La Audiencia de Huesca ha desestimado
todos los recursos interpuestos por las partes implicadas en la denuncia por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del país, y ha cerrado la instrucción del caso con un único imputado.
Con esta decisión, el tribunal oscense mantiene en todos sus términos el
auto que dictó el pasado 13 de octubre el juez instructor del caso, en
el que apuntaba a la
existencia de indicios de un presunto delito contra el patrimonio en el empresario leonés del carbón Victorino Alonso.
El responsable judicial detectó indicios de la presunta responsabilidad
del empresario en la destrucción del yacimiento, ubicado en el coto de
Bastarás, en la Sierra de Guara (Huesca), pero
descartó imputar a los administradores de la sociedad gestora del coto,
Fimbas, y a la empresa que realizó los trabajos que provocaron la destrucción del yacimiento
, Ferpi.
Rechazó, asimismo, reabrir la instrucción para posibilitar la
imputación a Alonso de un presunto delito medioambiental, como solicitaban las acusaciones de
Ecologistas en Acción, Apudepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés),
Gobierno de Aragón y Fiscalía.
La Audiencia oscense valora todos los argumentos del instructor y concluye que
no se puede "descartar" la presunta responsabilidad de Victorino Alonso en
la destrucción del yacimiento, pero, al igual que el instructor,
rechaza el resto de peticiones de las acusaciones particulares.
El tribunal señala que el administrador de Fimbas era un mero testaferro
de Alonso y que el de Ferpi, sociedad propiedad del empresario leonés,
carecía de un
"real poder de decisión" para ordenar la realización de los trabajos, por lo que descarta ambas imputaciones.
No acepta ordenar la práctica de nuevas pruebas para sopesar la
posibilidad de realizar una imputación por un presunto delito
medioambiental, y señala que
después de cinco años de instrucción ninguna de las partes lo planteó durante el desarrollo de las investigaciones.
Tampoco acepta la Audiencia la posibilidad de volver a la fase de instrucción del caso para posibilitar la
implicación de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones, aunque plantea la posibilidad de canalizar estas demandas en los escritos de calificación de las acusaciones personadas.
En su auto original, el instructor argumentó que el proceso se inició
por una denuncia del ministerio público relativa a un único delito
contra el patrimonio histórico, con daños que el responsable judicial
valora en
14 millones de euros y que Apudepa eleva a 50 millones.
La
Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas
al cuidado de las piezas de caza que se introducían en el coto, hechos
que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias
del Gobierno aragonés.
Chaves era un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional
para la etapa del neolítico, enclavado dentro del entorno del
Bien de Interés Cultural de las cuevas de Solencio. 
