Las clínicas que realizan abortos en Aragón deciden dejar de prestar gratuitamente la prestación pública por los impagos del gobierno de Rudi y el recorte presupuestario para financiar el servicio MARIOLA LOURIDO 30-04-2012
Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en la comunidad de Aragón tendrán que pagar de su bolsillo el coste del aborto, unos 600 euros, y después reclamarlo a la administración. Las dos única clínicas acreditadas para realizar esta prestación se ven obligadas a suspender la prestación pública del aborto por los impagos de 800.000 euros del gobierno autonómico y la falta de presupuesto para garantizarla.
Las dos clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo que existen en Aragón, Actur y Almozara, han decidido suspender su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejar de realizar la prestación pública del aborto en esta comunidad. La razón: la falta de compromiso del gobierno de Luisa Fernanda Rudi para pagarles la deuda de 800.000 euros que acumula desde hace meses y la confirmación de que en las cuentas de2012 la administración aragonesa no ha presupuestado ninguna partida para hacer frente a ese impago y por lo tanto seguir financiando el aborto.
Los responsables de las clínicas denuncian que, tras meses de negociación, el gobierno aragonés no les ha ofrecido una salida viable. "No ha sido capaz en un año y nueve meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en esa región". Las clínicas aclaran que "resulta insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados al cierre inevitable".
Actur y Almozara informan a las mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo de que deberán abonar el precio de la prestación a partir del 3 de mayo. Solo seguirán realizando de forma gratuita los abortos de malformaciones y patologías fetales graves.
La presidenta del Gobierno aragonés descarta reducir el presupuesto en Sanidad o Educación
FADSP denuncia que algunas CCAA excluyen el aborto de sus prestaciones mediante el impago sistemático .
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado una "actitud ideológica" de algunas comunidades autónomas de no financiar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y excluirlo "en la práctica de las prestaciones sanitarias financiadas, mediante el impago sistemático de los mismos a las clínicas concertadas", tras el anuncio de éstas este lunes de no seguir realizando estas intervenciones para la sanidad pública aragonesa. En este sentido, la federación señala que esta circunstancia "ya ha sucedido, que se sepa, en Castilla-La Mancha y Baleares", y advierte de que "se esta agravando con la excusa de la crisis y los recortes". A su juicio, esta medida además va a suponer "una importante barrera económica" para el acceso al IVE para las mujeres de menor nivel económico, lo que supone una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La federación considera que esta situación es "inaceptable" y defiende la necesidad de la cobertura de las IVE desde el sector público.
Las clínicas de Aragón dejan de realizar abortos para la sanidad pública al acumularse deudas de 800.000 euros.
Las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo han anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejan de realizar esta prestación para la sanidad pública en esa comunidad autónoma al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros, sin que su Administración haya ofrecido "una salida viable" a los centros ni haya presupuestado ninguna partida en sus cuentas para 2012 para hacer frente a esa deuda.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que, "en estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país".
Los centros abordaron esta cuestión con el Ministerio de Sanidad en una reunión que mantuvieron la semana pasada con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos que, según las clínicas, no quiso abordar la cuestión al considerar que "no era el momento" ya que, según sus palabras, estaba funcionando con normalidad.
Al término de esa reunión, las ACAI señalaron también que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos ya que tiene previsto analizar cómo se está aplicando la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiándolas económicamente
Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de esta ley y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados para la IVE han pasado a ser "de hecho" centros "públicos" a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. Sin embargo, las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están "asfixiándolas económicamente". En el caso concreto de Aragón, señalan que la deuda de asciende a más de 800.000 euros "que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012". Ante esta situación, ACAI asegura que los centros de Aragón "han intentado han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés". Por ello y el pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración. Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, explica ACAI, "y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales". Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en situación, las clínicas consideran "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo". Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa. No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, "si esté lo acepta", todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal. La Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón expresa su intención de "llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros" y recuerda a la Administración Aragonesa su obligación de facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.
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FADSP denuncia que algunas CCAA excluyen el aborto de sus prestaciones mediante el impago sistemático .
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado una "actitud ideológica" de algunas comunidades autónomas de no financiar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y excluirlo "en la práctica de las prestaciones sanitarias financiadas, mediante el impago sistemático de los mismos a las clínicas concertadas", tras el anuncio de éstas este lunes de no seguir realizando estas intervenciones para la sanidad pública aragonesa. En este sentido, la federación señala que esta circunstancia "ya ha sucedido, que se sepa, en Castilla-La Mancha y Baleares", y advierte de que "se esta agravando con la excusa de la crisis y los recortes". A su juicio, esta medida además va a suponer "una importante barrera económica" para el acceso al IVE para las mujeres de menor nivel económico, lo que supone una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La federación considera que esta situación es "inaceptable" y defiende la necesidad de la cobertura de las IVE desde el sector público.
Las clínicas de Aragón dejan de realizar abortos para la sanidad pública al acumularse deudas de 800.000 euros.
Las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiándolas económicamente
Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de esta ley y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados para la IVE han pasado a ser "de hecho" centros "públicos" a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. Sin embargo, las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están "asfixiándolas económicamente". En el caso concreto de Aragón, señalan que la deuda de asciende a más de 800.000 euros "que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012". Ante esta situación, ACAI asegura que los centros de Aragón "han intentado han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés". Por ello y el pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración. Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, explica ACAI, "y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales". Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en situación, las clínicas consideran "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo". Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa. No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, "si esté lo acepta", todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal. La Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón expresa su intención de "llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros" y recuerda a la Administración Aragonesa su obligación de facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.
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