PP, CHA e IU justifican la indemnización a diputados y PSOE y PAR eluden opinar
Los partidos hasta ahora en la oposición creen de «justicia» que parlamentarios en paro reciban una percepción, pactada de forma unánime. Un ex diputado ya ha solicitado el pago, de 2.967 euros al mes, y varios más prevén hacerlo en breve.
.EFE / JAVIER CEBOLLADALos portavoces del PP, CHA e IU justificaron ayer la indemnización pactada en secreto para los diputados que se han quedado en el paro, mientras los del PSOE y del PAR eludieron valorar el acuerdo unánime alcanzado en la Mesa y la Junta de Portavoces saliente, celebrada el pasado 7 de junio. Los grupos que hasta ahora estaba en la oposición consideran que es de «justicia» que los parlamentarios que carezcan de trabajo tengan una percepción económica de la Cámara durante un periodo de tiempo, dado que son trabajadores sin derecho al paro.
Como informó ayer este diario, los miembros de la Mesa y los portavoces salientes pactaron una «indemnización por cesantía» para los diputados que acaben su mandato y carezcan de un empleo. El importe mensual corresponde a la asignación base que venían cobrando, 2.967 euros, que podrán cobrar tantos meses como años estuvieron como parlamentarios, hasta un máximo de 18 mensualidades. Este importe no cotiza a la Seguridad Social y se deberá incluir en la declaración de la renta. Alguno de los afectados aseguró que si hubiera podido cotizar al paro todos sus años como cargo público triplicaría la indemnización parlamentaria a la que tiene derecho.
Una decena de diputados podría acogerse a este nuevo derecho
En torno a una decena de diputados del PSOE, CHA y PAR podría acogerse a este nuevo derecho, aunque por el momento solo hay constancia oficial de que uno lo haya solicitado. Varios de los potenciales beneficiarios apuntaron ayer que están analizando la posibilidad de solicitarla y otros adelantaron que lo harán en los próximos días.
El nuevo portavoz parlamentario del PP, Antonio Torres, destacó que cualquier trabajador tiene derecho al paro, por lo que «no es descabellado» que un parlamentario disponga de una percepción similar. A su juicio, este acuerdo evitará que sus familias deban «cargar» con la transición de los políticos a su vida laboral, dado que parte de los afectados son autónomos y deberán adaptarse a su nuevo desempeño.
Antonio Torres destacó también que esta cuestión estaba pendiente de resolución en las Cortes de Aragón, como así lo han hecho con antelación «bastantes parlamentos autonómicos».
El estatuto del diputado, a debate
Asimismo, el portavoz del PP consideró «indiscutible» que a lo largo de esta legislatura se deberá afrontar la reforma del reglamento de las Cortes, tal y como ha planteado el nuevo presidente, José Ángel Biel, y del estatuto del diputado. Esta última cuestión se abrió en la pasada legislatura, pero se acabó aparcando y el debate se redujo a la citada indemnización por cesantía para los diputados que se queden en el paro. El acuerdo político se alcanzó a finales del año pasado por unanimidad, pero la Mesa y la Junta de Portavoces no lo hizo firme y no lo oficializó hasta el pasado día 7.
Su homóloga de CHA, Nieves Ibeas, reafirmó que es «de justicia» que un parlamentario tenga un derecho similar a cualquier trabajador. «Garantizar las condiciones laborales de un político parece un pecado, pero es de justicia tener derecho a una prestación por desempleo», dijo.
Ibeas sí cuestionó el hecho de que el ex presidente de las Cortes Francisco Pina no hiciera público el acuerdo unánime de los partidos. «¿Por qué no lo hizo? ¿Por impopular? Él sabrá, pero impopular es hasta que cobremos el sueldo», añadió.
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, estimó que la percepción es «necesaria» y recordó que en las negociaciones planteó sin éxito «regular claramente» un régimen de incompatibilidades y reducir a un mes las vacaciones parlamentarias. Además, subrayó que su partido defiende como una «reivindicación histórica» la homologación de los políticos al régimen general de la Seguridad Social, con lo que se resolvería el derecho al paro. No obstante, Barrena apuntó que esta última cuestión depende de Madrid.
Por su parte, los portavoces del PSOE y del PAR, Javier Sada y Alfredo Boné, eludieron pronunciarse sobre el pacto secreto alcanzado por sus antecesores en el cargo para indemnizar a diputados que se queden en el paro. Tampoco quisieron valorar dicho acuerdo el ex presidente de las Cortes que lo impulsó, el socialista, Francisco Pina, ni el que ha asumido las responsabilidades, el aragonesista José Ángel Biel. Eso sí, representantes de ambos partidos cuestionaron las formas del acuerdo y lo tildaron de «error».
Silencio de las máximas autoridades de las Cortes. Ni el presidente saliente de la Cámara, Francisco Pina, que impulsó el acuerdo de indemnización, ni su sucesor, José Ángel Biel, quisieron opinar. Mientras Pina no contestó a este diario, Biel declinó valorar. En la foto, ambos en el traspaso de poderes, la semana pasada.
Las Cortes pactan en secreto una indemnización para diputados en paro
Podrán cobrar el salario base, 2.967 euros, tantos meses como años hayan estado en el cargo, hasta un máximo de 16 Deberán apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y garantizar cada mes que no tienen más ingresos.
La Mesa y la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 7 aprobó la indemnización.OLIVER DUCHTodos los partidos de las Cortes de Aragón han pactado una indemnización para los diputadosque se han quedado en el paro tras las elecciones, pero esta decisión adoptada hace tan solo unos días, el pasado día 7, no la han hecho pública.
La denominada «indemnización por cesantía» supondrá cobrar mensualmente la asignación base, 2.965,97 euros, por cada año que ejercieron como parlamentario hasta un máximo de 16 mensualidades. Para poder acogerse, deberán apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y de bienes. Para tener todas las garantías, los beneficiarios cobrarán mes a mes con el objetivo de evitar dobles percepciones económicas y deberán presentar al final la declaración de la renta.
Fuentes oficiales de las Cortes se limitaron a asegurar que no se había cursado hasta el día de ayer ninguna solicitud, que los afectados deberán tramitar en un plazo de medio año. Según pudo contrastar este diario, hasta nueve políticos del PSOE, PAR y CHA podrían acogerse a la indemnización si así lo desean. Varios de ellos manifestaron ayer por la tarde que todavía no lo habían decidido y pidieron discreción al afectar a su vida privada.
Un acuerdo cerrado a finales del año pasado
Los portavoces cerraron el acuerdo a finales del año pasado, pero la decisión no la acordaron en firme hasta la Mesa y Junta de Portavoces salientes celebrada el 7 de junio, casi un mes después de las elecciones y cuando la inmensa mayoría de ellos era consciente de que no repetía ni en el cargo ni siquiera en la institución. De hecho, entre los que aprobaron la medida están dos potenciales beneficiarios, el ex presidente de las Cortes Francisco Pina (PSOE) y el ex portavoz parlamentario del PAR Javier Allué. Ambos están pendientes de que dejen el acta de diputado otros compañeros para repetir en la Cámara, en el caso de Francisco Pina, o que incluso puedan llamarles para formar parte del próximo Gobierno, lo que podría afectar al aragonesista Javier Allué.
Además, entre los posibles peticionarios están Ricardo Berdié (PSOE), Ana García Mainar (PSOE), Manuel Lana (PSOE), Pilar Palacín (PSOE), Antonio Piazuelo (PSOE), Ana de Salas (PAR) y Chesús Yuste (CHA). Ninguno del PP tendría necesidad de acogerse a la indemnización, ya que todos los diputados que se han quedado fuera de la Cámara volverán a sus puestos de trabajo en la Administración o tendrán acomodo en las instituciones al gobernar en las más importantes. En el caso de IU, su único diputado en la pasada legislatura, Adolfo Barrena, sigue otros cuatro años.
Ningún diputado de anteriores legislaturas podrá beneficiarse de la ayuda económica, ya que no tiene carácter retroactivo. También se ha limitado a la asignación base, después de que se llevara a la Mesa y Junta de Portavoces la percepción del sueldo íntegro.
Algunos de los miembros que cerraron el pacto en junio y distintos miembros de los actuales grupos políticos cuestionaron las formas, pero dejaron bien claro que cualquier trabajador de este país tiene derecho al paro y los diputados aragoneses no tienen por qué ser una excepción. De hecho, todos los partidos resaltaron que el acuerdo se adoptó por unanimidad y que la Cámara aragonesa sería casi una excepción en España. «Es de justicia que puedan tener una prestación de desempleo por un periodo de tiempo para que tengan un colchón para rehacer su vida laboral», señalaron varios parlamentarios.
Varios de ellos recordaron que una ley estatal regularizó la situación en el caso de los ayuntamientos, lo que permitirá que los ediles de Zaragoza que no han repetido en esta legislatura tengan directamente derecho a cobrar el paro. «Además, es un contrasentido que un asesor de la DGA sí pueda cobrar el paro y nosotros no tuviéramos derecho a nada hasta ahora», añadieron.
En el caso de las Cortes de Aragón, el coste de las indemnizaciones es asumido por la institución, que debería desembolsar casi 250.000 euros en el caso de que los nueve ex diputados afectados se acogieran y agotaran las mensualidades. Algunos de ellos no tienen claro qué van a hacer, y tienen opciones.
Es el caso de Antonio Piazuelo, que se jubila dentro de unos meses, o de Pilar Palacín, socia de una gestoría y que como alcaldesa de Fuentes de Ebro podría tener incluso sueldo si lo aprobara el pleno. Otros, como Ricardo Berdié, no pueden volver al puesto de trabajo anterior al desempeño de la política porque literalmente no lo tienen: era profesor de un colegio privado de Zaragoza que cerró sus puertas.
Los diputados se ponen un paro de casi 3.000 euros de tapadillo
El acuerdo fue pactado en secreto hace casi un mes.
comentarios (57)29/06/2011 EL PERIÓDICO
Los partidos pactaron un paro, bajo el epígrafe deindemnización por cesantía, que reportará a los diputados que lo soliciten cerca de 3.000 euros brutos por cada año que estuvieron en el Parlamento, con un máximo de 16 mensualidades, tal como adelantó ayer Heraldo. Para poder acogerse a estas favorables condiciones, deben apuntarse primero en el Inaem, acreditar su baja en la Seguridad Social y presentar su declaración de la renta y de bienes. Posteriormente podrán solicitar la indemnización a las Cortes, donde, de momento, no se ha recibido ninguna petición. Otros parlamentos autonómicos --ocho-- tiene ya pactados acuerdos semejantes.
La indemnización se pactó en pleno debate sobre la austeridad de las administraciones públicas y cuando miles de personas reclamaban en la calle otra forma de hacer política. Al parecer el acuerdo para activar esta indemnización se había producido hace ya algunos meses, pero no se cerró hasta la última reunión de la Mesa y las Junta de portavoces salientes.
La cuestión fue largamente debatida entre los portavoces, que fueron los que finalmente adoptaron la decisión. Algunos partidos tenían dudas, pero las presiones internas de los diputados que se habían quedado fuera de la Cámara terminaron por decantar la decisión en favor de la aprobación de una indemnización que está muy por encima de la que perciben la inmensa mayoría de la población que se encuentra en estos momentos en el paro.
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