Vandalismo escolar. Destrozan el colegio Condes de Aragón de Zaragoza para tener más vacaciones

Ordenan a un colegio zaragozano readmitir a los siete menores que lo destrozaron ROBERTO PÉREZ ABC 8 Nov 2006

ZARAGOZA. Hace justo un mes, el colegio concertado «Condes de Aragón» de Zaragoza aparecía con cuantiosos daños materiales. Había sido asaltado el día 8 de octubre. Poco después, fueron acusados de estos hechos siete alumnos del centro, todos ellos menores de edad, de 12, 13 y 14 años. Intervino la Fiscalía de Menores y se abrió el trámite sancionador contemplado en el ordenamiento educativo. El colegio, una vez instruido el expediente, propuso la expulsión de estos siete menores y que fueran trasladados a otro centro de Zaragoza. Es justo la medida sancionadora que requiere el visto bueno del director provincial de Educación, en este caso del Gobierno aragonés. Si la sanción propuesta hubiera sido otra de menor rango, no. Pero cuando se propone el traslado, sí. El director provincial de Educación, Felipe Faci, ha determinado que no ha lugar el traslado y ha ordenado al colegio que readmita a estos siete alumnos.

La medida ha sido criticada tanto por el colegio concertado en cuestión como por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Las dos instancias han convocado una rueda de prensa conjunta para mañana jueves, a fin de dar su punto de vista. De antemano, han avanzado ya unas cuantas críticas a la Dirección Provincial de Educación. Recuerdan que los hechos son de mucha gravedad, porque los destrozos que causaron estos siete menores han sido valorados en 60.000 euros. Que el asalto en sí mismo es ya un hecho muy grave. Afirman también que no entienden la medida, dicen que «deja indefensos y sin autoridad al profesorado de todos los centros educativos, abriendo además una puerta a la impunidad, si ocurrieran hechos similares en cualquier otro centro de la provincia».

«Un hecho insólito»

Más aún, la CECE y el colegio «Condes de Aragón» afirmaron ayer, en un comunicado, que la postura de la Dirección Provincial constituye «un hecho insólito y antipedagógico». Aseguran igualmente que no es comprensible, «máxime cuando una vez que terminó el proceso disciplinario en el centro, la Inspección Educativa emitió un informe favorable sobre dicho proceso, y la Comisión de Cambio de Centro por Motivos Disciplinarios del Servicio Provincial de Educación aprobó por unanimidad la medida, adjudicando siete centros concertados distintos a los alumnos implicados».

La Dirección Provincial de Educación tiene una visión totalmente distinta de este asunto. Asegura que, en primer lugar, se ha seguido el trámite contemplado en estos casos. Que, tal y como establece la normativa, ante una propuesta de traslado de colegio, el director provincial, obligatoriamente, ha de valorar si es conveniente o no. Subrayan que, a la vista de los informes y de la opinión de los inspectores educativos, se ha entendido que dicho traslado no era la medida más adecuada y que, en ese criterio, la Dirección Provincial coincide con el manifestado en su momento por el propio Fiscal de Menores.

El director provincial de Educación declaró ayer a ABC que el colegio defendía el traslado de estos siete alumnos «para que no estuvieran estigmatizados, por evitar que se les hiciera un vacío por parte del resto de alumnos, pero entendemos, por una parte, que es un acto que debe ser reprobado por la comunidad educativa y, por otro, que la responsabilidad la deben asumir tanto los alumnos implicados como los padres por los hechos sucedidos, y la única forma de hacerlo y de que muestren arrepentimiento es permaneciendo en el centro».

«Cambiándolos de colegio difícilmente van a responsabilizarse por lo sucedido», afirmó Felipe Faci.

Además, indicó que en la instrucción del expediente sancionador por parte del colegio «Condes de Aragón» no había «ningún análisis por parte del centro que dijera que la presencia de estos alumnos alteraría significativamente el orden en la normal convivencia» en las aulas. Aseguró Faci que, como director provincial de Educación, «lo que tengo que hacer en primer lugar es exigir responsabilidades, y difícilmente se les van a poder exigir si se les cambia de centro». A su juicio, ese traslado contribuiría a que por parte de los alumnos no sintieran responsabilidad por lo ocurrido, con lo que «quedaría impune».

Disciplina, pero educativa

Declaró igualmente que, al mismo tiempo, «tampoco tenemos constancia de que sean alumnos que hayan infringido normas de convivencia en situaciones anteriores».

Felipe Faci afirma que el que no se les traslade de colegio «en absoluto quiere decir que los hechos quedan impunes. Lo que se le ha dicho al centro es que la medida propuesta no es la adecuada, pero que debe aplicar otra medida correctora de acuerdo con el Decreto en vigor de Derechos y Deberes de los alumnos». A juicio de Faci, «el traslado de centro sería también trasladar un problema no resuelto a otro colegio. Entendemos que hay una labor educativa importante a hacer en el propio centro, me he dirigido al mismo y he ofrecido toda la colaboración y apoyo que precisen desde la Dirección Provincial para trabajar por estos alumnos, que es la responsabilidad de todos nosotros». foto FABIÁN SIMÓN

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