En Equo consideramos que el procedimiento de elaboración de la ley de educación adolece completamente de transparencia y horizontalidad, sin participación de la propia comunidad educativa, y que por tanto crea un sistema diseñado por mercaderes y no por educadores, convirtiendo la educación en un instrumento más al servicio del mercado.
En este sentido, ya el Preámbulo de la LOMCE está cargado de ideología neoliberal cuando propugna que la educación debe ser más productiva y más competitiva, conceptos ambos que están en las antípodas de nuestra filosofía y de nuestro modelo social.
Desde Equo estamos convencidos de que la educación no debe servir para formar simples súbditos del sistema productivo, meros sujetos aptos para un mercado de trabajo cada vez más inhumano, sino para formar ciudadanos y ciudadanas felices.
Por otro lado, la justicia social brilla por su ausencia en una ley que prima lo privado frente a lo público creando una mayor desigualdad social en contra de lo que propugna la Constitución.
No entramos a analizar punto por punto otros aspectos concretos, pues consideramos que es un trabajo que ya se ha hecho excelentemente por la Plataforma de la Escuela Pública y con el que coincidimos plenamente, pero baste recordar, por ejemplo que se promueve la segregación por sexos o se adelanta la elección de itinerarios como supuesto medio para reducir el fracaso escolar cuando en realidad es una manera de segregar al alumnado de forma más temprana y de dificultar el acceso a estudios superiores.
Por otro lado nuestra oposición a los Presupuestos de la DGA para 2013 que se aprobarán el próximo día 27 no puede ser más rotunda.
El conjunto de los presupuestos baja sobre un 4% pero en educación lo hace cerca de un 12%, unas tres veces más. Pero es, sobre todo, al analizar las partidas cuando se ve que donde más daño hace el Departamento de Educación es a la calidad de la Escuela Pública, poniendo de manifiesto que este gobierno no es de todos, sino de unos más que de otros (14,8 % de recortes en la pública contra un 1,7% en la concertada).
Destaca el hecho de que, dentro de los gastos de personal, la presión recaiga claramente sobre el profesorado y no sobre los altos cargos y asesores, cuyos partidas aumentan o casi no se alteran. Así, no se pagarán dos meses acordados por contrato a los docentes interinos, lo que supone una ruptura unilateral de los acuerdos de la Mesa Sectorial, y se prevé una disminución de aproximadamente 2000 profesores para el curso próximo con todo el deterioro de la calidad de la enseñanza que ello conllevará (aumento de ratios, peor atención a la diversidad, etc).
También destaca la drástica disminución en los convenios de educación infantil con los ayuntamientos, lo que supondrá el cierre de éstos en el medio rural. Sospechamos que sucederá lo mismo con muchas escuelas rurales, con lo que una vez más un sector social débil, el medio rural, pagará más que nadie el precio de la crisis. En Equo estamos decididamente a favor de la escuela rural como parte fundamental de su desarrollo y del equilibrio territorial. (Por cierto, ¿por qué no hay centros privados en el mundo rural?).
Por último, es inconcebible que las familias paguen más a partir de ahora pero teniendo menos servicios y de peor calidad, dados los recortes también en becas, ayudas de comedor o dotación a los centros. Se trata de una estrategia clara que desde Equo queremos denunciar: reducir la calidad de la oferta de la escuela pública para justificar que haya más demanda en la concertada.
En este sentido, queremos señalar que nuestra Consejera miente e insulta a la inteligencia de toda la ciudadanía cuando afirma que la educación concertada (o, mejor dicho, privada pero sostenida con fondos públicos) obtiene mejores resultados con menor coste económico que la pública. Esto es rotundamente falso y es inadmisible afirmarlo con unos datos que no son válidos puesto que se basan en muestras no comparables.
Como propuestas concretas destacamos, por ejemplo, la no ampliación de conciertos educativos si el alumnado puede ser asumido por la red pública; la eliminación progresiva de los conciertos ya existentes, cuyo dinero mejoraría la calidad de la oferta pública; atender al 100% las necesidades reconocidas de becas (de comedor y otras) apoyando especialmente a las familias más necesitadas y al medio rural; eliminar los desmedidos recortes de personal, especialmente en las enseñanzas obligatorias; respetar los convenios y negociaciones con los sindicatos y otros agentes educativos o recuperación de programas educativos de innovación que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza.
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