Incertidumbre entre las formaciones sobre cuándo y cómo reunir las firmas para poder presentarse
El PSOE considera que las condiciones serán las mismas que para las agrupaciones de electores
Mientras el Movimiento 15-M reivindica una mayor presencia de los partidos minoritarios, estos lo van a tener más difícil que en otras ocasiones para concurrir a las elecciones. El Parlamento dio luz verde en enero a una reforma de la ley electoral, pactada por PP y PSOE. Entre otras modificaciones se aprobó que los partidos, federaciones o coaliciones sin escaños en ninguna de las Cámaras necesitarían para la siguiente convocatoria la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción por la que se presenten. Si quieren hacerlo por todas, la suma asciende a unas 35.000. La norma añade que ningún votante podrá apoyar a más de una candidatura.
Cabos sueltos
La ley no establece, sin embargo, cuándo puede empezar y cuándo debe finalizar la recogida ni aspectos como si podrá hacerse online o si deberá adjuntarse la fotocopia del DNI de todo aquel que firme. Los partidos consultados por este diario coinciden en que la Junta Electoral les comunicó en julio que en septiembre emitirá una doctrina con estas cuestiones. Dado el adelanto, consideran que será demasiado tarde. “La información brilla por su ausencia”, apunta Juan Campos, secretario de Organización de la Chunta Aragonesista.
Desde el Grupo Socialista en el Congreso afirman que los requisitos debe marcarlos la Junta Electoral, pero auguran que serán los mismos que para las agrupaciones de electores, para las que la recogida de firmas ya es obligatoria. En ese caso, la acreditación de todos los firmantes ha de realizarse mediante acta notarial o por el secretario de la Corporación municipal; tienen que aportarse las copias de los DNI y no puede iniciarse la recogida antes de la convocatoria electoral.
Mientras el 15-M reivindica mayor presencia de los partidos minoritarios, estos lo van a tener más difícil en las próximas elecciones
Si se siguen los plazos previstos, el decreto por el que se convoquen oficialmente las elecciones de noviembre será publicado en el BOE sobre el 27 de septiembre. Por tanto, de ser cierto que las condiciones serán las mismas para las agrupaciones que para los partidos políticos, estos no podrán empezar a recabar firmas hasta ese momento. A partir de ahí, tendrán un máximo de 20 días para tener todas las rúbricas. Las candidaturas deben presentarse entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria.
¿Zancadilla a los pequeños?
¿Qué ha llevado a PP y PSOE a introducir este aspecto en la legislación? El Grupo Socialista en el Congreso argumenta que se había detectado la existencia de individuos que se presentaban a las elecciones “para acceder al censo electoral con fines por ejemplo, comerciales”. La propia ley justifica que es una forma de “salir al paso de prácticas no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral”. Preguntada el lunes por esta cuestión, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que “la ley electoral ha permitido la presencia en el Congreso de diferentes partidos de diferentes ámbitos”. “La ley electoral debe modificarse por consenso al menos de los dos grandes partidos y así ha sido”, añadió.
Para Juan López de Uralde, portavoz de Equo y exdirector de Greenpeace España, la finalidad de esta nueva condición es, sin embargo, “obstaculizar la presencia de nuevos contendientes en la arena política, que el bipartidismo se perpetúe”. La formación verde, presentada oficialmente en junio y a la que se ha unido la exdirigente de IU Inés Sabanés, tiene previsto presentarse por todas las circunscripciones. “No nos importa salir a la calle a recoger firmas y creemos que conseguiremos el objetivo, siempre y cuando el proceso sea simple. Lo preocupante es la validación. ¿Tiene que hacerla la Administración? Si tuviéramos que hacerla nosotros y pagar a un notario para ello supondría un coste inasumible. Según algunos cálculos podría alcanzar los 300.000 euros”, comenta López de Ugalde.
La norma provocará que formaciones que han gobernado en su comunidad tengan que demostrar su representatividad
En línea similar, Silvia Barquero opina que “estas son trabas para quitar de en medio a las formaciones pequeñas. Ella es portavoz del Partido Animalista, antiguo Partido Antitaurino. “Es un ataque a la democracia. Nuestra existencia enriquece la política. Pero para los partidos grandes somos molestos. Si no, no tiene sentido esta reforma”, destaca. Lamenta que si en alguna circunscripción no consiguen las firmas suficientes, los habitantes de esa provincia que les quieran votar “se van a quedar sin su derecho al voto”. “En las últimas generales logramos más de 132.000 votos al Senado. ¿Qué más aval necesitamos?”. Para el Congreso obtuvieron 44.795 papeletas.
El catedrático de Ciencia Política, Antonio Elorza, cree que tener que cumplir esta condición es una traba, pero considera que será sencillo para los partidos reunir el número de firmas necesarias.
Paradojas de la nueva normativa
En 2008 se presentaron a las elecciones generales un centenar de partidos, de los que solo 12 consiguieron representación en la Cámara baja. La nueva norma va a provocar, entre otras situaciones, que formaciones que han llegado a gobernar en su comunidad tengan que demostrar su representatividad. Es el caso del Partido Regionalista de Cantabria, liderado por Miguel Ángel Revilla, presidente autonómico hasta las elecciones del 22 de mayo. Incluso aquellos con representación parlamentaria que quieran presentarse en coalición con otros deberán acatar este nuevo requisito.
“Nosotros estamos en las Cortes aragonesas, en Ayuntamientos…”, recuerda el secretario de Organización de la Chunta. De hecho, este partido contó con un escaño en el Congreso entre 2000 y 2008, ocupado por José Antonio Labordeta. En los últimos comicios lo perdieron, al obtener 38.200 votos. “Es un requisito adicional que cumpliremos, pero que no tiene sentido”, añade. La Chunta se presentará por las tres provincias de Aragón, por lo que requerirá aproximadamente mil firmas.
Más allá de la estimación aportada por Equo sobre el posible gasto notarial, estas formaciones aseguran no haber calculado el coste económico que les supondrá la recogida de firmas. Intentando ver el lado positivo, esperan al menos que el esfuerzo extra que tendrán que hacer para poder presentarse a las elecciones les permita darse a conocer mejor.
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