Un extrabajador declara que Victorino Alonso mandó arrasar la Cueva de Chaves
El exempleado, también imputado, sostiene que el empresario era el «único jefe y patrón» de los negocios. Foto: Alonso a la salida del juzgado en 2012. - foto cedida por el diario altoaragón
a.c.o. | valladolid 30/01/2014
Según declaró ante el juez uno de sus extrabajadores, Victorino Alonso dio la orden directa de arrasar uno de los grandes bienes arqueológicos del país: la Cueva de Chaves, el segundo yacimiento del Neolítico más importante de la Península, ubicado en el coto de caza de Bastarás (Huesca) que pertenece a la empresa Fimbas de la que Alonso es propietario.
El exempleado Alejandro Millet —también imputado— le señaló directamente, primero como dueño de la empresa responsable del coto y después como quien dictó «todas las órdenes» que llevaron a la destrucción del yacimiento. «Era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca», afirmó.
Millet se encargaba de «gestionar el día a día» del coto privado y, ante el instructor, dio anteayer detalles sobre cómo las máquinas fulminaron los restos neolíticos, la mayoría aún sin documentar, según informa Apudepa (Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio de Aragón), personada como acusación particular en la causa junto al Gobierno de Aragón y a Ecologistas en Acción.
Carlos Bitrián, presidente de Apudepa, aseguró ayer a este diario que el extrabajador «reconoció haber efectuado las obras que ocasionaron la pérdida del material arqueológico, pero siguiendo los designios del empresario».
En su declaración explicó que los trabajos en la cueva duraron varios días e intervinieron «al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas de gran potencia».
Las actuaciones buscaban preparar el terreno para ubicar allí instalaciones destinadas al uso de los animales que previamente introducían en el coto para cazarlos después.
Millet reveló pormenores cómo que el empresario minero encargó al palista que actuó sobre el yacimiento «que los materiales removidos, con los restos arqueológicos, los llevara a un barranco para que sirvieran de dique de una presa artificial proyectada».
También indicó que Victorino Alonso viajaba al menos una vez al mes para supervisar el funcionamiento del coto y «las numerosas obras medioambientales realizadas sin permiso, ni licencia».
Carlos Bitrián considera que este testimonio «tiene una importancia capital para esclarecer y acreditar que, pese a la maraña de sociedades interpuestas, quien estaba al mando no era otro que Victorino Alonso».
Un extremo que el empresario niega. Sostiene que ni siquiera es dueño de la empresa Fimbes, ni existe «ninguna relación directa que le una a ella», tal y como aseguró a finales de 2012 durante su declaración ante el juez instructor.
En esta causa, además de Victorino Alonso y Alejandro Millet, existe otra persona imputada, el administrador de Fimbas, Antonio de la Fuente. A los tres se les acusa de posible delito contra el patrimonio histórico.
Al empresario del carbón se le relaciona con los hechos denunciados por dos vías, las dos compañías que intervinieron en la destrucción y, según sostienen las acusaciones, pertenecen a Alonso: Fimbas, la propietaria de los terrenos donde se encontraba la cueva, y Ferpi, dueña de las máquinas ‘ejecutoras’.
El Gobierno aragonés sopesa actualmente solicitar a los acusados una indemnización de 50 millones de euros por los graves daños causados, tal y como informa Efe.
Los hechos que tratan de esclarecerse en este proceso de instrucción datan de 2007, pero no fue hasta dos años más tarde cuando la destrucción de la cueva salió a la luz pública.
Desde entonces varios testigos han pasado por el juzgado de Instrucción número 3 de Huesca. Los tres imputados han proclamado su inocencia.
