El milagro de sor Verónica. JESÚS RODRÍGUEZ

El milagro de sor Verónica. JESÚS RODRÍGUEZ EL PAIS SEMANAL - 01-11-2009

El 22 de enero de 1984, Marijose Berzosa abandonó el mundo. Tenía 18 años. Dejaba atrás la carrera de Medicina; los novios de quita y pon y las discotecas ochenteras envueltas en volutas de porro; el baloncesto, la guitarra y el teatro. Aquel domingo cruzó sin pestañear el gélido zaguán del número 6 de la plaza de Santa Clara, en el corazón de Lerma, una villa burgalesa de 2.500 habitantes, para convertirse en sor Verónica. Ingresaba en el convento de clausura de la Ascensión, que había albergado tras sus barrotes a monjas clarisas desde 1604. Sería su hogar y su tumba. Una apuesta para la eternidad. Pocos confiaban en su vocación. "Nadie me entendió. Hubo apuestas de que no iba a durar nada. Pero ellos no sentían la fuerza del huracán que me arrastraba", confesaría más tarde.
Era casi una niña. Bastante guapa, como ella misma se describe. Famosa en Aranda de Duero por sus bellos ojos verdes. Alegre y abierta. De clase media. Educada en un colegio de religiosas. Su padre poseía una zapatería y en su familia había una antigua afición por la música y la poesía. Marijose era la menor de cinco hermanos. Todos hombres y universitarios. Uno sacerdote. Hoy obispo auxiliar de Oviedo. Su espejo y guía. Brillante y mandona. Ni beata ni ñoña. Con una relación intermitente con la Iglesia; voluble y eterna insatisfecha: la clásica adolescente en busca de una salida. La encontró aquel lejano 1984. Tomó la decisión en apenas quince días.

Sencillez, humildad y pobreza. Vida contemplativa. Ora et labora. Marijose aterrizaba en un convento habitado por una veintena de monjas donde la más joven había cumplido los 40 y en el que hacía 23 años no entraba una novicia. No lo tuvo fácil. Le aguardaban un basto hábito pardo ceñido por el cordón blanco de los franciscanos (la familia religiosa de la que nacieron las clarisas) y sandalias en invierno y verano; el pelo casi al cero, como ella relata; una fría celda, rezos desde la madrugada, penitencia, silencio, ayuno y trabajo en el obrador y el huerto. Aislada del mundo por muros y rejas. El tiempo se había detenido cuatro siglos antes en el monasterio de Lerma. Verónica ha contemplado durante todos estos años día tras día desde su celda el mismo paisaje de la vega del Arlanza. Aún le emociona. "Aquí me siento libre".

Su guía en aquellos primeros pasos, sor Pureza de María Lubián, de 70 años, hoy abadesa del convento de Belorado (Burgos), la recuerda: "Era una chiquilla encantadora. Muy noble y muy buena. Tenía 18 años y un porvenir. Todo lo abandonó. Siguió la llamada de Dios. Tenía una personalidad muy rica. Siempre fue líder. Y, espiritualmente, con una gran vocación. Tuvo luchas y dificultades. Hizo un gran esfuerzo. Pero actuó la gracia del Espíritu. Y ella se dejó hacer".

El Espíritu hizo bien su trabajo. Sor Verónica se ha convertido en el mayor fenómeno de la Iglesia desde Teresa de Calcuta. Sus admiradores la definen como "una santa en la Tierra". Y a su obra, "como un milagro". Apoyada por el Vaticano, mimada por los monseñores, financiada por los poderosos y jaleada por los movimientos neoconservadores, ha hecho de aquel vetusto convento de Lerma un atractivo banderín de enganche para vocaciones femeninas que cuenta con 135 monjas con carrera y una media de edad de 35 años y un centenar más en lista de espera. Y ya ha abierto una sucursal en la localidad de La Aguilera, a 40 kilómetros de Lerma, en un enorme monasterio cedido por sus hermanos franciscanos. Un boom insospechado de vocaciones cuando los jesuitas tienen apenas 20 novicios en toda España; los franciscanos, cinco, y los paúles, dos. En un momento en que se importan monjas sin papeles de la India, Kenia o Paraguay para evitar el cierre de conventos habitados por ancianitas, y que la mayoría de nuestros sacerdotes superan los 60 años.

Por el contrario, su bucólica comunidad está repleta. Acoge cada fin de semana a centenares de jóvenes peregrinos en autobuses fletados por parroquias y colegios religiosos, escoltados por curillas de alzacuellos y bocadillo y familias numerosas que anhelan compartir la alegría de estas monjas que rezan, cantan y bailan sin dejar de sonreír un instante. Sus puertas siempre están abiertas para los buenos cristianos. Especialmente si son seminaristas, kikos o llegan de la mano de grupos de apostolado juvenil. La Aguilera es parada obligatoria para todos ellos.

Sor Verónica los recibe con un estilo personal en el que se mezclan los ritos más conservadores de la Iglesia con la atractiva mística de las órdenes de clausura y una puesta en escena musical y testimonial alegre y algo infantil, surgida de su brillante mente de coreógrafa. Micrófono en mano, Verónica domina. Parece tímida; no lo es. Surge de un rincón del auditorio bajo una bella luz cenital. Casi camuflada entre las gradas donde se agolpan un centenar de monjas frente a un público incondicional. Levantan los brazos al cielo mientras entonan un intenso canto de amor a Cristo con bongos y guitarras. Sor Verónica acaricia el pelo de sus hermanas. Abraza a los niños. Es sencilla y convincente. Entrañable, profunda y directa. Hace reír y se ríe. Tiene una voz firme y suave. Capacidad de convicción. Cree en lo que dice. Es una mujer de Cristo. Está enamorada de él, repite. Es una buena predicadora. Y también una enérgica directora musical. Como demostrará durante la eucaristía al frente del coro. Aquí, en la capilla, ya no hay sonrisas. Las hermanas rezan plegadas en el suelo como los fieles musulmanes hasta fundirse como manchas negras en el pavimento gris.

Las hijas de sor Verónica son diametralmente opuestas a las monjas de otros conventos de clausura. No son crías incultas provenientes del entorno rural en busca de subsistencia. La mayoría ha tenido pareja y empleo. No son monjitas de escasa teología, pastas y agua de limón, invisibles y entrañables tras el torno.

Las hijas de sor Verónica han sido educadas en la Iglesia de resistencia de Juan Pablo II. Son militantes. Muchas pertenecen a grupos neoconservadores: Camino Neocatecumenal (Kikos), Comunión y Liberación, Opus Dei, Renovación Carismática, Lumen Dei, Legionarios de Cristo, Schonstatt. Son urbanas y con estudios. Ninguna es inmigrante. Hay cinco hermanas de la misma familia; 11 parejas de hermanas de sangre y unas gemelas. Abunda la clase media. Y los títulos universitarios. Esta comunidad ofrece un completo catálogo de abogadas, economistas, físicas y químicas; ingenieras de caminos, industriales, agrícolas y aeronáuticas; arquitectas, médicas, farmacéuticas, biólogas y fisioterapeutas; bibliotecarias, filólogas, pedagogas y fotógrafas. Un religioso que conoce la comunidad la define como "una olla de grillos intelectual difícil de gobernar". Otro viejo sacerdote burgalés tiene sus dudas sobre la uniformidad del proyecto, dada la disparidad de los movimientos neocon que lo nutren: "Casi todas las que entran tienen que ver con las nuevas realidades de la Iglesia. Cada una tiene su propia forma de ser, de orar, de cultivar la piedad. Están encarriladas en las prácticas de esos movimientos y tienen que hacer un esfuerzo añadido para desprenderse de sus espiritualidades de origen y confluir en la regla de Santa Clara. Unificar ese revoltijo es complicado, y mucho más siendo tantas". Una monja de la comunidad confirma que denominan a la veintena de compañeras procedentes de los kikos: "Las hermanas del camino: ellas ya tienen mucho avanzado".

Lerma es un fenómeno que poco tiene que ver con la clausura tradicional. En la Iglesia, algunos ya piensan que este movimiento concluirá con una refundación de las clarisas, una escisión dentro de esa congregación o, incluso, la creación de una nueva orden. Un sacerdote del entorno de la abadesa explica: "Cuando Marijose entró en el convento tenía ideas propias. No era una tontita. Tenía su interpretación de la vida religiosa contemplativa. Pensaba que la clausura no tenía por qué ser algo intocable y excluyente. Quería contarlo y ser un ejemplo". Para un monseñor anónimo (como todas las fuentes de este reportaje que intentan escapar del "poder en toda su desnudez del cardenal Rouco"), "Lerma y La Aguilera suponen una renovación del carisma de las clarisas. Las monjas de Lerma no renuncian a la clausura, pero quieren que sea conocida y valorada por los cristianos. Quieren crear un auténtico centro de espiritualidad". Para el superior madrileño de una orden, "las monjas de clausura que no se renueven van a fenecer. Deben ser un ejemplo de experiencia espiritual para la gente de hoy. Para esos chicos que se van a la India para meditar y encontrar un sentido a la vida". Una hermana de la comunidad define su clausura en esa línea: "Ésta es una casa abierta a los que llaman a nuestra puerta. Queremos compartir nuestra fe, dar a conocer lo que nos está pasando. Y si ven a Jesús en nosotras, adelante. España está tan pagana que hace falta que compartamos nuestra fe, no que la vivamos a solas. Es el momento de actuar".

En la Iglesia nadie entiende nada de nada. Lerma ha roto sus esquemas. Para empezar, es un movimiento protagonizado por mujeres, las convidadas de piedra durante siglos de la Iglesia católica. Siempre apartadas de los centros de decisión, la teología y el sacerdocio, aunque sean cuatro veces más numerosas que los religiosos y estén siempre en vanguardia. Además, muy pocos han entrado en la comunidad de sor Verónica. Es de clausura. Y goza de absoluta independencia. Por encima, sólo el Papa, a través del cardenal Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Más allá, ninguna autoridad eclesiástica controla lo que ocurre dentro de Lerma y La Aguilera. Ni su capellán, ni el delegado diocesano, ni el obispo de Burgos, ni el superior de la provincia franciscana de Aranzazu, ni el superior general de esa orden, ni el mismísimo presidente de la Conferencia Episcopal. Sólo el Papa. Y está en Roma. Y las observa con extremo cariño. Este año las envió su predicador de cabecera, el capuchino Raniero Cantalamessa, para que dirigiera sus ejercicios espirituales. Todo un privilegio. Para un religioso, "ahí tiene la mejor muestra de que el proyecto de Lerma tiene todas las bendiciones de Roma". "Y que Verónica tiene mucho poder. Ojo con ella", añade presto otro.

Todos los eclesiásticos consultados para este reportaje alaban la explosión vocacional de esta comunidad: "Es una obra de Dios". A continuación desconfían: "Tiene los pies de barro; la mitad de las monjas no han hecho aún sus votos perpetuos; tienen que pasar muchos años hasta que se vea si es algo firme o se queda en un bluff". "Esas monjas están manejando formas antiguas que parecen dar resultados a corto plazo, que atraen a gente que busca una religiosidad radical, pero que a la larga está por ver su recorrido", dice otro. Algunos critican su aislamiento; su lejanía de las personas que sufren. De los pobres, los enfermos y los inmigrantes. Lo que los religiosos llaman "estar en la frontera". Otros ven gato encerrado. "¿Quién está detrás de todo esto?". "¿Quién lo financia?". ¿Cuál es el secreto de Lerma? Nadie parece saberlo.

Incluso las clarisas de otras comunidades españolas recelan. Para una abadesa, "es algo raro. Un fenómeno nuevo. ¿Por qué unas tanto y otras tan poco? No lo entendemos. Pero el Espíritu lo ha buscado y sus razones habrá tenido�".

Sor Verónica tampoco hace nada por explicarlo. Grandes carteles en el monasterio de La Aguilera advierten de que no se puede fotografiar ni filmar a las monjas. Una advertencia que repite con voz potente y mirada inquisitorial la más fornida de las hermanas a los dos periodistas que visitan su comunidad: "¡No queremos nada con los medios de comunicación!". Unos minutos más tarde, cuando por fin preguntamos a sor Verónica sobre las razones de su éxito, mira a los ojos con los suyos verdes nublados por las lágrimas; inclina la cabeza con humildad y coge tu mano entre las suyas descarnadas. "No sabéis lo que os queremos y la ternura que me producís, pero esto se ha hecho muy grande, estamos creando algo� tenemos 60 o 70 hermanas en formación y no es el momento de hablar, antes tiene que madurar. Estamos haciendo algo grande por amor a Cristo y necesitamos tiempo. Pero aun así os queremos". Y desaparece arrastrando su hábito, del que pende un sufrido rosario de madera.

Y aparece sor Blanca. Que interpreta el papel de poli malo. Y nos pone de patas en la calle: "El Grupo PRISA; sí, todo el Grupo, no sólo EL PAÍS, hace un daño enorme a la Iglesia. Ustedes la atacan y ridiculizan y yo lo leo todo. Y como la Iglesia es mi madre, no tenemos nada más que hablar".

En la génesis del "milagro de Lerma" hay una personalidad espiritual que ha atraído con su carisma a un centenar de jóvenes: sor Verónica. Pero no conviene olvidar a una gran actriz secundaria; ejecutiva, correosa y obstinada; sin atractivo, pero con arrestos; capaz de enfrentarse a banqueros, monseñores, arquitectos y abogados, y que nunca claudica: sor Blanca Mateo.

Frisando los 70 años, nacida en una aldea burgalesa de La Bureba, abadesa desde finales de los noventa, admiradora del Opus Dei, sor Blanca controla todo lo que ocurre en los conventos de Lerma y La Aguilera, aunque cediera formalmente el mes de marzo pasado el puesto de superiora a sor Verónica, que obtuvo la abrumadora mayoría absoluta de votos de sus hermanas en la primera vuelta. Dentro de tres años se volverá a presentar al escrutinio electoral mediante voto secreto en urna. A continuación, las papeletas serán quemadas para que ninguna hermana sepa lo que ha votado la de al lado y evitar suspicacias.

Las dos hermanas han hecho juntas un largo y duro camino. Cuando Marijose llegó a Lerma, en 1984, el convento contaba con 23 monjas y un futuro sombrío. En 1994, con sólo 28 años, fue nombrada maestra de novicias, un puesto clave en la comunidad cuya misión es, según describe un jesuita que ha ocupado ese cargo en su orden, "configurar el disco duro del novicio al sistema operativo de la comunidad". Bajo la hábil dirección espiritual de Verónica, ingresarían hasta finales de esa década 27 hermanas más. Lo nunca visto: ya eran 50. No había hecho más que empezar. Comenzaba a funcionar el boca a boca en los ambientes parroquiales conservadores. En 2002 eran 72; en 2004, 92; en 2005, 105. Y 134 a finales del pasado mes de septiembre. Todas encerradas en un convento del siglo XVI proyectado para albergar 32 monjas.

El tsunami vocacional pilló a Verónica y a Blanca en mantillas. Fue inesperado. Pero no estaban dispuestas a renunciar ni a una sola postulante. Aún menos, a desviarlas hacia otros conventos de clarisas, aunque estuvieran al borde de la liquidación (hay nueve en la provincia de Burgos y un centenar en toda España). Habilitaron distintas zonas del convento, incluso la capilla y el coro, para albergar en precario a las peticionarias. Instalaron 13 miniceldas en la sacristía con paneles prefabricados; pronto quedaron saturadas. Más tarde alquilaron inmuebles contiguos al convento para dar cobijo a las aspirantes. Cada atardecer, los vecinos de Lerma asistían al desfile de jóvenes cabizbajas y ataviadas con una especie de uniforme de hospicio de preguerra desde el monasterio hasta sus pisos de acogida.

A comienzos de 2000, el convento de Lerma reventaba por sus costuras. Mientras Verónica se dedicaba a entrenar a las candidatas, Blanca comenzó a mover sus hilos. A sondear las posibilidades de conseguir un espacio más grande. Y entonces Antonio María Rouco Varela, príncipe de la Iglesia, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, entró en escena.

"Muchos obispos estarían encantados de colgarse la medalla ante el Vaticano de contar en su diócesis con el convento con más vocaciones de Europa. Y Rouco, que controla todo lo que pasa en la Iglesia española, no fue una excepción", explica un religioso. "Fue de los primeros en cortejarlas. Comenzó a visitarlas con frecuencia y diseñó un plan de estudios que les sería impartido por profesores de la Facultad de Teología de San Dámaso (la más reaccionaria y dirigida por su sobrino, Alfonso Carrasco Rouco) para formarlas de acuerdo a su concepción de la Iglesia. Y ordenó a las parroquias de su archidiócesis que orientasen las vocaciones femeninas en dirección a Lerma. Algo similar hizo la reaccionaria diócesis de Getafe, que domina el sur de Madrid. Rouco llegó a comisionar a su mano derecha, el más brillante de sus monseñores, el ya fallecido Eugenio Romero Pose, para que oficiara de pastor de las hermanas. Lo haría hasta su muerte en 2007.

Y por fin, en 2002, Rouco lanzaba su envite: ofrecía a las monjas de Lerma unos terrenos a las afueras de Madrid, en la carretera de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra, para que construyeran un nuevo convento. Del proyecto se encargaría el arquitecto-estrella Santiago Calatrava. Llegó a esbozarlo. "Estaba muy ilusionado", confirman en su estudio. El único problema es que los terrenos ofrecidos eran rústicos y había que recalificarlos, una misión complicada, dado el carácter ecológico del paraje y la poca predisposición de los ediles de Colmenar. Además, el fastuoso y poco funcional proyecto de Calatrava, cuyo coste de realización se estimaba en 12 millones de euros, se escapaba al magro presupuesto de las monjas. Y lo que es más importante: Verónica no estaba dispuesta a abandonar la provincia de Burgos. No quería perder el efecto Lerma. El proyecto cayó por su peso. Y Rouco se llevó un disgusto. Se le habían escapado las clarisas.

Durante los dos años siguientes, las monjas continuaron su búsqueda en torno al territorio de sor Verónica. En 2004, durante una conversación de sor Blanca con los superiores de sus hermanos franciscanos, tras relatarles sus apreturas, éstos le ofrecieron una suma de dinero. Blanca rebatió: "¡No me deis limosna; dadme el monasterio de La Aguilera!" La abadesa se refería a un viejo y olvidado noviciado de los franciscanos a 10 kilómetros de Aranda, contiguo al santuario y a la tumba de San Pedro Regalado. En el destartalado monasterio malvivían cuatro ancianos frailes. La dirección de los franciscanos se hizo de rogar y unos meses más tarde cedió por 30 años el uso del monasterio a las clarisas de Lerma mediante un contrato de comodato. Verónica y Blanca lo habían conseguido. Su sueño se comenzaba a cumplir.

El nuevo monasterio ha supuesto un paso de gigante en su ambición. Aquí están materializando su forma de entender la Iglesia. Todo es moderno, limpio, diáfano y bien iluminado. La energía se obtiene con paneles solares. El torno ha dejado paso a las cámaras de seguridad. Las rejas han desaparecido: "Como estamos en obras, es imposible ponerlas; cuando acabemos� ya veremos qué hacemos", aclara la abadesa.

San Pedro Regalado está aún coronado por tres grandes grúas. La finca es un hervidero de obreros. Al caer la tarde, las novicias corretean por la huerta ataviadas con batas grises y tocas blancas mientras juegan al fútbol, al baloncesto o al escondite por prescripción facultativa de sor Verónica.

Pero en 2005, cuando Verónica y Blanca cruzaron el umbral de La Aguilera se dieron de bruces con un destartalado caserón con escaso interés arquitectónico, sucio, sin calefacción y rodeado por una finca baldía. No había baños ni agua caliente. La iglesia estaba horadada por termitas, y las cubiertas, a punto de ceder. El presupuesto para habitarlo era de tres millones. ¿De dónde sacarlos? Dios aprieta, pero no ahoga. Sor Blanca llamó a uno de sus benefactores.

Luis Alberto Salazar-Simpson, de 66 años, abogado, empresario, consejero del Banco Santander y emparentado con Rodrigo Rato, recuerda cómo conoció a las clarisas de Lerma: "Fue a finales de los setenta, yo era gobernador de Vizcaya y un día me llamaron y me dijeron que no tenían ni para comer y empecé a ayudarlas. Me gusta la vida contemplativa. Hacen un producto del que nadie se acuerda: rezan por los demás. Pedí dinero a mis amigos y les echamos una mano, y en unos años se produjo la explosión de vocaciones. Entraron 100 en 12 años y no cabían; ni siquiera podían atender a las hermanas ancianas. Surgió lo de los terrenos de Colmenar, que era una locura, y luego lo de La Aguilera. Me gustó. Y nos pusimos manos a la obra".

Con los tres millones de euros de la indemnización que obtuvo tras su cese como presidente de la operadora telefónica Amena, que fue comprada el 27 de julio de 2005 por France Telecom, Salazar-Simpson constituyó en esa fecha una fundación a la que bautizó Ora et Educa, cuyo objetivo sería "contribuir a los fines de las reverendas madres clarisas y a la rehabilitación para su alojamiento del convento de San Pedro Regalado en La Aguilera, Burgos".

El primer proyecto de reconstrucción del monasterio estaba presupuestado exactamente en los tres millones de euros de "don Luis Alberto". Las obras comenzaron en 2006. Se derribó el interior del convento. Se repararon las cubiertas. Se cubrió un viejo claustro y en la planta baja se crearon cocinas, una zona industrial para fabricar dulces, aulas y despachos. La bella iluminación fue sufragada por Endesa. En las dos plantas superiores se construyeron 100 celdas de 10 metros cuadrados, con cama, mesa y reclinatorio; cada una con su ventana y un baño para cada dos hermanas. Pronto se convirtieron en las obras de nunca acabar. Las hermanas querían más. "Ya sabe cómo son las mujeres cuando se meten en obras", bromea un benefactor. El primer presupuesto de tres millones de euros se iría deslizando hacia los cuatro, y después, a los cinco millones. El cuarto saldría de los ahorros de las monjas, y el último, de una fundación del Banco Popular.

Tres años y medio después, la huerta se encuentra aún empantanada entre ladrillos, andamios y hormigoneras. De la mano del Banco Popular (ligado históricamente al Opus Dei), de uno de sus arquitectos, "especializado en diseño eclesiástico", y su generosa financiación, las clarisas han acometido además la construcción de un locutorio con capacidad para 400 personas, una hospedería, aseos para los visitantes, una sofisticada zona de bienvenida e, incluso, una nueva iglesia. El presupuesto de la segunda fase se elevaría, según fuentes del proyecto, a otros cinco millones de euros.

Por fin, el pasado 8 de junio, un centenar de hermanas inauguraban el convento. Una treintena más permanece en Lerma. Irán rotando. Se trata de que la comunidad no pierda un ápice del estilo acuñado por Verónica. Según su definición, "es una sola comunidad con dos sedes y una sola abadesa". Ella. Un hecho inédito en la Iglesia que les ha concedido su jefe, el cardenal Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el ministerio vaticano que ordena la vida de los religiosos. Rodé, que tiene autoridad sobre 3.600 conventos de clausura en el mundo, conoce el "milagro de Lerma". Visitó a las monjas en abril de 2006, las sondeó una por una en su perfecto español y se quedó impresionado con su alegría, espiritualidad y formación intelectual. Ellas le brindaron su repertorio; le regalaron discos y pasteles. Y se lo metieron en el bolsillo. Mientras se alejaba de Lerma degustando las trufas de chocolate de las clarisas, el cardenal se confesó impresionado con ese florecimiento de vocaciones. Y tomó nota.

Tres años después, un monseñor del ministerio vaticano explica con su lenguaje alambicado esa anómala decisión de que una abadesa gobierne dos conventos: "Dada la situación particular de esta comunidad, el elevado número de religiosas, muchas con una edad elevada que necesitan ser atendidas por hermanas enfermeras; de 60 jóvenes en formación y de muchas formadoras, la abadesa y el capítulo del monasterio solicitaron a la Santa Sede un permiso para que una misma comunidad pudiera vivir en dos casas diferentes, pero con un único gobierno, un solo noviciado y una misma economía. Pretenden mantener el mismo espíritu y ambiente monástico que han tenido hasta ahora. Ante ese número tan gigantesco de religiosas hemos tenido que adoptar medidas excepcionales, que en este caso son por abundancia de vida. Seguramente esta situación particular será por un tiempo limitado. Y si el número de vocaciones sigue creciendo (¡ojalá sea así!), tendremos que tomar otras medidas".

La Aguilera se ha convertido en una sociedad perfecta que es observada con tensa atención por toda la Iglesia. Sin embargo, el futuro de Verónica y de sus hermanas, de las elegidas, está por ver. Es imposible saber la cifra de deserciones. Sus compañeras clarisas de otros conventos las acusan de opacidad y secretismo. No es su principal reproche. Critican el desapego que muestran hacia ellas, su aislamiento de los franciscanos, su autosuficiencia y que se hayan negado a prestar hermanas a otras comunidades en vías de desaparición. Aportan el ejemplo del convento de Briviesca, en la misma provincia de Burgos, que se negaron a reflotar con sangre nueva. Optaron por acoger a las últimas ocho ancianas clarisas que lo habitaban y, a cambio, obtuvieron la propiedad del monasterio, por el que un intermediario pedía hace un año seis millones de euros "para construir un complejo hotelero". Ante esa insinuación de insolidaridad, sor Verónica salta como una pantera: "Por el momento no estamos yendo a otros conventos porque ésta es una familia que se está formando y tiene que estar junta hasta su mayoría de edad. Algún día, quizá�".

Y se desvanece, mística y apasionada; fuerte de carácter y frágil de salud, con los hombros ligeramente caídos. Como si soportara sobre ellos el peso de sus 134 hermanas. Dicen que se alimenta de café. Y que está sobrepasada. Ni ella misma conoce el secreto de Lerma. Pero sigue adelante. Un monseñor lo describe muy eclesiásticamente: "Demasiada gente cuelga del hábito de Verónica. Veremos".

Grandes Simios. Nobles, crueles o vengativos. LUIS MIGUEL ARIZA

Simios. Nobles, crueles o vengativos. LUIS MIGUEL ARIZA EL PAIS SEMANAL - 08-11-2009

No es que ellos hayan cambiado. Es que los conocemos cada vez mejor. Chimpancés y gorilas pueden ser crueles, vengativos, xenófobos, calculadores, agradecidos. Comportamientos que antes creíamos exclusivos de los humanos. Hemos hablado con algunos de los principales expertos en primates. Y no dejan de sorprendernos.

El parque nacional Tai, al sur de Costa de Marfil, cubre un área de más de 3.300 kilómetros cuadrados y supone la mayor reserva de selva tropical de África Occidental. Árboles de más de 46 metros de altura se alzan para prevenir la llegada de los rayos del sol, y la penumbra que reina en el corazón del bosque esconde sorprendentes tesoros animales, como leopardos, búfalos, hipopótamos pigmeos, antílopes y elefantes. Por supuesto, también es el reino de los chimpancés. Durante la estación seca, que transcurre desde diciembre hasta febrero, los turistas que hayan conseguido los permisos necesarios pueden acercarse hasta este santuario, pero si alzan la mirada no verán más que una gigantesca maraña de hojas y ramas que forma el dosel de esta selva. Eso sí, a los sonidos habituales de los monos e insectos se les unirán curiosos chasquidos que parecen salidos de gargantas humanas. Las comunidades de chimpancés que viven en las alturas se dedican a partir nueces usando las piedras como martillos, pero ese comportamiento extraordinario está oculto gracias a la opacidad de la selva.
El primatólogo Cristopher Boesch, director del departamento de primates del Instituto Max Planck en Leipzig (Alemania), conoce bien los secretos que hay tras ese umbral oscuro. Hace cinco años, Boesch guió al naturalista David Attenborough y su equipo de la BBC a través de las selvas del Congo para descubrir ante las cámaras las estrategias de caza en grupo de estos monos. Las últimas filmaciones, que utilizan cámaras infrarrojas desde el aire, han desvelado al mundo una estrategia excepcional, una secuencia digna de cualquier película de acción: un grupo de cinco exploradores se desplaza por el suelo de la selva. Entre la cacofonía habitual, sus sentidos son capaces de aislar el sonido que emite su presa, una comunidad de monos colobos que se mueven por una autopista ininterrumpida de ramas, inaccesibles a los pesados cazadores que acechan abajo. Sin embargo, los chimpancés tienen una oportunidad. Avanzan con sigilo para situarse poco a poco debajo de los colobos, que, a decenas de metros más arriba, se creen a salvo. Es un equipo especializado: hay un conductor, un guía, individuos que hacen de bloqueadores y los expertos en emboscadas. El guía es el que se desenvuelve con mayor rapidez y empieza a trepar por uno de los árboles, mientras los otros se quedan abajo, observando; en un determinado momento, la caza comienza. Los chimpancés se alejan rápidamente de la comunidad de colobos, calculando cuáles serán sus movimientos por la autopista arbórea, y dos de los bloqueadores suben eligiendo dos árboles estratégicamente situados a derecha e izquierda. El experto en emboscadas, el chimpancé cazador más experimentado, se desplaza aún más deprisa, eligiendo un árbol más alejado y trepando rápidamente hasta ocultarse.

El guía ataca a los colobos, los cuales, presas del pánico, se dispersan; pero dos de ellos permanecen juntos en la huida. Los bloqueadores les salen al paso; los monos son obligados a huir en una dirección, donde les espera el cazador. Si consiguen romper la trampa, se salvarán. Pero también es probable que caigan en las garras de los chimpancés. El éxito de la cacería es celebrado por el grupo con chillidos y expresiones de ferocidad. Pero tales empresas para conseguir carne suelen ser peligrosas, pues las caídas y las heridas pueden poner en riesgo la integridad de los miembros del grupo de caza.

Las hembras, que no participan en las cacerías, siempre tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios sexuales a los machos a cambio de carne. Este hallazgo, documentado por Boesch y la antropóloga Cristina Gomes, ha revelado una característica insólita. "Las chimpancés hembra sólo copulan cuando están en celo", indica Gomes a El País Semanal. "Pero descubrí que los machos pueden compartir carne con una hembra aunque no esté aún en celo. Eso significa que podrá copular más con ella cuando entre en celo".

Cuando llega el momento, un macho puede aparearse hasta veinte veces con la hembra con la que ha compartido la carne, y sólo dos veces con cualquier otra hembra en celo del grupo. La monogamia no existe en los chimpancés. Para Gomes, esta tendencia -una preselección del macho por parte de la hembra a cambio de un bocado de proteínas- es una "especie de trueque, una parte muy importante de cualquier sociedad humana".

Gomes y Boesch publicaron estos hechos recientemente en la revista PLoS ONE. "Es un intercambio a largo plazo. Él comparte hoy la carne con ella aunque no esté en celo. Y ella copulará con él dentro de dos meses. Es casi una relación", dice Gomes. Para Boesch, la conclusión es obvia: "Nuestros hallazgos añaden cada vez más pruebas de que los chimpancés pueden pensar en el pasado y en el futuro, y que esto influye en su comportamiento presente".

Los estudios de campo están cambiando la imagen que teníamos de los chimpancés. En realidad, la pregunta no es si ellos se parecen a nosotros, sino cuánto hay de ellos en nosotros. Hace veinte años, la idea de "humanidad" habría parecido simplemente absurda. Hoy no. Los grandes simios -chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes- se comportan como un espejo en el que descubrimos rasgos que antes pensábamos que eran exclusivamente nuestros. "Los chimpancés son muy xenófobos", asegura Gomes. "Son criaturas pacíficas con miembros de su propia comunidad, pero con los vecinos su tolerancia es cero; algo muy característico de los seres humanos. Forman grupos que van en busca de enemigos para atacarlos". También existe la otra cara de la moneda. "La relación entre madre e hijo puede durar toda la vida. Las madres son muy protectoras".

Frans de Waal, psicólogo en la Universidad de Emory (Atlanta) e investigador en el Centro Nacional de Investigación de Primates en Yerkes, el mayor de Estados Unidos, es uno de los primatólogos más respetados del mundo. "Todos los grandes monos poseen una personalidad tan poderosa que hace que nos veamos reflejados en ellos con sólo un contacto visual", indica a El País Semanal por correo electrónico. No hay que ser un experto. Basta una visita al zoológico y mirar a un chimpancé o a un gorila a los ojos. Así lo cuenta De Waal: "Sentimos que somos similares, y ese sentimiento es mucho mayor del que se desprende con otros animales. No es cuestión de que los primates puedan mirarnos directamente a los ojos; porque también hay otras especies con visión binocular, como los gatos o los búhos, y no nos pasa eso. Es la mente que percibimos que está detrás, el deseo, la reflexión, las emociones. Y todo eso resulta tan parecido a nosotros que cuando los occidentales se encontraron con los monos por primera vez en los zoológicos, a principios del siglo XIX, en París y Londres, se disgustaron? ¡Sí, fue un disgusto!". Las razones, nos dice este experto, radican en que los monos recordaban a los visitantes demasiadas cosas sobre ellos mismos, violando la norma establecida entonces por la religión que dictaba que el hombre no era un animal, sino algo muy diferente. "Esta separación es fácil de mantener cuando miramos a un conejo o un ave, pero con los monos nos colocamos en una posición problemática, y la gente no termina de acostumbrarse".

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, De Waal acaba de publicar un ensayo en la Fundación John Templeton cuyo título es explícito: ¿Explica la evolución la naturaleza humana? Obviamente, dice el mono. "Convivo a diario con chimpancés y bonobos. Y como nosotros, luchan por el poder, disfrutan del sexo, buscan seguridad y afecto, matan por su territorio, y valoran la confianza y la cooperación. Usamos teléfonos celulares y volamos en aviones, pero nuestra construcción psicológica sigue siendo la de un primate social". El chimpancé suele ser el objeto de estas comparaciones por su similitud genética con los humanos, pero De Waal describe experimentos en los que los monos capuchinos buscan recompensas para sus semejantes a pesar de que ellos no ganan nada en el intento; el carácter desinteresado y filantrópico tampoco es exclusiva nuestra.

Los gorilas llevan años demostrando habilidades más que sorprendentes, desarrolladas gracias al continuo contacto con las personas. The Gorilla Foundation es una organización sin ánimo de lucro, fundada por la psicóloga Penny Paterson, de la Universidad de Stanford (California), hace más de un cuarto de siglo. Comenzó con su encuentro casual con una cría de gorila llamada Koko en el zoo de San Francisco. Tras un año de aprendizaje, Koko ya sabía manejar 25 palabras en el lenguaje americano de los signos. Ahora sabe más de 1.000. En la propia web de la fundación hay un vídeo donde Koko se dirige al internauta. El animal se palpa el hombro derecho, el pecho y la nariz para decir "soy un buen gorila"; se lleva los dedos a los ojos como si estuviera llorando para expresar que está triste, o golpea el puño de su mano derecha contra la palma de su mano izquierda para pedir ayuda. De acuerdo con esta fundación, Koko es capaz de pintar un ave, entender el inglés o inventar nuevos términos como "pulsera para dedo" para describir un anillo. Es el gorila más famoso del mundo después de King Kong. Hace unos años, un grupo de médicos de la Universidad de Stanford se reunieron para tratar a esta celebridad. Koko tenía dolor de muelas, y lo explicó haciendo gestos de dolor y señalando su boca, describiendo un nivel de dolor entre ocho y nueve en una escala de diez. Como necesitaba anestesia, los médicos aprovecharon para hacerle un chequeo completo de cinco horas: ecocardiograma, radiografías, escáneres de ultrasonidos, colonoscopia, broncoscopia, revisión ginecológica (por lo visto, la gorila había expresado su intención de tener descendencia) e incluso chequeo de arterias. ¿A qué conclusiones llegaron? "El exterior puede ser muy distinto, pero por dentro se parece mucho a los humanos", indicó el cardiólogo David Liang a la revista Stanford Report, editada por la universidad. "Aparte de las proporciones, todo es muy parecido". En su opinión, cualquier doctor que viera las imágenes del corazón de Koko no podría asegurar que no fuese humano.

?Koko? es un caso extraordinario -sometido a continuos debates y polémicas- que ilustra cómo un gran simio puede adaptarse para vivir en una sociedad humana. Sin embargo, hay dos personas en el mundo que han entendido mejor a los grandes simios en su hábitat que ningún otro científico: Dian Fossey, que se adentró en el universo de los gorilas de montaña en Ruanda -y que murió asesinada a machetazos el 26 de diciembre de 1985, probablemente a manos de cazadores furtivos-, y Jane Goodall, que llegó a África para estudiar a los chimpancés y descubrir aspectos sobre ellos absolutamente desconocidos. Goodall, cuyo instituto (www.janegoodall.es) busca sensibilizar a las jóvenes generaciones acerca del mundo de los grandes simios y el cuidado del medio ambiente, ha charlado telefónicamente con El País Semanal. "No pienso en los grandes simios como una clase de humanos, porque nosotros mismos somos simios. Ahora sabemos mucho más sobre similitudes en cuanto a comportamiento y biología. Cualquier distancia entre nosotros y ellos es cuestión de grado".

Los chimpancés son capaces de razonar, de tener emociones similares a las nuestras y de establecer relaciones familiares que pueden durar hasta 60 años, en palabras de Goodall, sin duda la mayor autoridad mundial en este asunto. Nuestros s son idénticos en más de un 90% -hay estudios que sugieren sólo un 1% de diferencia, mientras que otros apuntan a porcentajes algo mayores-; aunque esta primatóloga advierte de que los seres humanos también compartimos el 50% de nuestros genes con las moscas de la fruta. La clave que nos distancia no está ahí, sino en el sofisticado lenguaje humano. "Podemos enseñar a nuestros hijos y planificar futuros lejanos, entablar debates? Eso es lo que ha desarrollado enormemente nuestro intelecto; de ahí que no tenga sentido comparar ni al chimpancé más inteligente con cualquier humano".

La experiencia de Jane Goodall encierra un testimonio fascinante que marcó el estudio de los grandes simios durante el siglo XX. Los chimpancés hablan entre ellos. Y ella aprendió a escucharlos: llamadas ligadas a emociones del tipo "aquí estoy", "he encontrado comida que vale la pena", "esto me asusta", "estoy triste", "me han atacado" o "necesito ayuda". También se expresan mediante gestos, posturas, besos. "Los chimpancés son muy conservadores. Nunca habían visto a un primate blanco como yo, y huyeron". Sin embargo, y de forma gradual, fueron acostumbrándose a su presencia. Y uno de ellos, al que llamaría posteriormente David Greybeard, fue quien rompió el hielo. "Perdió el miedo antes que los otros, se os plátanos y empezó a acostumbrarse a mí cada vez más". La reacción de su grupo fue hostil al principio, al considerarla como un depredador: gritos, intimidaciones, ramas arrojadas? Pero Goodall se mantuvo firme, hasta ganarse su confianza, y pudo acercarse a ellos lo suficiente como para reconocerlos como individuos. Sin embargo, y a medida que ella acumulaba experiencias valiosas, se topó con otro aspecto más tenebroso: los chimpancés se embarcaban en guerras. "Fue todo un shock descubrir que, como nosotros, tienen un lado oscuro, que son capaces de cometer actos de extrema brutalidad, la mayoría de las veces entre miembros de comunidades distintas". Hay patrullas que barren sus territorios, y si encuentran a dos individuos aislados, pueden atacarlos e incluso despedazarlos.

A pesar de ello, la cultura, entendida como un método de aprendizaje mediante la observación, la imitación y, especialmente, la transmisión de una generación a otra, encaja perfectamente en el universo chimpancé. A lo largo de África se han catalogado comunidades que fabrican instrumentos de una manera diferente según el grupo -el uso de ramas como palitos para extraer termitas o herramientas para cascar nueces-, y esa diversidad, las distintas formas que tienen de usar esos objetos naturales, "es uno de los aspectos más fascinantes". Y añade Goodall: "Lo triste es que quizá nunca lo sepamos, pues mientras estamos hablando usted y yo, las poblaciones de chimpancés siguen desapareciendo por culpa de la deforestación y el crecimiento de las poblaciones humanas".

Señala que cuando inició sus observaciones en África, en 1960, la población de chimpancés rondaba los dos millones de individuos; hoy, como máximo, pueden quedar unos 300.000, la mayoría aislados en pequeños grupos.

La organización Proyecto Gran Simio / España, que busca otorgar derechos morales -la libertad individual, el derecho a la vida y a la no tortura- a los grandes antropoides, dibuja una situación dramática. En palabras de Pedro Pozas, director ejecutivo, "la situación de los grandes simios en sus hábitats resulta deprimente; a este ritmo, en menos de diez años las poblaciones principales habrán desaparecido para siempre". Aporta datos estremecedores: en Costa de Marfil se ha extinguido en los últimos diez años el 90% de las poblaciones de chimpancés; en Indonesia, el 80% de las selvas ha sido talado, con el perjuicio consiguiente para los orangutanes. Esta organización elaboró una proposición no de ley -que fue aprobada en 2008 en el Congreso de los Diputados- sobre los derechos de los simios, con el objetivo de animar al Gobierno a impulsar una Ley de Grandes Simios, aunque el asunto ha quedado aparcado. "Es algo que apoyo, aunque no es en lo que quiero centrarme y dedicar personalmente mis energías", concluye Goodall. "Tenemos derechos humanos desde hace mucho tiempo, pero se violan a diario. Basta leer la prensa. Prefiero trabajar sobre nuestra responsabilidad como seres humanos y enseñar a los niños a tratarlos con más respeto".

Retromanía y 'Gran hermano' ponen en marcha los bares ecológicos y solidarios

NUEVO NEGOCIO. Retromanía y 'Gran hermano' ponen en marcha los bares ecológicos y solidarios R. C. L. Zaragoza 25/01/2010 La empresa aragonesa promueve esta franquicia, que abrirá los primeros locales tras el verano
"Para este bar, absolutamente todo se recicla: hay taburetes con pelotas de tenis, decoración con peceras cuyos peces son botellas de plástico pintadas a mano, sillas hechas con partes de contenedores usados, la madera es reciclada... y la iluminación está hecha enteramente con leds y bombillas de bajo consumo". Ángel Ruiz, de la empresa zaragozana Retromanía, presenta orgulloso el novedoso proyecto que han comenzado a poner en marcha junto a la productora Zeppelin, que le prestará el nombre de 'Gran hermano' a una serie de bares ecológicos y solidarios.
De esto último es de lo que más contento está Ruiz: "Son ecológicos, pero sobre todo son solidarios", remarca, porque del precio de cada consumición, una parte irá destinada a financiar proyectos de oenegés, sin coste adicional para el cliente. El propio público -aquí radica la principal novedad de la idea, y la que mejor respuesta tiene en los estudios realizados- podrá decidir allí mismo a qué entidad prefiere asignarlo.
El mecanismo es simple: "En la barra habrá unos pulsadores y con ellos se podrá elegir a qué proyecto va el dinero", dentro de un amplio surtido de organizaciones seleccionadas, que podrán variar de unas ciudades a otras, para así poder incluir proyectos locales. "Además, cuando pulsas aparece en una pantalla de plasma, en tiempo real, el recibo de la transferencia y el beneficio que produce esa donación: por ejemplo, si ha servido para que se vacune a un niño", explica Ruiz.
El zaragozano subraya que todo será "transparente" y el funcionamiento correcto estará garantizado por un contrato con los propietarios de los bares. De momento, son más de 90 las personas de toda España (cuatro de Aragón) que se han interesado por abrir un bar ecológico y solidario, "la mayoría, mujeres", dice Ángel Ruiz. Y cuenta que está previsto que los primeros empiecen a funcionar tras el verano.
Idea zaragozana
"Esto es algo que no existía aún en ningún lugar del mundo, tenemos la idea registrada y todo el diseño es nuestro", detalla el responsable de Retromanía. Para poder instalar uno de estos bares, basta con tener un local en regla con al menos 60 metros cuadrados hábiles para el público, y contar con los 36.000 euros que cobra Retromanía para dejarlo totalmente decorado y listo para abrir.
Parte de la decoración se fabricará en sus naves de Cuarte y parte se encargará a oenegés que den trabajo a personas en riesgo de exclusión social. "Montar uno de estos bares es barato y, aunque para Retromanía el beneficio es prácticamente inexistente, es algo bueno. Llevamos 20 años en este negocio y, afortunadamente, nos lo podemos permitir", dice Ruiz, que señala que la empresa tiene decorados unos 1.400 locales en toda España con más de 50 temáticas distintas.
Aún hay más. Retromanía tiene otros tres modelos de establecimientos solidarios en marcha: el Save The Children Café (cuya decoración evidencia el contraste que existe entre el primer y el tercer mundo), el Live Earth Café (café musical que fomenta el respeto al medio ambiente) y el Café de las Flores, que empleará solo a mujeres maltratadas para darles una oportunidad tangible de rehacer sus vidas y superar su trauma.

La educación no es gasto, es inversión. España necesita mantener el esfuerzo en formar su capital humano para ser competitiva, pero debe hacerlo mejor

LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR 3. EDUCACIÓN
La educación no es gasto, es inversión. España necesita mantener el esfuerzo en formar su capital humano para ser competitiva, pero debe hacerlo mejor
El nivel de gasto público de España en educación es inferior a la media de la OCDE, pero las estrecheces presupuestarias como consecuencia de la crisis dificultan la mejora. En un momento de economía de guerra, el sistema debe mejorar la eficiencia de sus recursos y atajar lacras como el abandono escolar. Las administraciones y el mundo universitario también exploran nuevas vías de financiación
Las personas, en el idioma del hombre económico, se llaman capital humano. Y que este capital sepa leer, escribir, sumar, e incluso tenga una titulación superior que le haya enseñado a hacer cosas complejas resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía y rentable para las arcas públicas, que en el futuro tendrán que gastar menos prestaciones para el individuo formado -tendrá mejor salud y mejores ingresos- y recibirá más pastel de sus impuestos.

Si invertir en educación puede ser costoso, no hacerlo sale mucho más caro, también económicamente, suele decir el ministro Ángel Gabilondo. Y no es una frase vacía, porque el hombre económico que habla de capital humano también se pone a echar cuentas y descubre, por ejemplo, que no sólo individualmente es rentable seguir estudiando (cuanta más formación, más sueldo y menos paro), sino que para el conjunto de un país también lo es. Según el estudio anual que hace la OCDE sobre la educación, los beneficios de la enseñanza son mayores que la inversión que se hace, también en el nivel posobligatorio (ver cuadro).

A la luz de estos datos, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? La respuesta suele venir en forma de comparación, y el hecho es que la crisis y las estrecheces de los presupuestos públicos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los de la OCDE gastaron en educación, de media, el equivalente al 5,3% de su producto interior bruto (PIB), los de la UE de los 27, el 5,05%, y España, el 4,3%, según los últimos datos comparables del Ministerio de Educación, de 2006.

Es posible que la diferencia se haya acortado, ya que el gasto en España ha ido creciendo en los últimos años (en 2009 fue 4,95% del PIB). Sin embargo, para Andreu Mas-Colell, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en España, en realidad, no hay que obcecarse en el dilema entre destinar o no más recursos a la educación, ya que cree que no habrá mucho más margen para gasto: "Ha habido cierta tendencia a imponer obligaciones que implicaban un gasto sin tener en cuenta los recursos públicos que requerían. Esa lógica algo imprudente ha funcionado a veces, pero ahora los ingresos públicos están en tensión. No hablo sólo de la crisis, sino a 15 años vista", reflexiona Mas-Colell, que fue consejero de Universidades del Gobierno catalán en la etapa de CiU.

El escenario ha cambiado en poco tiempo. Si el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2007 con un superávit de dos puntos del PIB, 2009 batió el récord de déficit público al superar el 11%. El Gobierno español ha prometido a Bruselas y los mercados internacionales que dejará este equilibrio en el 3% en 2013 y para eso hace falta revisar las cuentas. El grueso del gasto público educativo, con las competencias transferidas, depende de las comunidades autónomas: el 88% en 2007. La Administración central, que cifró en 3.088 millones el presupuesto de este año en Educación, asume el resto.

Con todo, el pacto educativo que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades y las fuerzas políticas y sociales se compromete a "incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo". Y esto último, precisamente, es para algunos expertos lo primero y fundamental. "En estos momentos los resultados comparables internacionalmente son deficientes por la relación entre lo que se gasta y los resultados que se logran. ¿Es esto sostenible? Es la sociedad la que tiene que decidir cuánto quiere gastar en educación y qué parte quiere sustentar con sus impuestos", opina José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la UPF.

En el informe Pisa de 2006, los estudiantes españoles de 15 años ocuparon la posición 35 en lectura, en una lista de 56 países, la 32 en matemáticas y la 31 en ciencias. Además, España es el tercer país europeo con más abandono escolar temprano (casi el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años dejó de estudiar después de la enseñanza obligatoria, muchos sin el título de ESO), sólo superada por Portugal y Malta.

Es necesario señalar las atenuantes sociales y laborales (durante años ha sido muy fácil para los jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no puede haber excusas. "El porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al 35% en 2020", y otro 50%, cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el organismo de la UE ha encargado las proyecciones de empleo con las que organizar las necesidades educativas, dice la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou.

Pero no sólo se trata de repartir titulaciones, sino de saber más. "Polonia elevó el rendimiento de sus alumnos de 15 años en la lectura de Pisa el equivalente de casi un año escolar en menos de una década, a la vez que redujo a la mitad las diferencias de rendimiento entre escuelas. El valor económico a largo plazo de una mejora similar en los resultados de los estudiantes españoles podría equivaler a más de 40.000 millones de dólares [unos 30.000 millones de euros] adicionales en los ingresos nacionales", asegura Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE.

España, desde una posición muy alejada de los países desarrollados, ha logrado extender enormemente la educación en las últimas décadas y se ha enfrentado a la vez a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y a la llegada masiva de inmigrantes. Ahora, pues, se trata de dar más calidad. ¿Cómo?

La ex ministra de Educación María Jesús San Segundo decía en un artículo del año pasado en Papeles de Economía Española que, a pesar de los estudios que dicen que un aumento del gasto educativo no conlleva directamnet mejores resultados, iniciativas concretas "en la extensión en la escolarización infantil, o en tutores y grupos de refuerzo en primaria y secundaria, ofrecen buenos resultados académicos, así como tasas apreciables de rendimiento económico de la inversión (entre el 6% y el 9%, en general)".

El problema, una vez más, es que todo eso es caro, y justo ahora, las cuentas no salen. "Cuando se habla de financiación en educación, siempre hay que distinguir entre enseñanza universitaria y no universitaria", dice Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid. "En una sociedad desarrollada hay que garantizar una igualdad de acceso a todos los niveles educativos, incluidos los posobligatorios (especialmente el tramo de 16 a 18 años que es el que más nos diferencia con Europa y la OCDE). Por eso, no parece oportuno recortar la inversión en los niveles no universitarios porque en determinadas zonas urbanas (barrios o áreas con mayor presencia de población inmigrante) y en algunas rurales (con poca densidad de población) se necesitan mayores recursos y nuevas políticas que introduzcan una mejor gestión".

"La inversión de dinero público es más justificado en la enseñanza obligatoria y la inversión de dinero privado es más justificado en la terciaria", opina Schleicher. Mientras la mayor parte de la rentabilidad de los estudios obligatorios es social, el retorno económico de los estudios superiores es más individual.Lo cual no quiere decir que, aunque menor que en otras etapas, no haya beneficio público en la universidad: "A través de los impuestos recaudados, los titulados de las universidades devuelven a las arcas públicas 1,35 euros por cada euro que el sector público gastó", dice un informe del año pasado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre los campus de esa comunidad.

En cualquier caso, desde hace años hay señaladas ineficiencias que, sin recorte alguno, supondrían recuperar un dinero que acaba en la basura, pero que, a pesar de estar sistemáticamente encima de la mesa, no se llegan a resolver. Pero, en época de crisis y cambios como la actual, las soluciones son ya inaplazables. Cuando una economía entra en la etapa de vacas flacas "la organización debe ser óptima y, en eso, debemos mejorar", apunta Mas-Colell, refiriéndose, sobre todo, a la universidad.

Por ejemplo, además del fracaso escolar en secundaria, el abandono universitario también supone un "despilfarro" de recursos, en palabras de Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III. Un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y sólo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto (la duración media asciende a seis años). Según los cálculos de Dolado, con un flujo de entrada anual de 220.000 alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en el curso 2008/09, el "despilfarro anual" asciende a 2.960 millones de euros. No obstante, esta cifra debe reducirse en cierta medida, ya que parte de estos alumnos puede reengancharse a los estudios en el futuro y, durante sus años de universidad, adquirió destrezas que le servirán en su vida profesional.

Algunos expertos creen que, con matriculas más altas y mejores becas y ayudas (préstamos) se mejorarían las cifras de abandono y repetición. Pero también se trata, una vez más, de calidad, cuyo principal punto de mejora son los profesores. Así, el catedrático de Sociología de la Universidad Salamanca Mariano Fernández Enguita asegura que sería muy importante mejorar el hoy deficiente sistema de incentivos al buen trabajo de los docentes, lo cual también serviría para la educación no universitaria.

Otro gran chorreo de recursos públicos es la dispersión territorial de las universidades que, si bien ha conseguido extender la educación superior, ya no sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas, con una oferta muy similar, tantas veces repetida, que muchas carreras de muchas facultades se han ido quedando vacías al descender los alumnos con la curva demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción más viable era que dentro de las comunidades, o entre autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en general, aún con la reforma de las carreras que está exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso.

# 84 Un cero en educación cívica - 25-04-2010 - 20:41:16h
Ante una Educación Pública de calidad decreciente, los responsables de los poderes públicos que prefieren la gestión privada, inventaron el cuento de la Educación Concertada. Centenares de padres la defendieron como un derecho inalienable; con el tiempo se comprueba que los resultados no son mejores, como tampoco lo son en la privada: Todos llegan a la Universidad igual de burros, salvo los que se han esforzado. Ahora los de la gestión Privada, se han inventado lo de la Educación Bilingüe, para ocultar sus fracasos y seguir repartiendo el dinero de la educación a sus correligionarios. Suma y sigue

Cómo construir una economía 'verde'. Sabemos cómo frenar el calentamiento de la Tierra, y los costes son asumibles. PAUL KRUGMAN

Cómo construir una economía 'verde'. Sabemos cómo frenar el calentamiento de la Tierra, y los costes son asumibles. Hace falta voluntad política, según expone el premio Nobel de Economía de 2008. PAUL KRUGMAN NEGOCIOS - 25-04-2010 Si escuchan a los climatólogos -y a pesar de la implacable campaña para desacreditar su trabajo, deberían escucharlos-, hace ya mucho que habría que haber hecho algo respecto a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Aseguran que, si seguimos como hasta ahora, nos enfrentamos a una subida de las temperaturas mundiales que será poco menos que apocalíptica. Y para evitar ese Apocalipsis tenemos que acostumbrar a la economía a dejar de usar combustibles fósiles, sobre todo carbón. ¿Pero es posible realizar recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero sin destruir la economía? Al igual que el debate sobre el cambio climático, el debate sobre la economía climática tiene un aspecto muy distinto visto desde dentro, en comparación con el aspecto que suele tener en los medios de comunicación populares. El lector ocasional podría tener la impresión de que hay dudas reales sobre si las emisiones pueden reducirse sin infligir un daño grave a la economía. De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas. En los párrafos siguientes presentaré un breve informe sobre la economía del cambio climático, o más exactamente, la economía de la reducción del cambio climático. Trataré de exponer los asuntos sobre los que hay un acuerdo amplio, así como aquellos que siguen siendo objeto de importantes disputas. Pero primero, una introducción a la economía básica de la protección medioambiental. ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL 101 Si hay una única verdad fundamental en la economía, es esta: las transacciones entre personas mayores de edad generan beneficios mutuos. Si el precio consensuado de un artilugio es de 10 dólares y compro uno, debe de ser porque ese artilugio vale más de 10 dólares para mí. Si uno vende un artilugio a ese precio, debe de ser porque fabricarlo le cuesta menos de 10 dólares. Por tanto, comprar y vender en el mercado de los artilugios redunda en beneficio tanto de los compradores como de los vendedores. Es más, un análisis pormenorizado demuestra que si hay una competencia real en el mercado de los artilugios, de tal modo que el precio termine por hacer coincidir el número de artilugios que la gente quiere comprar con el de artilugios que otra gente quiere vender, la consecuencia es que los beneficios de productores y consumidores se maximizan. Los mercados libres son eficientes (lo que en jerga económica, al contrario que en el lenguaje coloquial, significa que nadie puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otro). Pero la eficiencia no lo es todo. En concreto, no hay razón para suponer que los mercados libres generarán un resultado que consideraremos justo o equitativo. De modo que el argumento de la eficiencia del mercado no dice nada sobre si deberíamos tener, por ejemplo, alguna forma de seguro sanitario garantizado, ayuda a los pobres y demás. Pero la lógica de la economía básica dice que deberíamos tratar de alcanzar objetivos sociales mediante intervenciones posmercado. Es decir, deberíamos dejar que los mercados cumplan su función, haciendo un uso eficiente de los recursos del país, y luego emplear los impuestos y las transferencias para ayudar a aquellos a quienes el mercado pasa por alto. Pero, ¿y si un acuerdo entre personas mayores de edad supone un coste para personas que no forman parte del intercambio? ¿Qué pasa si alguien fabrica un artilugio y yo lo compro, con beneficios para ambos, pero el proceso de producir ese artilugio conlleva verter residuos tóxicos en el agua potable de otras personas? Cuando hay "efectos externos negativos" -costes que los agentes económicos imponen a otros sin pagar un precio por sus acciones- se esfuma cualquier suposición de que la economía de mercado, si se la deja a su aire, hará lo que debe. Entonces, ¿qué hacemos? La economía medioambiental trata de dar respuesta a esa pregunta. Un modo de hacer frente a los efectos externos negativos es dictar normas que prohíban o al menos limiten los comportamientos que impongan costes especialmente altos a otros. Eso es lo que hicimos durante la primera gran oleada de legislación medioambiental a principios de los años setenta: se exigió que los coches cumpliesen unas normas sobre las emisiones de los compuestos que provocan la niebla tóxica, se exigió a las fábricas que limitasen el volumen de residuos que vertían a los ríos, y así sucesivamente. Y ese método dio sus frutos; el aire y el agua de Estados Unidos se volvieron mucho más limpios durante las décadas siguientes. Pero aunque la regulación directa de las actividades contaminantes tiene sentido en algunos casos, es enormemente defectuosa en otros, porque no deja ningún margen para la flexibilidad o la creatividad. Pensemos en el mayor problema medioambiental de los años ochenta: la lluvia ácida. Resultó que las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas tendían a combinarse con el agua siguiendo la dirección del viento y a generar ácido sulfúrico, que destruía la flora (y la fauna). En 1977, el Gobierno hizo su primer intento de abordar el problema y recomendó que todas las centrales nuevas alimentadas con carbón tuviesen depuradoras que eliminasen el dióxido de azufre de sus emisiones. Imponer una norma estricta a todas las centrales era problemático, porque modernizar algunas centrales más antiguas habría resultado extremadamente caro. Sin embargo, al regular únicamente las centrales nuevas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un control de la contaminación bastante barato en centrales que eran, de hecho, fáciles de modernizar. Salvo mediante una adquisición federal de facto del sector eléctrico, con funcionarios federales dictando instrucciones específicas para cada central, ¿cómo podía resolverse este dilema? Entra en escena Arthur Cecil Pigou, un catedrático británico de principios del siglo XX cuyo libro de 1920, The economics of welfare (La economía del bienestar), suele considerarse la base de la economía medioambiental. Aunque en cierto modo resulte sorprendente, teniendo en cuenta su actual condición de padrino de la ciencia medioambiental altamente desarrollada desde un punto de vista económico, Pigou no hizo verdaderamente hincapié en el problema de la contaminación. Más que centrarse en, por ejemplo, la famosa niebla de Londres (en realidad, niebla tóxica acre, provocada por millones de fuegos de carbón), abría su disertación con un ejemplo que debió de parecer cursi incluso en 1920, un caso hipotético en el que "las actividades de conservación de la caza menor de un ocupante conllevan la invasión de las tierras de un ocupante vecino por los conejos". Pero da igual. Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida. El análisis de Pigou quedó en gran parte olvidado durante casi un siglo, mientras los economistas dedicaban su tiempo a luchar contra problemas que parecían más acuciantes, como la Gran Depresión. Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas. La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica. La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación. En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno. Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible. Estas reflexiones políticas probablemente expliquen por qué la solución al dilema de la lluvia ácida adoptó la forma del tope y trueque y por qué los permisos para contaminar se distribuyeron gratuitamente entre las empresas eléctricas. También merece la pena señalar que el proyecto de ley Waxman-Markey, un sistema de tope y trueque para los gases de efecto invernadero que empieza concediendo muchos permisos al sector, pero saca a subasta un número creciente durante los años siguientes, fue de hecho aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado; es difícil imaginar un impuesto generalizado sobre las emisiones que haga lo mismo durante muchos años. Eso no significa que los impuestos sobre las emisiones no tengan ninguna posibilidad de éxito. Hace poco, algunos senadores han presentado una propuesta con una especie de solución híbrida, con tope y trueque para algunos sectores de la economía e impuestos sobre el carbono para otros (principalmente, el petróleo y el gas). La lógica política parece ser la de que el sector del petróleo piensa que los consumidores no le culparán por la subida de los precios si dichos precios reflejan un impuesto concreto. En cualquier caso, la experiencia indica que el control de las emisiones basado en el mercado funciona. Nuestra historia reciente en relación con la lluvia ácida demuestra lo mismo. La Ley del Aire Limpio de 1990 introdujo un sistema de tope y trueque por el que las centrales eléctricas podían comprar y vender el derecho a emitir dióxido de azufre, y dejaba en manos de las empresas individuales la gestión de su actividad dentro de los nuevos límites. Como cabía esperar, con el paso del tiempo, las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se redujeron a casi la mitad, a un coste mucho más bajo de lo que incluso los optimistas esperaban; los precios de la electricidad bajaron en vez de subir. El problema de la lluvia ácida no desapareció, pero se redujo considerablemente. Se podría pensar que los resultados demostraban que podemos hacer frente a los problemas medioambientales cuando nos vemos obligados a hacerlo. De modo que ahí lo tenemos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un efecto externo negativo típico (el "mayor fallo del mercado que el mundo ha conocido jamás", en palabras de Nicholas Stern, autor de un informe sobre el tema para el Gobierno británico). La economía de los libros de texto y la experiencia del mundo real nos dicen que deberíamos tener políticas que desincentiven las actividades que generan efectos externos negativos y que, por lo general, es mejor depender de un enfoque basado en el mercado. ¿CLIMA DE DUDA? Éste es un artículo sobre la economía del clima, no sobre la climatología. Pero antes de abordar la economía merece la pena aclarar tres cosas en relación con la situación del debate científico. La primera es que, sin duda, el planeta se está calentando. La temperatura fluctúa y, en consecuencia, es bastante fácil encontrar un año inusualmente cálido en el pasado reciente, notar que ahora hace más frío y afirmar: "¡Ven, el planeta se está enfriando, no calentando!". Pero si se observan las pruebas como es debido -teniendo en cuenta las medias a lo largo de periodos lo bastante prolongados como para anular las fluctuaciones-, la tendencia ascendente es inequívoca: cada década sucesiva desde la de los setenta ha sido más cálida que la anterior. En segundo lugar, los modelos climáticos predijeron esto con mucha antelación, e incluso adivinaron la magnitud del aumento de las temperaturas con bastante aproximación. Mientras que es relativamente fácil idear un análisis que haga coincidir datos conocidos, es mucho más complicado crear un modelo que prediga el futuro con exactitud. Así que el hecho de que los creadores de los modelos predijesen correctamente hace más de 20 años el calentamiento mundial futuro les da una enorme credibilidad. Pero esa no es la conclusión que se podría extraer de los muchos informes de los medios de comunicación que se han centrado en asuntos como los mensajes de correo electrónico pirateados y los científicos que hablan de "hacer trampa" para "ocultar" una caída anómala en una serie de datos o expresan el deseo de que los artículos de los escépticos del cambio climático queden excluidos de las revisiones de investigación. La verdad, sin embargo, es que los supuestos escándalos se esfuman al analizarlos más de cerca, y solamente revelan que quienes investigan el clima también son seres humanos. Sí, los científicos procuran que sus resultados destaquen, pero no se ha suprimido ningún dato. Sí, a los científicos no les gusta que se publiquen trabajos que, en su opinión, crean deliberadamente confusión respecto a los problemas. ¿Qué tiene de extraño? No hay nada que dé a entender que no se deba seguir apoyando firmemente la investigación sobre el clima. Y esto me lleva al tercer punto: los modelos basados en esta investigación indican que si seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera como hasta ahora, terminaremos enfrentándonos a cambios drásticos en el clima. Seamos claros. No estamos hablando de unos cuantos días más de calor en verano y de un poco menos de nieve en invierno; estamos hablando de acontecimientos enormemente perjudiciales, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona de gran sequía permanente durante las próximas décadas. Sin embargo, a pesar de la alta credibilidad de los creadores de los modelos climáticos, sigue existiendo una tremenda incertidumbre en sus previsiones a largo plazo. Pero, como veremos en breve, la incertidumbre es un argumento a favor de medidas más fuertes, no más débiles. De modo que el cambio climático exige pasar a la acción. ¿Es un programa de tope y trueque similar al modelo utilizado para reducir el dióxido de azufre el sistema adecuado? La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen. En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer. Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches. ¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales. Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo. Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible. ¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso. Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione. La conclusión, por tanto, es que, aunque el cambio climático puede ser un problema muchísimo más grave que el de la lluvia ácida, la lógica de cómo responder ante él es en gran medida la misma. Lo que necesitamos son incentivos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -junto con algunos controles directos del uso del carbón-, y el sistema de tope y trueque es una forma razonable de crear esos incentivos. ¿Pero podemos permitirnos hacer eso? Y lo que es igual de importante, ¿podemos permitirnos no hacerlo? EL PRECIO DE LA ACTUACIÓN Del mismo modo que existe un consenso aproximado entre los creadores de los modelos climáticos en cuanto a la trayectoria probable de las temperaturas si no actuamos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay un consenso aproximado entre los creadores de los modelos económicos en cuanto al precio de la actuación. Esa opinión general puede resumirse de la manera siguiente: limitar las emisiones frenará el crecimiento económico, pero no demasiado. La Oficina Presupuestaria del Congreso, basándose en un estudio de modelos, ha llegado a la conclusión de que la ley Waxman-Markey "reduciría la tasa media anual de crecimiento prevista del producto interior bruto entre 2010 y 2050 entre 0,03 y 0,09 puntos porcentuales". Es decir, en el peor de los casos, reduciría el crecimiento anual medio del 2,4% al 2,31%. Básicamente, la Oficina Presupuestaria llega a la conclusión de que unas medidas fuertes para abordar el cambio climático harían que la economía estadounidense fuese entre un 1,1% y un 3,4% más pequeña en 2050 de lo que lo sería sin ellas. ¿Y qué hay de la economía mundial? En general, los creadores de los modelos tienden a calcular que las políticas sobre cambio climático reducirían la producción mundial en un porcentaje algo menor que el correspondiente a Estados Unidos. El principal motivo es que las economías incipientes como China usan actualmente la energía de un modo bastante ineficiente, en parte como consecuencia de unas políticas nacionales que han mantenido los precios de los combustibles fósiles muy bajos, y por tanto podrían conseguir un gran ahorro energético a un precio módico. Una revisión reciente de los cálculos disponibles establece el coste de una política climática muy estricta -considerablemente más agresiva que la contemplada en las propuestas legislativas actuales- en un valor situado entre el 1% y el 3% del PIB. Esas cifras suelen provenir de un modelo que combina todo tipo de cálculos procedentes de la ingeniería y del mercado. Entre ellos están, por ejemplo, los cálculos óptimos de los ingenieros sobre cuánto cuesta generar electricidad de distintas formas, a partir del carbón, el gas, la energía nuclear y la solar, con unos precios determinados de los recursos. A continuación se hacen cálculos, basados en la experiencia histórica, sobre cuánto recortarían los consumidores su consumo de electricidad si su precio subiese. El mismo proceso se sigue con otras fuentes de energía, como el carburante. Y el modelo supone que todo el mundo opta por la mejor alternativa en función del contexto económico; que los generadores de energía eligen las formas menos caras de producir electricidad, mientras que los consumidores conservan la energía siempre que el dinero que ahorren al comprar menos electricidad supere el coste de usar menos electricidad en forma de otro gasto o de pérdida de comodidad. Después de todos estos análisis, resulta posible predecir cómo los productores y los consumidores de energía reaccionarán ante políticas que les pongan un precio a las emisiones, y qué coste final tendrán esas reacciones para la economía en su conjunto. Naturalmente, hay casos en los que esta clase de modelo podría equivocarse. Muchos de los cálculos subyacentes son necesariamente especulativos hasta cierto punto; por ejemplo, nadie sabe realmente lo que costará la energía solar una vez que finalmente se convierta en una opción a gran escala. También hay motivos para dudar de la suposición de que la gente realmente toma las decisiones correctas: muchos estudios han descubierto que los consumidores no eran capaces de tomar medidas para ahorrar energía, como mejorar el aislamiento, aun cuando podrían ahorrar dinero si lo hicieran. Pero, aunque sea improbable que estos modelos acierten en todo, está bien que, en vez de infravalorarlos, exageren los costes económicos de las medidas para abordar el cambio climático. Eso es lo que la experiencia del programa de tope y trueque para la lluvia ácida indica: los costes resultaron estar bastante por debajo de las predicciones iniciales. Y en general, lo que los modelos no tienen ni pueden tener en cuenta es la creatividad; sin duda, frente a una economía en la que hay grandes recompensas monetarias por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector privado encontrará formas de limitar las emisiones que todavía no están en ningún modelo. Sin embargo, lo que oímos decir a los conservadores que se oponen a la política sobre cambio climático es que cualquier intento de limitar las emisiones sería económicamente devastador. La Fundación Heritage, por ejemplo, respondió a los cálculos de la Oficina Presupuestaria sobre la ley Waxman-Markey con un largo texto titulado "La OPC subestima enormemente los costes del sistema de tope y trueque". Los efectos reales, según la fundación, serían ruinosos para las familias y la creación de empleo. Esta reacción -este pesimismo exagerado respecto a la capacidad de la economía para sobrellevar el tope y trueque- choca frontalmente con la retórica conservadora. Al fin y al cabo, los conservadores modernos dan muestras de una profunda y casi mística confianza en la efectividad de los incentivos mercantiles (a Ronald Reagan le gustaba hablar de la "magia del mercado"). Creen que el sistema capitalista puede hacer frente a todo tipo de limitaciones, que la tecnología, por ejemplo, puede superar fácilmente cualquier restricción impuesta al crecimiento por las reservas limitadas de petróleo o de otros recursos naturales. Pero ahora afirman que este mismo sector privado es absolutamente incapaz de soportar una limitación de las emisiones generales, aun cuando dicho tope funcionaría, desde el punto de vista del sector privado, de forma muy similar al suministro de un recurso limitado, como la tierra. ¿Por qué no creen que el dinamismo del capitalismo le inducirá a encontrar modos de arreglárselas en un mundo de emisiones de carbono reducidas? ¿Por qué piensan que el mercado pierde su magia en cuanto se invocan los incentivos mercantiles en favor de la conservación? Está claro que los conservadores abandonan toda su fe en la capacidad de los mercados para adaptarse a la política sobre cambio climático porque no quieren que el Gobierno intervenga. Su pesimismo declarado respecto al coste de la política climática es esencialmente una estratagema política más que una opinión económica razonada. Lo que los delata es la marcada tendencia que tienen los conservadores que se oponen al tope y trueque a argumentar de mala fe. El extenso documento de la Fundación Heritage acusa a la Oficina Presupuestaria del Congreso de cometer errores lógicos elementales, pero si uno lee de hecho el informe de la oficina, está claro que la fundación lo está malinterpretando intencionadamente. Los políticos conservadores han sido aún más descarados. El Comité Nacional Republicano del Congreso, por ejemplo, publicó varios comunicados de prensa citando específicamente un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT en sus siglas en inglés) como base para afirmar que el tope y trueque costaría 3.100 dólares a cada familia, a pesar de los repetidos intentos por parte de los autores del estudio de aclarar que la cifra real representaba aproximadamente sólo una cuarta parte de eso. La verdad es que no hay investigaciones creíbles que indiquen que tomar medidas enérgicas contra el cambio climático esté fuera de las posibilidades de la economía. Incluso si uno no confía plenamente en los modelos -y no debería hacerlo-, la historia y la lógica indican que los modelos exageran, no subestiman, los costes de la actuación climática. Podemos permitirnos hacer algo respecto al cambio climático. Pero eso no equivale a decir que debamos hacerlo. La actuación tendrá costes, y éstos deben compararse con los de la falta de actuación. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, permítanme tocar un tema que se volverá esencial si realmente ponemos en marcha la política climática: cómo lograr que el resto del mundo nos acompañe en el esfuerzo. EL SÍNDROME DE CHINA Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, lo que convierte al país en una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Pero no es la mayor. China, que quema mucho más carbón por dólar del producto interior bruto que Estados Unidos, lo superó según ese criterio hace unos tres años. En general, los países desarrollados -el club de los ricos del que forman parte Europa, América del Norte y Japón- son responsables de solamente la mitad más o menos de las emisiones de efecto invernadero, y esa es una fracción que se reducirá con el paso del tiempo. En resumen, no puede haber una solución para el cambio climático a menos que el resto del mundo, y las economías incipientes en particular, participen de forma importante. Invariablemente, quienes se resisten a hacer frente al cambio climático señalan la naturaleza mundial de las emisiones como motivo para no actuar. Limitar las emisiones de Estados Unidos no servirá de mucho, sostienen, si China y otros no nos acompañan en el esfuerzo. Y subrayan la obstinación de China en las negociaciones de Copenhague como prueba de que otros países no cooperarán. De hecho, las economías incipientes consideran que tienen derecho a emitir libremente sin preocuparse por las consecuencias (eso es lo que los países que hoy son ricos pudieron hacer durante siglos). No es posible conseguir una cooperación mundial en relación con el cambio climático, prosigue el argumento, y eso significa que no tiene sentido tomar ninguna medida en absoluto. Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos. ¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono. Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura. A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. Sin embargo, se puede argumentar de todos modos que los aranceles sobre el carbono entran dentro de las normas de las relaciones comerciales normales. Siempre que el arancel impuesto al contenido de carbono de las importaciones sea comparable al precio de los permisos de carbono nacionales, la consecuencia es cobrar a los consumidores un coste que refleja el carbono emitido en lo que compran, independientemente de dónde se fabrique. Eso debería ser legal según las normas del comercio internacional. De hecho, hasta la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de supervisar las políticas comerciales, ha publicado un estudio que indica que los aranceles sobre el carbono serían aceptables. Huelga decir que las negociaciones reales para lograr que se coopere y se actúe a escala mundial contra el cambio climático serían mucho más complejas y tendenciosas de lo que esta exposición da a entender. Pero el problema no es tan inabordable como se suele afirmar. Si Estados Unidos y Europa decidiesen tomar medidas sobre política climática, casi seguro que serían capaces de engatusar y presionar al resto del mundo para que se una al esfuerzo. Podemos hacerlo. EL PRECIO DE LA FALTA DE ACTUACIÓN En los debates públicos, los escépticos del cambio climático han ganado terreno claramente durante los dos últimos años, aun cuando últimamente se ha visto que es probable que 2010 sea el año más caluroso de los registrados. Pero los propios creadores de los modelos climáticos se sienten cada vez más pesimistas. Lo que antes eran las peores situaciones posibles se han convertido en previsiones de partida, y algunas organizaciones han duplicado sus predicciones sobre el aumento de la temperatura en el transcurso del siglo XXI. Tras este nuevo pesimismo se oculta una preocupación cada vez mayor por los efectos de acoplamiento (por ejemplo, la liberación de metano, un importante gas de efecto invernadero, desde los lechos marinos y la tundra, a medida que el planeta se calienta). En estos momentos, las previsiones sobre el cambio climático, suponiendo que sigamos como hasta ahora, se agrupan en torno al cálculo de que en 2100 las temperaturas medias serán unos cinco grados centígrados más altas de lo que lo eran en 2000. Eso es mucho (equivale a la diferencia de las temperaturas medias de Nueva York y el centro del Estado de Misisipi). Un cambio tan grande sería enormemente perjudicial. Y los problemas no terminarían aquí: las temperaturas seguirían subiendo. Además, los cambios en la temperatura media no serán ni mucho menos la única alteración. Los patrones de precipitación cambiarán, y algunas regiones se volverán mucho más húmedas, y otras, mucho más secas. Muchos creadores de modelos también predicen tormentas más intensas. El nivel de los océanos subirá, y el impacto se verá intensificado por esas tormentas: la inundación costera, que ya es una fuente importante de desastres naturales, se volvería mucho más frecuente y grave. Y podría haber cambios drásticos en el clima de algunas regiones a medida que las corrientes oceánicas se modifiquen. Siempre merece la pena tener en cuenta que Londres tiene la misma latitud que Labrador; sin la corriente del Golfo, Europa Occidental apenas sería habitable. Aunque un clima más cálido podría tener algunas ventajas, parece casi seguro que un trastorno de esta magnitud haría que Estados Unidos, y el mundo en su conjunto, fuese más pobre de lo que lo sería en otras circunstancias. ¿Cuánto más pobre? Si la nuestra fuese una sociedad preindustrial y principalmente agrícola, el cambio climático radical sería evidentemente catastrófico. Pero tenemos una economía avanzada, del tipo que históricamente ha demostrado tener gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si esto suena parecido a mi argumento sobre que los costes de los límites de las emisiones serían soportables, así debe ser: la misma flexibilidad que debería permitirnos soportar unos precios del carbono mucho más altos también debería ayudarnos a hacer frente a una temperatura media algo más alta. Pero hay al menos dos motivos para tomarse con precaución las valoraciones positivas de las consecuencias del cambio climático. Uno es que, como acabo de señalar, no se trata sólo de tener un clima más cálido: muchos de los costes del cambio climático es probable que se deban a las sequías, las inundaciones y las tormentas fuertes. El otro es que, mientras que las economías modernas pueden ser enormemente adaptables, a los ecosistemas puede que no les suceda lo mismo. La última vez que la Tierra experimentó un calentamiento cuyo ritmo era similar al que ahora esperamos fue durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas aumentaron unos seis grados centígrados en el transcurso de unos 20.000 años (lo cual es un ritmo mucho más lento que el del calentamiento actual). Esa subida estuvo unida a extinciones masivas, lo cual, por decirlo suavemente, probablemente no sería bueno para el nivel de vida. De modo que, ¿cómo podemos ponerle un precio a los efectos del calentamiento global? Los cálculos más citados, como los del Modelo Dinámico Integrado de Clima y Economía, conocido como DICE por sus siglas en inglés y empleado por William Nordhaus, de Yale, y sus compañeros, dependen de unas elaboradas conjeturas para atribuir un valor a los efectos negativos del calentamiento global para algunos sectores cruciales, especialmente la agricultura y la protección costera, y luego tratar de dejar cierto margen para otras posibles repercusiones. Nordhaus ha sostenido que un aumento de la temperatura mundial de 2,5 grados centígrados -que era antes la previsión aceptada para 2100- reduciría el producto mundial bruto en algo menos del 2%. ¿Pero qué pasaría si, como indica un número cada vez mayor de modelos, el aumento real de la temperatura fuese el doble? Nadie sabe realmente cómo hacer esa extrapolación. Acierte o no, el modelo de Nordhaus calcula que las pérdidas debidas a un aumento de cinco grados serían de alrededor del 5% del producto bruto mundial. Sin embargo, muchos críticos han sostenido que el coste sería mucho más alto. A pesar de la incertidumbre, resulta tentador hacer una comparación directa entre las pérdidas calculadas y los cálculos de lo que costarían las políticas climáticas: el cambio climático reducirá el producto mundial bruto en un 5%; detenerlo costará el 2%, así que, adelante. Desgraciadamente, los cálculos no son tan sencillos por al menos cuatro motivos. Primero, ya se está cociendo un considerable calentamiento global como consecuencia de las emisiones del pasado y porque, incluso con unas medidas fuertes contra el cambio climático, lo más probable es que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando durante muchos años. Por tanto, incluso si los países de todo el mundo consiguen frenar el cambio climático, seguiremos teniendo que pagar por nuestra falta de actuación inicial. Como consecuencia, los cálculos de las pérdidas de Nordhaus pueden superar a los beneficios de la actuación. Segundo, los costes económicos de los límites de las emisiones empezarían a producirse en cuanto la política entrase en vigor y, según la mayoría de las propuestas, serían considerables dentro de unos 20 años. Por otra parte, si no actuamos, los grandes costes probablemente llegarían a finales de este siglo (aunque algunas cosas, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona desértica, podrían llegar mucho antes). Así que la forma de comparar esos costes depende de cómo se valoren los costes en el futuro lejano en relación con los costes que se presentarán mucho antes. Tercero, y yendo en dirección contraria, si no tomamos medidas, el calentamiento global no se detendrá en 2100: las temperaturas, y las pérdidas, seguirán aumentando. De modo que si uno le da importancia al futuro muy, muy lejano, las razones para actuar son más sólidas de lo que incluso los cálculos para 2100 dan a entender. Por último, está el importantísimo problema de la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta la magnitud del cambio climático, lo cual es inevitable, porque hablamos de alcanzar niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que no se han visto en millones de años. La reciente duplicación de las cifras previstas para 2100 por muchos modelos es en sí misma una muestra del alcance de esa incertidumbre; quién sabe qué revisiones podrían producirse en los próximos años. Aparte de eso, nadie sabe realmente cuánto daño causaría un aumento de las temperaturas del calibre que ahora se considera probable. Podrían pensar que esta incertidumbre debilita el argumento en favor de la actuación, pero en realidad lo refuerza. Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable. Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio. Aun así, eso abre un gran debate sobre la velocidad de las actuaciones. LA RAMPA CONTRA EL 'BIG BANG' Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. Pero hay un debate encarnizado entre los analistas expertos respecto al ritmo, la rapidez con que los precios del carbono deben subir hasta niveles significativos. Por una parte están los economistas que llevan muchos años trabajando en los llamados modelos de evaluación integrada, que combinan modelos de cambio climático con modelos que describen tanto el daño debido al calentamiento global como los costes debidos al recorte de las emisiones. En su mayor parte, el mensaje de estos economistas es una especie de versión para el cambio climático de la famosa plegaria de san Agustín: "Dame castidad y continencia, pero no ahora". Así, el modelo DICE de Nordhaus afirma que el precio de las emisiones de carbono subirá finalmente hasta más de 200 dólares por tonelada, en la práctica más del cuádruple del coste del carbón, pero que la mayor parte de ese aumento debería llegar a finales de este siglo, y que la mucho más modesta tasa inicial debería ser de 30 dólares por tonelada. Nordhaus llama "rampa de la política climática" a esta recomendación de una política que se intensifica poco a poco durante un largo periodo. Por otra parte, hay algunos más recientemente llegados al campo que trabajan con modelos similares, pero que llegan a conclusiones diferentes. El más conocido, Nicholas Stern, un economista de la London School of Economics, defendía en 2006 una actuación rápida y agresiva para limitar las emisiones, lo que muy probablemente conllevaría unos precios del carbono mucho más altos. Esta postura alternativa no parece tener un nombre consensuado, así que permítanme llamarla "big bang de la política climática". Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse. Los defensores de la política rampa sostienen que el daño hecho por una tonelada adicional de carbono en la atmósfera es bastante bajo con las concentraciones actuales; el coste no será realmente grande hasta que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, y eso no sucederá hasta finales de este siglo. Y sostienen que unos costes tan lejanos en el tiempo no deberían tener una gran influencia sobre la política actual. Señalan los tipos de rendimiento del mercado, que indican que los inversores dan poca importancia a los beneficios o pérdidas que experimentarán en un futuro lejano, y argumentan que las políticas oficiales, incluidas las políticas climáticas, deberían hacer lo mismo. Los defensores del big bang sostienen que el Gobierno debería tener mucha más perspectiva que los inversores privados. Stern, concretamente, defiende que los responsables políticos deberían dar la misma importancia al bienestar de las generaciones futuras que al de las actuales. Además, los defensores de la acción rápida sostienen que el daño debido a las emisiones podría ser mucho mayor de lo que indican los análisis de la política rampa, ya sea porque las temperaturas globales son más sensibles a las emisiones de efecto invernadero de lo que se creía, o porque el daño económico debido a una gran subida de las temperaturas es mucho mayor de lo que afirman los cálculos aproximados de los modelos rampa. Como economista profesional, este debate me resulta doloroso. Hay personas inteligentes y bienintencionadas en ambos lados -algunos de ellos, como suele ocurrir, viejos amigos y mentores míos-, y ambos lados se han apuntado algunos tantos importantes. Desgraciadamente, no podemos declarar un empate honorable, porque hay que tomar una decisión. Personalmente, me inclino por la opinión del big bang. El argumento moral de Stern a favor de amar a las generaciones no nacidas igual que nos amamos a nosotros mismos puede resultar demasiado fuerte, pero se puede argumentar convincentemente que la política pública debe tener una perspectiva mucho más amplia que la de los mercados privados. Y lo que es más importante, las recomendaciones de la política rampa se parecen demasiado a la realización de un experimento muy arriesgado con el planeta entero. La política preferida por Nordhaus, por ejemplo, estabilizaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que es aproximadamente el doble de la media preindustrial. Según su modelo, esto sólo tendría unas consecuencias moderadas para el bienestar mundial; ¿pero hasta qué punto podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta clase de cambios en el medio ambiente no conduciría a una catástrofe? No lo bastante seguros, diría yo, especialmente porque, como he señalado antes, los creadores de modelos climáticos han elevado radicalmente sus cifras aproximadas de calentamiento futuro en tan sólo los dos últimos años. Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya. LA ATMÓSFERA POLÍTICA Como he mencionado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley Waxman-Markey, una legislación bastante sólida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es tan radical como lo que proponen los defensores del big bang, pero sus medidas parecen más rápidas que las propuestas por la política rampa. Pero la votación de la ley Waxman-Markey que se celebró el pasado junio puso de manifiesto la clara división que existe en el Congreso. Tan sólo 8 republicanos votaron a favor, mientras que 44 demócratas votaron en contra. Y todo indica que no se aprobaría si tuviese que ser sometido a votación hoy. Las perspectivas en el Senado, donde hacen falta 60 votos para que se aprueben la mayoría de las leyes, son aún peores. Algunos senadores demócratas, representantes de Estados agrícolas y productores de energía, han hecho declaraciones en contra del sistema de tope y trueque (la agricultura estadounidense moderna es una gran consumidora de energía). En el pasado, algunos senadores republicanos han apoyado el tope y trueque. Pero con el partidismo en auge, la mayoría de ellos ha cambiado de tono. El cambio de actitud más sorprendente ha sido el de John McCain, que tuvo un papel protagonista en la promoción del tope y trueque y presentó un proyecto de ley similar al de Waxman-Markey en 2003. Hoy, McCain desprecia la idea en sí llamándola "tope e impuesto", para consternación de sus ex ayudantes. Ah, y un invierno muy nevado en la Costa Este de Estados Unidos les ha brindado a los escépticos del cambio climático una buena oportunidad, aun cuando a escala mundial éste ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado. Por tanto, las perspectivas inmediatas de las actuaciones climáticas no parecen prometedoras, a pesar del esfuerzo constante de tres senadores -Kerry, Lieberman y Graham- por presentar una propuesta negociada. (Tienen previsto presentar una ley a finales de este mes). Pero el problema no va a desaparecer. Es bastante probable que las temperaturas récord que el mundo situado fuera de Washington ha conocido en lo que llevamos de año continúen, lo que privaría a los escépticos de uno de sus principales argumentos. Y en un sentido más general, dados los vaivenes de la política estadounidense en los últimos años -desde 2005, la creencia generalizada ha pasado del dominio republicano permanente al dominio demócrata permanente y a Dios sabe qué-, tiene que haber una posibilidad real de que renazca el apoyo político a la actuación contra el cambio climático. Si lo hace, el análisis económico estará preparado. Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política. -

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