El acopio de testimonios de experiencias similares en todo el país demuestra que no se trata de coincidencias sino de una política de empresa en toda regla.
A base de formación e incentivos han conseguido una plantilla de personas entregadas con devoción a la tarea de captar clientes. Los empleados son entrenados en el arte de agradar con maneras exquisitas y con frases tranquilizantes, que no siempre responden a la verdad (cuando no son más que meras patrañas) hasta que se ganan tu confianza y consiguen que firmes el contrato. Este es el objetivo del negocio que ha montado este fenomenal emprendedor, Calixto Corral, a partir de la nada: atrapar a vendedor y comprador por medio de un documento legal cuyas cláusulas leoninas en ningún momento benefician a nadie más que a Fincas Corral.
Parece ser que el negocio es legal aunque esté basado en el engaño y en la obtención de enormes comisiones por encima de límite alguno normativo o moral. Si en los inicios históricos de la banca, la Iglesia Católica la anatematizó acusándola del pecado de usura (ver El mercader de Venecia, de W. Shakespeare) por prestar con interés, ahora no podría menos que condenar a las penas del infierno a quienes rapiñan de modo abyecto el fruto del trabajo y el sudor de los sufridos ciudadanos de España (Europa y ...) ¿No se trata de un fraude porque los clientes han firmado de su puño y letra y sin coacción física? Si es una actividad lícita repugna a cualquier trabajador honesto y denigra, avergüenza y arrastra por el barro la digna profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. (En los foros se encuentran testimonios de inmobiliarias honestas que se conforman con el 3,5% de comisión y que cumplen con su labor de forma eficiente y cumpliendo las normas deontológicas.)
Como apunta alguno de los afectados concurren circunstancias de dudosa legalidad: CONFLICTO DE INTERESES e INTENTO DE ESTAFA. Ya no es que puedan ir a favor de una parte y en contra de la otra, sino que van descaradamente en contra de las dos partes buscando sacar la tajada más grande posible. Todo este montaje se basa en argucias legales sustentadas por un equipo de abogados que recurre y demanda en los tribunales a quien intente revocar los papeles firmados sin conocimiento de su trascendencia y a quien intente recuperar las cantidades entregadas con apremio, que luego no dan lugar a la prometida rapidez de las gestiones sino a la detención y estancamiento de la compraventa. Una vez firmados el MANDATO DE COMPRA y el MANDATO DE VENTA tratan de demorar la venta para especular con el piso aprovechando el aumento de precio que inevitablemente sacude el mercado año tras año.
Curiosamente algunos clientes acaban satisfechos pues han obtenido culminar la compraventa de un piso o tierras, e incluso han obtenido hipotecas, (de difícil concesión en la banca tradicional, gracias a las tasaciones sobrevaloradas que realiza la empresa subsidiaria de Fincas Corral y a la relación que mantiene con entidades de crédito) aún a pesar de haber pagado enormes comisiones.
Las campañas masivas de marketing en prensa y televisión han logrado dar a la empresa una imagen de crecimiento y solidez que ha hecho posible acuerdos con grandes empresas inmobiliarias de otros países, con bancos, aseguradoras e incluso con el Ministerio de la Vivienda. ¿Cómo acabará esto? Ante la competencia desleal y las prácticas engañosas el sector debería adoptar una respuesta contundente que dignifique la profesión en forma de denuncia pública. Las asociaciones de consumidores y el gobierno tendrían que luchar contra estas prácticas inmorales en un sector que sangra y esclaviza a los ciudadanos que buscan un lugar donde vivir o una rentabilidad al dinero ganado honradamente con su trabajo.
Calixto Corral Martínez es un ejemplo de emprendedor.