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miércoles, marzo 16, 2011
lunes, marzo 14, 2011
El Justicia reprende al Gobierno aragonés por su pasividad con la cueva de Chaves
El Justicia reprende al Gobierno aragonés por su pasividad con la cueva de Chaves ISABEL ARA. HUESCA 19/12/2010 a las 21:54
Cultura ha remitido al juzgado una reconstrucción virtual del valioso yacimiento destruido.
El Justicia de Aragón ha criticado la gestión del Gobierno de Aragón con los diversos problemas surgidos los últimos años en torno al coto de Bastarás (Casbas de Huesca), que incluye la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico más importante de Aragón y uno de los mejor conservados de España, que fue arrasado en 2009 para convertirlo en refugio de ganado. Ante esta situación, Fernando García Vicente pide a los departamentos de Medio Ambiente y Cultura que actúen “con diligencia y eficacia” para “defender los intereses públicos afectados” y preservar el patrimonio “contra posibles agresiones”.
El Justicia analiza en este expediente dos problemas. Por un lado, la “irregular situación, desde hace mucho tiempo”, del vallado cinegético de esta finca de la empresa Fimbas S. A., situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, puesto que impide el paso de un camino real y ocupa terrenos de monte público. A este respecto, García Vicente recuerda que ya en 2007 envió una sugerencia a Medio Ambiente para que actuara “de forma que los montes y el dominio público viario puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se cumplan las normas ambientales” que rigen los cotos, pero “no fue contestada, a pesar de recordarse en dos ocasiones esta obligación legal”.
Tras la destrucción del yacimiento, el Defensor del Pueblo aragonés recibió en 2009 una nueva queja ciudadana que urgía regularizar la situación de este espacio, por lo que se dirigió a Medio Ambiente y a Cultura.
En cuanto a la retirada de la valla -que inició por fin subsidiariamente la empresa pública Sodemasa hace unos meses, ante la negativa de la propiedad-, el Justicia explica que la consejería, “igual que hizo en el anterior expediente, remite su resolución a la competencia municipal”. Para García Vicente, esta respuesta solo “desvía la solución del problema, pues si una Administración dotada de medios suficientes no ha conseguido a lo largo de los años que se ejecutasen sus órdenes (...), es ilusorio pensar que un pequeño Ayuntamiento (el de Cabas), o incluso los ciudadanos particulares, puedan por sí mismos ejercer una iniciativa de gran calibre”.
Impacto de las pistas abiertas
Además, se advierte de que “para la retirada de la valla se están abriendo nuevas pistas forestales con un importante impacto”, por lo que pide que se prevean “medidas de restauración para las afecciones que sean inevitables”.
El expediente también aborda la protección de que gozaban la cueva de Chaves y la de Solencio, que según los investigadores no solo posee interés geológico sino también arqueológico, y cuyo alcance cuestiona el Justicia, por lo que pide para todo el entorno “una mayor protección cultural”.
Por otra parte, el Departamento de Cultura informó de que se ha realizado un informe “exhaustivo” de la destrucción del yacimiento elaborando para ello “una reconstrucción virtual de los niveles originales y una estimación del número de objetos o fragmentos que podrían encontrarse en cada una de las capas”. Esta información fue enviada al Juzgado nº 3 de Huesca, que tramita la denuncia presentada por Patrimonio ante la Fiscalía a raíz de los destrozos en este enclave.
Respecto a la situación actual del caso, fuentes judiciales explicaron que todavía están pendientes de varias diligencias y valoraciones que se han solicitado
Cultura ha remitido al juzgado una reconstrucción virtual del valioso yacimiento destruido.
El Justicia de Aragón ha criticado la gestión del Gobierno de Aragón con los diversos problemas surgidos los últimos años en torno al coto de Bastarás (Casbas de Huesca), que incluye la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico más importante de Aragón y uno de los mejor conservados de España, que fue arrasado en 2009 para convertirlo en refugio de ganado. Ante esta situación, Fernando García Vicente pide a los departamentos de Medio Ambiente y Cultura que actúen “con diligencia y eficacia” para “defender los intereses públicos afectados” y preservar el patrimonio “contra posibles agresiones”.
El Justicia analiza en este expediente dos problemas. Por un lado, la “irregular situación, desde hace mucho tiempo”, del vallado cinegético de esta finca de la empresa Fimbas S. A., situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, puesto que impide el paso de un camino real y ocupa terrenos de monte público. A este respecto, García Vicente recuerda que ya en 2007 envió una sugerencia a Medio Ambiente para que actuara “de forma que los montes y el dominio público viario puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se cumplan las normas ambientales” que rigen los cotos, pero “no fue contestada, a pesar de recordarse en dos ocasiones esta obligación legal”.
Tras la destrucción del yacimiento, el Defensor del Pueblo aragonés recibió en 2009 una nueva queja ciudadana que urgía regularizar la situación de este espacio, por lo que se dirigió a Medio Ambiente y a Cultura.
En cuanto a la retirada de la valla -que inició por fin subsidiariamente la empresa pública Sodemasa hace unos meses, ante la negativa de la propiedad-, el Justicia explica que la consejería, “igual que hizo en el anterior expediente, remite su resolución a la competencia municipal”. Para García Vicente, esta respuesta solo “desvía la solución del problema, pues si una Administración dotada de medios suficientes no ha conseguido a lo largo de los años que se ejecutasen sus órdenes (...), es ilusorio pensar que un pequeño Ayuntamiento (el de Cabas), o incluso los ciudadanos particulares, puedan por sí mismos ejercer una iniciativa de gran calibre”.
Impacto de las pistas abiertas
Además, se advierte de que “para la retirada de la valla se están abriendo nuevas pistas forestales con un importante impacto”, por lo que pide que se prevean “medidas de restauración para las afecciones que sean inevitables”.
El expediente también aborda la protección de que gozaban la cueva de Chaves y la de Solencio, que según los investigadores no solo posee interés geológico sino también arqueológico, y cuyo alcance cuestiona el Justicia, por lo que pide para todo el entorno “una mayor protección cultural”.
Por otra parte, el Departamento de Cultura informó de que se ha realizado un informe “exhaustivo” de la destrucción del yacimiento elaborando para ello “una reconstrucción virtual de los niveles originales y una estimación del número de objetos o fragmentos que podrían encontrarse en cada una de las capas”. Esta información fue enviada al Juzgado nº 3 de Huesca, que tramita la denuncia presentada por Patrimonio ante la Fiscalía a raíz de los destrozos en este enclave.
Respecto a la situación actual del caso, fuentes judiciales explicaron que todavía están pendientes de varias diligencias y valoraciones que se han solicitado
Ecologistas en Acción pide la expropiación de la Cueva de Chaves con el apoyo de 6.000 firmas
Ecologistas en Acción pide la expropiación de la Cueva de Chaves. D.A. 04/03/2011 foto: Entrega de las firmas, ayer en el registro de la Delegación de la DGA en Huesca. RS.E.
La asociación entrega 6.000 firmas con las que solicita al Gobierno de Aragón actuaciones en el coto de Bastarás
HUESCA.- Ecologistas en Acción entregó ayer en el registro de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca 6.000 firmas que ha recogido para demandar a la administración una serie de medidas al cumplirse dos años desde que se conociera la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, en la finca de Bastarás. En concreto, los ecologistas piden al Gobierno de Aragón que inicie un "proceso de expropiación" de la Cueva de Chaves, de los abrigos de pinturas rupestres y de los puntos de Interés Geológico que se encuentran en la finca, y que se garantice el libre acceso a los mismos. Asimismo, demanda que el Ejecutivo autonómico concluya la retirada de toda la valla (21 kilómetros) que rodea el coto de caza de Fimbas S.A.; la "recuperación inmed
iata" de todos los espacios públicos usurpados (dominio público hidráulico, monte de utilidad pública, camino real…) para el uso y disfrute de todos los ciudadanos"; y que se proceda a la regeneración de los espacios degradados "por las obras ilegales efectuadas en la finca, a costa de la empresa responsable".
Además de las firmas, dirigida al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se entregó una cizalla "simbólica" de más de dos metros de longitud para que ayude a Iglesias "en el cumplimiento de nuestras demandas, especialmente el corte del vallado por los sitios donde corta el acceso a espacios públicos o Bienes de Interés Cultural, geológico y medioambiental".
Ecologistas en Acción considera que la retirada de la valla "es un paso adelante", pero "muy pequeño para acabar con las irregularidades, recuperar las zonas degradadas y el pago de los años medioambientales y culturales".
* 6.000 firmas solicitan la expropiación de la cueva de Chaves
La asociación entrega 6.000 firmas con las que solicita al Gobierno de Aragón actuaciones en el coto de Bastarás
HUESCA.- Ecologistas en Acción entregó ayer en el registro de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca 6.000 firmas que ha recogido para demandar a la administración una serie de medidas al cumplirse dos años desde que se conociera la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, en la finca de Bastarás. En concreto, los ecologistas piden al Gobierno de Aragón que inicie un "proceso de expropiación" de la Cueva de Chaves, de los abrigos de pinturas rupestres y de los puntos de Interés Geológico que se encuentran en la finca, y que se garantice el libre acceso a los mismos. Asimismo, demanda que el Ejecutivo autonómico concluya la retirada de toda la valla (21 kilómetros) que rodea el coto de caza de Fimbas S.A.; la "recuperación inmed
iata" de todos los espacios públicos usurpados (dominio público hidráulico, monte de utilidad pública, camino real…) para el uso y disfrute de todos los ciudadanos"; y que se proceda a la regeneración de los espacios degradados "por las obras ilegales efectuadas en la finca, a costa de la empresa responsable".Además de las firmas, dirigida al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se entregó una cizalla "simbólica" de más de dos metros de longitud para que ayude a Iglesias "en el cumplimiento de nuestras demandas, especialmente el corte del vallado por los sitios donde corta el acceso a espacios públicos o Bienes de Interés Cultural, geológico y medioambiental".
Ecologistas en Acción considera que la retirada de la valla "es un paso adelante", pero "muy pequeño para acabar con las irregularidades, recuperar las zonas degradadas y el pago de los años medioambientales y culturales".
* 6.000 firmas solicitan la expropiación de la cueva de Chaves
Diego Cañamero se encuentra en situación de "búsqueda y captura" por no haberse presentado el 18 de febrero a un juicio por los piquetes informativos
Diego Cañamero en busca y captura. Desde este sábado Diego Cañamero se encuentra en situación de "búsqueda y captura" por no haberse presentado el 18 de febrero a un juicio por los piquetes informativos de la huelga general del 29-S.
Kaos. Andalucía Andalucía proletaria 6-3-2011
Desde este sábado Diego Cañamero se encuentra en situación de "búsqueda y captura" por no haberse presentado el 18 de febrero a un juicio por los piquetes informativos de la huelga general del 29-S. En este artículo, una integrante del Sindicato Andaluz de los Trabajadores explica los motivos que han llevado a esta organización a plantear la ’insumisión judicial’.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), heredero de la tradición de lucha del Sindicato de Obreros del Campo, sufre hoy una fuerte represión en su labor sindical como arrojan estas cifras a modo de ejemplo: 400.000 euros en multas, fianzas y sanciones; 350 militantes obreros procesados o multados y peticiones de cárcel que ascienden a 41 años y 9 meses.
Sabemos que este aumento de la represión por parte de los poderes públicos a través de la sanción penal, no es exclusiva contra el SAT sino que responde a una estrategia de aplicación del derecho excepcional a los colectivos disidentes con el orden socioeconómico.
El poder ejerce siempre la represión contra comportamientos que se consideran peligrosos para el orden social vigente con diferentes herramientas: sistemas familiares, educativos, laborales, culturales, religiosos. Cuando estos mecanismos fallan y el sujeto "rebelde" sigue considerándose un peligro para el orden social se aplica el ius puniendi, el derecho penal sancionador, con el fin de disuadir al sujeto en su conducta y castigarle en pos de defender la pacífica convivencia ciudadana y las libertades civiles.
Pero, ¿quiénes son estos enemigos del orden social? Históricamente siempre han existidos enemigos del orden imperante, que han recibido un trato excepcional por parte del derecho penal basado en su peligrosidad. En el Estado español: moriscos, judíos, gitanos o anarquistas. En la actualidad, estos enemigos del Estado son principalmente las personas inmigrantes y el terrorismo. Este último concepto, según la interpretación extensiva del poder, engloba la disidencia política y cualquier forma de contestación al sistema socioeconómico. Esta excepcionalidad en la aplicación del derecho penal se traduce en la suspensión de garantías procesales y desproporción en la aplicación de las penas.
La represión contra la labor sindical del SAT cumple los rasgos característicos de la teoría del Derecho Penal del Enemigo: adelantamiento de la punibilidad, penas desproporcionadas respecto del Derecho Penal normal, relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales...
Adelantamiento de la punibilidad: como más reciente ejemplo de esta práctica podríamos citar la prohibición de llevar a acabo las concentraciones y manifestaciones convocadas por el SAT en Sevilla el 27 de enero en protesta por la aprobación de reforma del sistema de pensiones.
Penas desproporcionadas respecto del Derecho Penal normal: Es común para el SAT que acciones de protesta como ocupación de fincas o concentraciones en la vía pública se salden con peticiones de prisión por parte de los tribunales aunque en el desarrollo de estas acciones no se hayan producido daños ni contra las personas ni contra los bienes. La pena de privación de libertad, máxima pena en el ordenamiento jurídico, sigue siendo la respuesta del poder judicial.
Relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales: Ejemplo de ello son las detenciones mediáticas de imputados en sus domicilios y lugar de trabajo, en lugar de ser citados a declarar ante los tribunales por las formas de citación establecidas habituales. O las detenciones llevadas a cabo con violencia y desproporción.
Toda este hostigamiento y maltrato policial y judicial contra las protestas no violentas contra el paro y la miseria en Andalucía sucede mientras se viola diariamente el derecho al trabajo de más de un millón de personas y el derecho a unas condiciones laborales y de vida dignas de muchos millones más.
Como respuesta a estos montajes policiales y judiciales, el hostigamiento y la represión el Comité Nacional del SAT ha decidido iniciar una campaña pacífica de desobediencia civil que consistirá en no acudir a más juicios farsa mientras no cese la persecución contra el sindicato. Conscientes del precio a pagar por esta desobediencia, y la privación de libertad que puede suponer para muchos militantes, están dispuestos a llevar a cabo esta insumisión. Su fin es visibilizar esta maquinaria represiva del Estado que castiga a quienes no se doblegan ante el miedo que intentan imponer y que siguen luchando por un mundo incluyente y más justo donde la vida digna de todos y todas sea posible.
Fuente. Por Pastori Filigrana, militante del SAT.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), heredero de la tradición de lucha del Sindicato de Obreros del Campo, sufre hoy una fuerte represión en su labor sindical como arrojan estas cifras a modo de ejemplo: 400.000 euros en multas, fianzas y sanciones; 350 militantes obreros procesados o multados y peticiones de cárcel que ascienden a 41 años y 9 meses.
Sabemos que este aumento de la represión por parte de los poderes públicos a través de la sanción penal, no es exclusiva contra el SAT sino que responde a una estrategia de aplicación del derecho excepcional a los colectivos disidentes con el orden socioeconómico.
El poder ejerce siempre la represión contra comportamientos que se consideran peligrosos para el orden social vigente con diferentes herramientas: sistemas familiares, educativos, laborales, culturales, religiosos. Cuando estos mecanismos fallan y el sujeto "rebelde" sigue considerándose un peligro para el orden social se aplica el ius puniendi, el derecho penal sancionador, con el fin de disuadir al sujeto en su conducta y castigarle en pos de defender la pacífica convivencia ciudadana y las libertades civiles.
Pero, ¿quiénes son estos enemigos del orden social? Históricamente siempre han existidos enemigos del orden imperante, que han recibido un trato excepcional por parte del derecho penal basado en su peligrosidad. En el Estado español: moriscos, judíos, gitanos o anarquistas. En la actualidad, estos enemigos del Estado son principalmente las personas inmigrantes y el terrorismo. Este último concepto, según la interpretación extensiva del poder, engloba la disidencia política y cualquier forma de contestación al sistema socioeconómico. Esta excepcionalidad en la aplicación del derecho penal se traduce en la suspensión de garantías procesales y desproporción en la aplicación de las penas.
La represión contra la labor sindical del SAT cumple los rasgos característicos de la teoría del Derecho Penal del Enemigo: adelantamiento de la punibilidad, penas desproporcionadas respecto del Derecho Penal normal, relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales...
Adelantamiento de la punibilidad: como más reciente ejemplo de esta práctica podríamos citar la prohibición de llevar a acabo las concentraciones y manifestaciones convocadas por el SAT en Sevilla el 27 de enero en protesta por la aprobación de reforma del sistema de pensiones.
Penas desproporcionadas respecto del Derecho Penal normal: Es común para el SAT que acciones de protesta como ocupación de fincas o concentraciones en la vía pública se salden con peticiones de prisión por parte de los tribunales aunque en el desarrollo de estas acciones no se hayan producido daños ni contra las personas ni contra los bienes. La pena de privación de libertad, máxima pena en el ordenamiento jurídico, sigue siendo la respuesta del poder judicial.
Relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales: Ejemplo de ello son las detenciones mediáticas de imputados en sus domicilios y lugar de trabajo, en lugar de ser citados a declarar ante los tribunales por las formas de citación establecidas habituales. O las detenciones llevadas a cabo con violencia y desproporción.
Toda este hostigamiento y maltrato policial y judicial contra las protestas no violentas contra el paro y la miseria en Andalucía sucede mientras se viola diariamente el derecho al trabajo de más de un millón de personas y el derecho a unas condiciones laborales y de vida dignas de muchos millones más.
Como respuesta a estos montajes policiales y judiciales, el hostigamiento y la represión el Comité Nacional del SAT ha decidido iniciar una campaña pacífica de desobediencia civil que consistirá en no acudir a más juicios farsa mientras no cese la persecución contra el sindicato. Conscientes del precio a pagar por esta desobediencia, y la privación de libertad que puede suponer para muchos militantes, están dispuestos a llevar a cabo esta insumisión. Su fin es visibilizar esta maquinaria represiva del Estado que castiga a quienes no se doblegan ante el miedo que intentan imponer y que siguen luchando por un mundo incluyente y más justo donde la vida digna de todos y todas sea posible.
Fuente. Por Pastori Filigrana, militante del SAT.
Sangría de fieles en la Iglesia tras el escándalo de los abusos en Europa. Más de 100.000 católicos apostatan en Austria y Alemania en 2010
Sangría de fieles en la Iglesia tras el escándalo de los abusos en Europa. Más de 100.000 católicos apostatan en Austria y Alemania en 2010. G. TORRIJOS / L. LUCCHINI - Viena / Berlín
EL PAÍS - Sociedad - 14-03-2011
La Iglesia católica en Centroeuropa ha visto dispararse las deserciones de fieles tras el escándalo desatado por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Las apostasías en 2010 son muchas más que un año antes en Austria y Alemania. Una sangría que afecta al bolsillo de la Iglesia porque en ambos países cada católico paga un impuesto directo para financiar la institución eclesiástica.
En España no hay un censo de católicos (el 74% declara serlo según el CIS), ni siquiera de bautizados. Si la "x" del IRPF sirve de pista, el escándalo no ha afectado a la Iglesia porque los que la marcaron en la declaración de junio pasado fueron 7,2 millones, 66.000 más que un año antes.
El catedrático de Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca Juan González-Anleo explica por correo electrónico que las bajas austriacas y alemanas son "probablemente deserciones de carácter últimamente económico, embellecidas con el solemne título de apostasías". Añade: "Las habrá sinceras, desde luego".
En Austria la cifra de deserciones es histórica: 87.393 católicos se dieron de baja en 2010 (un 64% más que en 2009), según informó la Conferencia Episcopal austriaca. Es un récord. "No habíamos tenido un número tan alto de apostasía desde 1945, en el nacionalsocialismo", declaró el arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schönborn. La Iglesia admite que el motivo principal es el conocimiento público de numerosos delitos de pederastia cometidos durante décadas por religiosos y profesores de sus instituciones.
La Iglesia en Alemania -que pagará 5.000 euros a cada víctima de abusos (se estiman un millar)- aún no ha difundido las cifras oficiales, lo hará en junio. Pero un sondeo realizado por el diario Frankfurter Rundschau señala que en los obispados afectados por los escándalos, que estallaron hace un año, se han disparado las bajas en la tributación voluntaria a la Iglesia. González-Anleo recuerda que "en el período nazi apostataron más de dos millones de católicos [alemanes]. Desde 1990, 1,78 millones de católicos han seguido ese camino". Para el profesor, el escándalo por los abusos sexuales "es un estímulo y acelerador de las decisiones de apostasía. Existen sin duda otros motivos", añade. Opina que "en España no hay ni de lejos tantos casos de pederastia clerical ni, aún menos, de apostasía masiva", informa Naiara Galarraga.
En Irlanda, la publicación de dos informes oficiales sobre el abuso sistemático de niños por parte de sacerdotes y monjas, y sobre su encubrimiento por parte de la jerarquía católica ha generado un intenso debate social. Pero no se ha traducido en un número significativo de defecciones de la Iglesia: 312 devotos hasta octubre de 2010 (229 fieles tramitaron una Declaración de Defección en 2009), según datos de la Archidiócesis de Dublín.
La ONG CountMeOut, que asesora a católicos que quieren apostatar, asegura que 12.000 personas han revelado su intención de hacerlo, una cifra pírrica frente a los 3,5 millones de católicos irlandeses, informa Patricia Tubella.
Unos 5,45 millones de los 8,4 millones de austriacos (el 65%, la proporción más baja de la historia) estaban registrados como católicos a 31 de diciembre de 2010. Los austriacos pueden pedir la baja por carta o por correo electrónico ante instituciones civiles. Tiene efecto inmediato. Los apostatas se libran de la obligación de pagar su contribución a la Iglesia.
Menos fieles, menos ingresos. La Iglesia en Austria dejó de percibir 5,7 millones de euros en 2010, calculan expertos. La aportación obligatoria es de hasta el 1,1% de los ingresos brutos anuales imponibles, hasta un máximo de 200 euros.El cardenal Schönborn cree que el récord alcanzado "tiene, en gran parte, un origen más profundo" que la pederastia y que las apostasías son "un signo de nueva libertad" y una evolución: de ser "católico por tradición a serlo por decisión".
Cada contribuyente decide en Alemania si destina un dinero a un grupo religioso. Basta mandar una carta a la Agencia de Impuestos para dejar de pagarlo. Allí, las bajas de algunos obispados ilustran la situación. En Augsburgo, 11.351 personas abandonaron en 2010 (el año anterior, 6.953); en la de Rottenburg-Stuttgart, se fueron 17.169 fieles (unos 10.000 en 2009). "Cada una de las bajas nos duele y es una de más", afirmó el obispo Friedhelm Hofmann. "Espero que algunos vuelvan una vez superada la rabia por estos hechos".
"La tendencia en las dos principales Iglesias alemanas [la católica y la evangélica] después de la Segunda Guerra Mundial es la de perder adhesiones", explica Christian Weisner, del grupo católico de base Wir sind Kirche, (en España, Somos Iglesia). Weisner asegura que las razones de esta situación van más allá del escándalo de abusos. "Falta transparencia y dialogo, la gente ya no se siente parte de la iglesia".
"No sabemos los motivos de cada persona que abandona la Iglesia", dice Nina Schmedding, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK), quien admite que "hay personas se fueron como consecuencia del escándalo de abusos sexuales".
EL PAÍS - Sociedad - 14-03-2011
La Iglesia católica en Centroeuropa ha visto dispararse las deserciones de fieles tras el escándalo desatado por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Las apostasías en 2010 son muchas más que un año antes en Austria y Alemania. Una sangría que afecta al bolsillo de la Iglesia porque en ambos países cada católico paga un impuesto directo para financiar la institución eclesiástica.
En España no hay un censo de católicos (el 74% declara serlo según el CIS), ni siquiera de bautizados. Si la "x" del IRPF sirve de pista, el escándalo no ha afectado a la Iglesia porque los que la marcaron en la declaración de junio pasado fueron 7,2 millones, 66.000 más que un año antes.
El catedrático de Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca Juan González-Anleo explica por correo electrónico que las bajas austriacas y alemanas son "probablemente deserciones de carácter últimamente económico, embellecidas con el solemne título de apostasías". Añade: "Las habrá sinceras, desde luego".
En Austria la cifra de deserciones es histórica: 87.393 católicos se dieron de baja en 2010 (un 64% más que en 2009), según informó la Conferencia Episcopal austriaca. Es un récord. "No habíamos tenido un número tan alto de apostasía desde 1945, en el nacionalsocialismo", declaró el arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schönborn. La Iglesia admite que el motivo principal es el conocimiento público de numerosos delitos de pederastia cometidos durante décadas por religiosos y profesores de sus instituciones.
La Iglesia en Alemania -que pagará 5.000 euros a cada víctima de abusos (se estiman un millar)- aún no ha difundido las cifras oficiales, lo hará en junio. Pero un sondeo realizado por el diario Frankfurter Rundschau señala que en los obispados afectados por los escándalos, que estallaron hace un año, se han disparado las bajas en la tributación voluntaria a la Iglesia. González-Anleo recuerda que "en el período nazi apostataron más de dos millones de católicos [alemanes]. Desde 1990, 1,78 millones de católicos han seguido ese camino". Para el profesor, el escándalo por los abusos sexuales "es un estímulo y acelerador de las decisiones de apostasía. Existen sin duda otros motivos", añade. Opina que "en España no hay ni de lejos tantos casos de pederastia clerical ni, aún menos, de apostasía masiva", informa Naiara Galarraga.
En Irlanda, la publicación de dos informes oficiales sobre el abuso sistemático de niños por parte de sacerdotes y monjas, y sobre su encubrimiento por parte de la jerarquía católica ha generado un intenso debate social. Pero no se ha traducido en un número significativo de defecciones de la Iglesia: 312 devotos hasta octubre de 2010 (229 fieles tramitaron una Declaración de Defección en 2009), según datos de la Archidiócesis de Dublín.
La ONG CountMeOut, que asesora a católicos que quieren apostatar, asegura que 12.000 personas han revelado su intención de hacerlo, una cifra pírrica frente a los 3,5 millones de católicos irlandeses, informa Patricia Tubella.
Unos 5,45 millones de los 8,4 millones de austriacos (el 65%, la proporción más baja de la historia) estaban registrados como católicos a 31 de diciembre de 2010. Los austriacos pueden pedir la baja por carta o por correo electrónico ante instituciones civiles. Tiene efecto inmediato. Los apostatas se libran de la obligación de pagar su contribución a la Iglesia.
Menos fieles, menos ingresos. La Iglesia en Austria dejó de percibir 5,7 millones de euros en 2010, calculan expertos. La aportación obligatoria es de hasta el 1,1% de los ingresos brutos anuales imponibles, hasta un máximo de 200 euros.El cardenal Schönborn cree que el récord alcanzado "tiene, en gran parte, un origen más profundo" que la pederastia y que las apostasías son "un signo de nueva libertad" y una evolución: de ser "católico por tradición a serlo por decisión".
Cada contribuyente decide en Alemania si destina un dinero a un grupo religioso. Basta mandar una carta a la Agencia de Impuestos para dejar de pagarlo. Allí, las bajas de algunos obispados ilustran la situación. En Augsburgo, 11.351 personas abandonaron en 2010 (el año anterior, 6.953); en la de Rottenburg-Stuttgart, se fueron 17.169 fieles (unos 10.000 en 2009). "Cada una de las bajas nos duele y es una de más", afirmó el obispo Friedhelm Hofmann. "Espero que algunos vuelvan una vez superada la rabia por estos hechos".
"La tendencia en las dos principales Iglesias alemanas [la católica y la evangélica] después de la Segunda Guerra Mundial es la de perder adhesiones", explica Christian Weisner, del grupo católico de base Wir sind Kirche, (en España, Somos Iglesia). Weisner asegura que las razones de esta situación van más allá del escándalo de abusos. "Falta transparencia y dialogo, la gente ya no se siente parte de la iglesia".
"No sabemos los motivos de cada persona que abandona la Iglesia", dice Nina Schmedding, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK), quien admite que "hay personas se fueron como consecuencia del escándalo de abusos sexuales".
El precedente de EE UU. YOLANDA MONGE - Washington EL PAÍS - Sociedad - 14-03-2011
La Iglesia católica de Estados Unidos -que acaba de apartar por primera vez a 21 curas sospechosos de abusos en Filadelfia- no aporta datos del número de fieles que podría haber perdido debido a la oleada de denuncias por agresiones sexuales a menores desde los años ochenta. Tampoco habla de cifras de dinero. Se estima que ronda unos 3.000 millones de dólares (2.220 millones de euros), pero las organizaciones que trabajan con los afectados creen que ese número puede ser mayor, ya que muchas veces los acuerdos son privados, e incluso clandestinos: la víctima acepta no denunciar y se le paga por su silencio.
La última encuesta al respecto -de The New York Times y CBS, de mayo de 2009- asegura que un 58% de los católicos de EE UU está descontento con la gestión realizada por el Vaticano con respecto a las acusaciones de abusos por parte de sacerdotes. Pese a las polémicas, los fieles católicos aseguran no haber cambiado la asiduidad con la que van a misa, donan a la Iglesia o participan en eventos comunitarios organizados por sus parroquias.
El 86% de los encuestados asegura que tampoco se ha planteado abandonar la fe católica, pese a que un 54% considera que el Vaticano no está en contacto con las necesidades de los católicos de hoy en da, según la misma encuesta.
La Iglesia católica de Estados Unidos -que acaba de apartar por primera vez a 21 curas sospechosos de abusos en Filadelfia- no aporta datos del número de fieles que podría haber perdido debido a la oleada de denuncias por agresiones sexuales a menores desde los años ochenta. Tampoco habla de cifras de dinero. Se estima que ronda unos 3.000 millones de dólares (2.220 millones de euros), pero las organizaciones que trabajan con los afectados creen que ese número puede ser mayor, ya que muchas veces los acuerdos son privados, e incluso clandestinos: la víctima acepta no denunciar y se le paga por su silencio.
La última encuesta al respecto -de The New York Times y CBS, de mayo de 2009- asegura que un 58% de los católicos de EE UU está descontento con la gestión realizada por el Vaticano con respecto a las acusaciones de abusos por parte de sacerdotes. Pese a las polémicas, los fieles católicos aseguran no haber cambiado la asiduidad con la que van a misa, donan a la Iglesia o participan en eventos comunitarios organizados por sus parroquias.
El 86% de los encuestados asegura que tampoco se ha planteado abandonar la fe católica, pese a que un 54% considera que el Vaticano no está en contacto con las necesidades de los católicos de hoy en da, según la misma encuesta.
jueves, marzo 10, 2011
110 k/h, una medida necesaria pero insuficiente que tiene que estar acompañada de otras muchas más en un programa de cambio de modelo de producción
10 Marzo 2011 | Categorías: Nacional |Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC
El debate sobre la limitación de velocidad máxima a 110 kilómetros por hora ha sacado a la luz un problema que va mucho más allá de los debates filosóficos acerca del alcance del leviatán hobbesiano. No se trata, de hecho, de si el Estado es quien para decirnos a qué velocidad debemos conducir o si podemos beber mientras lo hacemos, como nos recordaba Aznar allá por 2007. Hablamos en cambio de un problema subyacente que debería estar en la agenda política de forma permanente.
La reducción de la limitación de velocidad a mí me parece insuficiente y mal planificada, pero necesaria. Es una buena medida, pero que tiene que estar acompañada de otras muchas más en un amplio y ambicioso programa de cambio de modelo de producción y consumo.
España importa casi el 80% de la energía que consume, y además tiene un déficit comercial que no hace sino crecer y crecer como puede verse en el gráfico adjunto. Y aunque la importación de petróleo no tenga la culpa de todo, ni mucho menos, sin duda tendrá una responsabilidad creciente en el futuro debido a la más que probable evolución de su precio. Y es que cada vez que alimentamos nuestra particular mascota contaminante estamos haciendo que nuestro país tenga que importar el petróleo, contribuyendo así a dañar la situación comercial de España.
Pero no es sólo una cuestión puramente económica o de hábitos. Es cierto que hay mucha gente que usa el coche de una forma cultural, como parte de un modo de ocio. La gente se desplaza en coche demasiado, despilfarrando energía, y en otras ocasiones incluso como medio para acceder a un determinado tipo de diversión (por ejemplo, el de los centros comerciales). Pero más allá de las cuestiones culturales encontramos también una cuestión sistémica, y es que el propio modelo de producción y consumo ha conducido a quenecesitemos el coche. La propia configuración geográfica de las ciudades nos obliga a usar el coche cada día, estableciéndose los lugares de residencia y de trabajo cada vez más alejados entre sí.
Lo que es sorprendente es que hasta ahora todavía no se haya hecho nada relevante para remediar este problema. En realidad la respuesta que se ha dado hasta ahora ha sido la de alimentar con gasolina el fuego, construyendo más y más carreteras y promocionando una forma de desplazamiento que no tiene ningún futuro en las sociedades del mañana. Los combustibles fósiles se están encareciendo y llegará un punto en el que alcancen precios directamente inasumibles, y si ese momento llega y no estamos preparados con una alternativa sistémica entonces nos vamos a ver con enormes problemas políticos y sociales. De hecho el sistema económico sencillamente colapsaría, y sin duda detrás vendría una fuerte crisis social.
Dado que es un problema de medio-largo plazo se requieren soluciones adecuadas a esos plazos, y no reformas cortoplacistas y temporales. Es necesario un amplio programa de reestructuración que ponga por delante la mejora radical del transporte público (en infraestructuras y precios). Como primera pata hay que crear y promocionar el metro, los autobuses, los cercanías, los trenes de media y larga distancia y todo transporte no-privado. Por supuesto, debe ser un sistema que se alimente de energía renovable. Eso nos lleva a otra pata del programa: es urgente promocionar la energía renovable e ir sustituyendo la no-renovable, no sólo en el transporte sino también en la industria del nuevo modelo productivo. Y finalmente, en una tercera pata, necesitamos crear un sistema de incentivos -instalado progresivamente- que vaya desplazando el transporte privado hacia el transporte público. Esto puede hacerse subiendo los impuestos a la gasolina, limitando la velocidad aún más (no por el óptimo energético, sino por el óptimo del tiempo de trayecto) u otras medidas similares.
Es a la luz de este enfoque cuando puedo evaluar la medida del gobierno, y asumirla como necesaria e insuficiente por igual. Y sigo creyendo firmemente en que si como sociedad no enfrentamos este problema de forma progresiva, democrática y responsable, entonces tendremos que hacerlo más temprano que tarde de forma forzosa y violenta. Porque a medio plazo los científicos no dan otras alternativas, y el sistema natural no acepta prórrogas.
Artículo publicado en Pijus Económicus
lunes, marzo 07, 2011
Una iniciativa popular pedirá que dar el piso liquide la hipoteca.
PROPUESTA LEGISLATIVA. Una iniciativa popular pedirá que dar el piso liquide la hipoteca. 07/03/2011 FIDEL MASREAL BARCELONA
Sindicatos y afectados recogerán firmas para llevar al Congreso la dación en pago.´Que no te hipotequen la vida´ será el lema de la campaña, inédita en España.
Que no te hipotequen la vida. Esta es la frase que en pocas semanas va a ser habitual en calles y plazas de toda España junto a una mesa de recogida de firmas. Seis palabras que serán el lema de la primera iniciativa legislativa popular que va a echar a andar para reclamar que devolver el piso sirva para liquidar la hipoteca. Es lo que técnicamente se conoce como la dación en pago. Sindicatos, plataformas vecinales, organizaciones de consumidores, usuarios de bancos y cajas como Adicae y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ultiman la redacción del texto.
Espoleados por la magnitud de las cifras --más de 230.000 embargos desde el 2007-- y el drama familiar que existe detrás de cada una, estas entidades llevarán a la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta sencilla en su redacción pero de consecuencias enormes: añadir al artículo 693 de la ley de enjuiciamiento civil un pequeño párrafo por el que el deudor de una hipoteca pueda comparecer antes de la subasta del inmueble solicitando la entrega del bien en pago de la deuda, que quede así extinguida.
La proposición de ley incluirá también una cláusula de retroactividad para que la dación en pago dé asimismo una salida a miles de casos en los que los ciudadanos ya están viviendo la ejecución de su hipoteca, firmada meses o años atrás. Un extremo, el de la retroactividad, que en ámbitos jurídicos favorables a la dación en pago se reconoce más difícil de hacer prosperar.
Los impulsores de la campaña están estableciendo contactos sindicales y políticos en toda España. Y es que la organización va a requerir una infraestructura humana y una inversión notables, en las que los sindicatos van a jugar un papel clave. Se necesita recoger medio millón de firmas en un periodo de nueve meses a contar desde que la mesa del Congreso acepte a trámite el texto. Los impulsores están convencidos de que este mes se iniciará una movilización que están seguros que elevará el debate sobre una cuestión que, advierten, amenaza la cohesión social.
Es suficiente con asistir a una asamblea de afectados para comprobar que se trata de un fenómeno creciente, que golpea a clases sociales y procedencias diversas. Se vierten lágrimas de impotencia, palabras de desesperación, gritos de rabia premiados con aplausos solidarios, apelaciones a la lucha directa y llamamientos a la resistencia conjunta ante el nuevo desahucio marcado en la agenda. Y, por encima de todo, el encuentro constituye una terapia de grupo informal para conllevar la angustia. Eso, y una ocasión para las consultas legales sobre qué se puede hacer.
LEY Y PODERES La respuesta a esta última pregunta es corta: la ley no da margen a quien pretende evitar un desahucio. Además, respecto al objetivo final de esta iniciativa --la dación en pago--, los obstáculos son y serán elevados y poderosos. De entrada, la propuesta ha sido reiteradamente debatida en el Congreso y otras tantas veces, excepto una y con matices, rechazada por las grandes fuerzas políticas. Además, el Gobierno socialista ha sido categórico: devolver el piso para saldar la hipoteca dañaría al sector financiero. Además de este rechazo, la demanda deberá lidiar con la frontal oposición de bancos y cajas, que van a apelar a un principio con un sólido anclaje legal: las deudas tienen que pagarse.
Frente a ello, los promotores de la dación cuentan con una mancha de aceite que crece: decisiones judiciales y voces autorizadas favorables a tener en cuenta el drama social asociado a la vivienda ante el vendaval de la crisis y el paro. En pocas semanas, la Audiencia Provincial de Navarra ha avalado en una sentencia la dación en pago, un juez de Barcelona ha eximido a una pareja de pensionistas de seguir pagando sus deudas, un magistrado de Sabadell ha llevado la legislación hipotecaria ante el Constitucional por injusta y la Federación de Municipios y Provincias de España, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han dicho sí a la dación.
Sindicatos y afectados recogerán firmas para llevar al Congreso la dación en pago.´Que no te hipotequen la vida´ será el lema de la campaña, inédita en España.
Que no te hipotequen la vida. Esta es la frase que en pocas semanas va a ser habitual en calles y plazas de toda España junto a una mesa de recogida de firmas. Seis palabras que serán el lema de la primera iniciativa legislativa popular que va a echar a andar para reclamar que devolver el piso sirva para liquidar la hipoteca. Es lo que técnicamente se conoce como la dación en pago. Sindicatos, plataformas vecinales, organizaciones de consumidores, usuarios de bancos y cajas como Adicae y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ultiman la redacción del texto.
Espoleados por la magnitud de las cifras --más de 230.000 embargos desde el 2007-- y el drama familiar que existe detrás de cada una, estas entidades llevarán a la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta sencilla en su redacción pero de consecuencias enormes: añadir al artículo 693 de la ley de enjuiciamiento civil un pequeño párrafo por el que el deudor de una hipoteca pueda comparecer antes de la subasta del inmueble solicitando la entrega del bien en pago de la deuda, que quede así extinguida.
La proposición de ley incluirá también una cláusula de retroactividad para que la dación en pago dé asimismo una salida a miles de casos en los que los ciudadanos ya están viviendo la ejecución de su hipoteca, firmada meses o años atrás. Un extremo, el de la retroactividad, que en ámbitos jurídicos favorables a la dación en pago se reconoce más difícil de hacer prosperar.
Los impulsores de la campaña están estableciendo contactos sindicales y políticos en toda España. Y es que la organización va a requerir una infraestructura humana y una inversión notables, en las que los sindicatos van a jugar un papel clave. Se necesita recoger medio millón de firmas en un periodo de nueve meses a contar desde que la mesa del Congreso acepte a trámite el texto. Los impulsores están convencidos de que este mes se iniciará una movilización que están seguros que elevará el debate sobre una cuestión que, advierten, amenaza la cohesión social.
Es suficiente con asistir a una asamblea de afectados para comprobar que se trata de un fenómeno creciente, que golpea a clases sociales y procedencias diversas. Se vierten lágrimas de impotencia, palabras de desesperación, gritos de rabia premiados con aplausos solidarios, apelaciones a la lucha directa y llamamientos a la resistencia conjunta ante el nuevo desahucio marcado en la agenda. Y, por encima de todo, el encuentro constituye una terapia de grupo informal para conllevar la angustia. Eso, y una ocasión para las consultas legales sobre qué se puede hacer.
LEY Y PODERES La respuesta a esta última pregunta es corta: la ley no da margen a quien pretende evitar un desahucio. Además, respecto al objetivo final de esta iniciativa --la dación en pago--, los obstáculos son y serán elevados y poderosos. De entrada, la propuesta ha sido reiteradamente debatida en el Congreso y otras tantas veces, excepto una y con matices, rechazada por las grandes fuerzas políticas. Además, el Gobierno socialista ha sido categórico: devolver el piso para saldar la hipoteca dañaría al sector financiero. Además de este rechazo, la demanda deberá lidiar con la frontal oposición de bancos y cajas, que van a apelar a un principio con un sólido anclaje legal: las deudas tienen que pagarse.
Frente a ello, los promotores de la dación cuentan con una mancha de aceite que crece: decisiones judiciales y voces autorizadas favorables a tener en cuenta el drama social asociado a la vivienda ante el vendaval de la crisis y el paro. En pocas semanas, la Audiencia Provincial de Navarra ha avalado en una sentencia la dación en pago, un juez de Barcelona ha eximido a una pareja de pensionistas de seguir pagando sus deudas, un magistrado de Sabadell ha llevado la legislación hipotecaria ante el Constitucional por injusta y la Federación de Municipios y Provincias de España, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han dicho sí a la dación.
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Un ciberacosador con 503 'rostros'. Detenido un joven que chantajeó a 623 menores en las redes sociales
Un ciberacosador con 503 'rostros'. Detenido un joven que chantajeó a 623 menores en las redes sociales. Ó. LÓPEZ-FONSECA Diario Público Madrid 06/03/2011
Con sólo 20 años, Rubén S. C. se ha convertido en uno de los mayores ciberacosadores detenidos en España. También en el que más perfiles había creado en los más conocidos foros sociales de internet: 503. Gracias a ellos, desde el año 2007, cuando él aún era menor de edad, había conseguido chantajear nada menos que a 623 chicas de entre 14 y 17 años. Bajo amenazas, las obligaba a posar desnudas ante la webcam para grabarlas.
El 22 de febrero, las andanzas de Rubén en la red llegaron a su fin. Ese día, era detenido en su domicilio de Viator (Almería), según informó ayer la Policía. Allí, los agentes localizaron 976 vídeos de menores desnudándose y numerosas fotografías de pornografía infantil. Había acumulado tal cantidad de material pedófilo que tenía repletos dos discos duros y 53 CD y DVD. "Los consideraba sus trofeos", señalan fuentes policiales.
Fue precisamente una de sus víctimas, una chica de 12 años residente en Oviedo, la que dio la primera pista a la Policía. La menor denunció en comisaría que, cuando se encontraba conectada a Tuenti, una red social muy popular entre adolescentes, un internauta que se presentó como "hacker informático" comenzó a amenazarla. Le dijo que si no le facilitaba imágenes de ella desnuda colgaría las fotos y datos de su perfil en páginas y chats pornográficos. Además, le aseguró que bloquearía su ordenador con un virus informático.
A partir de ese momento, los policías asturianos comenzaron a rastrear la red. Así descubrieron que la menor ovetense no era su última víctima y que aquellos días había intentado lo mismo con numerosas menores de toda España. Poco después, los agentes averiguaban que todas las conexiones se habían hecho desde la provincia de Almería. Días más
tarde, Rubén era detenido.
Tres programas informáticos
Las pesquisas posteriores han permitido descubrir que el ciberacosador utilizaba tres programas informáticos para chantajear a las menores. Con el primero grababa de forma automática todas las videoconferencias que mantenía con ellas y en las que les obligaba a desnudarse. Gracias a él acumuló los cerca de mil vídeos pedófilos.
Un segundo software le permitía registrar todo lo que aparecía en el escritorio de su ordenador. El tercero lo empleaba para utilizar imágenes de otras personas que previamente se descargaba de internet como si fueran de él y así ocultar su verdadera identidad. Gracias a él podía mantener sus 503 rostros.
* Stop grooming.info
Con sólo 20 años, Rubén S. C. se ha convertido en uno de los mayores ciberacosadores detenidos en España. También en el que más perfiles había creado en los más conocidos foros sociales de internet: 503. Gracias a ellos, desde el año 2007, cuando él aún era menor de edad, había conseguido chantajear nada menos que a 623 chicas de entre 14 y 17 años. Bajo amenazas, las obligaba a posar desnudas ante la webcam para grabarlas.
El 22 de febrero, las andanzas de Rubén en la red llegaron a su fin. Ese día, era detenido en su domicilio de Viator (Almería), según informó ayer la Policía. Allí, los agentes localizaron 976 vídeos de menores desnudándose y numerosas fotografías de pornografía infantil. Había acumulado tal cantidad de material pedófilo que tenía repletos dos discos duros y 53 CD y DVD. "Los consideraba sus trofeos", señalan fuentes policiales.
Fue precisamente una de sus víctimas, una chica de 12 años residente en Oviedo, la que dio la primera pista a la Policía. La menor denunció en comisaría que, cuando se encontraba conectada a Tuenti, una red social muy popular entre adolescentes, un internauta que se presentó como "hacker informático" comenzó a amenazarla. Le dijo que si no le facilitaba imágenes de ella desnuda colgaría las fotos y datos de su perfil en páginas y chats pornográficos. Además, le aseguró que bloquearía su ordenador con un virus informático.
A partir de ese momento, los policías asturianos comenzaron a rastrear la red. Así descubrieron que la menor ovetense no era su última víctima y que aquellos días había intentado lo mismo con numerosas menores de toda España. Poco después, los agentes averiguaban que todas las conexiones se habían hecho desde la provincia de Almería. Días más
tarde, Rubén era detenido.
Tres programas informáticos
Las pesquisas posteriores han permitido descubrir que el ciberacosador utilizaba tres programas informáticos para chantajear a las menores. Con el primero grababa de forma automática todas las videoconferencias que mantenía con ellas y en las que les obligaba a desnudarse. Gracias a él acumuló los cerca de mil vídeos pedófilos.
Un segundo software le permitía registrar todo lo que aparecía en el escritorio de su ordenador. El tercero lo empleaba para utilizar imágenes de otras personas que previamente se descargaba de internet como si fueran de él y así ocultar su verdadera identidad. Gracias a él podía mantener sus 503 rostros.
* Stop grooming.info
domingo, marzo 06, 2011
Villanueva pospone la cesión de terrenos para el proyecto de un colegio privado por la presión vecinal
Villanueva pospone el proyecto de un colegio privado por la presión vecinal. ENRIQUE ABENIA. Heraldo de Aragón. 05.03.2011
El alcalde retira del pleno una iniciativa para ceder suelo a una empresa que construiría el centro. Un colectivo de madres reclama un instituto público en esa misma parcela
ZARAGOZA. Villanueva de Gállego ha dado marcha atrás y de momento no impulsará el proyecto para la construcción de un colegio bilingüe privado. La presión vecinal, ejercida por un colectivo de madres y padres que reclaman desde hace tiempo un instituto público, ha obligado al equipo de gobierno a aparcar el asunto. El grupo municipal de la Candidatura Independiente Progreso Villanueva (CIPV) anunció ayer por sorpresa en el pleno la retirada de una propuesta para sacar a concurso la concesión demanial de una parcela de 9.200 metros cuadrados en la que iría el centro educativo.
La sesión ordinaria resultó tensa por los encontronazos verbales del CIPV con la oposición y con algunos vecinos. A la reunión acudieron una treintena de ciudadanos, más que en otras ocasiones, entre ellos varias integrantes de la Asociación Proderechos de la Infancia en Villanueva de Gállego (Asoproinvi), compuesta por 300 miembros. Las mujeres desplegaron en el interior de la casa consistorial una pancarta con el lema '¡Yo quiero un instituto en mi pueblo!' y portaron en su ropa pegatinas con la frase Instituto público ya!'.
El equipo de gobierno llevaba en el punto 7 del orden del día una iniciativa sobre la concesión demanial de los terrenos ubicados en la zona de las antiguas piscinas, por la que cedería el uso del suelo durante 50 años. La empresa Educomenius S. L., constituida a finales de diciembre de 2010, había mostrado interés por edificar allí un colegio bilingüe privado. En el mismo se impartirían clases de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Este hecho generó el rechazo de Asoproinvi, que no comprendía que se diera luz verde a un centro de esas características en la citada parcela cuando el Ayuntamiento siempre argumentaba que, según la Consejería de Educación de la DGA, no requería del tamaño suficiente para albergar un instituto público. También mostraron su malestar el Centro Democrático Liberal (CDL) y el PP, cuyos concejales presentaron una moción de urgencia conjunta instando a la retirada de la propuesta. El CIPV, con el apoyo del edil del PSOE, tumbó el texto de los grupos opositores, si bien reconsideró su postura y retiró su propia iniciativa.
José Manuel Garisa, el alcalde, optó por posponer el debate porque el Ayuntamiento ha solicitado de forma urgente mantener un encuentro con María Victoria Broto, consejera aragonesa de Educación, para abordar la futura construcción del instituto público. Con este argumento, el equipo de gobierno justificó su marcha atrás, sin dar más explicaciones, aunque Garisa dejó caer en el pleno que la polémica suscitada no aconsejaba seguir adelante.
Santos Parido, segundo teniente de alcalde, añadió que pretenden obtener una «declaración de intenciones» del Ejecutivo autonómico. La idea del CIPV pasa por acortar plazos para la entrega de suelo del sector 17, en pleno proceso de reparcelación.
Garisa remarcó que llevan «luchando» por el instituto desde 2007 y que «no se han dormido». En alusión a la pancarta reivindicativa, remarcó que ellos también quieren que haya un centro. Si aún no ha sido posible, indicó el CIPV, es porque el Gobierno de Aragón pide expresamente una parcela con un mínimo de 14.000 metros cuadrados.
Rosa Núñez, del grupo de madres, apuntó que ayer consiguieron un «triunfo», pero la asociación teme que la reunión con Broto propicie la creación de un instituto concertado en Villanueva, salida que no les contenta. Mari Carmen Escuin, concejal del PP, dijo que defiende la postura del colectivo, así como que el plan del CIPV no era «de recibo». Y María Victoria Lorén, portavoz del CDL, se congratuló de que «por higiene política» se retirara el controvertido punto.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO. Los vecinos frenan la cesión de un solar para un colegio privado. La localidad lleva desde el 2006 exigiendo un instituto público. 05/03/2011 J. OTO Madres y padres reclamaron el instituto ayer durante el pleno. FOTO: PEDRO JULIÁ
La presión popular y de la oposición paralizó ayer la concesión por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego de un terreno para la construcción de un colegio privado. La decisión se adoptó en el Pleno celebrado ayer, donde las protestas de la Asociación Proderechos de la Infancia en Villanueva (Asoproinvi) fueron determinantes para que el punto que incluía la cesión de terrenos municipales para un centro privado fuera retirado del orden del día.
Los vecinos lograron su objetivo después de volver a reclamar la construcción de un instituto público en la localidad. "No entendemos que haya suelo para un colegio privado y no para un instituto público", explicó Cuqui de Funes, miembro de la asociación vecinal que ayer volvió a reivindicar su petición al ayuntamiento. "Pero llevamos haciéndolo desde el 2006 porque es una necesidad, ya que en Zuera ya no se cabe al estar saturado".
Desde el consistorio rechazaron la posibilidad de que el terreno que iba a ser destinado para el colegio privado se cediera ahora para la edificación del instituto público, argumentando que el Departamento de Educación exige una dimensión de 14.000 metros cuadrados para la edificación del centro, cuando la parcela apenas alcanza los 9.200.
Además, el Pleno acordó solicitar una reunión el próximo día 8 con María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, para lograr un compromiso de edificación del instituto una vez que se le haya facilitado el terreno municipal, algo que el ayuntamiento emplazó para "los próximos cinco meses".
En este sentido, Asoproinvi exigió la inclusión de la construcción del centro en los presupuestos del 2011.
La demanda de un instituto en Villanueva cuenta, incluso, con un grupo en Facebook, integrado por profesores y alumnos del centro educativo de Zuera --el que corresponde a los vecinos de la localidad--.
Las pasadas Navidades, los niños del colegio Pintor Pradilla ya pidieron de forma simbólica a los Reyes Magos un nuevo instituto en un acto organizado por un grupo de madres y padres "preocupados" porque en la población no existe un centro educativo de Secundaria, a pesar que en el colegio villanovense hay matriculados 478 escolares --desde infantil a sexto de Primaria--.
Los padres denuncian que, hasta cuarto de Primaria hay dos clases por curso, pero a partir de tercero ya hay tres, "por lo que la necesidad de dar continuidad a los estudios en el propio municipio es acuciante", explicó De Funes, que lamentó que los trámites administrativos para la construcción del instituto "se están demorando mucho".
EL SAPO. Villanueva exige un instituto 05/03/2011
Los vecinos de Villanueva de Gállego frenaron ayer la concesión de un solar por parte del ayuntamiento a un colegio privado. La oposición y la insistencia de la Asociación Proderechos de la Infancia lograron que la posibilidad se retirara del orden del día del pleno. Y es que el pueblo reclama un solar para la construcción de un instituto público ya que el de Zuera está saturado. El argumento de que el solar destinado a una cosa no servirá para la otra al no alcanzar los metros que exige Educación para levantar el instituto no debe impedir que se encuentre el terreno adecuado. Lo público tiene prioridad.
El alcalde retira del pleno una iniciativa para ceder suelo a una empresa que construiría el centro. Un colectivo de madres reclama un instituto público en esa misma parcela
ZARAGOZA. Villanueva de Gállego ha dado marcha atrás y de momento no impulsará el proyecto para la construcción de un colegio bilingüe privado. La presión vecinal, ejercida por un colectivo de madres y padres que reclaman desde hace tiempo un instituto público, ha obligado al equipo de gobierno a aparcar el asunto. El grupo municipal de la Candidatura Independiente Progreso Villanueva (CIPV) anunció ayer por sorpresa en el pleno la retirada de una propuesta para sacar a concurso la concesión demanial de una parcela de 9.200 metros cuadrados en la que iría el centro educativo.
La sesión ordinaria resultó tensa por los encontronazos verbales del CIPV con la oposición y con algunos vecinos. A la reunión acudieron una treintena de ciudadanos, más que en otras ocasiones, entre ellos varias integrantes de la Asociación Proderechos de la Infancia en Villanueva de Gállego (Asoproinvi), compuesta por 300 miembros. Las mujeres desplegaron en el interior de la casa consistorial una pancarta con el lema '¡Yo quiero un instituto en mi pueblo!' y portaron en su ropa pegatinas con la frase Instituto público ya!'.
El equipo de gobierno llevaba en el punto 7 del orden del día una iniciativa sobre la concesión demanial de los terrenos ubicados en la zona de las antiguas piscinas, por la que cedería el uso del suelo durante 50 años. La empresa Educomenius S. L., constituida a finales de diciembre de 2010, había mostrado interés por edificar allí un colegio bilingüe privado. En el mismo se impartirían clases de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Este hecho generó el rechazo de Asoproinvi, que no comprendía que se diera luz verde a un centro de esas características en la citada parcela cuando el Ayuntamiento siempre argumentaba que, según la Consejería de Educación de la DGA, no requería del tamaño suficiente para albergar un instituto público. También mostraron su malestar el Centro Democrático Liberal (CDL) y el PP, cuyos concejales presentaron una moción de urgencia conjunta instando a la retirada de la propuesta. El CIPV, con el apoyo del edil del PSOE, tumbó el texto de los grupos opositores, si bien reconsideró su postura y retiró su propia iniciativa.
José Manuel Garisa, el alcalde, optó por posponer el debate porque el Ayuntamiento ha solicitado de forma urgente mantener un encuentro con María Victoria Broto, consejera aragonesa de Educación, para abordar la futura construcción del instituto público. Con este argumento, el equipo de gobierno justificó su marcha atrás, sin dar más explicaciones, aunque Garisa dejó caer en el pleno que la polémica suscitada no aconsejaba seguir adelante.
Santos Parido, segundo teniente de alcalde, añadió que pretenden obtener una «declaración de intenciones» del Ejecutivo autonómico. La idea del CIPV pasa por acortar plazos para la entrega de suelo del sector 17, en pleno proceso de reparcelación.
Garisa remarcó que llevan «luchando» por el instituto desde 2007 y que «no se han dormido». En alusión a la pancarta reivindicativa, remarcó que ellos también quieren que haya un centro. Si aún no ha sido posible, indicó el CIPV, es porque el Gobierno de Aragón pide expresamente una parcela con un mínimo de 14.000 metros cuadrados.
Rosa Núñez, del grupo de madres, apuntó que ayer consiguieron un «triunfo», pero la asociación teme que la reunión con Broto propicie la creación de un instituto concertado en Villanueva, salida que no les contenta. Mari Carmen Escuin, concejal del PP, dijo que defiende la postura del colectivo, así como que el plan del CIPV no era «de recibo». Y María Victoria Lorén, portavoz del CDL, se congratuló de que «por higiene política» se retirara el controvertido punto.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO. Los vecinos frenan la cesión de un solar para un colegio privado. La localidad lleva desde el 2006 exigiendo un instituto público. 05/03/2011 J. OTO Madres y padres reclamaron el instituto ayer durante el pleno. FOTO: PEDRO JULIÁ
La presión popular y de la oposición paralizó ayer la concesión por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego de un terreno para la construcción de un colegio privado. La decisión se adoptó en el Pleno celebrado ayer, donde las protestas de la Asociación Proderechos de la Infancia en Villanueva (Asoproinvi) fueron determinantes para que el punto que incluía la cesión de terrenos municipales para un centro privado fuera retirado del orden del día.
Los vecinos lograron su objetivo después de volver a reclamar la construcción de un instituto público en la localidad. "No entendemos que haya suelo para un colegio privado y no para un instituto público", explicó Cuqui de Funes, miembro de la asociación vecinal que ayer volvió a reivindicar su petición al ayuntamiento. "Pero llevamos haciéndolo desde el 2006 porque es una necesidad, ya que en Zuera ya no se cabe al estar saturado".
Desde el consistorio rechazaron la posibilidad de que el terreno que iba a ser destinado para el colegio privado se cediera ahora para la edificación del instituto público, argumentando que el Departamento de Educación exige una dimensión de 14.000 metros cuadrados para la edificación del centro, cuando la parcela apenas alcanza los 9.200.
Además, el Pleno acordó solicitar una reunión el próximo día 8 con María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, para lograr un compromiso de edificación del instituto una vez que se le haya facilitado el terreno municipal, algo que el ayuntamiento emplazó para "los próximos cinco meses".
En este sentido, Asoproinvi exigió la inclusión de la construcción del centro en los presupuestos del 2011.
La demanda de un instituto en Villanueva cuenta, incluso, con un grupo en Facebook, integrado por profesores y alumnos del centro educativo de Zuera --el que corresponde a los vecinos de la localidad--.
Las pasadas Navidades, los niños del colegio Pintor Pradilla ya pidieron de forma simbólica a los Reyes Magos un nuevo instituto en un acto organizado por un grupo de madres y padres "preocupados" porque en la población no existe un centro educativo de Secundaria, a pesar que en el colegio villanovense hay matriculados 478 escolares --desde infantil a sexto de Primaria--.
Los padres denuncian que, hasta cuarto de Primaria hay dos clases por curso, pero a partir de tercero ya hay tres, "por lo que la necesidad de dar continuidad a los estudios en el propio municipio es acuciante", explicó De Funes, que lamentó que los trámites administrativos para la construcción del instituto "se están demorando mucho".
EL SAPO. Villanueva exige un instituto 05/03/2011
Los vecinos de Villanueva de Gállego frenaron ayer la concesión de un solar por parte del ayuntamiento a un colegio privado. La oposición y la insistencia de la Asociación Proderechos de la Infancia lograron que la posibilidad se retirara del orden del día del pleno. Y es que el pueblo reclama un solar para la construcción de un instituto público ya que el de Zuera está saturado. El argumento de que el solar destinado a una cosa no servirá para la otra al no alcanzar los metros que exige Educación para levantar el instituto no debe impedir que se encuentre el terreno adecuado. Lo público tiene prioridad.
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