El País Domingo. WALTER OPPENHEIMER 02-10-2005
S es una chica británica de origen bangladeshí que tenía apenas 16 años cuando una tarde, al llegar a casa
después del colegio, se tomó una taza de té y cayó profundamente dormida. Cuando se despertó estaba en el aeropuerto, a punto de embarcar con toda la familia en un vuelo con destino a Bangladesh. Su caso ha sido elegido por el Gobierno de Tony Blair para lanzar el debate sobre los beneficios e inconvenientes de una ley que persiga los matrimonios forzosos.
A S le dijeron que se trataba de una emergencia, que su abuela materna estaba en el lecho de muerte, pero al llegar a Bangladesh la encerraron, la dejaron sin pasaporte y la empezaron a presionar física y psicológicamente para que comprendiera que sólo volvería al Reino Unido si se casaba con el hombre que sus padres habían elegido como marido para ella. S dijo que no, incluso durante el casamiento, pero no le sirvió de nada. Nadie le hizo caso.
S sabía desde hacía tres años que sus padres la obligarían a casarse en cuanto cumpliera 16 años: desde entonces ya no fue la misma chica motivada y con buenas notas que había sido hasta ese momento. Empezó a tener problemas de concentración, a hacer novillos, a aislarse de sus compañeros de clase. Sus profesores se extrañaron de ese súbito cambio y transmitieron su inquietud al abogado y a la enfermera de la escuela. Pero S insistió en que se trataba sólo de un choque generacional con su familia y les pidió que no dijeran nada a sus padres porque podría ser peor.
Cuando dejó de ir por la escuela, uno de los profesores contactó con la familia, pero le dijeron que habían estado en Bangladesh para atender a un familiar enfermo y que a S le había gustado mucho, que se había enamorado de alguien allí y que prefirió quedarse cuando la familia volvió al Reino Unido. Le dijeron que no les sorprendería que acabara casándose y que se quedara en Bangladesh por un tiempo.
Rapto, boda y consumación
Al profesor no le cuadró la explicación. Sospechó que quizá S podría estar allí contra su voluntad y contactó con la Unidad de Matrimonios Forzosos (FMU, en sus siglas en inglés) del Ministerio del Interior. Los funcionarios de la FMU localizaron a S en Bangladesh y lograron que los tribunales británicos emitieran un requerimiento para que se presentara en el Alto Comisionado Británico para entrevistarse con ella y ofrecerle asistencia en caso necesario.
S llegó sola a la entrevista. Explicó que se había casado y que había consumado el matrimonio. No parecía feliz, pero no dijo que hubiera sido forzada a casarse. La semana siguiente iba a volver al Reino Unido para tramitar los papeles de su marido. No necesitaba una repatriación de emergencia, explicó.
De vuelta en el Reino Unido, S se escapó de casa y telefoneó a la FMU. Entonces sí que se atrevió a contar que había sido raptada y obligada a casarse, pero que no sabía adónde acudir y tampoco quería causar problemas a su familia. Ahora se plantea divorciarse o, a ser posible, anular el matrimonio.
El de S es uno de los 1.000 casos de matrimonios forzosos que ha tenido que afrontar el Ministerio del Interior británico en los últimos cuatro años. La inmensa mayoría de los casos afectan a mujeres, a veces meras niñas de 13 años, pero los expertos creen que hasta en un 15% de los casos son hombres los que se ven forzados a casarse. El Gobierno acaba de abrir un gran debate nacional para decidir si hace falta una ley específica para combatir los matrimonios forzosos. Pero las opiniones están divididas porque hay tantos argumentos en contra como a favor. Ya hoy es ilegal forzar a una persona a casarse contra su voluntad, pero el problema es qué hacer para disuadir de esa práctica o para facilitar las cosas a las mujeres afectadas. Como muestra el caso de S, la falta de información y el deseo de no perjudicar a la propia familia empujan a muchas mujeres a aceptar la situación.
Quienes se oponen a crear una ley específica argumentan que las víctimas van a ser aún más reticentes a denunciar a sus propias familias si saben que éstas pueden ser procesadas. Temen también que las familias lleven a sus hijas o hijos al extranjero a una edad más temprana para luego casarlos. Advierten de que, si es difícil poner en marcha un procesamiento, la ley acabará siendo sorteada de manera impune y rutinaria. En el Reino Unido hay ya numerosas leyes a las que se puede apelar para combatir los matrimonios forzosos, dependiendo de cada caso en particular: desde el secuestro hasta la abducción infantil, falso encarcelamiento, asalto, amenazas de muerte, delitos de orden público, acoso, crueldad infantil, delitos de tipo sexual o chantaje.
Uno de los problemas más citados por quienes se oponen a una ley específica es el temor a que acabe impactando de manera desproporcionada en las minorías étnicas y al final se interprete como una medida creada contra esas comunidades, sobre todo originarias del sur de Asia. Las familias de origen paquistaní, indio y bangladeshí acaparan los casos, aunque la baronesa Scotland, viceministro del Home Office, ha advertido de que hay también casos de familias procedentes de Siria, Sri Lanka, Estados Unidos, Holanda, Somalia, Líbano, Hong Kong, Turquía y Bosnia.
"Es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia doméstica que no se puede justificar por razones religiosas o culturales", denuncia la baronesa.
después del colegio, se tomó una taza de té y cayó profundamente dormida. Cuando se despertó estaba en el aeropuerto, a punto de embarcar con toda la familia en un vuelo con destino a Bangladesh. Su caso ha sido elegido por el Gobierno de Tony Blair para lanzar el debate sobre los beneficios e inconvenientes de una ley que persiga los matrimonios forzosos.A S le dijeron que se trataba de una emergencia, que su abuela materna estaba en el lecho de muerte, pero al llegar a Bangladesh la encerraron, la dejaron sin pasaporte y la empezaron a presionar física y psicológicamente para que comprendiera que sólo volvería al Reino Unido si se casaba con el hombre que sus padres habían elegido como marido para ella. S dijo que no, incluso durante el casamiento, pero no le sirvió de nada. Nadie le hizo caso.
S sabía desde hacía tres años que sus padres la obligarían a casarse en cuanto cumpliera 16 años: desde entonces ya no fue la misma chica motivada y con buenas notas que había sido hasta ese momento. Empezó a tener problemas de concentración, a hacer novillos, a aislarse de sus compañeros de clase. Sus profesores se extrañaron de ese súbito cambio y transmitieron su inquietud al abogado y a la enfermera de la escuela. Pero S insistió en que se trataba sólo de un choque generacional con su familia y les pidió que no dijeran nada a sus padres porque podría ser peor.
Cuando dejó de ir por la escuela, uno de los profesores contactó con la familia, pero le dijeron que habían estado en Bangladesh para atender a un familiar enfermo y que a S le había gustado mucho, que se había enamorado de alguien allí y que prefirió quedarse cuando la familia volvió al Reino Unido. Le dijeron que no les sorprendería que acabara casándose y que se quedara en Bangladesh por un tiempo.
Rapto, boda y consumación
Al profesor no le cuadró la explicación. Sospechó que quizá S podría estar allí contra su voluntad y contactó con la Unidad de Matrimonios Forzosos (FMU, en sus siglas en inglés) del Ministerio del Interior. Los funcionarios de la FMU localizaron a S en Bangladesh y lograron que los tribunales británicos emitieran un requerimiento para que se presentara en el Alto Comisionado Británico para entrevistarse con ella y ofrecerle asistencia en caso necesario.
S llegó sola a la entrevista. Explicó que se había casado y que había consumado el matrimonio. No parecía feliz, pero no dijo que hubiera sido forzada a casarse. La semana siguiente iba a volver al Reino Unido para tramitar los papeles de su marido. No necesitaba una repatriación de emergencia, explicó.
De vuelta en el Reino Unido, S se escapó de casa y telefoneó a la FMU. Entonces sí que se atrevió a contar que había sido raptada y obligada a casarse, pero que no sabía adónde acudir y tampoco quería causar problemas a su familia. Ahora se plantea divorciarse o, a ser posible, anular el matrimonio.
El de S es uno de los 1.000 casos de matrimonios forzosos que ha tenido que afrontar el Ministerio del Interior británico en los últimos cuatro años. La inmensa mayoría de los casos afectan a mujeres, a veces meras niñas de 13 años, pero los expertos creen que hasta en un 15% de los casos son hombres los que se ven forzados a casarse. El Gobierno acaba de abrir un gran debate nacional para decidir si hace falta una ley específica para combatir los matrimonios forzosos. Pero las opiniones están divididas porque hay tantos argumentos en contra como a favor. Ya hoy es ilegal forzar a una persona a casarse contra su voluntad, pero el problema es qué hacer para disuadir de esa práctica o para facilitar las cosas a las mujeres afectadas. Como muestra el caso de S, la falta de información y el deseo de no perjudicar a la propia familia empujan a muchas mujeres a aceptar la situación.
Quienes se oponen a crear una ley específica argumentan que las víctimas van a ser aún más reticentes a denunciar a sus propias familias si saben que éstas pueden ser procesadas. Temen también que las familias lleven a sus hijas o hijos al extranjero a una edad más temprana para luego casarlos. Advierten de que, si es difícil poner en marcha un procesamiento, la ley acabará siendo sorteada de manera impune y rutinaria. En el Reino Unido hay ya numerosas leyes a las que se puede apelar para combatir los matrimonios forzosos, dependiendo de cada caso en particular: desde el secuestro hasta la abducción infantil, falso encarcelamiento, asalto, amenazas de muerte, delitos de orden público, acoso, crueldad infantil, delitos de tipo sexual o chantaje.
Uno de los problemas más citados por quienes se oponen a una ley específica es el temor a que acabe impactando de manera desproporcionada en las minorías étnicas y al final se interprete como una medida creada contra esas comunidades, sobre todo originarias del sur de Asia. Las familias de origen paquistaní, indio y bangladeshí acaparan los casos, aunque la baronesa Scotland, viceministro del Home Office, ha advertido de que hay también casos de familias procedentes de Siria, Sri Lanka, Estados Unidos, Holanda, Somalia, Líbano, Hong Kong, Turquía y Bosnia.
La frontera entre el matrimonio forzoso y los matrimonios convenidos es muy difusa. La ley no impide que los padres decidan con quién se han de casar sus hijos o hijas si éstos están de acuerdo, pero a veces los padres creen que éstos están de acuerdo cuando no es así. Los padres muchas veces no son conscientes de que pueden estar violando la ley al presionar a sus hijos e hijas. Sin embargo, el Gobierno británico no tiene ninguna intención de entrometerse en los matrimonios convenidos. "Cada cual tiene derecho a decidir si quiere elegir una pareja por sí mismo o si prefiere que sea la familia quien se ocupe de ello", ha dejado claro lord Triesman, viceministro del Foreign Office.
Quienes defienden la creación de una ley específica para perseguir los matrimonios forzosos argumentan que puede influir beneficiosamente en la opinión pública y hacer cambiar la percepción que se tiene del problema. Que puede tener un gran efecto disuasorio. Que otorgaría una nueva herramienta a los jóvenes para negociar con sus padres y en algunos casos a los padres que se enfrentan a la presión de los parientes. Que facilitaría el trabajo de los empleados públicos que se enfrentan a este problema. O que podría clarificar los pasos a seguir para emprender acciones legales contra los responsables.
Noruega, pionera
EL REINO UNIDO ha tomado en los años recientes diversas medidas para combatir el fenómeno de los matrimonios forzosos como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones elevadas en el año 2000 por un grupo de trabajo creado específicamente para estudiar este fenómeno.
Entre las medidas tomadas figura la de elevar desde los 16 hasta los 18 años la edad mínima para obtener permiso de entrada y residencia en el país cuando se solicite como cónyuge de un residente. En Pakistán, las solicitudes de residencia por matrimonio dependen de un funcionario específicamente encargado de estos casos y que está destinado de forma permanente en Islamabad. Entre sus funciones está la de asistir a las esposas que dudan o ayudar a aquellas que han sido abandonadas en Pakistán y tienen derecho a volver al Reino Unido.
El Gobierno de Tony Blair ha introducido también directrices para ayudar a la policía, los servicios sociales y los profesionales de la educación a abordar estos casos y prepara directrices también para los servicios sanitarios.
El pasado mes de enero se puso en marcha la Unidad de Matrimonios Forzosos, y se acaba de abrir el debate sobre si es necesario o no legislar específicamente contra esta práctica.
Hasta ahora tan sólo un país, Noruega, ha puesto en marcha una ley específicamente destinada a perseguir los matrimonios forzosos. No obstante, tan sólo ha habido un procesamiento por este motivo.
1 comentario:
Saludos desde los Estados Unidos!
Publicar un comentario