Después de dos años de reuniones y discrepancias, de pasos atrás y de anuncios a medias, el Gobierno ha concluido su Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Se trata de un documento de 45 páginas elaborado por los ministerios de Economía, Industria, Medio Ambiente, Agricultura, Presidencia, Fomento, Trabajo y Vivienda reunidos en el Grupo Interministerial de Cambio Climático. La estrategia, de medidas hasta 2012, incluye subir el precio de la luz para penalizar el derroche, prohibir en 2012 las calderas de carbón en las casas, limitar el consumo de los aires acondicionados, que todos los electrodomésticos tengan una certificación energética, rebajar los impuestos a los biocombustibles y subírselos a los coches muy potentes.El objetivo del plan es reducir el consumo de energía en España más de un 1% al año y sin que eso afecte al crecimiento económico ni el empleo. El Gobierno ha rechazado durante los primeros tres años de mandato aplicar las medidas más polémicas que ahora presenta. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está fechado el pasado miércoles, siete de febrero, y el Ministerio de Medio Ambiente lo presentará el martes a las comunidades autónomas, representadas en el Consejo Nacional del Clima.
"El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, representa uno de los principales retos ambientales con efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social". Esa es la primera frase del documento, que se centra en ahorrar combustibles fósiles -principalmente petróleo y carbón- para reducir la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 ya que "existe una estrecha relación entre las concentraciones atmosféricas de estos gases de efecto invernadero y los cambios en el sistema climático global", según la Estrategia. Por su situación, España es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Las medidas que planteará el Gobierno a las autonomías se centran en los llamados sectores difusos (construcción, transporte, gasto de los hogares), más que en las emisiones de las industrias. El plan del Gobierno es actuar sobre el comportamiento ciudadano en (consumo de electricidad y transporte) ya que prevé que sus emisiones crezcan un 65% entre 1990 y 2012 "mientras que para los sectores industriales y energéticos el incremento previsto es del 37%", mucho menor.
España emite actualmente un 52% más que en 1990 pese a que para cumplir el Protocolo de Kioto sólo puede emitir un 15% más. El Gobierno quiere reducir las emisiones para que el aumento respecto a 1990 sea del 37% y pagar el resto comprando cuotas de emisión a otros países, lo que costará más de 3.000 millones de euros. En todo el texto, el Gobierno no menciona ni una sola vez la energía nuclear.
"El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, representa uno de los principales retos ambientales con efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social". Esa es la primera frase del documento, que se centra en ahorrar combustibles fósiles -principalmente petróleo y carbón- para reducir la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 ya que "existe una estrecha relación entre las concentraciones atmosféricas de estos gases de efecto invernadero y los cambios en el sistema climático global", según la Estrategia. Por su situación, España es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Las medidas que planteará el Gobierno a las autonomías se centran en los llamados sectores difusos (construcción, transporte, gasto de los hogares), más que en las emisiones de las industrias. El plan del Gobierno es actuar sobre el comportamiento ciudadano en (consumo de electricidad y transporte) ya que prevé que sus emisiones crezcan un 65% entre 1990 y 2012 "mientras que para los sectores industriales y energéticos el incremento previsto es del 37%", mucho menor.
España emite actualmente un 52% más que en 1990 pese a que para cumplir el Protocolo de Kioto sólo puede emitir un 15% más. El Gobierno quiere reducir las emisiones para que el aumento respecto a 1990 sea del 37% y pagar el resto comprando cuotas de emisión a otros países, lo que costará más de 3.000 millones de euros. En todo el texto, el Gobierno no menciona ni una sola vez la energía nuclear.
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