No es un tema de tuberías Soledad Gallego Díaz DOMINGO - 27-03-2011
"El día 26 de noviembre de 2007, sin que los trabajadores que realizaban la operación lo apreciasen, entró parte del líquido por las rejillas de ventilación (...). 27 de noviembre de 2007, el titular (de la central nuclear de Ascó I) intentó descontaminar las rejillas sin conseguirlo (...). El mismo día, el titular ajustó los niveles de alarma y actuación de los monitores de radiación para adecuarlos a los nuevos niveles de radiación existentes en la zona, con objeto de eliminar la alarma y las consiguientes demandas automáticas (...)".
Así describe el informe del Consejo de Seguridad Nuclear español el accidente de Ascó, del que solo tuvo noticias cuatro meses después de ocurrido. (). El accidente, clasificado como de nivel dos en una escala de siete, dio origen a una multa de 15,3 millones de euros por parte de Industria y al procesamiento de cuatro responsables de la central.
El exdirector de Ascó I, Rafael Gasca, y el exjefe de vigilancia radiológica, Francesc González Tardiu, que, según prensa local, fueron destituidos de sus puestos, "pero que aún tienen cargos de responsabilidad", se negaron a declarar el pasado martes ante el juez. La CN Ascó I es propiedad de Endesa, presidida en aquellos días por Manuel Pizarro y hoy a cargo de Borja Prado.
El relato de estos hechos viene a cuento de un problema que se evidencia, una y otra vez, cuando se producen accidentes nucleares, sean de extremo peligro como el de Japón o de importancia menor como Ascó I. Se trata de la falta de transparencia con que actúan muchas empresas propietarias de centrales nucleares, hasta el extremo de que parece legítimo pensar que esa ocultación corresponde a políticas diseñadas y organizadas intencionadamente, extendidas en todo el mundo.
Es cierto que no existen fuentes de energía que no acarreen algún tipo de peligro (aunque ninguna, desde luego, con la potencia letal y la persistencia en el tiempo de la nuclear) y que el debate debería estar "libre de dogmatismo". Pero es absolutamente imposible que los ciudadanos adoptemos ese punto de vista si tenemos la muy fundada sospecha de que somos objeto de un engaño casi permanente. Y eso es lo que ocurre hoy. El miedo de los ciudadanos no se debe solo a la posibilidad de que existan errores humanos, sino a que existan políticas deliberadas de "reducción de márgenes de seguridad" a cambio de beneficios económicos. ¿Cómo es posible que los generadores de emergencia destinados a enfriar los reactores de Fukushima no estuvieran enterrados, sino al alcance del mar? ¿Cómo es posible que el Organismo Internacional de Energía Atómica tuviera tan poca información real sobre las centrales japonesas?
El pánico no lo produce solo la posibilidad de un error humano. Lo peor no es la corrosión de una tubería, sino de un método de trabajo y de un modelo de negocio en el que la soberbia de algunos expertos se une a la codicia de algunos empresarios dispuestos a oír siempre a quien menos gasto reclama. Una fórmula letal cuando se une a la benevolencia de otros muchos, dispuestos a mantener actitudes "comprensivas". Hace pocos días, la prensa local recogía unas declaraciones del director de la central nuclear de Almaraz (propiedad de Iberdrola) reclamando comprensión para sus colegas de Ascó I, a quienes calificó de "profesionales de una trayectoria intachable". "Nadie está libre de cometer un error", aseguró José María Bernaldo de Quirós. Pero en Ascó I el error lo cometió un trabajador (y quizá hubiera sido evitable con una mayor formación). De lo que se acusa a los señores Gasca y González Tardiu no es de cometer un error, sino de fabricar un engaño que mantuvieron durante cuatro meses. A la espera de lo que diga el juez, resulta difícil creer que esa actitud no fuera consecuencia de una política concreta y no de un "arrebato" momentáneo. Algo peligroso cuando Endesa pretende además que Ascó se convierta en cementerio nuclear.
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