domingo, noviembre 06, 2011
jueves, mayo 26, 2011
El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica: nueva víctima de los transgénicos. Felipe Carrasco. Greenpeace
¿Cómo explicar que mientras en España la superficie de agricultura ecológica ha crecido un 118% entre 2004 y 2009, en Aragón se haya reducido un 12.53%? ¿Que mientras en el conjunto del país han crecido los operadores ecológicos un 57%, en Aragón hayan descendido un 7,2%? Quizás por el hecho de que la Administración autonómica de Aragón apenas haya apoyado la producción ecológica, no haya puesto en marcha políticas para ayudar al sector a organizarse, haya negado a productores y elaboradores importantes ayudas al control y la certificación...
Quizás tenga algo que ver la actitud de la Consejería de Agricultura y Alimentación cuyo consejero, el Sr Gonzalo Arguilé, apuesta por los transgénicos, niega los casos de contaminación genética y la existencia de afectados en su región y lleva años presionando por todos los medios al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Gracias a ello Aragón se ha convertido en la “Zona 0” de los transgénicos en la Unión Europea; en esta comunidad se cultivan aproximadamente 50% de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) de toda España o el 40% de Europa.
En 2010, en España se sembraron alrededor de 70.000 hectáreas de maíz transgénico comercial, y la mitad de los ensayos experimentales al aire libre con estos peligrosos cultivos en la UE. Todo esto en una situación de absoluta falta de transparencia y control. Frente a esta posición, países como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia han puesto freno a los transgénicos en su territorio. España sigue siendo por lo tanto el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala.
En diciembre de 2010 las revelaciones de Wikileaks demostraron que la política de transgénicos del anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) estaba dictada por los intereses de EEUU y sus multinacionales. Quizás no sea casual que el señor Arguilé se confiese amigo personal del secretario de Estado de Medio Rural y Agua, el señor Puxeu, a quien estos famosos cables colocaron contra las cuerdas al quedar demostrada su actuación en favor de las multinacionales de los transgénicos y en lo que supuso una clara traición a los ciudadanos de España y de Europa.
Recientemente la Ministra Rosa Aguilar, ha anunciado que “desde el Gobierno no queremos ir a más en cuanto a la producción de transgénicos”. Un importante mensaje teniendo en cuenta la realidad de estos cultivos en España, que sin embargo no ha calado entre los miembros de su Ministerio, que continúan la tónica iniciada por los Gobiernos del PP y continuada por Elena Espinosa de abierta colaboración con la industria de los transgénicos y falta de participación pública real.
Y, como casi todas las cosas, no hay acto sin consecuencias; sin víctimas. Ante la situación de tremenda dificultad a la que la Consejería Aragonesa ha sometido al sector ecológico y como medida de protesta contra el acoso y derribo sufrido por el CAAE, el pasado día 8 presentaba su dimisión en Zaragoza el presidente, Antonio Ruiz Ortego, junto a la mayoría de su Junta Directiva.
Esta dimisión supone además de la pérdida para el sector de una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a promocionar un modelo de producción sostenible y justo (desde su trabajo político y de gestión, pero también desde su experiencia personal como una de las referencias en España y en Europa en materia de agricultura ecológica y sostenible), la pérdida del presidente que ha supuesto que este Comité haya sido uno de los pocos organismos públicos que se han atrevido a denunciar los efectos socioeconómicos y ambientales de los OMG en España.
Quizás tampoco sea casual que la visión del señor Arguilé sobre la agricultura ecológica (como ha manifestado en numerosas entrevistas) sea de una simple “oportunidad de negocio para unos agricultores determinados a los que le gusta este sistema de producción” en lugar de reconocer que es el único futuro posible frente al actual modelo de agricultura industrial, que devasta los recursos naturales, produce dependencia e injusticia, genera destrucción social y provoca globalmente más de la tercera parte de la emisiones de gases de efecto invernadero.
Por todo ello y tras protagonizar en abril de 2009 en Zaragoza y abril de 2010 en Madrid las dos mayores protestas contra los transgénicos que se recuerdan en Europa hoy agricultores, ecologistas, consumidores y un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil han presentado la Tercera Semana de Lucha contra los Transgénicos. Frente a la defensa de los intereses de las multinacionales que siguen representando el MARM o el Gobierno de Aragón, la sociedad española muestra un año más su rechazo mayoritario a los transgénicos a través de múltiples actividades en todo el territorio nacional, algunas de las cuales comenzaron la pasada semana. El conjunto de actividades, entre las cuales habrá protestas, acciones informativas y reivindicativas en la calle, en supermercados, en campos, conferencias y charlas, proyecciones de películas, debates y reuniones con agentes sociales, se puede consultar aquí
Desde Greenpeace demandamos a los Gobiernos de España y de Aragón que apuesten por la agricultura y la ganadería ecológica, potencien y defiendan al sector, retiren el absurdo y trasnochado apoyo a los transgénicos y pasen factura política a los responsables de tantos daños producidos por el modelo industrial de agricultura.
Juan Felipe Carrasco, campaña de Transgénicos de Greenpeace
viernes, marzo 04, 2011
El reino de Dinamarca reacciona con rabia ante la "ofensa" sufrida por su reina
Dinamarca ha echado mano de una ley en desuso desde hace más de 75 años para pedir hasta 6 años de cárcel para el ex director de Greenpeace España, Juancho López de Uralde, ya que considera que los ecologistas ofendieron a la Reina Margarita con una pancarta durante una cena de gala en la cumbre de Copenhague.
La Fiscalía danesa abre una acusación contra el expresidente de Greenpeace España
Copenhague, 1 mar (EFE).- La Fiscalía danesa abre una acusación contra el expresidente de Greenpeace España Juantxo López de Uralde y otros activistas de la organización por irrumpir en una cena de gala en la cumbre climática mundial de Copenhague en 2009.
Todos están acusados de allanamiento de morada contra la reina Margarita II, que actuó como anfitriona de la cena celebrada el 17 de diciembre de 2009 en el palacio de Christiansborg y a la que acudieron un centenar de líderes mundiales presentes en la cumbre, que finalizaba al día siguiente.
La acusación afecta a una decena de personas involucradas en la preparación de la acción, cuyos protagonistas vestían de gala rigurosa para poder colarse, y a Greenpeace Nordic como organización.
La legislación danesa castiga normalmente ese delito con multa o cárcel de hasta medio año, aunque el hecho de que el perjuicio lo haya sufrido la Reina puede agravar la pena hasta el doble, explicó a EFE Lise-Lotte Nilas, fiscal jefe de Copenhague.
Nilas señaló que la acusación estará redactada en unos 14 días y estimó que el caso puede llegar a los tribunales en unos meses, aunque sin precisar cuándo.
López de Uralde y otros tres compañeros de Greenpeace -una sueca, un suizo y un holandés- burlaron la seguridad haciéndose pasar por invitados, y a la entrada del banquete desplegaron una pancarta delante de las cámaras de la televisión pública danesa DR en la que se podía leer "Los políticos hablan, los líderes actúan".
López de Uralde, que abandonó el cargo en Greepeace en agosto pasado, tras una década para liderar el proyecto político ecologista Equo, permaneció en prisión preventiva durante 20 días y fue puesto luego en libertad con cargos, al igual que sus compañeros.
A la salida de la cárcel, López de Uralde, que recibió apoyo del Gobierno y de otros partidos políticos españoles, calificó de "innecesariamente cruel" el trato recibido por parte de las autoridades danesas.
Greenpeace Nordic criticó hoy la decisión del Ministerio de Justicia danés y señaló que la acción no iba dirigida hacia la Reina, sino hacia los líderes mundiales, además de considerar extraño que se recurra un artículo, el de ofensa al monarca, que es "de los tiempos de María Castaña".
La actuación de la Policía danesa durante la cumbre climática fue muy criticada por el hecho de que fueron detenidas casi 2.000 personas, la mayoría de forma preventiva ante hipotéticos disturbios, cuando apenas hubo incidentes violentos.
En respuesta a una demanda presentada por 250 personas arrestadas durante la cumbre, un tribunal de Copenhague declaró en diciembre pasado "ilegales" las detenciones masivas de carácter preventivo y condenó al Estado danés a pagar indemnizaciones de hasta 1.200 euros por persona. EFEverde
domingo, enero 16, 2011
Ningún movimiento social y político está actuando contra las causas de la multi-crisis en la que vivimos como el movimiento ecologista
Servicios Secretos contra Ecologistas
Ningún movimiento social y político está actuando contra las causas de la multi-crisis en la que vivimos como el movimiento ecologista. Desde hace años cientos de personas y organizaciones se enfrentan en todo el mundo a los problemas socio-ecológicos con un grado de eficacia creciente y en algunos casos determinante. Ello está generando una atención cada vez mayor de los servicios de seguridad nacionales e internacionales sobre los ecologistas, tanto las personas como las organizaciones. En vez de ocuparse de los problemas y de quienes los causan, parece más interesante para los gobiernos seguir y perseguir a los que los combaten. Hace sólo unos días el diario británico The Guardian contaba la historia de Mark Kennedy, un policía infiltrado en un grupo ecologista británico que arrastró la detención de 116 activistas que iban a protestar contra una central térmica. El arrepentimiento del polícía, tras su descubrimiento por los ecologistas, ha evitado que se consumase la condena contra todos esos activistas, pero ha puesto de manifiesto un problema mucho más profundo: la absurda persecución secreta del ecologismo.
Resulta que el policia Mark costaba al estado unos 300.000 Euros al año. Seguro que es mucho más que todo el presupuesto del grupo ecologista que perseguía. Tenía un vehículo que era el mejor del que disponían los ecologistas, por lo que se valieron de él durante años, y así sucesivamente. ¿Cómo puede justificarse el gasto tan alto para perseguir a un puñado de activistas?
En mi opinión, seguramente el caso de Mark es sólo la punta del iceberg. Si se gastan esa cantidad en un pequeño grupo ecologista, ¿cuánto se gastan en seguir a Greenpeace, al WWF o a Amigos de la Tierra? Y sobre todo, ¿con qué finalidad?¿Es legítimo que los servicios secretos dediquen recursos a investigar a organizaciones legales y pacíficas?
Cuando fui detenido en Copenhague supimos que la policía danesa tenía intervenidos una veintena de teléfonos de distintas personas de Greenpeace. A pesar de ello no pudieron evitar que nos coláramos en la cena de gala de los jefes de estado, pero la presión policial era evidente y visible. Las detenciones masivas de manifestantes o el registro de los pisos donde vivíamos y trabajamos fueron una muestra más de esa persecución. Pero, en realidad, los criminales estaban en el Bella Center, reunidos en las salas de la Cumbre del Clima, condenando con sus decisiones al mundo a un cambio climático inexorable.
¿Y en España? Pues aquí hay también historias de infiltraciones. En algunos casos han sido bien conocidas, y en otros no tanto. Personas vinculadas al movimiento verde político apuntan históricamente a que el fracaso de algunas candidaturas vino programado y preparado desde algún Ministerio. No tenemos en la actualidad información que apunte en esa dirección, ni tampoco en la contraria. Pero, ¿es posible que la estrategia de infiltración los servicios secretos ingleses en las organizaciones ecologistas se esté dando también en otros países europeos, por ejemplo España?
sábado, enero 08, 2011
EE UU: "España nos pide que presionemos a Bruselas a favor de los transgénicos". Los cables revelan alianza entre USA y el Gobierno pro transgénicos
Los papeles del Departamento de Estado
Debate de los transgénicos
EE UU: "España nos pide que presionemos a Bruselas a favor de los transgénicos" RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/12/2010
Los cables revelan la alianza entre EE UU y el Gobierno para defender los organismos genéticamente modificados.- La embajada medió a favor de Monsanto en contra de las posiciones de Comisión.- La legación vio a Garmendia como su aliada en el Ejecutivo
España es "el mayor aliado" de EE UU en su pugna a favor de los transgénicos en Europa. El tema, que afecta a compañías norteamericanas como Monsanto o Syngenta, asoma con frecuencia en los cables que la embajada en Madrid envía a Washington. A través de ellos queda clara la complicidad entre España y EE UU contra las propuestas de Francia y de la Comisión Europea para limitar el cultivo de estas variedades. El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, llegó a pedir a la embajada, siempre según un cable, que "mantuviera la presión" sobre Bruselas para que la biotecnología siguiera siendo una opción para los Estados miembros.
En un informe del 19 de mayo de 2009, un mes y cinco días después de que Alemania se sumara al veto del maíz transgénico MON810 que ya tenían Austria, Grecia, Hungría y Luxemburgo, la embajada recoge la impresión extendida entre la industria de la biotecnología de que "si España cae, el resto de Europa le seguirá". Tal es la importancia que da a España en la soterrada lucha de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
La embajada detalla que España cultiva el 75% del maíz transgénico de la UE. Este maíz tiene un gen modificado para resistir la plaga del taladro. Y se muestra sorprendida de que el 2 de marzo de ese año España votara junto a Francia y otros países en la UE para permitir que cada país pueda vetar el cultivo de un transgénico. El telegrama diplomático asegura que sus fuentes en la industria justifican el cambio de postura en un apoyo a Sarkozy por permitir que España acudiera como invitada de Francia al G-20. "El Gobierno de España ha sido tradicionalmente un gran defensor del maíz biotecnológico debido a su gran demanda interior" para alimentación animal, explica el texto, pero desconfía de la "voluble" posición de Zapatero cuando se trata de enfrentarse a Francia.
En 2008, el maíz transgénico en España supuso un 30% del total cultivado, con más de 80.000 hectáreas plantadas. La embajada, tras reunirse con el director de Monsanto para España y Portugal, muestra su preocupación por el avance del movimiento antitransgénicos. En la calle y en las autonomías. El País Vasco aprobó el 21 de abril de 2009 una dura legislación para evitar que los transgénicos contaminen otros cultivos, algo que "podría llevar a los agricultores a dejar de plantar MON810", según los cables. En julio de 2009, el Parlamento catalán derrotó una iniciativa similar con los votos de PSC, CiU y PP y en abril de 2010 miles de personas -ecologistas y agricultores, principalmente- marcharon ante el Ministerio de Agricultura para pedir el fin de los transgénicos. En el último año ha habido ataques de ecologistas a explotaciones en las que se cultivaban OGM.
Oposición ecologista
España, tradicionalmente el país europeo más favorable a los transgénicos, ha visto crecer la oposición ecologista. Y con ella la preocupación de EE UU.
El informe cuenta cómo el 22 de abril de 2009, tras la votación en el País Vasco y el veto alemán, Puxeu "contactó con el encargado de negocios de la embajada" para "expresar su preocupación por la creciente presión sobre el Gobierno de España para prohibir el MON810", una variedad de Monsanto. Puxeu, al que la embajada define como un "tradicional defensor de la biotecnológica", confesó a los diplomáticos estadounidenses: "Ha sido la peor semana de mi vida". Además, "pidió al Gobierno de EE UU que mantenga la presión sobre Bruselas para mantener la agricultura biotecnológica como una opción para los Estados miembros y pidió al Gobierno de EE UU que trabaje con España en esta iniciativa", siempre según ese cable.
Puxeu ha defendido públicamente los transgénicos en multitud de ocasiones. "No quiero entrar en el terreno científico, pero tantos y tantos productos como el pan, las levaduras, los vinos, los quesos, la insulina de los diabéticos están elaborados con productos transgénicos, que parece que estuviéramos demonizando los avances de la biotecnología", declaró a EL PAÍS en abril de 2009. Entonces añadía que las críticas de Sarkozy obedecen a sus intereses comerciales: "A Francia, como exportador, le encantaría que Europa tuviera que aprovisionarse exclusivamente en su mercado". España, mientras, importa enormes cantidades de grano.
El viernes pasado insistió en la idea: "Esa es mi postura pública y privada. Siempre he defendido el uso de la biotecnología con evaluaciones científicas y que en la UE debería haber una postura común para no andar con vetos por países". Puxeu admite que habló con el encargado de negocios y que le pidió "que se movieran". Sobre si esa fue la peor semana de su vida, Puxeu relativiza: "Ahí exageran. Peor fue la del incendio de Guadalajara".
La Embajada de EE UU en Madrid considera que España es un país "que merece seguir siendo objetivo para desarrollar mayor aceptación de la biotecnología en la UE" dado "el posible desarrollo de variedades biotecnológicas capaces de resistir sequías y la falta crónica de agua en España".
Fusión ministerios de Agricultura y Medio Ambiente
En esa línea, considera que "la decisión de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en un 'superministerio' (...) es probablemente beneficiosa para impulsar una mayor aceptación de la agricultura biotecnológica". La embajada consideró que, tras la fusión, "las facciones antitransgénicos del Ministerio de Medio Ambiente pierden fuerza e influencia" .
En una reunión entre Eduardo Aguirre y la entonces ministra, Elena Espinosa, celebrada en 2008 el embajador define el país como su mejor aliado en los transgénicos y señala el tono bajo de Espinosa y cómo a menudo contesta a sus preguntas con gestos o asentimientos. Aguirre llegó a preguntarle por los transgénicos a María Teresa Fernández de la Vega en uno de sus primeros encuentros, aunque esta le remitió a Medio Ambiente.
En otro cable tras la remodelación del Gobierno en 2008 la embajada se alegró de que Espinosa asumiera Medio Ambiente en lugar de Cristina Narbona. "La ex ministra de Agricultura (Espinosa) apoyó los OGM en el pasado, mientras que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se oponía" y da por terminados esos "debates interministeriales". Un año antes la embajada mostraba su preocupación por las presiones de Medio Ambiente sobre Agricultura para endurecer un real decreto sobre coexistencia de transgénicos y cultivos tradicionales para evitar contaminación."Nuestros contactos en el Ministerio de Agricultura insisten en que (...) no cederán a las demandas de Medio Ambiente sobre el decreto, que descartaría el futuro de la agricultura biotecnológica en España". Ese decreto no se aprobó.
La embajada resalta el nombramiento de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia. De ella destaca que "trabajaba para un grupo industrial de biotecnología (no agraria), y puede ser una aliada en temas de OGM en las discusiones del gabinete".
Los documentos de la embajada adelantan las posturas del ministerio en los Consejos Europeos de Agricultura en los que se debate la aprobación de nuevas variedades. El 15 de octubre de 2009, el jefe de gabinete de Puxeu, Eduardo Díez Patier, habló con responsables de la embajada y les adelantó que España "iba a votar a favor de la importación de estas tres variedades de maíz biotecnológico" que la UE debía votar cuatro días después, según un cable a Washington, aunque advirtió de que había pocas posibilidades de que saliera adelante en la UE.
Los temores de la embajada están bien fundados. El pasado 12 de noviembre, el Eurobarómetro publicó la última de sus encuestas con la actitud de los europeos hacia la biotecnología. En él queda claro cómo el porcentaje de los encuestados contrarios a los transgénicos había subido del 57% en 2005 al 61% en 2010. Mientras, del 27% de apoyo se bajó al 23%. "Al contrario que la industria y los científicos, los europeos consideran que los OGM no ofrecen beneficios y son inseguros", concluye la encuesta europea.
España era, según esa encuesta, el país con el mayor apoyo a los transgénicos en 1996 (66% de los encuestados) pero en 2010 ya está casi en la media europea (35% de apoyo). Ya se sitúa por debajo de Reino Unido, Irlanda, Portugal, la República Checa y Eslovaquia.
"Cláusula de salvaguarda"
Mientras, la mayoría de los científicos -e incluso la Organización Mundial de la Salud- consideran que no hay riesgo, que en más de dos décadas de uso masivo no se han detectado problemas para la salud. Un transgénico es una planta a la que se le ha modificado un gen para conferirle alguna cualidad, por ejemplo la resistencia a alguna plaga.
Aunque EE UU, Canadá, Asia y América Latina han abrazado los transgénicos, la UE ha puesto muchas trabas y solo tiene aprobado el cultivo de maíz. Solo seis países lo plantan (España, la República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia). Otros seis ?Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo? han aplicado la "cláusula de salvaguarda" que les permite vetar el cultivo si tienen nueva información de que un transgénico constituye "un riesgo para la salud humana o el medio ambiente". Francia alegó, por ejemplo, que el MON810 genera "posibles efectos tóxicos adversos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos, los nematodos y las mariposas monarca".
Monsanto sostiene, según un cable, que todo responde a un "acuerdo de facto entre el Gobierno de Francia y Greenpeace y Amigos de la Tierra por el cual el Ejecutivo francés apoyaría el movimiento libre de transgénicos si los activistas miraran para otro lado en las iniciativas nucleares de Sarkozy". Casi todas las embajadas en Europa mandan cables parecidos a Washington y sacan el tema de los transgénicos en multitud de reuniones.
EE UU trata el tema con Francia una y otra vez y el 22 de abril de 2008 le avisa de que su veto a los transgénicos se basa en cuestiones políticas y no científicas. "La Organización Mundial del Comercio ha indicado que una prohibición es inaceptable según sus normas, y es probable que no nos quede más opción que pedir compensaciones", señala un despacho confidencial a Washington.
Las negociaciones son muy intensas con la Comisión Europea y con Francia. Un informe confidencial de la Embajada de París hacia Washington explica que "Europa va hacia atrás, no hacia adelante en este proceso, con Francia ejerciendo el papel de liderazgo, junto con Austria, Italia e incluso la Comisión". Según ese cable, la Comisión y el Ejecutivo de Sarkozy tranquilizan a la delegación de EE UU, ya que solo se trata de prohibir el cultivo, no la importación de alimentos. "Vemos el veto al cultivo como un primer paso, al menos por los anti-OGM, que después se moverán para prohibir las importaciones".
El ex embajador en París Craig Roberts Stapleton se refiere a la venta de semillas transgénicas como un negocio propio: "No podemos ceder en el cultivo por nuestro considerable negocio de semillas en Europa y por los agricultores, que una vez que prueban con transgénicos se vuelven sus más fervientes defensores".
'Lobby' para que se sume el Vaticano
EE UU ha buscado apoyos a favor de los transgénicos en todo el mundo. Incluso en el Vaticano. Un cable confidencial de su embajada ante la Santa Sede, del 19 de noviembre de 2009 , narra un encuentro con Monseñor James Reinert, "persona clave en seguridad alimentaria y biotecnología" de un centro de estudios del Vaticano. Reinert "dijo que el Vaticano está de acuerdo en que los países deben poder elevar su producción agrícola y que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) tienen un papel en este proceso, aunque no todo el mundo en la iglesia está cómodo con ellos". "El Vaticano no puede obligar a los obispos a apoyar la biotecnología", afirmó.
La embajada constata que "mientras el mensaje del Vaticano a favor del medio ambiente es alto y claro, su postura sobre la biotecnología aún tiene un perfil bajo. Con un apoyo discreto, la iglesia considera que la decisión de abrazar los OGM es de agricultores y Gobiernos. La Academia científica del Vaticano ha declarado que no hay evidencia de que los OGM sean perjudiciales".
El cable, firmado por el embajador ante la Santa Sede, el profesor de Teología Miguel Humberto Díaz, concluye: "La Embajada continuará haciendo lobby en el Vaticano para que hable a favor de los OGM".
lunes, diciembre 27, 2010
Navidad sostenible. Tu cena de navidad green. Receta para una navidad sostenible.
Navidad sostenible
Llegan las navidades, las celebraciones y los homenajes culinarios, muchas veces con excesos para el cuerpo y para el planeta. Aquí te ofrecemos una buena receta para que nuestras comidas y cenas navideñas sean más sostenibles.
Ingredientes:
[01] Los alimentos, cuanto más cercanos, mejor, menos transporte y menos emisiones de CO2. Además, así apoyas a los productores locales.
[02] Apuesta por el producto fresco, natural y de temporada. Y si puedes, ecológico.
[03] Evita los productos elaborados y sobreenvasados y llévate todo lo que puedas a granel.
[04] Reduce el consumo de carne y pescado y apuesta por menús ricos en verduras, legumbres y frutas.
[05] Si quieres introducir carne en tu comida, ¿por qué no sorprendes a tus comensales con carne ecológica? Busca el etiquetado de certificación de tu comunidad autónoma.
[06] ¿Un poco de pescado? ¡Ojo! Que no esté en la Lista roja de Greenpeace. Mejor salvaje que de acuicultura y que haya sido pescado con métodos selectivos. Rechaza los inmaduros y aprovéchalo bien. Pregunta a tu pescadero y que te informe.
[07] ¿Marisco? ¡Cuidado con los langostinos! Su pesca salvaje afecta a otras muchas especies que son descartadas y el de acuicultura devasta los manglares. Evítalo.
[08] ¡Ningún producto transgénico en nuestras comidas! Utiliza nuestra Guía roja y verde para poder evitarlos.
[09] Puedes llevar bolsa de tela o carrito para tus compras. Así no tienes que utilizar bolsas de plástico.
[10] ¡Ay, las uvas! No se nos pueden olvidar que hay que empezar bien el año. Pero que sean a granel, sin empaquetado, y cultivadas lo más cerca posible.
jueves, diciembre 23, 2010
10 maneras de hacer sus navidades ecológicas 10 ways to make your holiday season green!
Puede celebrar estas fiestas con estilo, manteniendo su impacto ambiental al mínimo:
1) Consiga un árbol de navidad vivo en maceta
2) Evite volar en avión y viajar en tren
3) Coma menos carne y compre productos locales
4) Utilice adornos reciclados
5) Use luces LED o velas naturales
6) Felicita por e-mail o usa material reciclado para hacer tus tarjetas
7) Apague su consola y juegue en el PC a “Deepsea Desperation”
8) Reduzca el termostato de la calefacción 1 grado y regale pijamas abrigados
9) Regale lámparas de ahorro o libros ecologistas o material para horticultura
10) Envuelva sus regalos con papel reutilizado u hojas de periódico evitando la cinta adhesiva
10 ways to make your holiday season green!
You can easily celebrate this holiday season in style while keeping your environmental impact to a minimum:
1) Get a potted Christmas tree
2) Avoid flying and travel by rail
3) Eat less meat and buy local produce
4) Use recycled decorations
5) Use LED lights or natural candles...
1) Tree - real or fake?
There isn’t a simple answer for this. Many people believe that real trees are bad but some are from sustainable sources and grown without environmentally harmful pesticides and fertilizers. And you may find a fake tree made without energy intensive materials and harmful plastics like PVC that can be reused for 15 years or more. So it’s best to decide what suits you and then look for the most planet friendly version you can find.
Light green: Get a potted real tree (doesn’t need to be a typical Christmas tree) that ends up in your garden or find a sustainably sourced tree and make sure you hand it over to a tree recycling program when you’re done with it.
Deep green: Don’t buy a tree at all and put your decorations on something else (your fireplace, windows or spouse!)
2) Avoid flying and travel lightly
Getting on planes at any time of the year is something we should all be doing less because it’s so bad for the climate. But during the holidays this is especially hard because many families live so far apart now. If you really need to fly somewhere this month - try to travel by any other means for the rest of the year.
Light green: Take public transport when possible. Giving up your car for the holidays is not only good for the planet - it’s good for you. Nobody needs to be the designated driver after a party if you all take the train and if it’s icy where you are - you probably want to avoid driving anyway. If you’re going to miss the last train home - maybe you can arrange to stay the night.
Deep green: Stay home and avoid traveling. Walk to anywhere close enough and enjoy a slower, relaxed pace of life for the holidays.
3) Eat less meat and buy locally produced food.
If you’re cooking for the holidays - consider the carbon footprint of your food.
Light green: Buy produce from your nearest farm shop or farmers’ market. Increase the vegetable options on the table while serving less meat that’s organic and locally sourced.
Deep green: Have yourself a very veggie holiday. No meat and easy on the dairy. You could even try going vegan if you really feel like a challenge!
Great tip: Make fantastic meals with the leftovers. There’s some great recipes online by famous UK chefs.
4) Get creative with your decorations
Light green: You can reuse decorations from year to year so make sure you wrap them all up carefully and store them away safely. If you need more this year - try making your own green festive decorations. And check out Recycle Now’s fantastic guide to home made decorations.
Deep Green: Use natural items like pine cones, holly leaves, ribbon wrapped cinnamon sticks, dried oranges.
5) Lights and candles
Light green: If you haven’t done this already it’s time to throw away your incandescent holiday lights and splash out on some LEDs. They use a lot less energy and last a lot longer. If you don’t want to throw out your old lights just yet - you can simply restrict their use by switching them off whenever you are not home or near the lights. Paraffin candles are made from petroleum residues, so they don’t do your health or the environment any good. Soya, beeswax or natural vegetable-based candles are better because they are biodegradable, smoke-free, and are more eco-friendly.
Deep green: Have a popcorn party and thread organic popcorn on a string with a needle to put around your tree instead of lights. You can make different colours of popcorn with natural food colouring. It’s more fun if you make enough popcorn to eat in addition to decorating. One of our supporters on Twitter suggested solar outdoor lights!
6) Season’s Greenings
It’s traditional to send cards wishing people a Happy Christmahanukwanza/ New Year but this usually means a lot of bleached paper, toxic ink and waste.
Light green: Use cards printed on recycled paper with natural inks or make your own.
Deep green: Save your money and send an ecard instead or pick up the phone for a change!
7) Game on
Switch off your computer game console for a change and download the new free print & play board game “Deepsea Desperation” to play with friends and family. We’ve had some fun playing this during lunch breaks in the office and it’s worth giving this a go instead of buying the latest board game in the shops that you’ll probably only play once before it ends up on the shelf gathering dust. You can also print this on recycled paper and give it to your friends instead of a Christmas card.
8) Energy saving (for Northern Hemishphere folks only)
Light green: Buy yourself and your family some warm pyjamas as gifts. Wear that terribly fashionable knitted jumper that your Aunt gives you and turn the thermostat down a notch. Make sure your house is well insulated and draught free.
Deep green: Go to sleep with a hot water bottle under a winter duvet and turn your heating way down for the night. Offer to research and organise a switch to a green energy provider for your family’s home.
9) Gifts galore
There’s so many possibilities for green presents but here’s some of my favorites including a couple of shameless Greenpeace promotions.
Light green: Buy gifts that make it easier for others to be green. Composting equipment, gardening tools, native plants and seeds, organic body products, vegetarian cook book, a walking holiday guide for your country. Give energy saving items like CFL or LED bulbs (find some really nice ones so you can convince people that it’s possible to produce light that’s just as warm and atmospheric as incandescent bulbs!). Order your friends some Greenpeace merchandise!
Deep green: Go through your bookshelf and give books you probably wont read again - better yet - give one of your books that inspired you to care more about the environment. Give someone a subscription to an environmental magazine. I did this for my sister with The EcologistDonate for the Rainbow Warrior 3 on someone’s behalf and make a personal certificate for them. Give a gift that keeps giving - via Oxfam. once and she loved it!.
10) That’s a wrap!
I’ve used pretty material and ribbons to wrap up gifts and then reused them year after year but if you’re going for the totally non-disposable wrapping thing - it’s difficult to close up the packages without using something sticky. Whatever you use - try to save it and use it again next year.
Light green: If you want that exciting tearing sound - use recycled wrapping paper. Gift bags can easily be reused by the people you give them to.
Deep green: Use material, scarfs or newspaper.
Thanks to those of you who tweeted us your ideas! If you have additional suggestions please leave a comment.
Have a wonderful holiday, stay safe and be green. Unlike Kermit - we think it's relatively easy.
-Lisa
This post was originally inspired by a feature on the Greenpeace Africa site.
Thanks to Greenpeace Russia for the image of Santa on an inflatable with magical migrating penguins at the North Pole!
viernes, julio 09, 2010
Cómo no depender del petróleo. Reduce tu consumo de derivados del petroleo. 10 ways to use less oil
1. Para desplazarse al trabajo practique carpool (viaje compartido en automóvil) , o vaya en bici o transporte público.
2. Elija productos envasados sin envolturas o bandejas plásticas y realice reciclado o reutilización de envases.
3. Compre frutas y verduras orgánicas (sin gasto de fertilizantes y pesticidas derivados del petróleo).
4. Compre artículos de higiene y belleza (champú, jabón, maquillaje) elaborados con ingredientes naturales.5. Elija siempre que sea posible productos producidos localmente (con menos transporte involucrado).
6. Compre ropa hecha de algodón orgánico o cáñamo, no de los derivados sintéticos del petróleo.
7. No utilice artículos desechables en picnics y fiestas de verano.
8. Evite el agua embotellada.
9. Vuele menos en avión.
10. Exija que su gobierno y/o comunidad impulse la energía renovable, rechazando calderas de gasóleo.
domingo, abril 25, 2010
Cómo construir una economía 'verde'. Sabemos cómo frenar el calentamiento de la Tierra, y los costes son asumibles. PAUL KRUGMAN
de gases de efecto invernadero sin destruir la economía? Al igual que el debate sobre el cambio climático, el debate sobre la economía climática tiene un aspecto muy distinto visto desde dentro, en comparación con el aspecto que suele tener en los medios de comunicación populares. El lector ocasional podría tener la impresión de que hay dudas reales sobre si las emisiones pueden reducirse sin infligir un daño grave a la economía. De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas. En los párrafos siguientes presentaré un breve informe sobre la economía del cambio climático, o más exactamente, la economía de la reducción del cambio climático. Trataré de exponer los asuntos sobre los que hay un acuerdo amplio, así como aquellos que siguen siendo objeto de importantes disputas. Pero primero, una introducción a la economía básica de la protección medioambiental. ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL 101 Si hay una única verdad fundamental en la economía, es esta: las transacciones entre personas mayores de edad generan beneficios mutuos. Si el precio consensuado de un artilugio es de 10 dólares y compro uno, debe de ser porque ese artilugio vale más de 10 dólares para mí. Si uno vende un artilugio a ese precio, debe de ser porque fabricarlo le cuesta menos de 10 dólares. Por tanto, comprar y vender en el mercado de los artilugios redunda en beneficio tanto de los compradores como de los vendedores. Es más, un análisis pormenorizado demuestra que si hay una competencia real en el mercado de los artilugios, de tal modo que el precio termine por hacer coincidir el número de artilugios que la gente quiere comprar con el de artilugios que otra gente quiere vender, la consecuencia es que los beneficios de productores y consumidores se maximizan. Los mercados libres son eficientes (lo que en jerga económica, al contrario que en el lenguaje coloquial, significa que nadie puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otro). Pero la eficiencia no lo es todo. En concreto, no hay razón para suponer que los mercados libres generarán un resultado que consideraremos justo o equitativo. De modo que el argumento de la eficiencia del mercado no dice nada sobre si deberíamos tener, por ejemplo, alguna forma de seguro sanitario garantizado, ayuda a los pobres y demás. Pero la lógica de la economía básica dice que deberíamos tratar de alcanzar objetivos sociales mediante intervenciones posmercado. Es decir, deberíamos dejar que los mercados cumplan su función, haciendo un uso eficiente de los recursos del país, y luego emplear los impuestos y las transferencias para ayudar a aquellos a quienes el mercado pasa por alto. Pero, ¿y si un acuerdo entre personas mayores de edad supone un coste para personas que no forman parte del intercambio? ¿Qué pasa si alguien fabrica un artilugio y yo lo compro, con beneficios para ambos, pero el proceso de producir ese artilugio conlleva verter residuos tóxicos en el agua potable de otras personas? Cuando hay "efectos externos negativos" -costes que los agentes económicos imponen a otros sin pagar un precio por sus acciones- se esfuma cualquier suposición de que la economía de mercado, si se la deja a su aire, hará lo que debe. Entonces, ¿qué hacemos? La economía medioambiental trata de dar respuesta a esa pregunta. Un modo de hacer frente a los efectos externos negativos es dictar normas que prohíban o al menos limiten los comportamientos que impongan costes especialmente altos a otros. Eso es lo que hicimos durante la primera gran oleada de legislación medioambiental a principios de los años setenta: se exigió que los coches cumpliesen unas normas sobre las emisiones de los compuestos que provocan la niebla tóxica, se exigió a las fábricas que limitasen el volumen de residuos que vertían a los ríos, y así sucesivamente. Y ese método dio sus frutos; el aire y el agua de Estados Unidos se volvieron mucho más limpios durante las décadas siguientes. Pero aunque la regulación directa de las actividades contaminantes tiene sentido en algunos casos, es enormemente defectuosa en otros, porque no deja ningún margen para la flexibilidad o la creatividad. Pensemos en el mayor problema medioambiental de los años ochenta: la lluvia ácida. Resultó que las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas tendían a combinarse con el agua siguiendo la dirección del viento y a generar ácido sulfúrico, que destruía la flora (y la fauna). En 1977, el Gobierno hizo su primer intento de abordar el problema y recomendó que todas las centrales nuevas alimentadas con carbón tuviesen depuradoras que eliminasen el dióxido de azufre de sus emisiones. Imponer una norma estricta a todas las centrales era problemático, porque modernizar algunas centrales más antiguas habría resultado extremadamente caro. Sin embargo, al regular únicamente las centrales nuevas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un control de la contaminación bastante barato en centrales que eran, de hecho, fáciles de modernizar. Salvo mediante una adquisición federal de facto del sector eléctrico, con funcionarios federales dictando instrucciones específicas para cada central, ¿cómo podía resolverse este dilema? Entra en escena Arthur Cecil Pigou, un catedrático británico de principios del siglo XX cuyo libro de 1920, The economics of welfare (La economía del bienestar), suele considerarse la base de la economía medioambiental. Aunque en cierto modo resulte sorprendente, teniendo en cuenta su actual condición de padrino de la ciencia medioambiental altamente desarrollada desde un punto de vista económico, Pigou no hizo verdaderamente hincapié en el problema de la contaminación. Más que centrarse en, por ejemplo, la famosa niebla de Londres (en realidad, niebla tóxica acre, provocada por millones de fuegos de carbón), abría su disertación con un ejemplo que debió de parecer cursi incluso en 1920, un caso hipotético en el que "las actividades de conservación de la caza menor de un ocupante conllevan la invasión de las tierras de un ocupante vecino por los conejos". Pero da igual. Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida. El análisis de Pigou quedó en gran parte olvidado durante casi un siglo, mientras los economistas dedicaban su tiempo a luchar contra problemas que parecían más acuciantes, como la Gran Depresión. Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas. La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica. La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación. En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno. Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible. Estas reflexiones políticas probablemente expliquen por qué la solución al dilema de la lluvia ácida adoptó la forma del tope y trueque y por qué los permisos para contaminar se distribuyeron gratuitamente entre las empresas eléctricas. También merece la pena señalar que el proyecto de ley Waxman-Markey, un sistema de tope y trueque para los gases de efecto invernadero que empieza concediendo muchos permisos al sector, pero saca a subasta un número creciente durante los años siguientes, fue de hecho aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado; es difícil imaginar un impuesto generalizado sobre las emisiones que haga lo mismo durante muchos años. Eso no significa que los impuestos sobre las emisiones no tengan ninguna posibilidad de éxito. Hace poco, algunos senadores han presentado una propuesta con una especie de solución híbrida, con tope y trueque para algunos sectores de la economía e impuestos sobre el carbono para otros (principalmente, el petróleo y el gas). La lógica política parece ser la de que el sector del petróleo piensa que los consumidores no le culparán por la subida de los precios si dichos precios reflejan un impuesto concreto. En cualquier caso, la experiencia indica que el control de las emisiones basado en el mercado funciona. Nuestra historia reciente en relación con la lluvia ácida demuestra lo mismo. La Ley del Aire Limpio de 1990 introdujo un sistema de tope y trueque por el que las centrales eléctricas podían comprar y vender el derecho a emitir dióxido de azufre, y dejaba en manos de las empresas individuales la gestión de su actividad dentro de los nuevos límites. Como cabía esperar, con el paso del tiempo, las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se redujeron a casi la mitad, a un coste mucho más bajo de lo que incluso los optimistas esperaban; los precios de la electricidad bajaron en vez de subir. El problema de la lluvia ácida no desapareció, pero se redujo considerablemente. Se podría pensar que los resultados demostraban que podemos hacer frente a los problemas medioambientales cuando nos vemos obligados a hacerlo. De modo que ahí lo tenemos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un efecto externo negativo típico (el "mayor fallo del mercado que el mundo ha conocido jamás", en palabras de Nicholas Stern, autor de un informe sobre el tema para el Gobierno británico). La economía de los libros de texto y la experiencia del mundo real nos dicen que deberíamos tener políticas que desincentiven las actividades que generan efectos externos negativos y que, por lo general, es mejor depender de un enfoque basado en el mercado. ¿CLIMA DE DUDA? Éste es un artículo sobre la economía del clima, no sobre la climatología. Pero antes de abordar la economía merece la pena aclarar tres cosas en relación con la situación del debate científico. La primera es que, sin duda, el planeta se está calentando. La temperatura fluctúa y, en consecuencia, es bastante fácil encontrar un año inusualmente cálido en el pasado reciente, notar que ahora hace más frío y afirmar: "¡Ven, el planeta se está enfriando, no calentando!". Pero si se observan las pruebas como es debido -teniendo en cuenta las medias a lo largo de periodos lo bastante prolongados como para anular las fluctuaciones-, la tendencia ascendente es inequívoca: cada década sucesiva desde la de los setenta ha sido más cálida que la anterior. En segundo lugar, los modelos climáticos predijeron esto con mucha antelación, e incluso adivinaron la magnitud del aumento de las temperaturas con bastante aproximación. Mientras que es relativamente fácil idear un análisis que haga coincidir datos conocidos, es mucho más complicado crear un modelo que prediga el futuro con exactitud. Así que el hecho de que los creadores de los modelos predijesen correctamente hace más de 20 años el calentamiento mundial futuro les da una enorme credibilidad. Pero esa no es la conclusión que se podría extraer de los muchos informes de los medios de comunicación que se han centrado en asuntos como los mensajes de correo electrónico pirateados y los científicos que hablan de "hacer trampa" para "ocultar" una caída anómala en una serie de datos o expresan el deseo de que los artículos de los escépticos del cambio climático queden excluidos de las revisiones de investigación. La verdad, sin embargo, es que los supuestos escándalos se esfuman al analizarlos más de cerca, y solamente revelan que quienes investigan el clima también son seres humanos. Sí, los científicos procuran que sus resultados destaquen, pero no se ha suprimido ningún dato. Sí, a los científicos no les gusta que se publiquen trabajos que, en su opinión, crean deliberadamente confusión respecto a los problemas. ¿Qué tiene de extraño? No hay nada que dé a entender que no se deba seguir apoyando firmemente la investigación sobre el clima. Y esto me lleva al tercer punto: los modelos basados en esta investigación indican que si seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera como hasta ahora, terminaremos enfrentándonos a cambios drásticos en el clima. Seamos claros. No estamos hablando de unos cuantos días más de calor en verano y de un poco menos de nieve en invierno; estamos hablando de acontecimientos enormemente perjudiciales, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona de gran sequía permanente durante las próximas décadas. Sin embargo, a pesar de la alta credibilidad de los creadores de los modelos climáticos, sigue existiendo una tremenda incertidumbre en sus previsiones a largo plazo. Pero, como veremos en breve, la incertidumbre es un argumento a favor de medidas más fuertes, no más débiles. De modo que el cambio climático exige pasar a la acción. ¿Es un programa de tope y trueque similar al modelo utilizado para reducir el dióxido de azufre el sistema adecuado? La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen. En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer. Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches. ¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales. Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo. Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible. ¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso. Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione. La conclusión, por tanto, es que, aunque el cambio climático puede ser un problema muchísimo más grave que el de la lluvia ácida, la lógica de cómo responder ante él es en gran medida la misma. Lo que necesitamos son incentivos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -junto con algunos controles directos del uso del carbón-, y el sistema de tope y trueque es una forma razonable de crear esos incentivos. ¿Pero podemos permitirnos hacer eso? Y lo que es igual de importante, ¿podemos permitirnos no hacerlo? EL PRECIO DE LA ACTUACIÓN Del mismo modo que existe un consenso aproximado entre los creadores de los modelos climáticos en cuanto a la trayectoria probable de las temperaturas si no actuamos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay un consenso aproximado entre los creadores de los modelos económicos en cuanto al precio de la actuación. Esa opinión general puede resumirse de la manera siguiente: limitar las emisiones frenará el crecimiento económico, pero no demasiado. La Oficina Presupuestaria del Congreso, basándose en un estudio de modelos, ha llegado a la conclusión de que la ley Waxman-Markey "reduciría la tasa media anual de crecimiento prevista del producto interior bruto entre 2010 y 2050 entre 0,03 y 0,09 puntos porcentuales". Es decir, en el peor de los casos, reduciría el crecimiento anual medio del 2,4% al 2,31%. Básicamente, la Oficina Presupuestaria llega a la conclusión de que unas medidas fuertes para abordar el cambio climático harían que la economía estadounidense fuese entre un 1,1% y un 3,4% más pequeña en 2050 de lo que lo sería sin ellas. ¿Y qué hay de la economía mundial? En general, los creadores de los modelos tienden a calcular que las políticas sobre cambio climático reducirían la producción mundial en un porcentaje algo menor que el correspondiente a Estados Unidos. El principal motivo es que las economías incipientes como China usan actualmente la energía de un modo bastante ineficiente, en parte como consecuencia de unas políticas nacionales que han mantenido los precios de los combustibles fósiles muy bajos, y por tanto podrían conseguir un gran ahorro energético a un precio módico. Una revisión reciente de los cálculos disponibles establece el coste de una política climática muy estricta -considerablemente más agresiva que la contemplada en las propuestas legislativas actuales- en un valor situado entre el 1% y el 3% del PIB. Esas cifras suelen provenir de un modelo que combina todo tipo de cálculos procedentes de la ingeniería y del mercado. Entre ellos están, por ejemplo, los cálculos óptimos de los ingenieros sobre cuánto cuesta generar electricidad de distintas formas, a partir del carbón, el gas, la energía nuclear y la solar, con unos precios determinados de los recursos. A continuación se hacen cálculos, basados en la experiencia histórica, sobre cuánto recortarían los consumidores su consumo de electricidad si su precio subiese. El mismo proceso se sigue con otras fuentes de energía, como el carburante. Y el modelo supone que todo el mundo opta por la mejor alternativa en función del contexto económico; que los generadores de energía eligen las formas menos caras de producir electricidad, mientras que los consumidores conservan la energía siempre que el dinero que ahorren al comprar menos electricidad supere el coste de usar menos electricidad en forma de otro gasto o de pérdida de comodidad. Después de todos estos análisis, resulta posible predecir cómo los productores y los consumidores de energía reaccionarán ante políticas que les pongan un precio a las emisiones, y qué coste final tendrán esas reacciones para la economía en su conjunto. Naturalmente, hay casos en los que esta clase de modelo podría equivocarse. Muchos de los cálculos subyacentes son necesariamente especulativos hasta cierto punto; por ejemplo, nadie sabe realmente lo que costará la energía solar una vez que finalmente se convierta en una opción a gran escala. También hay motivos para dudar de la suposición de que la gente realmente toma las decisiones correctas: muchos estudios han descubierto que los consumidores no eran capaces de tomar medidas para ahorrar energía, como mejorar el aislamiento, aun cuando podrían ahorrar dinero si lo hicieran. Pero, aunque sea improbable que estos modelos acierten en todo, está bien que, en vez de infravalorarlos, exageren los costes económicos de las medidas para abordar el cambio climático. Eso es lo que la experiencia del programa de tope y trueque para la lluvia ácida indica: los costes resultaron estar bastante por debajo de las predicciones iniciales. Y en general, lo que los modelos no tienen ni pueden tener en cuenta es la creatividad; sin duda, frente a una economía en la que hay grandes recompensas monetarias por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector privado encontrará formas de limitar las emisiones que todavía no están en ningún modelo. Sin embargo, lo que oímos decir a los conservadores que se oponen a la política sobre cambio climático es que cualquier intento de limitar las emisiones sería económicamente devastador. La Fundación Heritage, por ejemplo, respondió a los cálculos de la Oficina Presupuestaria sobre la ley Waxman-Markey con un largo texto titulado "La OPC subestima enormemente los costes del sistema de tope y trueque". Los efectos reales, según la fundación, serían ruinosos para las familias y la creació
n de empleo. Esta reacción -este pesimismo exagerado respecto a la capacidad de la economía para sobrellevar el tope y trueque- choca frontalmente con la retórica conservadora. Al fin y al cabo, los conservadores modernos dan muestras de una profunda y casi mística confianza en la efectividad de los incentivos mercantiles (a Ronald Reagan le gustaba hablar de la "magia del mercado"). Creen que el sistema capitalista puede hacer frente a todo tipo de limitaciones, que la tecnología, por ejemplo, puede superar fácilmente cualquier restricción impuesta al crecimiento por las reservas limitadas de petróleo o de otros recursos naturales. Pero ahora afirman que este mismo sector privado es absolutamente incapaz de soportar una limitación de las emisiones generales, aun cuando dicho tope funcionaría, desde el punto de vista del sector privado, de forma muy similar al suministro de un recurso limitado, como la tierra. ¿Por qué no creen que el dinamismo del capitalismo le inducirá a encontrar modos de arreglárselas en un mundo de emisiones de carbono reducidas? ¿Por qué piensan que el mercado pierde su magia en cuanto se invocan los incentivos mercantiles en favor de la conservación? Está claro que los conservadores abandonan toda su fe en la capacidad de los mercados para adaptarse a la política sobre cambio climático porque no quieren que el Gobierno intervenga. Su pesimismo declarado respecto al coste de la política climática es esencialmente una estratagema política más que una opinión económica razonada. Lo que los delata es la marcada tendencia que tienen los conservadores que se oponen al tope y trueque a argumentar de mala fe. El extenso documento de la Fundación Heritage acusa a la Oficina Presupuestaria del Congreso de cometer errores lógicos elementales, pero si uno lee de hecho el informe de la oficina, está claro que la fundación lo está malinterpretando intencionadamente. Los políticos conservadores han sido aún más descarados. El Comité Nacional Republicano del Congreso, por ejemplo, publicó varios comunicados de prensa citando específicamente un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT en sus siglas en inglés) como base para afirmar que el tope y trueque costaría 3.100 dólares a cada familia, a pesar de los repetidos intentos por parte de los autores del estudio de aclarar que la cifra real representaba aproximadamente sólo una cuarta parte de eso. La verdad es que no hay investigaciones creíbles que indiquen que tomar medidas enérgicas contra el cambio climático esté fuera de las posibilidades de la economía. Incluso si uno no confía plenamente en los modelos -y no debería hacerlo-, la historia y la lógica indican que los modelos exageran, no subestiman, los costes de la actuación climática. Podemos permitirnos hacer algo respecto al cambio climático. Pero eso no equivale a decir que debamos hacerlo. La actuación tendrá costes, y éstos deben compararse con los de la falta de actuación. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, permítanme tocar un tema que se volverá esencial si realmente ponemos en marcha la política climática: cómo lograr que el resto del mundo nos acompañe en el esfuerzo. EL SÍNDROME DE CHINA Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, lo que convierte al país en una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Pero no es la mayor. China, que quema mucho más carbón por dólar del producto interior bruto que Estados Unidos, lo superó según ese criterio hace unos tres años. En general, los países desarrollados -el club de los ricos del que forman parte Europa, América del Norte y Japón- son responsables de solamente la mitad más o menos de las emisiones de efecto invernadero, y esa es una fracción que se reducirá con el paso del tiempo. En resumen, no puede haber una solución para el cambio climático a menos que el resto del mundo, y las economías incipientes en particular, participen de forma importante. Invariablemente, quienes se resisten a hacer frente al cambio climático señalan la naturaleza mundial de las emisiones como motivo para no actuar. Limitar las emisiones de Estados Unidos no servirá de mucho, sostienen, si China y otros no nos acompañan en el esfuerzo. Y subrayan la obstinación de China en las negociaciones de Copenhague como prueba de que otros países no cooperarán. De hecho, las economías incipientes consideran que tienen derecho a emitir libremente sin preocuparse por las consecuencias (eso es lo que los países que hoy son ricos pudieron hacer durante siglos). No es posible conseguir una cooperación mundial en relación con el cambio climático, prosigue el argumento, y eso significa que no tiene sentido tomar ninguna medida en absoluto. Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos. ¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono. Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura. A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. Sin embargo, se puede argumentar de todos modos que los aranceles sobre el carbono entran dentro de las normas de las relaciones comerciales normales. Siempre que el arancel impuesto al contenido de carbono de las importaciones sea comparable al precio de los permisos de carbono nacionales, la consecuencia es cobrar a los consumidores un coste que refleja el carbono emitido en lo que compran, independientemente de dónde se fabrique. Eso debería ser legal según las normas del comercio internacional. De hecho, hasta la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de supervisar las políticas comerciales, ha publicado un estudio que indica que los aranceles sobre el carbono serían aceptables. Huelga decir que las negociaciones reales para lograr que se coopere y se actúe a escala mundial contra el cambio climático serían mucho más complejas y tendenciosas de lo que esta exposición da a entender. Pero el problema no es tan inabordable como se suele afirmar. Si Estados Unidos y Europa decidiesen tomar medidas sobre política climática, casi seguro que serían capaces de engatusar y presionar al resto del mundo para que se una al esfuerzo. Podemos hacerlo. EL PRECIO DE LA FALTA DE ACTUACIÓN En los debates públicos, los escépticos del cambio climático han ganado terreno claramente durante los dos últimos años, aun cuando últimamente se ha visto que es probable que 2010 sea el año más caluroso de los registrados. Pero los propios creadores de los modelos climáticos se sienten cada vez más pesimistas. Lo que antes eran las peores situaciones posibles se han convertido en previsiones de partida, y algunas organizaciones han duplicado sus predicciones sobre el aumento de la temperatura en el transcurso del siglo XXI. Tras este nuevo pesimismo se oculta una preocupación cada vez mayor por los efectos de acoplamiento (por ejemplo, la liberación de metano, un importante gas de efecto invernadero, desde los lechos marinos y la tundra, a medida que el planeta se calienta). En estos momentos, las previsiones sobre el cambio climático, suponiendo que sigamos como hasta ahora, se agrupan en torno al cálculo de que en 2100 las temperaturas medias serán unos cinco grados centígrados más altas de lo que lo eran en 2000. Eso es mucho (equivale a la diferencia de las temperaturas medias de Nueva York y el centro del Estado de Misisipi). Un cambio tan grande sería enormemente perjudicial. Y los problemas no terminarían aquí: las temperaturas seguirían subiendo. Además, los cambios en la temperatura media no serán ni mucho menos la única alteración. Los patrones de precipitación cambiarán, y algunas regiones se volverán mucho más húmedas, y otras, mucho más secas. Muchos creadores de modelos también predicen tormentas más intensas. El nivel de los océanos subirá, y el impacto se verá intensificado por esas tormentas: la inundación costera, que ya es una fuente importante de desastres naturales, se volvería mucho más frecuente y grave. Y podría haber cambios drásticos en el clima de algunas regiones a medida que las corrientes oceánicas se modifiquen. Siempre merece la pena tener en cuenta que Londres tiene la misma latitud que Labrador; sin la corriente del Golfo, Europa Occidental apenas sería habitable. Aunque un clima más cálido podría tener algunas ventajas, parece casi seguro que un trastorno de esta magnitud haría que Estados Unidos, y el mundo en su conjunto, fuese más pobre de lo que lo sería en otras circunstancias. ¿Cuánto más pobre? Si la nuestra fuese una sociedad preindustrial y principalmente agrícola, el cambio climático radical sería evidentemente catastrófico. Pero tenemos una economía avanzada, del tipo que históricamente ha demostrado tener gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si esto suena parecido a mi argumento sobre que los costes de los límites de las emisiones serían soportables, así debe ser: la misma flexibilidad que debería permitirnos soportar unos precios del carbono mucho más altos también debería ayudarnos a hacer frente a una temperatura media algo más alta. Pero hay al menos dos motivos para tomarse con precaución las valoraciones positivas de las consecuencias del cambio climático. Uno es que, como acabo de señalar, no se trata sólo de tener un clima más cálido: muchos de los costes del cambio climático es probable que se deban a las sequías, las inundaciones y las tormentas fuertes. El otro es que, mientras que las economías modernas pueden ser enormemente adaptables, a los ecosistemas puede que no les suceda lo mismo. La última vez que la Tierra experimentó un calentamiento cuyo ritmo era similar al que ahora esperamos fue durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas aumentaron unos seis grados centígrados en el transcurso de unos 20.000 años (lo cual es un ritmo mucho más lento que el del calentamiento actual). Esa subida estuvo unida a extinciones masivas, lo cual, por decirlo suavemente, probablemente no sería bueno para el nivel de vida. De modo que, ¿cómo podemos ponerle un precio a los efectos del calentamiento global? Los cálculos más citados, como los del Modelo Dinámico Integrado de Clima y Economía, conocido como DICE por sus siglas en inglés y empleado por William Nordhaus, de Yale, y sus compañeros, dependen de unas elaboradas conjeturas para atribuir un valor a los efectos negativos del calentamiento global para algunos sectores cruciales, especialmente la agricultura y la protección costera, y luego tratar de dejar cierto margen para otras posibles repercusiones. Nordhaus ha sostenido que un aumento de la temperatura mundial de 2,5 grados centígrados -que era antes la previsión aceptada para 2100- reduciría el producto mundial bruto en algo menos del 2%. ¿Pero qué pasaría si, como indica un número cada vez mayor de modelos, el aumento real de la temperatura fuese el doble? Nadie sabe realmente cómo hacer esa extrapolación. Acierte o no, el modelo de Nordhaus calcula que las pérdidas debidas a un aumento de cinco grados serían de alrededor del 5% del producto bruto mundial. Sin embargo, muchos críticos han sostenido que el coste sería mucho más alto. A pesar de la incertidumbre, resulta tentador hacer una comparación directa entre las pérdidas calculadas y los cálculos de lo que costarían las políticas climáticas: el cambio climático reducirá el producto mundial bruto en un 5%; detenerlo costará el 2%, así que, adelante. Desgraciadamente, los cálculos no son tan sencillos por al menos cuatro motivos. Primero, ya se está cociendo un considerable calentamiento global como consecuencia de las emisiones del pasado y porque, incluso con unas medidas fuertes contra el cambio climático, lo más probable es que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando durante muchos años. Por tanto, incluso si los países de todo el mundo consiguen frenar el cambio climático, seguiremos teniendo que pagar por nuestra falta de actuación inicial. Como consecuencia, los cálculos de las pérdidas de Nordhaus pueden superar a los beneficios de la actuación. Segundo, los costes económicos de los límites de las emisiones empezarían a producirse en cuanto la política entrase en vigor y, según la mayoría de las propuestas, serían considerables dentro de unos 20 años. Por otra parte, si no actuamos, los grandes costes probablemente llegarían a finales de este siglo (aunque algunas cosas, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona desértica, podrían llegar mucho antes). Así que la forma de comparar esos costes depende de cómo se valoren los costes en el futuro lejano en relación con los costes que se presentarán mucho antes. Tercero, y yendo en dirección contraria, si no tomamos medidas, el calentamiento global no se detendrá en 2100: las temperaturas, y las pérdidas, seguirán aumentando. De modo que si uno le da importancia al futuro muy, muy lejano, las razones para actuar son más sólidas de lo que incluso los cálculos para 2100 dan a entender. Por último, está el importantísimo problema de la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta la magnitud del cambio climático, lo cual es inevitable, porque hablamos de alcanzar niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que no se han visto en millones de años. La reciente duplicación de las cifras previstas para 2100 por muchos modelos es en sí misma una muestra del alcance de esa incertidumbre; quién sabe qué revisiones podrían producirse en los próximos años. Aparte de eso, nadie sabe realmente cuánto daño causaría un aumento de las temperaturas del calibre que ahora se considera probable. Podrían pensar que esta incertidumbre debilita el argumento en favor de la actuación, pero en realidad lo refuerza. Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable. Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio. Aun así, eso abre un gran debate sobre la velocidad de las actuaciones. LA RAMPA CONTRA EL 'BIG BANG' Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. Pero hay un debate encarnizado entre los analistas expertos respecto al ritmo, la rapidez con que los precios del carbono deben subir hasta niveles significativos. Por una parte están los economistas que llevan muchos años trabajando en los llamados modelos de evaluación integrada, que combinan modelos de cambio climático con modelos que describen tanto el daño debido al calentamiento global como los costes debidos al recorte de las emisiones. En su mayor parte, el mensaje de estos economistas es una especie de versión para el cambio climático de la famosa plegaria de san Agustín: "Dame castidad y continencia, pero no ahora". Así, el modelo DICE de Nordhaus afirma que el precio de las emisiones de carbono subirá finalmente hasta más de 200 dólares por tonelada, en la práctica más del cuádruple del coste del carbón, pero que la mayor parte de ese aumento debería llegar a finales de este siglo, y que la mucho más modesta tasa inicial debería ser de 30 dólares por tonelada. Nordhaus llama "rampa de la política climática" a esta recomendación de una política que se intensifica poco a poco durante un largo periodo. Por otra parte, hay algunos más recientemente llegados al campo que trabajan con modelos similares, pero que llegan a conclusiones diferentes. El más conocido, Nicholas Stern, un economista de la London School of Economics, defendía en 2006 una actuación rápida y agresiva para limitar las emisiones, lo que muy probablemente conllevaría unos precios del carbono mucho más altos. Esta postura alternativa no parece tener un nombre consensuado, así que permítanme llamarla "big bang de la política climática". Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse. Los defensores de la política rampa sostienen que el daño hecho por una tonelada adicional de carbono en la atmósfera es bastante bajo con las concentraciones actuales; el coste no será realmente grande hasta que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, y eso no sucederá hasta finales de este siglo. Y sostienen que unos costes tan lejanos en el tiempo no deberían tener una gran influencia sobre la política actual. Señalan los tipos de rendimiento del mercado, que indican que los inversores dan poca importancia a los beneficios o pérdidas que experimentarán en un futuro lejano, y argumentan que las políticas oficiales, incluidas las políticas climáticas, deberían hacer lo mismo. Los defensores del big bang sostienen que el Gobierno debería tener mucha más perspectiva que los inversores privados. Stern, concretamente, defiende que los responsables políticos deberían dar la misma importancia al bienestar de las generaciones futuras que al de las actuales. Además, los defensores de la acción rápida sostienen que el daño debido a las emisiones podría ser mucho mayor de lo que indican los análisis de la política rampa, ya sea porque las temperaturas globales son más sensibles a las emisiones de efecto invernadero de lo que se creía, o porque el daño económico debido a una gran subida de las temperaturas es mucho mayor de lo que afirman los cálculos aproximados de los modelos rampa. Como economista profesional, este debate me resulta doloroso. Hay personas inteligentes y bienintencionadas en ambos lados -algunos de ellos, como suele ocurrir, viejos amigos y mentores míos-, y ambos lados se han apuntado algunos tantos importantes. Desgraciadamente, no podemos declarar un empate honorable, porque hay que tomar una decisión. Personalmente, me inclino por la opinión del big bang. El argumento moral de Stern a favor de amar a las generaciones no nacidas igual que nos amamos a nosotros mismos puede resultar demasiado fuerte, pero se puede argumentar convincentemente que la política pública debe tener una perspectiva mucho más amplia que la de los mercados privados. Y lo que es más importante, las recomendaciones de la política rampa se parecen demasiado a la realización de un experimento muy arriesgado con el planeta entero. La política preferida por Nordhaus, por ejemplo, estabilizaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que es aproximadamente el doble de la media preindustrial. Según su modelo, esto sólo tendría unas consecuencias moderadas para el bienestar mundial; ¿pero hasta qué punto podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta clase de cambios en el medio ambiente no conduciría a una catástrofe? No lo bastante seguros, diría yo, especialmente porque, como he señalado antes, los creadores de modelos climáticos han elevado radicalmente sus cifras aproximadas de calentamiento futuro en tan sólo los dos últimos años. Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya. LA ATMÓSFERA POLÍTICA Como he mencionado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley Waxman-Markey, una legislación bastante sólida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es tan radical como lo que proponen los defensores del big bang, pero sus medidas parecen más rápidas que las propuestas por la política rampa. Pero la votación de la ley Waxman-Markey que se celebró el pasado junio puso de manifiesto la clara división que existe en el Congreso. Tan sólo 8 republicanos votaron a favor, mientras que 44 demócratas votaron en contra. Y todo indica que no se aprobaría si tuviese que ser sometido a votación hoy. Las perspectivas en el Senado, donde hacen falta 60 votos para que se aprueben la mayoría de las leyes, son aún peores. Algunos senadores demócratas, representantes de Estados agrícolas y productores de energía, han hecho declaraciones en contra del sistema de tope y trueque (la agricultura estadounidense moderna es una gran consumidora de energía). En el pasado, algunos senadores republicanos han apoyado el tope y trueque. Pero con el partidismo en auge, la mayoría de ellos ha cambiado de tono. El cambio de actitud más sorprendente ha sido el de John McCain, que tuvo un papel protagonista en la promoción del tope y trueque y presentó un proyecto de ley similar al de Waxman-Markey en 2003. Hoy, McCain desprecia la idea en sí llamándola "tope e impuesto", para consternación de sus ex ayudantes. Ah, y un invierno muy nevado en la Costa Este de Estados Unidos les ha brindado a los escépticos del cambio climático una buena oportunidad, aun cuando a escala mundial éste ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado. Por tanto, las perspectivas inmediatas de las actuaciones climáticas no parecen prometedoras, a pesar del esfuerzo constante de tres senadores -Kerry, Lieberman y Graham- por presentar una propuesta negociada. (Tienen previsto presentar una ley a finales de este mes). Pero el problema no va a desaparecer. Es bastante probable que las temperaturas récord que el mundo situado fuera de Washington ha conocido en lo que llevamos de año continúen, lo que privaría a los escépticos de uno de sus principales argumentos. Y en un sentido más general, dados los vaivenes de la política estadounidense en los últimos años -desde 2005, la creencia generalizada ha pasado del dominio republicano permanente al dominio demócrata permanente y a Dios sabe qué-, tiene que haber una posibilidad real de que renazca el apoyo político a la actuación contra el cambio climático. Si lo hace, el análisis económico estará preparado. Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política. - .
