MADRID | ENTRE 2006 Y 2010, LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PÚBLICA HA BAJADO UN 42% J.V.C. / MADRID MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011. NÚMERO 156 Diagonal
A inicios de julio, la Consejería daba a conocer sus nuevas instrucciones para el curso. Desde entonces la comunidad educativa no ha dejado de debatir cuál debe ser su respuesta ante estos recortes, incluida una posible huelga indefinida. Las medidas de ajuste no han dejado de producirse desde que la Comunidad asumió estas competencias en 2001.
Con el inicio del verano, llegaron a los centros las instrucciones para el curso 2011-2012 de la Consejería de Educación. Las peores previsiones eran entonces confirmadas: a la subida de la carga lectiva por profesor (dos horas más cómo mínimo, forzando el límite legal, sólo para casos extraordinarios) se sumaba la consideración de no lectivas horas que la legislación establece como obligatorias (tutorías, atención a las familias, reunión de departamentos, etc.). Esto se une a la reducción en un 15% de la actual plantilla (casi 3.000 profesores menos). Ante esta situación, el 7 de julio, unos 250 directores de instituto convocados por la Asociación de Directores de Institutos Públicos (ADIMAD) se reunían con el objeto de asumir medidas inmediatas. En este encuentro fue descartado negarse a firmar el cupo en la inspección de los centros en los que éste no cuadre, ante las amenazas que recibieron. Un caso extremo y que ha conmocionado a la comunidad educativa ha sido el del IES Virgen de la Paloma, un centro en el que la circular ordenaba la reducción de plantilla en 40 profesores. El mismo día en que se recibía ese documento, su director fallecía por la tarde de un infarto.
Junto a la intensa movilización en la red, en la que han proliferado las cartas abiertas a los padres, ha habido una asistencia histórica a asambleas convocadas por las grandes centrales sindicales, a las que se exige de manera unánime la no monopolización y la convocatoria de una huelga continuada en septiembre. La inquietud del PP se ha notado con posturas contradictorias sobre la hora de tutoría, posturas oficiales ambiguas o su infiltración para crear polémica en el Foro de la Sur (espacio de opinión muy concurrido por la comunidad educativa), lo cual fue destapado al comprobarse que entraban desde la sede del partido en Génova. Además, el ambiente de denuncia se recrudeció con la visita de Ratzinger, ya que unas fotos publicadas por la plataforma Soy Pública de la fachada de la Consejería de Educación mostraban pancartas de apoyo institucional y bienvenida al papa.
En el curso 2001-02, con las competencias en educación recién trasferidas, el 40% de los centros educativos eran privados o privados concertados, mientras que el 60% eran públicos. En el curso 2008-09 (últimos datos definitivos publicados por el Ministerio), los centros privados ya superan por poco a los públicos. En Madrid capital, en torno al 35% de los alumnos asisten a un centro público, el 75% en el caso de migrantes. “En el distrito de Salamanca (tradicional barrio burgués de la ciudad), sólo el 15% de los alumnos asistía a un público, mientras que en Villaverde (núcleo del sur industrial) ese porcentaje se elevaba al 61%”, según un estudio del Observatorio Metropolitano de Madrid. En los últimos diez años, se han construido 292 centros públicos, frente a 728 privados. Ese mismo informe advertía de que “si bien en el curso 2006-07 los extranjeros sólo suponían el 12,12% de todos los alumnos de Enseñanza General, representaban el 52,8 % de los alumnos que asistían a las aulas de compensatoria”.
Entre 2006 y 2010, la inversión en educación pública ha descendido un 42%, mientras que en privada ha crecido un 11%. Según datos del Ministerio de Educación de 2010, el Estado no alcanza la media europea en inversión (5,5% del PIB), y Madrid es la comunidad que menos gasta en España y todo el continente (2,46%). El gasto educativo se sitúa en 1.167 euros por debajo de la media española, lo que significa que, por cada alumno, Madrid invierte 3.360 euros frente a los 4.527 de promedio estatal (6.200 en Euskadi).
Con la Ley 4/ 2010 de 29 de junio, de Medidas Urgentes, se aplicó en Madrid un recorte sin precedentes. Acababa con el convenio colectivo de trabajadores y anulaba de forma unilateral los acuerdos sectoriales. Se dejaban de contratar cientos de profesores (15 por cada centro en Fuenlabrada), a pesar de que el curso 2010-11 arrancó con 15.000 alumnos más. El fuerte recorte de las plantillas aumentó las ratios (número de alumnos por profesor) a niveles que la ley fija como excepcionales; retiró apoyos y desdobles (aulas de inversión lingüística para migrantes, estudiantes con necesidades especiales, distribución de ratios más flexibles y apropiadas en algunas asignaturas, etc.) o intensificó la cantidad de docentes que imparten materias afines (para las que ni se está especializado ni se posee titulación). Por otro lado, las bajas laborales de menos de 20 días, incluso de un mes, no serían cubiertas por orden de la Consejería.Así, el Gobierno de Aguirre se ahorra unos 40 millones, un recorte que se aplicó sobre unos presupuestos aprobados en 2009 que ya reducían un 6% el presupuesto frente al del curso 2009/10. Sin embargo, la Consejería gastó 2,8 millones a cargo de los mismos presupuestos ya recortados para publicitar la Ley de Autoridad del Profesor y los centros bilingües. Con ese dinero se hubiera pagado el verano a los interinos que han perdido ese derecho o se habría conservado más número de desdobles (reducción de alumnos a la mitad por aula) para facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Otra medida que suscitó gran polémica fue la deducción fiscal a quienes tuvieran a sus hijos en centros privados. Con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2010 se aumentó la deducción para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria no gratuita. En total, se han dejado de recaudar cerca de 90 millones.
LA DEFENSA DE SOY PÚBLICA
Esta plataforma de acción ciudadana surgió al calor de los recortes del último curso. Este colectivo declara que sus reivindicaciones no se quedan en una mera cuestión laboral, sino que tratan de poner énfasis en el modelo de gestión educativa madrileña, basada en la escasez de recursos y el desprestigio de la educación pública. Su apuesta es decidida por una educación pública y de calidad. Entre sus medidas destacan la exigencia de la supresión de los conciertos educativos, junto a la demanda de una inversión mínima que no transgredan las Comunidades autónomas y se acerque a la media europea.
EMPRESAS Y ÓRDENES RELIGIOSAS CONSERVADORAS, LAS MÁS BENEFICIADAS POR LAS MEDIDAS MADRILEÑAS
Una apuesta por la segregación y el lucro empresarial
Liberación en 2010 en Italia, la consejera Figar, se jactaba de haber ampliado “el espacio que permite a los centros competir, diferenciarse, tener autonomía, ejercitar su pluralismo. Hemos conseguido que centros públicos, que centros concertados puedan diferenciarse, desarrollar programas innovadores de mucho éxito, como por ejemplo el bilingüismo”.En efecto, el bilingüismo se ha logrado imponer como elemento diferenciador en las aulas. Pero no es la última medida segregadora de Aguirre. Unas semanas antes del 22M anunció la creación de un Bachillerato de Excelencia. Una ocurrencia electoral, que, aunque incipiente, ya es toda una realidad. Según explicaba en el prestigioso estudio Keeping Track, Jeannie Oakes, la segregación de alumnos, sobre todo los menos favorecidos, y la educación diferenciada y academicista, sobre grupos homogéneos, no es efectiva ni incrementa la eficacia de la escuela. Del nuevo Bachillerato de Excelencia, que descontextualiza al estudiante frente al mundo diverso y lo prepara para su inmersión en una sociedad de mercado, queda excluido el Bachillerato de Artes. Para colectivos de defensa de la educación, esto supone un paso adelante en las prácticas del equipo de Gobierno de Aguirre para aplicar la zona única, cuyo único argumento es la libertad de elección de centro. El camino hacia la eliminación de zonas y distritos de los centros educativos se hacía visible cuando, en febrero de 2011, la Asociación de Directores de Institutos Públicos (ADIMAD) denunciaba la manipulación de la Consejería de la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables de 3º de ESO. Estas pruebas se analizaron con técnicas y metodología que poco tienen que ver con las características del informe PISA, al no considerar el contexto del estudiante o las diferencias socioeconómicas de los barrios. Por el contrario, escondía la elaboración de un ranking de centros que promoviera la pugna y la competitividad, algo que vulnera la Ley Orgánica de Educación.
Un cambio legislativo en 2009 abrió la puerta de los centros infantiles a las empresas.
Hasta ese momento sólo “cooperativas de trabajadores asociados sin ánimo de lucro” podían optar a la gestión de escuelas infantiles. La adjudicación, donde primaba el proyecto educativo, se sustituyó entonces por una subasta en la que la Administración fija un precio de salida por plaza escolar y las empresas, con sus ofertas, ofrecen precios inferiores. Clece, empresa multiservicios de ACS –la constructora de Florentino Pérez–, ganó tan sólo en la última adjudicación ocho nuevas guarderías. De 2003 a 2009, Clece multiplicó por diez su facturación, de 19 millones a 192. De un total de 1.350 escuelas infantiles, 430 son públicas, 57 concertadas y 863 privadas. Pero ésta no es la única muestra de gestión indirecta en el sistema educativo público madrileño. En julio, la plataforma en defensa de la educación Soy Pública destapaba el último intento de privatización. Enmascarada como ONG, la fundación encabezada por Patricia Botín (Santander) Empieza por Educar, ha irrumpido en los centros públicos bajo el pretexto de acabar con el fracaso escolar. Entre los patronos de esta fundación, que además tiene convenios de colaboración firmados con el Ministerio, se encuentran Olaf Díaz-Pintado, el director general de Goldman Sachs en España, Rosa María García (Microsoft) o Sol Daurella Comadrán, ligada a Coca Cola.
De Javier Roglá, máximo exponente del equipo directivo, sólo se conoce su amplio currículo en altos cargos empresariales como The Boston Consulting Group, Endesa o KPMG. También Soy Pública alertó en junio sobre el nuevo Plan Refuerza, un programa de actividades extraescolares que asegura un trasvase de fondos públicos a manos privadas y da cabida a la subcontratación. A la vez, se asignará sin ningún tipo de criterio pedagógico
OTRAS CIFRAS DE LA ‘INVERSIÓN’ EN EDUCACIÓNNUEVOS RECORTES PARA ESTE CURSO 2011-12
La administración madrileña controlada por el Partido Popular prevé ahorrar hasta 230 millones de euros con los nuevos recortes que tiene planteados en educación.
LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN “SE APRIETA EL CINTURÓN”
En el curso de 2010 y pese a que se estaba implantando el conocido como Plan Bolonia, la universidad pública madrileña vio reducido su presupuesto un 71%.
MENOS PLAZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
También en el curso de 2010 las plazas ofertadas para la Formación Profesional pública se vieron afectada por los recortes, reduciendo su capacidad hasta en un 30%.
PÚBLICAS A MEDIAS. SE IMPONE LA GESTIÓN PRIVADA
La última escuela infantil pública de gestión directa abierta en la CAM data del último gobierno socialista de Joaquín Leguina y se terminó de construir en el año 1995.
LAS BASES DEL MODELO EDUCATIVO
Proyecto ideológico: neoliberalismo y cristianismo
LA CONSEJERA FIGAR PRESUME DE SU APOYO A LOS CENTROS PRIVADOS Y RELIGIOSOS
Los mecanismos del proceso de privatización fueron desvelados por la propia Consejera de Educación, Lucía Figar, en Rímini (Italia), durante agosto de 2010 en un encuentro del grupo ultracatólico Comunión y Liberación. En su intervención, la consejera cuestionó las leyes educativas del Estado, reconoció su apuesta por la red privada de centros y ofrecía orgullosa datos como que las dos terceras partes de los centros concertados de Madrid son de educación católica. Figar tampoco ha puesto reparos en admitir, ante las críticas recibidas, que son “sólo ocho” los que segregan por sexos en las aulas. Por otro lado, a pesar de la disminución de las plantillas y los severos recortes, en 2011 el gasto en profesores de religión ha crecido un 8% esto coinice con la cesión de centros para el alojamiento durante la visita de Ratzinger este verano.No obstante, el modelo educativo del PP en Madrid no simplemente participa de la ideología del catolicismo más conservador. Este modelo se enmarca también en la evolución de tendencia neoliberal que acompaña a los distintos sistemas de enseñanza. Esta situación fue descrita por el pedagogo y sindicalista belga Nico Hirtt en su análisis titulado Los tres ejes de la mercantilización escolar: “Ahora que la masificación ha llegado a su término, se conmina a la enseñanza a que vuelva a situar la instrucción del pueblo dentro de los límites que nunca debió franquear: aprender a producir, a consumir y, de forma complementaria, a respetar las instituciones existentes. Ni más, ni menos”. Desde la propia OCDE, en 1999, se confesaba que la nueva misión de la escuela pública era la de “asegurar el acceso al aprendizaje de aquellos que nunca constituirán un mercado rentable y cuya exclusión de la sociedad en general se acentuará a medida que otros van a continuar progresando”.
40 años de promoción de centros concertados
ORIGEN Y NATURALEZA FRANQUISTA DE LOS CENTROS CONCERTADOS
A pesar de que la Ley Orgánica de la Educación de 2006 induce a pensar que la red de centros privados subvencionados se crea a partir de la Constitución de 1978 con la LODE (1985) –primera ley educativa de la democracia española del ministro socialista Maravall–, el origen de estos centros se remonta al final del Franquismo. En los años del desarrollismo (entre 1950 y 1975), el escaso avance educativo en España lastraba la mejora económica.Por esta razón, en 1970 se generalizó la educación primaria en España. Se trató de la primera ley educativa del siglo XX (LGE), que da subvenciones a los colegios privados para que asistan a ellos más estudiantes, muchos de los que antes no disponían de medios económicos.Por supuesto, entonces existían colegios estatales, pero eran lugares de adoctrinamiento de identidad nacional y catolicismo. Con la citada Ley Maravall se optó por mantener la estructura legislativa de la ley de 1970 en lo básico, se ponía más dinero para educación, pero se preservó la relación económica con los centros privados. A partir de entonces se llamaron concertados. Estos son centros de gestión 100% privada, y en su mayoría católicos, que pueden seleccionar alumnos y profesores. En una noticia de la época, se confirma que en 13 años (1973-86) las subvenciones a estos centros se habían multiplicado por 100. En el caso de Madrid, cada centro público funciona con un presupuesto que triplica el de un centro concertado medio. Los centros públicos madrileños (en torno a un 50%) se sostienen con 1.850 millones.Los concertados se financian con 850 millones, lo que supone el 60 o 70% del presupuesto necesario. El resto se cubre con cuota familiares, que cambia drásticamente según el barrio y el nivel de renta. La posibilidad de seleccionar en la matriculación permite que ésta sea más homogéneo y de sectores sociales más favorecidos. En un análisis publicado sobre fracaso publicado, el grupo de estudios del colectivo Baltasar Gracián afirmaba: “Si los centros concertados no atienden al mismo tipo de alumnado que los públicos y si los resultados de una y otra red no son semejantes, los fondos públicos pueden estar sirviendo para agravar los problemas que supuestamente pretendían resolver estas reformas... Parece, pues, importante conocer la relación entre resultados escolares, renta per cápita y titularidad de centro, si, verdaderamente, se quiere evaluar el carácter igualador de nuestro actual sistema educativo”.
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