Los afectados españoles se unen y logran victorias en los tribunales con demandas colectivas
La vía penal apenas ha sido explotada en España por parte de las víctimas
Las fibras de asbesto, prohibidas solo hace diez años, siguen matando
La lucha de las víctimas del amianto en España fue durante largo tiempo una labor aislada y solitaria. Las reclamaciones pasaban tan inadvertidas como la forma que tiene de matar este agente cancerígeno ampliamente usado en distintos sectores industriales hasta 2001.
Este escenario, sin embargo, ha cambiado. Cada vez es más frecuente que los pacientes unan sus fuerzas para litigar contra las empresas donde respiraron las tóxicas fibras de asbesto, una estrategia que está dando sus frutos. El último ejemplo es la sentencia hecha pública ayer que condena a la empresa Uralita a indemnizar con 1,7 millones de euros a 23 empleados de la extinta planta de Getafe por “no adoptar las medidas de protección necesarias para preservar la salud de los trabajadores”.
Con toda probabilidad, no será el último fallo en esta dirección. No solo porque hay más demandas colectivas similares en los tribunales. Sino porque es de prever que se sigan presentando a lo largo de los próximos años, a medida que vayan apareciendo nuevos afectados por la inhalación de polvo de amianto. Las enfermedades que provocan estas microfibras —cáncer de pulmón, pleura y laringe; una forma de insuficiencia pulmonar conocida como asbestosis, y placas pleurales— pueden tardar hasta 40 años en manifestarse.
La cuestión no es si habrá más víctimas, sino cuántas, algo nada fácil de determinar. Un estudio epidemiológico (el único elaborado en España sobre esta cuestión) dirigido por Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu, estima que los casos de mesotelioma (cáncer de pleura, directamente relacionado con la exposición al amianto) seguirán incrementándose hasta el año 2016. Las estimaciones del trabajo son que, entre 2007 y 2016, habrá unas 1.321 muertes de hombres por este tumor.
Más difícil es evaluar el total de fallecimientos de todas las patologías vinculadas al amianto. Comisiones Obreras eleva la cifra total a unos 50.000 muertos en España entre 2000 y 2030 debido a la exposición al contaminante en las décadas de los ochenta y los noventa.
Gracias a sus extraordinarias condiciones ignífugas y aislantes, por su bajo precio, su maleabilidad y ligereza, el amianto fue generosamente empleado en materiales de construcción, revestimientos aislantes de embarcaciones y trenes, de cables y tuberías. Las fibras de asbesto estaban en las zapatas de freno de los coches, las fundas de las planchas, los trajes ignífugos de los bomberos y hasta en otros 6.000 productos.
La sentencia de Getafe, que ayer difundió la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), es un buen ejemplo del cambio de tendencia que existe a favor de un incremento de demandas colectivas. “En estos momentos tengo varios procedimientos abiertos”, comenta Fernando Morillo, un abogado de Madrid especializado en este tipo de casos que colabora con la Asociación Víctimas del Amianto. “Y están en marcha otros similares, por lo menos, en Sevilla, Valladolid, A Coruña y el País Vasco”, añade.
Un análisis sobre la jurisprudencia española relativa a fallos por daños de amianto entre 1996 y 2010 elaborado por el abogado Albert Azagra (sobre 190 sentencias del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales) arroja luz sobre los recientes esfuerzos dirigidos a presentar reclamaciones colectivas. “Han cambiado las estrategias procesales y, junto a las acciones individuales, encontramos un uso creciente de instrumentos de agregación procesal”, recoge el estudio.
El documento también advierte un cambio en el tipo de casos que llegan a los juzgados. Además de trabajadores afectados por motivos laborales, “los casos de exposiciones domésticas y ambientales causantes de placas pleurales o patologías benignas han irrumpido con fuerza”, añade. Ya no se indemniza solo a los obreros, sino también a los vecinos que vivían cerca de las fábricas donde se empleaba el asbesto.
Es lo que ocurrió con la sentencia que impuso un juez de primera instancia en julio de 2010 contra Uralita en la que en julio de 2010 condenó a la empresa a indemnizar con 3,9 millones de euros a 45 vecinos de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona). El juez consideró que la mercantil era responsable de haber provocado tumores y problemas respiratorios a todos ellos debido a las fibras de asbesto que se diseminaban en el proceso de fabricación de fibrocemento en la factoría de Cerdanyola.
Otro de los grandes casos judiciales del amianto en España fue la denuncia planteada por 71 trabajadores contra Unión Naval de Levante en Valencia, una de las escasa planteadas por vía penal. En julio de 2009, la empresa llegó a un acuerdo con la acusación. Reconoció que no cumplió las medidas de seguridad y asumió su responsabilidad en las muertes y lesiones de empleados que inhalaron el contaminante en trabajos de construcción y reparación de buques. Entonces pagó casi 11 millones de euros: entre 250.000 y 200.000 por cada uno de los 20 fallecidos y entre 110.000 y 150.000 por los 51 enfermos.
Pese a estos antecedentes, los especialistas consultados consideran que en España no es probable que se falle una sentencia tan contundente como la dictada por el Tribunal de Turín el pasado lunes 13 de febrero contra la multinacional Eternit (el equivalente italiano de Uralita) que durante décadas fabricó fibrocemento en distintas factorías. Los jueces condenaron al expropietario del grupo, el suizo Stephan Schmidheiny, de 65 años, y al exdirigente belga Louis de Cartier, de 91, a 16 años de cárcel por la muerte de 2.300 personas y la enfermedad de otras 665.
“No me consta que haya ni un empresario condenado penalmente” en España, explica Morillo. Los que más cerca estuvieron fueron los responsables de Unión Naval de Levante acusados. El acuerdo fijó hasta un año y dos meses de cárcel para tres jefes de seguridad, por lo que evitaron acabar entre rejas al ser penas inferiores a los dos años y carecer de antecedentes.
“Veo complicado conseguir una sentencia similar a la de Eternit en España”, comenta el letrado de la asociación de víctimas del contaminante. “Lo que no descartaría a corto o largo plazo sería una demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial”. El abogado sostiene que en España existió “una legislación muy permisiva en aras de un beneficio industrial”, y las consecuencias de ello “las estamos observando ahora”.
En España, la vía penal para perseguir responsabilidades por las muertes atribuidas al amianto apenas se ha explorado. “Para el trabajador es más beneficiosa la vía laboral”, explica Àlex Tisminetzki, abogado del Col.lectiu Ronda, que representa a centenares de víctimas catalanas. “Las indemnizaciones son más altas, los jueces son más sensibles y es una jurisdicción gratuita; si se pierde no hay costas”, comenta.
Este despacho anunció ayer una resolución favorable en el Tribunal Supremo contra Uralita que “considera probado que la multinacional incumplió sistemáticamente la normativa laboral y de prevención de riesgos anterior a 1977”. Con ella “se cierra la puerta a los recursos presentados por la empresa en otros casos”, sostiene el despacho. Este diario no pudo recabar ayer la versión de Uralita.
Uno de los recursos que distintos países, como Francia o Bélgica, han diseñado para atender con mayor agilidad las reclamaciones de los afectados por el amianto es la creación de un fondo de compensación. En Francia, más del 85% de las víctimas optaron en 2008 por esta vía, lo que permite una compensación más rápida y segura que la que ofrece el recurso a los tribunales. Algunas autonomías ya están caminando en esta dirección. El mes pasado, el Parlamento vasco dió el primer paso para la puesta en marcha de un fondo de compensación.
Recursos en grupo
Frente a las reclamaciones individuales, en los últimos años ha habido en España un aumento de demandas colectivas de víctimas de la exposición al amianto.
Pese a ello, no ha habido fallos tan contundentes como el dictado en Italia en 13 de febrero pasado. El Tribunal de Turín condenó a dos directivos de la empresa Eternit a 16 años de cárcel cada uno por la muerte de 2.300 personas.
En España, en 2009, hubo condenas de cárcel (por conformidad) para cuatro responsables de Unión Naval de Levante, pero inferiores a do, por lo que no acabaron en prisión. Fue por la muerte de 20 trabajadores y las lesiones producidas a otros 51, en uno de los pocos casos en los que se optó por la vía penal.
Algunos abogados defienden la jurisdicción laboral por ser los jueces más sensibles
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