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La inercia, la burocracia y la ideología de algunos jefes de servicio han impedido el aborto en los hospitales públicos - El registro de médicos objetores que prevé el Go
bierno puede ser la solución. MÓNICA C. BELAZA / EMILIO DE BENITO EL PAÍS - Sociedad - 11-04-2008
La sanidad pública no practica abortos. Apenas el 2,5% del total. En comunidades autónomas como Murcia, Navarra o Castilla-La Mancha no hay ningún hospital público dispuesto a hacerlos. Las intervenciones, incluso cuando son de embarazos avanzados, se suelen hacer en clínicas privadas, menos preparadas para responder a una emergencia que un hospital público. ¿Por qué? Las autoridades autonómicas hablan de una supuesta objeción de conciencia generalizada de los profesionales sanitarios implicados: ginecólogos, anestesistas, psiquiatras, enfermeras... Sin embargo, los centros privados, que interrumpieron más de 100.000 embarazos en 2006, según datos del Ministerio de Sanidad, sí tienen personal que accede a realizar estas intervenciones. Algo no encaja.
¿Qué sucede? ¿Cuántos médicos son realmente objetores en España? Nadie lo sabe. No hay ningún registro de médicos objetores, o de no objetores. Por eso, el PSOE incluyó en su programa electoral la "regulación" de la objeción de conciencia, para hacer compatible este derecho con el de las mujeres españolas a abortar con todas las garantías.
Algunas situaciones rayan lo esperpéntico. Como la de la mujer a la que el hospital de La Paz (Madrid) envió a abortar a una clínica privada después de una amniocentesis fallida que le hizo perder líquido amniótico, cuyo caso se relataba ayer en EL PAÍS. El feto no podía vivir, la situación era extremadamente peligrosa para la madre, pero el centro público no quiso encargarse de la intervención. De no haber clínicas privadas, ¿hubieran puesto en peligro la vida de la madre para dejar intacta su conciencia? En Galicia, un celador se negó a llevar en camilla a una mujer que acababa de abortar. Decía que era objetor, así que la matrona tuvo que trasladar a la paciente por su cuenta.
Cuando se pregunta a los médicos de la sanidad pública, muchos aseguran que no tendrían problemas en practicar abortos, pero que hay una inercia que lleva a no hacerlos. Sucede en La Paz, por ejemplo. El hospital, que tiene un enorme servicio de maternidad, es "objetor desde que se aprobó la ley", según indica la portavoz del centro. Es decir, en 1985 se preguntó a los profesionales y todos decidieron que no iban a practicar interrupciones del embarazo. Pero los médicos no son los mismos que entonces. Ni la mentalidad de la sociedad. Fuentes del hospital afirman que probablemente hoy sí sería posible encontrar un grupo de médicos y enfermeras dispuestos a practicar abortos. De hecho, en enero del año pasado el hospital informó de que iba a hacer una interrupción de embarazo. Pero las presiones de los autodenominados grupos provida, con la plataforma Hazteoír a la cabeza, fueron tales que el hospital decidió dejar la intervención en suspenso. En Navarra, donde ningún centro público ni privado practica abortos, hay ginecólogos de la sanidad pública, como Pablo Sánchez Valverde, que expresan públicamente que no son objetores. En balde.
El jefe de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Javier Martínez Salmeán fue de los primeros médicos en practicar interrupciones del embarazo en un centro público. Era 1987, cuando empezó a funcionar el hospital. "Hubo una posición de objeción bastante fuerte por parte de enfermeras, celadores, anestesistas y ginecólogos, pero se llegó de manera natural a un equilibrio", recuerda el médico. "Cuando contrataba a los médicos no se les preguntaba si eran objetores o no. Lo que sí que intenté fue que el hecho de serlo no supusiera ventajas ni inconvenientes", afirma.
Según su experiencia en el Severo Ochoa, cuando se monta un servicio y se deja a los médicos decidir si desean o no practicar abortos, sólo un 50% de los profesionales se manifiestan objetores. Por eso cree que en centros grandes no debería haber problema para formar equipos que realicen abortos. Sin embargo, en el suyo fueron haciendo cada vez menos. Martínez Salmeán cree que no se debió a una postura ideológica, sino a problemas de gestión.
"Todavía hacemos los que son más complicados, cuando el embarazo está más adelantado", dice. "Y no descarto que volvamos a hacer todos", añade. "Lo importante son los derechos de las mujeres". "Lo que no puede ser es que con la excusa de la objeción los médicos se nieguen a hacer unas intervenciones que tienen más carga emocional, como los abortos, y prefieran hacer otras más gratificantes. Yo siempre intenté equilibrarlo. Si un médico empieza negándose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y después a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema público".
"Es evidente, que la práctica del aborto puede incidir en el ejercicio de derechos fundamentales", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo. "Por ejemplo, en la libertad personal y la integridad física y psíquica de la mujer o su derecho a la intimidad. Asimismo, por razones de conciencia relacionadas con sus convicciones religiosas, puede afectar al médico que lo práctica. Pero en todo caso, el poder público está perfectamente legitimado para regular la práctica del aborto en los centros sanitarios, a fin de asegurar en todo caso, la garantía de los derechos afectados. En especial, el derecho de la mujer a interrumpir la gestación en los supuestos y condiciones legales y evitar, que la objeción de conciencia del médico sea ejercida con coherencia, impidiendo un uso torticero de la misma, en función del carácter público o privado del centro sanitario".
Es lo que pretende hacer el Ministerio de Sanidad, que va a esperar a que se constituya el Gobierno para sacar el real decreto anunciado sobre centros de interrupción del embarazo que incluiría la creación de un registro con los médicos objetores. Uno de sus objetivos, como dijo el ministro, hoy en funciones, Bernat Soria, es asegurarse de que no haya médicos que objeten por la mañana -cuando trabajan en la Sanidad pública-, y operen a mujeres por la tarde, en la privada.
Otro de los problemas de un gran hospital es la planificación. "Un aborto debe hacerse casi como una intervención de urgencia", dice Martínez Salmeán. "No tiene sentido que una mujer que ha decidido abortar tenga que ver cómo sigue adelante su embarazo". Además, es menos arriesgado si se hace antes. Y eso en un gran centro es complicado. "Nosotros programamos con tres semanas, y había que dejar un hueco para los abortos todos los días. "Vimos que la atención privada era capaz de satisfacer la demanda".
Otro inconveniente que puede darse en un gran centro es que si el objetor es un jefe de servicio, poco importa que alguno de sus subordinados esté dispuesto a participar en una intervención: el jefe impone su ideología. Aunque esto no tiene por qué ser así. El doctor José Luis Dargallo, que trabajó hace años en el hospital de Guadalajara, explica que allí, a pesar de que el jefe de Ginecología era objetor "se practicaban abortos, siempre y cuando los aprobara la comisión hospitalaria". El director del servicio no los impedía.
¿Qué dicen los médicos oficialmente? Que debe respetarse su derecho a la objeción, pero están de acuerdo en la creación de un registro. "Dentro de un servicio clínico hay distintas funciones, y la objeción suele resultar compatible con el trabajo de los objetores dentro de equipos bien estructurados, dentro de los que siempre se pueden encontrar soluciones que respeten los derechos tanto del paciente a recibir esa prestación, como del médico, a no realizarla él personalmente, pero sí permitir que otros profesionales del servicio debidamente capacitados la practiquen", señala un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
"De ahí la necesidad de que las objeciones, cuando el profesional sabe con antelación que se van a producir, deban hacerse públicas, comunicarse a los superiores y convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la organización de los servicios y la distribución de las tareas", continúa. El consejo pide que los registros estén en manos de las organizaciones profesionales, "que velan por la autorregulación, el código ético y el buen ejercicio profesional".
La redacción de la propia ley de despenalización del aborto está relacionada con la objeción de los médicos. La norma lo permite en tres supuestos: por violación (hasta las 12 semanas); malformación del feto (hasta las 22 semanas) y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre (sin plazo). Más del 96% de los abortos se realizan por este último supuesto. Si el riesgo es para la salud psíquica, hace falta el informe de un psiquiatra. Y pocos psiquiatras de la sanidad pública se quieren involucrar. Porque, ¿qué es un "grave riesgo"? ¿Una depresión, una patología mental grave? ¿O basta con el hecho de que el embarazo implique un trastorno psicológico aunque sea leve? Ante la indefinición de la ley, y la disposición de algunos jueces de condenar a los psiquiatras y a todo el que facilite un aborto, los médicos de la pública no se meten. Para evitar problemas. "Una ley de plazos, que otorgue mayor seguridad jurídica a mujeres y a médicos, como la que hay en casi toda Europa, nos protegería y facilitaría nuestro trabajo", señala Eugenio Civieta, vocal de Asturias y Castilla y León de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción de Embarazos (ACAI).
Mientras llega, o no llega, esa ley de plazos, el registro de objetores y una decidida voluntad por parte de la Administración podrían evitar que algunas mujeres tengan que recorrer cientos de kilómetros para practicarse un aborto o que tengan que trasladarse a una clínica privada cuando el feto está muriendo por una amniocentesis, como ocurrió en el caso del hospital de La Paz. El Consejo de Europa afirmó recientemente que el aborto es un derecho de la mujer, aunque España se empeñe en seguir considerándolo como un delito despenalizado sólo en tres supuestos.
Protección de Datos considera una "práctica infractora" citar en sus casas a mujeres que han abortado
La agencia estatal argumenta que la información de carácter personal no puede ser comunicada a terceros, sean o no familiares de las pacientes
La inercia, la burocracia y la ideología de algunos jefes de servicio han impedido el aborto en los hospitales públicos - El registro de médicos objetores que prevé el Go
bierno puede ser la solución. MÓNICA C. BELAZA / EMILIO DE BENITO EL PAÍS - Sociedad - 11-04-2008La sanidad pública no practica abortos. Apenas el 2,5% del total. En comunidades autónomas como Murcia, Navarra o Castilla-La Mancha no hay ningún hospital público dispuesto a hacerlos. Las intervenciones, incluso cuando son de embarazos avanzados, se suelen hacer en clínicas privadas, menos preparadas para responder a una emergencia que un hospital público. ¿Por qué? Las autoridades autonómicas hablan de una supuesta objeción de conciencia generalizada de los profesionales sanitarios implicados: ginecólogos, anestesistas, psiquiatras, enfermeras... Sin embargo, los centros privados, que interrumpieron más de 100.000 embarazos en 2006, según datos del Ministerio de Sanidad, sí tienen personal que accede a realizar estas intervenciones. Algo no encaja.
¿Qué sucede? ¿Cuántos médicos son realmente objetores en España? Nadie lo sabe. No hay ningún registro de médicos objetores, o de no objetores. Por eso, el PSOE incluyó en su programa electoral la "regulación" de la objeción de conciencia, para hacer compatible este derecho con el de las mujeres españolas a abortar con todas las garantías.
Algunas situaciones rayan lo esperpéntico. Como la de la mujer a la que el hospital de La Paz (Madrid) envió a abortar a una clínica privada después de una amniocentesis fallida que le hizo perder líquido amniótico, cuyo caso se relataba ayer en EL PAÍS. El feto no podía vivir, la situación era extremadamente peligrosa para la madre, pero el centro público no quiso encargarse de la intervención. De no haber clínicas privadas, ¿hubieran puesto en peligro la vida de la madre para dejar intacta su conciencia? En Galicia, un celador se negó a llevar en camilla a una mujer que acababa de abortar. Decía que era objetor, así que la matrona tuvo que trasladar a la paciente por su cuenta.
Cuando se pregunta a los médicos de la sanidad pública, muchos aseguran que no tendrían problemas en practicar abortos, pero que hay una inercia que lleva a no hacerlos. Sucede en La Paz, por ejemplo. El hospital, que tiene un enorme servicio de maternidad, es "objetor desde que se aprobó la ley", según indica la portavoz del centro. Es decir, en 1985 se preguntó a los profesionales y todos decidieron que no iban a practicar interrupciones del embarazo. Pero los médicos no son los mismos que entonces. Ni la mentalidad de la sociedad. Fuentes del hospital afirman que probablemente hoy sí sería posible encontrar un grupo de médicos y enfermeras dispuestos a practicar abortos. De hecho, en enero del año pasado el hospital informó de que iba a hacer una interrupción de embarazo. Pero las presiones de los autodenominados grupos provida, con la plataforma Hazteoír a la cabeza, fueron tales que el hospital decidió dejar la intervención en suspenso. En Navarra, donde ningún centro público ni privado practica abortos, hay ginecólogos de la sanidad pública, como Pablo Sánchez Valverde, que expresan públicamente que no son objetores. En balde.
El jefe de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Javier Martínez Salmeán fue de los primeros médicos en practicar interrupciones del embarazo en un centro público. Era 1987, cuando empezó a funcionar el hospital. "Hubo una posición de objeción bastante fuerte por parte de enfermeras, celadores, anestesistas y ginecólogos, pero se llegó de manera natural a un equilibrio", recuerda el médico. "Cuando contrataba a los médicos no se les preguntaba si eran objetores o no. Lo que sí que intenté fue que el hecho de serlo no supusiera ventajas ni inconvenientes", afirma.
Según su experiencia en el Severo Ochoa, cuando se monta un servicio y se deja a los médicos decidir si desean o no practicar abortos, sólo un 50% de los profesionales se manifiestan objetores. Por eso cree que en centros grandes no debería haber problema para formar equipos que realicen abortos. Sin embargo, en el suyo fueron haciendo cada vez menos. Martínez Salmeán cree que no se debió a una postura ideológica, sino a problemas de gestión.
"Todavía hacemos los que son más complicados, cuando el embarazo está más adelantado", dice. "Y no descarto que volvamos a hacer todos", añade. "Lo importante son los derechos de las mujeres". "Lo que no puede ser es que con la excusa de la objeción los médicos se nieguen a hacer unas intervenciones que tienen más carga emocional, como los abortos, y prefieran hacer otras más gratificantes. Yo siempre intenté equilibrarlo. Si un médico empieza negándose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y después a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema público".
"Es evidente, que la práctica del aborto puede incidir en el ejercicio de derechos fundamentales", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo. "Por ejemplo, en la libertad personal y la integridad física y psíquica de la mujer o su derecho a la intimidad. Asimismo, por razones de conciencia relacionadas con sus convicciones religiosas, puede afectar al médico que lo práctica. Pero en todo caso, el poder público está perfectamente legitimado para regular la práctica del aborto en los centros sanitarios, a fin de asegurar en todo caso, la garantía de los derechos afectados. En especial, el derecho de la mujer a interrumpir la gestación en los supuestos y condiciones legales y evitar, que la objeción de conciencia del médico sea ejercida con coherencia, impidiendo un uso torticero de la misma, en función del carácter público o privado del centro sanitario".
Es lo que pretende hacer el Ministerio de Sanidad, que va a esperar a que se constituya el Gobierno para sacar el real decreto anunciado sobre centros de interrupción del embarazo que incluiría la creación de un registro con los médicos objetores. Uno de sus objetivos, como dijo el ministro, hoy en funciones, Bernat Soria, es asegurarse de que no haya médicos que objeten por la mañana -cuando trabajan en la Sanidad pública-, y operen a mujeres por la tarde, en la privada.
Otro de los problemas de un gran hospital es la planificación. "Un aborto debe hacerse casi como una intervención de urgencia", dice Martínez Salmeán. "No tiene sentido que una mujer que ha decidido abortar tenga que ver cómo sigue adelante su embarazo". Además, es menos arriesgado si se hace antes. Y eso en un gran centro es complicado. "Nosotros programamos con tres semanas, y había que dejar un hueco para los abortos todos los días. "Vimos que la atención privada era capaz de satisfacer la demanda".
Otro inconveniente que puede darse en un gran centro es que si el objetor es un jefe de servicio, poco importa que alguno de sus subordinados esté dispuesto a participar en una intervención: el jefe impone su ideología. Aunque esto no tiene por qué ser así. El doctor José Luis Dargallo, que trabajó hace años en el hospital de Guadalajara, explica que allí, a pesar de que el jefe de Ginecología era objetor "se practicaban abortos, siempre y cuando los aprobara la comisión hospitalaria". El director del servicio no los impedía.
¿Qué dicen los médicos oficialmente? Que debe respetarse su derecho a la objeción, pero están de acuerdo en la creación de un registro. "Dentro de un servicio clínico hay distintas funciones, y la objeción suele resultar compatible con el trabajo de los objetores dentro de equipos bien estructurados, dentro de los que siempre se pueden encontrar soluciones que respeten los derechos tanto del paciente a recibir esa prestación, como del médico, a no realizarla él personalmente, pero sí permitir que otros profesionales del servicio debidamente capacitados la practiquen", señala un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
"De ahí la necesidad de que las objeciones, cuando el profesional sabe con antelación que se van a producir, deban hacerse públicas, comunicarse a los superiores y convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la organización de los servicios y la distribución de las tareas", continúa. El consejo pide que los registros estén en manos de las organizaciones profesionales, "que velan por la autorregulación, el código ético y el buen ejercicio profesional".
La redacción de la propia ley de despenalización del aborto está relacionada con la objeción de los médicos. La norma lo permite en tres supuestos: por violación (hasta las 12 semanas); malformación del feto (hasta las 22 semanas) y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre (sin plazo). Más del 96% de los abortos se realizan por este último supuesto. Si el riesgo es para la salud psíquica, hace falta el informe de un psiquiatra. Y pocos psiquiatras de la sanidad pública se quieren involucrar. Porque, ¿qué es un "grave riesgo"? ¿Una depresión, una patología mental grave? ¿O basta con el hecho de que el embarazo implique un trastorno psicológico aunque sea leve? Ante la indefinición de la ley, y la disposición de algunos jueces de condenar a los psiquiatras y a todo el que facilite un aborto, los médicos de la pública no se meten. Para evitar problemas. "Una ley de plazos, que otorgue mayor seguridad jurídica a mujeres y a médicos, como la que hay en casi toda Europa, nos protegería y facilitaría nuestro trabajo", señala Eugenio Civieta, vocal de Asturias y Castilla y León de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción de Embarazos (ACAI).
Mientras llega, o no llega, esa ley de plazos, el registro de objetores y una decidida voluntad por parte de la Administración podrían evitar que algunas mujeres tengan que recorrer cientos de kilómetros para practicarse un aborto o que tengan que trasladarse a una clínica privada cuando el feto está muriendo por una amniocentesis, como ocurrió en el caso del hospital de La Paz. El Consejo de Europa afirmó recientemente que el aborto es un derecho de la mujer, aunque España se empeñe en seguir considerándolo como un delito despenalizado sólo en tres supuestos.
Protección de Datos considera una "práctica infractora" citar en sus casas a mujeres que han abortado
La agencia estatal argumenta que la información de carácter personal no puede ser comunicada a terceros, sean o no familiares de las pacientes
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