Urnas y fiscalidad. La supresión del impuesto sobre el patrimonio no es mala decisión; pero hace falta más debate. EL PAÍS - Opinión - 09-12-2007
La precipitada competencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular por reducir o suprimir las figuras tributarias de imposición directa tiene un punto de peligro. Tras el anuncio de Rajoy de eximir del IRPF a los que ingresen menos de 16.000 euros, le ha tocado ahora al impuesto sobre el patrimonio, con cuya supresión se ha comprometido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al ritmo que llevan los líderes políticos en esta prematura campaña electoral, podemos llegar a marzo próximo con una significativa alteración del mapa tributario sin que se haya debatido a fondo la ocasión, la necesidad, las consecuencias, o simplemente, la voluntad de los ciudadanos de acometer dichos cambios. Así, la falta de debate diluye y devalúa algo que, en principio, resulta de una saludable higiene democrática: que los ciudadanos conozcan antes de las elecciones, y sancionen o no con su voto, lo que los partidos les ofrecen, también en materia fiscal.
Lo malo consiste en que estos anuncios se presentan, casi siempre, huérfanos de análisis previos y de valoraciones acerca de las consecuencias que ese adelgazamiento progresivo de la imposición directa puede tener sobre la financiación de las inversiones públicas de las que España sin duda precisa. En paralelo a ese adelgazamiento tributario se anuncian nuevos subsidios o cesiones no previstas de recursos a algunas comunidades autónomas, a cambio de apoyos parlamentarios que acentúan esa impresión de liquidación por rebajas del concepto de hacienda pública.
Entre las opciones de política económica que tienen los partidos que aspiran a gobernar, las que afectan a la modificación del sistema fiscal figuran entre las más relevantes y explicativas de su concepción del Estado. No sólo de las prioridades que tienen sobre el bienestar común, sino también de la función que ha de desempeñar la hacienda pública en la consecución de los objetivos de política económica y social. El cumplimiento ciudadano de las obligaciones tributarias forma parte de esa conciencia democrática básica propia de los Estados modernos, cuya fortaleza y capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades o la oferta de bienes y servicios públicos depende de aquellas contribuciones y de un manejo eficiente del gasto público.
La supresión del impuesto sobre el patrimonio no es una mala decisión de política fiscal en sí. Esa figura tributaria, además de redundante, sigue pesando esencialmente sobre las clases medias, no estimula el ahorro de las familias y España es de los pocos países desarrollados que la mantiene. Sin embargo, quizá habría sido mejor una eliminación gradual, después de un proceso evaluatorio y con las explicaciones pertinentes, en vez del súbito anuncio del jefe del Gobierno. Hacerlo bien habría reforzado esa necesaria pedagogía democrática que ha de mantenerse estrechamente vinculada al fortalecimiento de la conciencia tributaria.
La precipitada competencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular por reducir o suprimir las figuras tributarias de imposición directa tiene un punto de peligro. Tras el anuncio de Rajoy de eximir del IRPF a los que ingresen menos de 16.000 euros, le ha tocado ahora al impuesto sobre el patrimonio, con cuya supresión se ha comprometido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al ritmo que llevan los líderes políticos en esta prematura campaña electoral, podemos llegar a marzo próximo con una significativa alteración del mapa tributario sin que se haya debatido a fondo la ocasión, la necesidad, las consecuencias, o simplemente, la voluntad de los ciudadanos de acometer dichos cambios. Así, la falta de debate diluye y devalúa algo que, en principio, resulta de una saludable higiene democrática: que los ciudadanos conozcan antes de las elecciones, y sancionen o no con su voto, lo que los partidos les ofrecen, también en materia fiscal.
Lo malo consiste en que estos anuncios se presentan, casi siempre, huérfanos de análisis previos y de valoraciones acerca de las consecuencias que ese adelgazamiento progresivo de la imposición directa puede tener sobre la financiación de las inversiones públicas de las que España sin duda precisa. En paralelo a ese adelgazamiento tributario se anuncian nuevos subsidios o cesiones no previstas de recursos a algunas comunidades autónomas, a cambio de apoyos parlamentarios que acentúan esa impresión de liquidación por rebajas del concepto de hacienda pública.
Entre las opciones de política económica que tienen los partidos que aspiran a gobernar, las que afectan a la modificación del sistema fiscal figuran entre las más relevantes y explicativas de su concepción del Estado. No sólo de las prioridades que tienen sobre el bienestar común, sino también de la función que ha de desempeñar la hacienda pública en la consecución de los objetivos de política económica y social. El cumplimiento ciudadano de las obligaciones tributarias forma parte de esa conciencia democrática básica propia de los Estados modernos, cuya fortaleza y capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades o la oferta de bienes y servicios públicos depende de aquellas contribuciones y de un manejo eficiente del gasto público.
La supresión del impuesto sobre el patrimonio no es una mala decisión de política fiscal en sí. Esa figura tributaria, además de redundante, sigue pesando esencialmente sobre las clases medias, no estimula el ahorro de las familias y España es de los pocos países desarrollados que la mantiene. Sin embargo, quizá habría sido mejor una eliminación gradual, después de un proceso evaluatorio y con las explicaciones pertinentes, en vez del súbito anuncio del jefe del Gobierno. Hacerlo bien habría reforzado esa necesaria pedagogía democrática que ha de mantenerse estrechamente vinculada al fortalecimiento de la conciencia tributaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario