unas órdenes para la ejecución de la hipoteca y no hay nada que negociar. Su política depende del grado de implantación que tengan en la provincia o en esa Comunidad Autónoma. Por ejemplo, aquí en el caso de la BBK, la dueña ahora de Cajasur, ni siquiera quieren negociar con los técnicos de la Junta de Oficina de Intermediación. Y sin embargo, sabemos que esta misma entidad es más considerada, por decirlo de alguna forma, con las ejecuciones hipotecarias en el País Vasco".
Lo que apunta Antonio no es único de la BBK. Estadísticamente es imposible demostrar que los bancos o cajas que han comprado entidades con problemas son más duros a la hora de echar de su casa a quienes no pueden pagar el prestamo, pero todos los consultados mantienen que es un dato que influye.
También salimos de otros errores. Sería lógico pensar que de los 526 desahucios que se producen cada día en España, la mayoría tendrán lugar en las comunidades que más paro tienen o que serán las entidades que mayor cartera hipotecaria poseen las que practicaran la política más dura.
María Romero (AFI): "Sería interesante que el Gobierno Rajoy modificara las condiciones vigentes para que no se llevaran adelante los desahucios"
Pero María Romero -experta en mercado inmobiliario de Analistas Financieros Internacionales (AFI)- me saca del error. "No tenemos estadísticas por entidad de cuantas hipotecas ejecuta cada banco o caja, y además, es diferente si han prestado el crédito a inmobiliarias o a particulares. En cuanto a la razón por la que el asunto ha tomado más actualidad, si es verdad que llevamos ya años con ello, no sabría decirte, pero bienvenido sea. Sería interesante que el Gobierno Rajoy modificara las condiciones vigentes para que no se llevaran adelante los desahucios. Eran muy extremas, para casos desesperados y si es verdad que lo puede revisar, mejor."
Al menos eso se ha filtrado a la prensa, que el ejecutivo de Rajoy"estudia" ampliar el pacto con los bancos sobre los desahucios. Veremos. La experta de AFI mantiene que lo que se negocia en el Código de Buenas Practicas era para "casos quasi marginales" y ahora esa medida se ha quedado obsoleta,entre otras cosas porque cada vez hay más familias con problemas y su vivienda, tasada e hipotecada en un precio, cada vez vale menos.
No, los expertos tampoco tienen un método para calcular qué caja o qué banco es el más bruto a la hora de arrojar a la gente a la calle. La idea de que todos llevan el mismo collar pero con diferentes colores, no nos la hemos podido quitar de encima. Todas las entidades practican idénticas formas a la hora de ejecutar los desahucios por impago de hipotecas.Sólo una cámara de televisión, un reportaje en la radio o la denuncia en los medios escritos y con sus siglas bien a la vista, señalándoles con el dedo, les frena. Momentáneamente.
Postdata: Puede ocurrir también que la vicepresidenta Santamaría y la vicesecretaria del PSOE, Valenciano -ambas muy de arrestos- encuentren esta semana la fórmula mágica para embridar a la banca. Por favor, abstenerse los irónicos.
viernes, octubre 26, 2012
domingo, septiembre 16, 2012
Prohibido criticar al gobierno del PP en clase bajo amenaza de sanción
Una instrucción superior prohíbe a los profesores funcionarios criticar al gobierno del PP bajo amenaza de sanciones administrativas.
Los docentes deben evitar censurar las actuaciones del gobierno del PP incluso en defensa de sus propias instituciones y del papel que tienen encomendado...
Apenas se requieren más comentarios.
Recuerda al Gran Hermano del 1984 de George Orwell o a la pasada historia vivida recientemente en España bajo la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué vendrá a continuación?
Parapetados tras las vallas: La falta de transparencia, el abuso de decretos y los vetos a comparecencias limitan el papel del Congreso, sin que PP y PSOE se planteen reformar la Cámara
Parapetados tras las vallas
La falta de transparencia, el abuso de decretos y los vetos a comparecencias limitan el papel del Congreso, sin que PP y PSOE se planteen reformar la Cámara
FERNANDO GAREA Madrid 15 SEP 2012 - 19:40 CET
El PSOE prepara una iniciativa para fomentar el contacto con los ciudadanos
El pasado 25 de junio, la Mesa del Congreso recibió una petición por escrito de este periódico para conocer la relación de diputados que han realizado viajes oficiales a cuenta de la Cámara en los últimos meses. Inicialmente, hubo respuesta positiva del órgano de gobierno de la Cámara, pero esta semana, tres meses después, los servicios del Congreso comunicaron oficialmente que la Secretaría General ha decidido que no se puede facilitar esa información y que, en todo caso, hay que esperar a que en unos meses esté en vigor la Ley de Transparencia que ha empezado su tramitación.
La realización de esos viajes se autoriza en la Mesa y, a veces provoca tensiones entre quienes lo solicitan, especialmente cuando se trata de destinos apetecibles, por ejemplo Laos, China o Marruecos, que se deciden en estas semanas. No hay criterios objetivos, ni transparencia sobre los viajes y apenas trascienden detalles como que Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU, que se manifestó el martes por la independencia de Cataluña, tiene pasaporte diplomático del Reino de España para facilitar sus frecuentes viajes como presidente de la Comisión de Exteriores.
El PSOE prepara una iniciativa para fomentar el contacto con los ciudadanos
Las vallas que rodean el Congreso permanentemente desde hace meses son la metáfora de la brecha entre el Cámara y los ciudadanos, según los grupos minoritarios, y estos viajes son solo una parte mínima de la falta de transparencia y el funcionamiento anquilosado del Parlamento. Lo es también que las resoluciones de la Mesa y sus actas no son públicas, que solo algunos diputados tienen clave de acceso a la Intranet para consultar el registro de la Cámara —en otros países es público—, y que sea imposible forzar comparecencias de ministros si el grupo gobernante con mayoría absoluta lo impide.
Todos los grupos, salvo el PP, cuestionan también la actitud del Gobierno al bloquear comparecencias pedidas por la oposición y el abusar de los decretos como fórmula para legislar. En ocho meses, el Ejecutivo ha remitido al Congreso 27 decretos, sobre los que solo hay que votar la convalidación y sin posibilidad de introducir enmiendas. El Gobierno solo ha aceptado que ocho de ellos se tramiten luego como proyecto de ley, pero con su mayoría absoluta ha hecho que se apruebe en solo una hora la reducción de 10.000 millones de euros en sanidad y educación y que solo se aceptaran tres de 3.100 enmiendas a los Presupuestos. Y esta semana ha impuesto que, en un tiempo similar, en lectura única, se tramite la Ley de Estabilidad que regula el rescate de las comunidades. Ningún año, desde 1978, se han aprobado tantos decretos como en estos ocho meses.
La Cámara no facilita los datos de los viajes oficiales de los diputados
El presidente del Gobierno solo ha ido al Congreso cuando estaba obligado a hacerlo: a las sesiones de control y tras dos cumbres europeas. Todas las peticiones de comparecencia han sido rechazadas. Y, por decisión de Mariano Rajoy, no habrá este año debate sobre el estado de la Nación.
“Revitalizaremos el Parlamento agilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”, aseguraba con buenas intenciones el programa electoral con el que el PP ganó en noviembre.
Pero el pasado lunes el Gobierno distribuyó un documento de 26 folios con su actividad en los últimos ocho meses y los compromisos para los próximos, sin mención alguna a medidas en esta dirección. Tampoco las ha habido en las comparecencias de miembros del Gobierno para explicar sus objetivos de la legislatura.
En el Congreso aún deben presentarse las preguntas cinco días antes para que el Gobierno las conteste en el Pleno y las peticiones de comparecencia sobre asuntos concretos pueden demorarse semanas o meses, si es que pasan el filtro tupido de la mayoría absoluta. Este verano, el Congreso estaba cerrado mientras en Alemania, con presencia de Angela Merkel, se votaban las condiciones del rescate a España. En el Congreso no se ha votado ese memorándum y no se ha pasado de la comparecencia en comisión de Luis de Guindos, sin votación.
La pasada legislatura se avanzó en dar transparencia a los intereses e ingresos de los diputados, pero sin capacidad para comprobar si los datos que se publican son ciertos. Por ejemplo, al ahora ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se le autorizó a mantener la presidencia de las empresas Petrologis Canarias y Ducar, solo con una declaración en la que él mismo decía que no tenían relación con el sector público y, de esa forma, no incurría en incompatibilidad. Sin embargo, una de las sociedades tiene una concesión administrativa en Ceuta y la otra tiene contratos de suministro de combustible con diferentes Administraciones en Canarias. En diciembre dejó la presidencia de las dos compañías, cuando fue designado ministro.
No se vislumbra solución, porque el Reglamento suele cambiarse solo con pacto de los dos grandes partidos y no hay siquiera contactos entre ellos para modificarlo. Está en sus manos, pero no en sus prioridades. Hace cinco legislaturas terminó sus trabajos una ponencia del Congreso que, con acuerdo de todos los partidos, elaboró una propuesta de nuevo Reglamento. El texto introducía novedades como los turnos individuales de palabra, facilitaba las comisiones de investigación, agilizaba los debates y obligaba al presidente del Gobierno a someterse a una interpelación al mes, pero la iniciativa fue frenada por PSOE y PP y nunca más se ha vuelto a retomar. El presidente del Congreso, Jesús Posada, tampoco tiene intención de abordar la reforma del Reglamento.
Fuentes socialistas aseguran que en la Conferencia Política que harán en noviembre solo tienen previsto estudiar algunas de estas medidas. En la cadencia prevista para la legislatura, la conferencia de este año que coordina Óscar López se referirá a Europa y el partido; la de 2013, que prepara Ramón Jáuregui, se referirá a la modernización de España, y la de 2014, dirigida por Valeriano Gómez, será sobre economía.
En ese calendario y como considera imposible pactar con el PP sobre el Reglamento, las iniciativas del PSOE tienen más que ver con su funcionamiento interno. Así, en la de este año, la dirección del PSOE quiere incluir iniciativas como el “escaño socialista en la calle”. Se trata de que cada diputado informe en una web o en redes sociales de dónde se encuentra para poder recibir propuestas o sugerencias de los ciudadanos.
Los socialistas han puesto en marcha otras medidas parciales de regeneración como una proposición no de ley, presentada por Julio Villarrubia, portavoz de justicia, para instar al Gobierno a no indultar a condenados por corrupción. Si se abordara la reforma del Reglamento, los socialistas consideran imprescindible dar sentido a la comisión de peticiones del Congreso que ahora tiene un funcionamiento imposible.
Respecto a la Ley Electoral, Rubalcaba propuso antes del 20-N un sistema similar al alemán, con mayor proximidad entre diputados y electores. Por el momento, PP y PSOE han llegado a acuerdos sobre transparencia de sus cuentas, pero no sobre el sistema de elección.
En el caso del Senado, su situación es aún más llamativo: el uso masivo de los decretos convierte la Cámara alta en irrelevante. Ya en la anterior legislatura, pese a tener la etiqueta de Cámara territorial, no incluyó ni una sola enmienda en la media docena de estatutos reformados en las Cortes. Su principal función será albergar el día 2 de octubre la Conferencia de Presidentes, pero su papel se limitará a ceder el local. Desde hace tiempo funciona una “ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado”.
Propuestas de los dos grandes partidos
Programa del PP.
- “Recuperaremos la confianza en el Parlamento como eje de la vida política y la deliberación democrática. Nos comprometemos a mejorar sustancialmente los procedimientos de deliberación y debate público propios de una democracia representativa. La deliberación, la reflexión común sobre nuestros problemas y la mejor forma de afrontarlos requiere el funcionamiento a pleno rendimiento de las instituciones representativas y de la responsabilidad de los que intervienen en formar la opinión pública. Fortaleceremos el vínculo entre representantes y representados”.
- “Mejoraremos los procedimientos que den entrada a la sociedad civil en la elaboración de las disposiciones normativas”.
Proposiciones del PSOE.
- Creación en el Congreso del llamado “Escaño 351” para que los ciudadanos presenten propuestas en la Cámara.
- Reformar la comisión de peticiones del Congreso para que sea más fácil el acceso para los ciudadanos.
- Posibilidad de que los sectores afectados por leyes intervengan en las comisiones durante la tramitación.
- En el funcionamiento interno, crear el escaño socialista en la calle y en las redes sociales, para que los ciudadanos puedan saber dónde dirigirse para tener contacto con los diputados y plantearles peticiones y sugerencias.
- Que no se pueda indultar a los condenados por corrupción.
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