12:00 Glorieta de Sasera. Zaragoza.
Lectura comunicados Pza. San Miguel.
lunes, abril 30, 2012
Sin aborto gratuito en Aragón. Rudi no paga la deuda de 800.000 euros con las clínicas privadas que lo llevaban a cabo.
Las clínicas que realizan abortos en Aragón deciden dejar de prestar gratuitamente la prestación pública por los impagos del gobierno de Rudi y el recorte presupuestario para financiar el servicio MARIOLA LOURIDO 30-04-2012
Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en la comunidad de Aragón tendrán que pagar de su bolsillo el coste del aborto, unos 600 euros, y después reclamarlo a la administración. Las dos única clínicas acreditadas para realizar esta prestación se ven obligadas a suspender la prestación pública del aborto por los impagos de 800.000 euros del gobierno autonómico y la falta de presupuesto para garantizarla.
Las dos clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo que existen en Aragón, Actur y Almozara, han decidido suspender su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejar de realizar la prestación pública del aborto en esta comunidad. La razón: la falta de compromiso del gobierno de Luisa Fernanda Rudi para pagarles la deuda de 800.000 euros que acumula desde hace meses y la confirmación de que en las cuentas de2012 la administración aragonesa no ha presupuestado ninguna partida para hacer frente a ese impago y por lo tanto seguir financiando el aborto.
Los responsables de las clínicas denuncian que, tras meses de negociación, el gobierno aragonés no les ha ofrecido una salida viable. "No ha sido capaz en un año y nueve meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en esa región". Las clínicas aclaran que "resulta insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados al cierre inevitable".
Actur y Almozara informan a las mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo de que deberán abonar el precio de la prestación a partir del 3 de mayo. Solo seguirán realizando de forma gratuita los abortos de malformaciones y patologías fetales graves.
La presidenta del Gobierno aragonés descarta reducir el presupuesto en Sanidad o Educación
FADSP denuncia que algunas CCAA excluyen el aborto de sus prestaciones mediante el impago sistemático .
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado una "actitud ideológica" de algunas comunidades autónomas de no financiar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y excluirlo "en la práctica de las prestaciones sanitarias financiadas, mediante el impago sistemático de los mismos a las clínicas concertadas", tras el anuncio de éstas este lunes de no seguir realizando estas intervenciones para la sanidad pública aragonesa. En este sentido, la federación señala que esta circunstancia "ya ha sucedido, que se sepa, en Castilla-La Mancha y Baleares", y advierte de que "se esta agravando con la excusa de la crisis y los recortes". A su juicio, esta medida además va a suponer "una importante barrera económica" para el acceso al IVE para las mujeres de menor nivel económico, lo que supone una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La federación considera que esta situación es "inaceptable" y defiende la necesidad de la cobertura de las IVE desde el sector público.
Las clínicas de Aragón dejan de realizar abortos para la sanidad pública al acumularse deudas de 800.000 euros.
Las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo han anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejan de realizar esta prestación para la sanidad pública en esa comunidad autónoma al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros, sin que su Administración haya ofrecido "una salida viable" a los centros ni haya presupuestado ninguna partida en sus cuentas para 2012 para hacer frente a esa deuda.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que, "en estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país".
Los centros abordaron esta cuestión con el Ministerio de Sanidad en una reunión que mantuvieron la semana pasada con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos que, según las clínicas, no quiso abordar la cuestión al considerar que "no era el momento" ya que, según sus palabras, estaba funcionando con normalidad.
Al término de esa reunión, las ACAI señalaron también que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos ya que tiene previsto analizar cómo se está aplicando la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiándolas económicamente
Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de esta ley y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados para la IVE han pasado a ser "de hecho" centros "públicos" a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. Sin embargo, las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están "asfixiándolas económicamente". En el caso concreto de Aragón, señalan que la deuda de asciende a más de 800.000 euros "que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012". Ante esta situación, ACAI asegura que los centros de Aragón "han intentado han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés". Por ello y el pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración. Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, explica ACAI, "y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales". Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en situación, las clínicas consideran "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo". Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa. No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, "si esté lo acepta", todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal. La Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón expresa su intención de "llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros" y recuerda a la Administración Aragonesa su obligación de facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.
La presidenta del Gobierno aragonés descarta reducir el presupuesto en Sanidad o Educación
FADSP denuncia que algunas CCAA excluyen el aborto de sus prestaciones mediante el impago sistemático .
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado una "actitud ideológica" de algunas comunidades autónomas de no financiar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y excluirlo "en la práctica de las prestaciones sanitarias financiadas, mediante el impago sistemático de los mismos a las clínicas concertadas", tras el anuncio de éstas este lunes de no seguir realizando estas intervenciones para la sanidad pública aragonesa. En este sentido, la federación señala que esta circunstancia "ya ha sucedido, que se sepa, en Castilla-La Mancha y Baleares", y advierte de que "se esta agravando con la excusa de la crisis y los recortes". A su juicio, esta medida además va a suponer "una importante barrera económica" para el acceso al IVE para las mujeres de menor nivel económico, lo que supone una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La federación considera que esta situación es "inaceptable" y defiende la necesidad de la cobertura de las IVE desde el sector público.
Las clínicas de Aragón dejan de realizar abortos para la sanidad pública al acumularse deudas de 800.000 euros.
Las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiándolas económicamente
Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de esta ley y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados para la IVE han pasado a ser "de hecho" centros "públicos" a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. Sin embargo, las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están "asfixiándolas económicamente". En el caso concreto de Aragón, señalan que la deuda de asciende a más de 800.000 euros "que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012". Ante esta situación, ACAI asegura que los centros de Aragón "han intentado han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés". Por ello y el pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración. Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, explica ACAI, "y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales". Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en situación, las clínicas consideran "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo". Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa. No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, "si esté lo acepta", todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal. La Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón expresa su intención de "llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros" y recuerda a la Administración Aragonesa su obligación de facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.
God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion by Victor J. Stenger
God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion
It has become the prevalent view among sociologists, historians, and some theistic scientists that religion and science have never been in serious conflict. Some even claim that Christianity was responsible for the development of science. In God and the Folly of Faith, physicist Victor J. Stenger shows that this conclusion flies in the face of the historical facts. In a sweeping historical survey that begins with ancient Greek science and proceeds through the Renaissance and Enlightenment to contemporary advances in physics and cosmology, Stenger makes a convincing case that Christianity held back the progress of science for one thousand years. It is significant, he notes, that the scientific revolution of the seventeenth century occurred only after the revolts against established ecclesiastic authorities in the Renaissance and Reformation opened up new avenues of thought. The author goes on to detail how religion and science are fundamentally incompatible in several areas: the origin of the universe and its physical parameters, the origin of complexity, holism versus reductionism, the nature of mind and consciousness, and the source of morality. In the end, Stenger is most troubled by the negative influence that organized religion often exerts on politics and society. He points out antiscientific attitudes embedded in popular religion that are being used to suppress scientific results on issues of global importance, such as overpopulation and environmental degradation. When religion fosters disrespect for science, it threatens the generations of humanity that will follow ours. This thorough and hard-hitting critique is must reading for anyone interested in the interaction between religion and science.
Book Review: God and the Folly of Faith by Victor J. Stenger
April 26, 2012 at 9:07 am Mano Singham
Victor Stenger has had a long career in experimental high-energy physics. He has become a prolific writer on the intersection of science and religion and I have referred to him frequently in past blog posts, especially to material in his 2007 book God: The Failed Hypothesis.
Stenger is an unabashed ‘new atheist’ who thinks that science and religion are fundamentally incompatible and does not shy away from saying so bluntly. The title of his latest book (and its subtitle The Incompatibility of Science and Religion) leaves the reader with no doubt as to where he stands.
The book was released this month and I have just had the pleasure of reading it. It essentially updates and expands on the arguments of that earlier one. The complexity and diversity of life used to be the main evidence for the existence of god.
Many new atheists are biologists and have argued against the existence of god from the point of view that the theory of evolution by natural selection essentially did away with the need to postulate a supernatural entity to explain how the diversity of life came about. They have been so successful in doing so that sophisticated religious apologists and theologians have pretty much given up on fighting evolution directly and conceded that evolution is sufficient to understand life.
Some sophisticated religious apologists (theistic evolutionists and intelligent designers) continue to try and argue that life shows the need for god, weakly arguing that god works through the process of evolution without specifying how that happens or explaining why a god would go to all the trouble of acting so covertly as to give the convincing impression of being absent.
Other religious apologists have shifted their focus to other areas of science. Many of the arguments that they now make for the existence of god are based on recent developments in physics and thus have consequences for how the laws of physics operate, especially in the areas of particle physics and cosmology.
Stenger is in a good position to refute those arguments and to make the case that science and religion are also incompatible from the physics point of view. Stenger started his research career in 1959 and thus has been an active participant in many of the major developments that have taken place over the last fifty years. Being an experimentalist, he is firmly grounded in the empirical world and takes a no-nonsense approach. And like the best experimentalists, he has a solid grasp of theoretical physics as well. Another of his strengths is that he is cautious about what can be inferred from the evidence. While not shying away from where evidence and reasoning leads, he does not overstate the claims.
The first 125 pages of this approximately 325-page book consist of a historical review of the interplay of religious, scientific, and philosophical ideas, starting with those of the early Greeks. I found that part particularly interesting since he provided much information that I had been previously unaware of. This survey takes the reader through Darwinian evolution and up to around the year 1900, which is usually the marker of the advent of modern physics, with the birth of quantum mechanics, relativity, and cosmology.
The next 75 pages of his book are a bit heavy going. Stenger tries to explain the basis for the key scientific ideas in those areas, especially those that have implications for religion such as the origins of the universe, the indeterminancy principle, entropy, and information theory. In this section, sometimes Stenger tries to do a little too much. To combat those religious apologists who try to bamboozle people with physics to make their case, he feels obliged to explain the physics ideas that are involved in order to show how they are being misused to advance religion. I fear that his explanations of the physics may be too superficial for physicists, too familiar to those who have read the many science popularizations that are currently available, yet remain too difficult for those without a physics background for whom the ideas may still remain obscure.
Stenger also gives perhaps a little too much historical detail (names and dates and anecdotes) that distracts from the main narrative. For those not too familiar with physics, I recommend just plowing through his physics explanations without trying to understand it all, ignoring the digressions and asides and focusing instead on the main conclusions as they pertain to religious arguments.
Things get easier in the next 75 pages of the book, where Stenger systematically attacks the religious, pseudoscientific, and superstitious ideas that are all around us, marshaling the evidence against them and using his keen reasoning and logical powers to show why none of these things have any merit. In the process, he deals with the nature of time, entropy and information, the afterlife, the origin of life, near death experiences, reincarnation, the efficacy of prayer, the paranormal, eastern mysticism, morality, consciousness, the mind and soul, free will, and meaning and purpose. Given the broad scope, it is necessarily superficial in parts but he provides citations for those who want to go into more depth on any of the topics.
In the last 50 pages, Stenger tackles the general issue of atheism and spirituality, the incompatibility of science and religion, the harmful effects of religion, and the adverse political and social consequences of religious beliefs. He makes the new atheist case that accommodationism (the idea that nonbelievers should not criticize ‘moderate’ forms of religion for fear of alienating their adherents and pushing them into the fundamentalist camp) is a futile strategy and that all forms of religious and supernatural beliefs need to be combated.
Stenger has a laconic, just-the-facts, writing style. But while he provides few rhetorical flourishes, he more than makes up for it in terms of depth of knowledge. He has read widely and provides copious references to the sources of his information and arguments. This book is almost encyclopedic in the range of topics it covers and this may be its greatest strength, even if it has to pay the price of skimming over some sections. It is the kind of book where, when confronted with a topic, one can look it up in the index, read the relevant sections for a good quick overview of the main issues involved, and look up the citations for more detailed information. I can see myself using this book frequently in just such a reference manner and can recommend it to those who would find it convenient to have the scientific case against religion dealt with in a single source by someone who knows what he is talking about.
It has become the prevalent view among sociologists, historians, and some theistic scientists that religion and science have never been in serious conflict. Some even claim that Christianity was responsible for the development of science. In God and the Folly of Faith, physicist Victor J. Stenger shows that this conclusion flies in the face of the historical facts. In a sweeping historical survey that begins with ancient Greek science and proceeds through the Renaissance and Enlightenment to contemporary advances in physics and cosmology, Stenger makes a convincing case that Christianity held back the progress of science for one thousand years. It is significant, he notes, that the scientific revolution of the seventeenth century occurred only after the revolts against established ecclesiastic authorities in the Renaissance and Reformation opened up new avenues of thought. The author goes on to detail how religion and science are fundamentally incompatible in several areas: the origin of the universe and its physical parameters, the origin of complexity, holism versus reductionism, the nature of mind and consciousness, and the source of morality. In the end, Stenger is most troubled by the negative influence that organized religion often exerts on politics and society. He points out antiscientific attitudes embedded in popular religion that are being used to suppress scientific results on issues of global importance, such as overpopulation and environmental degradation. When religion fosters disrespect for science, it threatens the generations of humanity that will follow ours. This thorough and hard-hitting critique is must reading for anyone interested in the interaction between religion and science.
Victor Stenger has had a long career in experimental high-energy physics. He has become a prolific writer on the intersection of science and religion and I have referred to him frequently in past blog posts, especially to material in his 2007 book God: The Failed Hypothesis.
Stenger is an unabashed ‘new atheist’ who thinks that science and religion are fundamentally incompatible and does not shy away from saying so bluntly. The title of his latest book (and its subtitle The Incompatibility of Science and Religion) leaves the reader with no doubt as to where he stands.
The book was released this month and I have just had the pleasure of reading it. It essentially updates and expands on the arguments of that earlier one. The complexity and diversity of life used to be the main evidence for the existence of god.
Many new atheists are biologists and have argued against the existence of god from the point of view that the theory of evolution by natural selection essentially did away with the need to postulate a supernatural entity to explain how the diversity of life came about. They have been so successful in doing so that sophisticated religious apologists and theologians have pretty much given up on fighting evolution directly and conceded that evolution is sufficient to understand life.
Some sophisticated religious apologists (theistic evolutionists and intelligent designers) continue to try and argue that life shows the need for god, weakly arguing that god works through the process of evolution without specifying how that happens or explaining why a god would go to all the trouble of acting so covertly as to give the convincing impression of being absent.
Other religious apologists have shifted their focus to other areas of science. Many of the arguments that they now make for the existence of god are based on recent developments in physics and thus have consequences for how the laws of physics operate, especially in the areas of particle physics and cosmology.
Stenger is in a good position to refute those arguments and to make the case that science and religion are also incompatible from the physics point of view. Stenger started his research career in 1959 and thus has been an active participant in many of the major developments that have taken place over the last fifty years. Being an experimentalist, he is firmly grounded in the empirical world and takes a no-nonsense approach. And like the best experimentalists, he has a solid grasp of theoretical physics as well. Another of his strengths is that he is cautious about what can be inferred from the evidence. While not shying away from where evidence and reasoning leads, he does not overstate the claims.
The first 125 pages of this approximately 325-page book consist of a historical review of the interplay of religious, scientific, and philosophical ideas, starting with those of the early Greeks. I found that part particularly interesting since he provided much information that I had been previously unaware of. This survey takes the reader through Darwinian evolution and up to around the year 1900, which is usually the marker of the advent of modern physics, with the birth of quantum mechanics, relativity, and cosmology.
The next 75 pages of his book are a bit heavy going. Stenger tries to explain the basis for the key scientific ideas in those areas, especially those that have implications for religion such as the origins of the universe, the indeterminancy principle, entropy, and information theory. In this section, sometimes Stenger tries to do a little too much. To combat those religious apologists who try to bamboozle people with physics to make their case, he feels obliged to explain the physics ideas that are involved in order to show how they are being misused to advance religion. I fear that his explanations of the physics may be too superficial for physicists, too familiar to those who have read the many science popularizations that are currently available, yet remain too difficult for those without a physics background for whom the ideas may still remain obscure.
Stenger also gives perhaps a little too much historical detail (names and dates and anecdotes) that distracts from the main narrative. For those not too familiar with physics, I recommend just plowing through his physics explanations without trying to understand it all, ignoring the digressions and asides and focusing instead on the main conclusions as they pertain to religious arguments.
Things get easier in the next 75 pages of the book, where Stenger systematically attacks the religious, pseudoscientific, and superstitious ideas that are all around us, marshaling the evidence against them and using his keen reasoning and logical powers to show why none of these things have any merit. In the process, he deals with the nature of time, entropy and information, the afterlife, the origin of life, near death experiences, reincarnation, the efficacy of prayer, the paranormal, eastern mysticism, morality, consciousness, the mind and soul, free will, and meaning and purpose. Given the broad scope, it is necessarily superficial in parts but he provides citations for those who want to go into more depth on any of the topics.
In the last 50 pages, Stenger tackles the general issue of atheism and spirituality, the incompatibility of science and religion, the harmful effects of religion, and the adverse political and social consequences of religious beliefs. He makes the new atheist case that accommodationism (the idea that nonbelievers should not criticize ‘moderate’ forms of religion for fear of alienating their adherents and pushing them into the fundamentalist camp) is a futile strategy and that all forms of religious and supernatural beliefs need to be combated.
Stenger has a laconic, just-the-facts, writing style. But while he provides few rhetorical flourishes, he more than makes up for it in terms of depth of knowledge. He has read widely and provides copious references to the sources of his information and arguments. This book is almost encyclopedic in the range of topics it covers and this may be its greatest strength, even if it has to pay the price of skimming over some sections. It is the kind of book where, when confronted with a topic, one can look it up in the index, read the relevant sections for a good quick overview of the main issues involved, and look up the citations for more detailed information. I can see myself using this book frequently in just such a reference manner and can recommend it to those who would find it convenient to have the scientific case against religion dealt with in a single source by someone who knows what he is talking about.
domingo, abril 29, 2012
Le descubren supuesta amante al Rey cazador de elefantes de España
Le descubren supuesta amante al Rey cazador de elefantes de España
LA NOVIA DEL REY SE VA DE ESPAÑA
La foto de las SUPUESTAs amantes del REY
Los cuernos de la Reina Sofía con Corinna zu Sayn-Wittgenstein llegan a la portada de El Jueves
Anasagasti y otros antimonárquicos: lo que dicen de Juan Carlos I
- La princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein se ha convertido en uno de los focos de la crisis real tras el accidente de Botsuana.
- Separada y con dos hijas, hay quien se refiere a ella como "la novia del rey".
En medio de la tormenta que azota al rey Juan Carlos y a la Familia Real, hay un nombre muy citado: el de la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Una fotografía de hace 6 o 7 años en una exposición de joyas en el Hotel Ritz, en la que posa junto al joyero británico Patrick Mavros y el rey Juan Carlos, circula sin parar por la Red.
En España hay dos reinas: la oficial, Sofía; y la oficiosa, la provocante y rubia princesa Corinna
La primera pista la dio el diario italiano La Stampa, en un artículo firmado por Gian Antonio Orighi: "En España haydos reinas: la oficial, Sofía, de 73 años, casada desde 1962 con el rey Juan Carlos; y la oficiosa, la provocante y rubia princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 46, separada y amante desde hace cuatro años del soberano más tombeur de femmes de Europa", reza la controvertida noticia.
La primera pista la dio el diario italiano La Stampa, en un artículo firmado por Gian Antonio Orighi: "En España haydos reinas: la oficial, Sofía, de 73 años, casada desde 1962 con el rey Juan Carlos; y la oficiosa, la provocante y rubia princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 46, separada y amante desde hace cuatro años del soberano más tombeur de femmes de Europa", reza la controvertida noticia.
"Corinna Larson, su plebeyo nombre de soltera, nació en Ditzingen, y se ha vuelto de sangre azul gracias a su segundo matrimonio, en 2000, con el príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Hace años que vive en Madrid con sus dos hijas. Es la aristócrata que acompaña al Rey en los viajes y hasta lo representa en el extranjero", prosigue el periodista. La Casa Real desmintió que Corinna representara al rey.
De acuerdo al artículo, se conocieron en 2006, en un banquete en honor del monarca cuando visitó Ditzingen, un pueblo del sur de Alemania. Después ella viajó a Mallorca y a Valencia, para las competiciones de la Copa del América de vela, donde coincidió nuevamente con el rey. Y citaba las informaciones del diario monárquico ABC en aquel momento, que decían que su estrecha e íntima amistad con Corinna "había dejado de constituir un rumor para convertirse en certeza".
En Alemania, concretamente en el Bild, se preguntaba si la "compañera" del rey podría costarle el trono a don Juan Carlos. Una información que acompañaban con una foto en la que aparecen ambos en Stuttgart en 2006.
En el libro de Pilar Eyre
En su libro 'La soledad de la reina', publicado en enero, Pilar Eyre se refería a ella con nombre y apellidos: "Sabíamos perfectamente por qué la reina no quería ir a Barcelona. Las razones se reducían a una y tenían nombre de mujer: Corinna". Mucho antes, en marzo de 2010, La Otra Crónica de El Mundo le dedicaba un artículo, La bella princesa que triunfa en España. "La novia alemana del rey", llegó a publicar el periodista Raúl del Pozo.
El monarca comunicó a sus hijos su especial amistad, según un diario en Internet
En febrero pasado, el diario on line elpulso.es aseguró que en una cena íntima del rey con el príncipe y las infantas Elena y Cristina en el restaurante madrileño El Landó, el monarca comunicó a sus hijos su especial amistad con la princesa y la importancia de esta mujer en su vida. Y la señalan como representante del rey, citando al diario árabe Middle East Times International: "El príncipe saudí recibió en 2007 a la princesa Corinna, amiga muy cercana de don Juan Carlos, como representante del rey".
También esta semana, Jose Antonio Zarzalejos, ex director de ABC, informaba en elconfidencial.com de la "estrecha e íntima amistad" del rey con Corinna, y añadía que el monarca está abrumado por "los problemas familiares" y que es "público y notorio" el "fracaso de su matrimonio con doña Sofía, de la que vive prácticamente separado".
Las especulaciones sobre posibles problemas entre el rey y la reina crecieron cuando esta, en su primera visita al monarca, tres días después de su accidente en Botsuana y su operación, solo estuvo 24 minutos en el hospital.
La Casa del Rey no va a hacer comentarios sobre Corinna, según aseguró este jueves a20 minutos. "Don Juan Carlos mantendrá una mayor discreción con respecto a las amistades que lo acompañan en sus actividades particulares", señalaba ayer Mábel Galaz en El País, y añadía que el rey no renunciará a esas amistades, que incluyen a Corinna.
La crisis de las instituciones del establishment español Vicenç Navarro
La crisis de las instituciones del establishment español
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España 29 abril 2012 | Categorías: Opinión | |
Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos –los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población.
Esta distancia está creando un enorme problema de legitimidad para las instituciones políticas representativas, pues la mayoría de la ciudadanía considera que las políticas llevadas a cabo por tales instituciones no responden a sus intereses, expresando, por lo tanto, su desacuerdo. Así, según la última encuesta Metroscopia para El País, la gran mayoría (el 73%) rechaza la reducción de las prestaciones sanitarias, incluyendo los recortes de gasto sanitario (este porcentaje incluye también el 58% de los votantes del partido gobernante, el PP). Otras encuestas señalan también la oposición a los recortes de las transferencias y otros servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a elementos importantes de la reforma laboral, incluyendo la facilidad del despido y el sesgo pro empresarial de la reforma. También muestran animosidad hacia la política de desahucios llevados a cabo por la banca.
En cada una de estas políticas públicas la opinión de la sabiduría convencional del establishment político y mediático ha sido favorable a su implementación y desarrollo, contrastando tal actitud con la actividad claramente desfavorable hacia ellas por parte de la mayoría de la población. En realidad, este contraste alcanza niveles sorprendentes cuando la mayoría de la población (con mayorías incluso entre los votantes del PP) apoya medidas como el establecimiento de bancas públicas (el 52% de la población está a favor mucho o bastante, contra el 27% que está poco o nada a favor. Entre los votantes del PP -según la última encuesta Metroscopia para El País-, el 46% está a favor y el 31% en contra -), que casi nunca se han discutido ni en los mayores medios de difusión ni en los forums de mayor incidencia en las instituciones representativas, como en las Cortes Españolas.
Todos estos datos señalan la existencia de circuitos alternativos a los del establishment político y mediático, que contribuyen a desmitificar la sabiduría convencional promovida por tales establishments.
Tales circuitos presentan alternativas que apenas se han discutido en aquellos forums del establishment. Aparecen así dos Españas: una, la España del establishment que está perdiendo credibilidad y legitimidad, y otra España alternativa, todavía poco configurada, que se moviliza en protesta, en la que los movimientos sociales –como el 15-M- y los sindicatos juegan un papel clave.
Estos movimientos son frecuentemente presentados maliciosamente por los órganos del establishment como anti-sistema o anti-sociedad, asumiendo erróneamente que ellos mismos –los establishments- son los que representan a la sociedad, identificando sistema económico y sociedad como conceptos idénticos.
No es de extrañar que la figura del gobierno PP más identificada con tales políticas, el Sr. Luis de Guindos, ministro de economía, sea el ministro peor valorado del gobierno ¿Con qué legitimidad democrática puede el Sr. Luis de Guindos ir proponiendo e implementando políticas tan impopulares que no fueron aprobadas en ningún comicio electoral y que gozan de tan poca confianza entre la población?
Ni que decir tiene que el establishment es plenamente consciente de sus enormes vulnerabilidades y de ahí su deseo de atemorizar a la población con la reducción de libertades civiles y políticas, criminalizando la resistencia pasiva, identificándola como violencia.
En realidad, desde Martin Luther King hasta Gandhi, la experiencia histórica muestra que es precisamente tal resistencia pasiva la alternativa a la violencia, la cual se está deliberadamente estimulando con las medidas represivas y reducción de libertades cívicas a fin de desacreditar tales movimientos. La violencia, tanto la de los elementos descontrolados, como por parte del Estado, es profundamente reaccionaria, y sirve al propósito de mantener un sistema cuya representatividad y legitimidad se está reduciendo rápidamente.
Artículo publicado en el plural.com
www.vnavarro.org
Comienza la Contrarreforma Sanitaria. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
29 abril 2012Sanidad, Servicios Públicos|
ANALISIS DEL RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
25 de abril de 2012
El RD-Ley 16/2012 supone cambios fundamentales en el sistema sanitario público, e inician una verdadera contrarreforma sanitaria. El RDL además utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne una gran cantidad de medidas de ámbito y características muy distintas que poco o nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma, por eso se precisa de un análisis detallado de cada una de ellas como vamos a hacer a continuación.
Capitulo I
De la asistencia sanitaria
Consta de un único artículo y tres apartados cuya principal novedad es que vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la Seguridad Social, y que se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no ostenten esta condición, también se señala el control del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las condiciones para el aseguramiento , la responsabilidad de las administraciones sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación del derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.
Las disposiciones adicional primera y final quinta se establecen las condiciones para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes en otros países (en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la Unión Europea o de otros estados parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo que en lo fundamental refuerza los mecanismos de cobro por la asistencia prestada, pero que en lo esencial ya existían.
Este bloque establece algunas cuestiones especialmente preocupantes:
- Primero vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, en contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica (2011), y abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público
- En segundo lugar deja fuera a los inmigrantes no regularizados y les impone condiciones mas rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo hasta el 31/8/2012 las TSI actuales. Se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud publica (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y sanitario (dejar a las urgencias como el único circuito de atención sanitaria a estas personas favorecerá un aumento de la presión asistencial en las mismas). Por otro lado conviene recordar que el gasto sanitario de los inmigrantes es bajo y que la crisis económica se esta encargando de disminuir este grupo de población
- Por fin una cuestión a reseñar es que obliga a las administraciones sanitarias a la expedición de la TSI y no lo vincula a aportación económica por los usuarios lo que podría ilegalizar la practica de algunas CCAA de intentar cobrar por la misma.
- En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se hacen son mínimas porque como es bien conocido el problema sobre todo es la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada.
Capitulo II
De la cartera común de servicios del SNS
Consta de un artículo y seis apartados que como novedad separan la cartera de servicios del SNS en 3 modalidades (básica, suplementaria y accesoria), la básica se identifica como gratuita en el momento del uso y las otras dos se establece que seguirán las normas que se establecen para el copago farmacéutico, sin que en este caso medien los limites en la cuantía a aportar por los ciudadanos (pensionistas o activos, crónicos o con patologías agudas). Queda en manos del Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (CI) el fijar mediante una Orden tanto lo que incluye la cartera básica como las modalidades de copagos en la accesoria y suplementaria, dándole un plazo de 6 meses para la fijación del importe de los copagos (adicional segunda). A pesar de lo que se ha publicitado por el Ministerio y el Gobierno se sigue manteniendo la posibilidad de que las CCAA tengan una cartera de servicios complementaria diferenciada con el único condicionante de que tienen que ser financiada con fondos propios (2.Cinco).
Otra vez se plantean cuestiones muy importantes:
- Uno: La cartera de servicios vuelve a modificarse introduciendo copagos en la accesoria y complementaria, en principio, salvo en medicamentos, sin limites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos y a las rentas mas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario que es imprescindible para muchos tratamientos (diálisis, oncológicos, etc) y que va a suponer una traba insalvable al acceso a estos tratamientos para muchas personas
- Dos, la cartera básica (en principio gratuita) va a ser modificada lo que dadas las circunstancias será muy probablemente a la baja y abre unas perspectivas muy preocupantes para la salud.
- Pese a las demagógicas intervenciones desde el Ministerio y el Gobierno las CCAA siguen manteniendo la posibilidad de establecer carteras de servicios diferentes en sus territorios en los mismos términos que lo que ya existía.
Capitulo III
Medidas de cohesión y de garantía financiera del SNS
Consta de un artículo que establece el Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario, que en teoría se dedicara a compensar los gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras distintas.
La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo. No obstante su carácter extrapresupuestario, parece indicar que va a carecer de fondos lo que le restara efectividad.
Capitulo IV
Medidas sobre la prestación farmacéutica
Consta de 4 artículos, el primero dividido en dieciocho apartados, el segundo en dos y el tercero y cuarto sin apartados. El primero que se presenta como modificación de la ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medios parece estructurado para esconder lo mas relevante, pero en todo caso plantea:
- Prescripción por principio activo, lo que ya existía, pero de una forma que pervierte absolutamente su sentido. La prescripción por principio activo, aunque ayude a la contención de costes a corto plazo, es, sobre todo, una filosofía. Una filosofía por la que los profesionales trabajan con los nombres de la sustancia que representa el medicamento y no con el nombre que va ligado a un producto industrial, por la que ese nombre se incorpora a las recetas y paulatinamente a todos los documentos, las historias clínicas, los informes de alta. Es una estrategia que tiende al debilitamiento del impacto comercial de los laboratorios y a recuperar el carácter científico de un tratamiento. En la redacción actual se hace una concesión a Farmaindustria que siempre había pedido que, a igual coste al precio de referencia o precio menor se pudiera prescribir la marca, cediendo al ahorro económico pero anulando la potencia anti-comercial del concepto. La distinción entre tratamientos agudos y crónicos es un brindis al sol ¿quién delimita la diferencia?. Además la industria cada vez está menos interesada en tratamientos agudos (por ejemplo, de ahí la ausencia de investigación en antibióticos), y su repercusión en el conjunto de la prestación es muy baja. La distinción entre la primera receta y las demás en los tratamientos crónicos no tiene sentido. Imaginamos que es un intento de nadar entre dos aguas, la de la prescripción por principio activo y la de Farmaindustria, accediendo a las peticiones de esta última pero intentado condicionar la primera receta en un supuesto totalmente erróneo de que la marca o el genérico dispensado en la farmacia en la primera receta es el que se va a mantener en las dispensaciones sucesivas. Igualmente la distinción entre la primera receta y sucesivas en la práctica real va a ser muy difícil, salvo en el supuesto de receta electrónica, aun lejano en muchas CCAA.
- Usos fuera de indicación. El punto Uno.-5 del artículo 4, como se ha dicho más arriba, retrotrae la normativa sobre usos fuera de indicación de medicamentos a un pasado que todos quisimos olvidar. El RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, estable que los usos fuera de indicación son responsabilidad del médico y que bastaba el consentimiento informado del paciente y su anotación en la historia clínica. A su vez, establece que en los centros sanitarios, por ejemplo, hospitales, tendrían que estar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por ejemplo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. En la práctica el sistema estaba funcionando aceptablemente bien puesto que los usos fuera de indicación de medicamentos hospitalarios, con alto impacto económico están pasando el filtro de las comisiones de farmacia y los usos en la prescripción ambulatoria, en general muy excepcionales, tenían un cauce regulado, pero fluido. Lo que se propone es volver a la burocracia de un registro que ya mostró en el pasado que es inoperante. Y hay que recordar que una cosa es un uso fuera de indicación y otra una mala prescripción de medicamentos.
- Receta electrónica. Es positiva la incorporación a la norma de la obligatoriedad para toda España de un sistema de receta electrónica interoperable con sistemas de apoyo a la prescripción. Sin embargo, cuando se detallan los componentes del sistema experto que deberá incorpora hay cosas esperpénticas o cuando menos incomprensibles.
- Información de apoyo a la prescripción. Está bien que la receta electrónica tenga un módulo de interacciones (ya existe en algunas CCAA como Andalucía), información económica y protocolos de tratamiento del propio servicio de salud (aunque de aplicación práctica difícil), mientras que decir que contendrá el Nomenclator es obvio puesto que si no, no puede funcionar. Más complejo será incluir protocolos de tratamiento de las sociedades científicas, ¿Cuáles? ¿Con qué criterio?, cuya única experiencia práctica conocida, la inclusión de los medicamentos recomendados por la Guía de la SEMFyC en los años 90 en Andalucía fue muy controvertida. No se entiende bien qué significa “correspondencia entre principios activos” lo cual parece que quiere hacer referencia a equivalentes terapéuticos o principios activos que se pueden intercambiar, lo cual necesita de un trabajo de definición previo por organismos competentes y no se entiende que se incorporen bases de datos de ensayos clínicos. La prescripción electrónica de toda la población no es el medio de reclutar pacientes para un ensayo como cualquiera puede comprender. Igualmente no es el vehículo para la formación e información sobre medicamentos. Sin embargo no se dice nada de módulos de ayuda a la prescripción relacionados con alergias, ajuste en insuficiencia renal o hepática o a otros parámetros clínicos, sistemas de alerta de duración o posología inadecuada, sistemas de alerta de contraindicaciones específicas del paciente y un largo etc que se conoce ampliamente en la literatura científica.
- FINANCIÓN SELECTIVA. Hay dos grandes aspectos, la propiamente llamada financiación selectiva de medicamentos nuevos que se basa en la modificación de los artículos 89 y 90 de la citada ley y que era demandada y esperada desde hace tiempo por muchos sectores sociales y la sorprendentemente nueva propuesta de exclusión de la financiación de medicamentos actualmente financiados que se basa en la modificación del artículo 85 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento
- Financiación selectiva. Se trata de la propuesta más positiva (¿la única?) de decreto. Nuestro país se incorpora tarde a esta iniciativa que otros países como Inglaterra lleva ejerciendo desde hace más de una década a través de las estructura del NICE. Se trata de que no todos los medicamentos que se registren se financien, o bien que se financien con condiciones, es decir, para unos pacientes determinados o bajo contratos de riesgo compartido. La posibilidad de una financiación selectiva de medicamentos ya estaba recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, en el propio artículo 89 y otros, así como en los sucesivos Planes Estratégicos del Ministerio y también en el RD-ley 9/2011 de 19 Agosto 2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del SNS se describe el desarrollo de un sistema de financiación selectiva. Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas han establecido normativa específica para la determinación de los criterios de selección de medicamentos de alto impacto clínico o económico, con objetivos, alcance normativo y organización del procedimiento bastante heterogéneos. Otro aspecto positivo es que no solo se afectan los medicamentos nuevos, recién comercializados, sino todos aquellos que amplíen indicaciones, o incluso de oficio por la AGEMED.
- Exclusión de medicamentos actualmente financiados Esta propuesta encajaría mal con el concepto de desinversión o re-inversión que se propone desde ámbitos de la economía de la salud y desde nuestra propia asociación. La desinversión es un procedimiento, transparente, basado en la evidencia, realizado con participación de los implicados y suficientemente explicado a la población para dejar de financiar servicios, o en este caso medicamentos que o bien carecen de efectividad demostrada, o bien su relación de coste efectividad es desfavorable comparado con alternativas terapéuticas o, si no las hay, comparado con estándares más o menos establecidos de coste-efectividad. Sobre desinversión en medicamentos hay numeroso ejemplos en Canadá, Australia el Reino Unido e Italia. Lo que el RD-Ley propone es un puro y simple recorte. Una transferencia de gasto público a gasto privado. En el artículo 4.tres hay, de nuevo, una mezcolanza de cosas diversas. Los ciudadanos tendrán que empezar a pagarse los medicamentos de su bolsillo en las siguientes situaciones:
- Medicamentos para síntomas menores. Es quizá el apartado más grave por su repercusión social. Es una estrategia que se ha realizado en España en dos ocasiones, una con gobierno de Felipe González y otra de José María Aznar. En aquel momento tenía un aspecto de racionalización de la oferta que ya no tiene. Hoy solo es una pura agresión a trabajadores y pensionistas por motivos económicos. Se trata de una estrategia en la que gana el déficit y la industria farmacéutica puesto que al dejar de estar financiados, como el propio RD-Ley establece, los precios pasan a renegociarse al alza. Habrá que ver qué se considera medicamentos para síntomas menores, pero es de suponer que puedan entrara aquí medicamentos realmente útiles para el control de síntomas como antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, etc, que son de uso frecuente. El apartado que hace referencia a que pasarán al bolsillo del ciudadano aquellos que estén así considerados en el entorno europeo es preocupante. Este entrono es muy variado, pero es de esperar que se mire solo a los países con menos medicamentos de este tipo financiado, por ejemplo, aquellos donde el omeprazol no lo está. Además, se estipula que ningún medicamento que no necesite receta podrá ser financiado. Esto se repite en el artículo 4.- cinco.2. Esto es muy grave. En la actualidad, medicamentos seguros para la automedicación, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, tenían presentaciones comerciales que eran de venta y precio libre y presentaciones comerciales que se podían recetar. Hay que distinguir la automedicación de la necesidad de uno de estos medicamentos prescrita por un médico del Sistema Nacional de Salud. Si un paciente con cáncer que necesita interferón también necesita paracetamol
- Que el medicamento sea útil, seguro y de uso extenso. Esta condición es muy peligrosa pues pueden entrar aquí innumerables medicamentos y precisamente la condición de uso extenso va a hacer que el número de pacientes afectados sea muy grande. Es inconcebible un grado de indefinición así en una norma legal. Más parece un cajón de sastre para tener manos libres para poder pasar al bolsillo de los pacientes cualquier medicamento.
- Medicamentos con precios seleccionados. Parecería lógico que , si como resultado de la subasta (ver mas arriba) un medicamento resulta seleccionado, los demás dejen de estar financiados. Sin embargo esto es una aberración legal.
- Dispensación del de menor precio y del genérico que también se estaba haciendo
- La limitación de las CCAA de su capacidad para “establecer de forma unilateral, reservas singulares especificas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos y productos sanitarios”, dirigido evidentemente a Andalucía.
- Criterios de coste-efectividad, impacto presupuestario y mecanismos de retorno para la inclusión de nuevos medicamentos en la financiación.
- Fijación de precios que señala (Siete.90.6) que “como regla general, el precio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS”
- Establecimiento de un sistema de precios seleccionados
- Revisión periódica de los copagos por ordenes del Ministerio de Sanidad
- Establecimiento del nuevo sistema de copago farmacéutico, que aparece casi escondido en el RDL (articulo 3, Trece), y establece 4 tramos de aportación (60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000€; 40% para rentas inferiores a 18.000€ y 10% para los pensionistas), a la vez a estos últimos se les ponen unos topes máximos de mensuales (8€ para rentas menores de 18.000€, 18€ para las situadas entre 18.000 y 100.000€ y 60€ para las superiores a esta cantidad). Los excesos pagados por encima de estos topes máximos (casi todos los casos) serán “objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral” (4. Trece.7)
- Se establece la exigencia de la libre disposición para el Ministerio de los datos de consumo farmacéutico tanto de recetas como de centros sanitarios, y nada se dice sobre la publicidad de esta información.
- Se modifican las aportaciones de los laboratorios de acuerdo con la valoración Profarma
- Se cambian los descuentos sobre ventas de las oficinas de farmacia
- Se obliga al establecimiento de servicios de farmacia en los centros sanitarios con cien o mas camas
- Se establecen sistemas de acreditación para la manipulación y adecuación de preparaciones de medicamentos
En resumen:
- Se trata de una modificación legal que afecta a numerosos aspectos regulatorios del medicamento, hecha con precipitación, sin ninguna participación de los agentes implicados y con una tan mala redacción que genera ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias importantes en su interpretación.
- Se modifican leyes que han tenido un debate social y parlamentario importante y a las que se llegó tras grandes consensos, empobreciendo su articulado. Por ejemplo, el punto Uno.-5 del artículo 4, en un párrafo ininteligible modifica completamente, le da la vuelta, al RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, un decreto que se discutió ampliamente con las sociedades científicas y los profesionales y que tiene una redacción impecable en línea con directivas y usos europeos.
- Aunque la política farmacéutica es una competencia del Estado en su aspecto regulatorio y de establecimiento del marco general, las políticas de modulación de la prescripción, de gestión de compras y otras relacionadas son clara competencia de las CCA, cuyos servicios de salud pagan las facturas y dan la prestación efectiva. El decreto es de un fuerte aroma centralista e incurre en intromisiones graves en las funciones de las CCAA que serán, seguro, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal Constitucional por parte de las CCAA más identitarias o donde gobierne el partido socialista.
- Muchas de las propuestas tienen una posibilidad de ejecución práctica imposible o muy difícil, lo que da idea del desconocimiento de la realidad de los redactores finales del RD-Ley. Por otro lado, algunas partes tienen tal concreción y van encaminadas a cuestiones tan específicas que, estas sí, parecen propuestas por alguien que conoce muy bien la realidad. Es decir, parece que en la elaboración inicial se ha partido de un batiburrillo de iniciativas algunas fundadas y otras peregrinas, que ha ordenado (sic) y redactado finalmente alguien con escaso conocimiento del medio que pisa.
- Aunque la situación de crisis es grave no ha sobrevenido de repente. Un partido que esperaba ganar las elecciones con cierta seguridad y que ha tenido más de 100 días de gobierno no debe hacer una chapuza legislativa como la que nos encontramos en este decreto
- Se establece un incremento del copago, fundamentalmente sobre los pensionistas que se intenta disimular utilizando el aumento sobre las rentas muy altas (mas 100.000€ declaran 253.000 activos, pero poner esta cifra en los pensionistas parece un chiste macabro). Se ponen también unos topes máximos mensuales que no son tales porque primero todos los pensionistas deberán pagar el 10% de los medicamentos y quizás 6 meses después les devolverán el dinero. ¿Cómo van a hacerlo los mas de 4.500.000 pensionistas que cobran menos de 650€ mensuales? ¿Con que dinero comerán, pagaran la luz, etc hasta que les lleguen las devoluciones? ¿Y mas aún como es posible que además se les haga copagar el transporte sanitario, la dietoterapía, etc y que se les vayan a excluir prestaciones de la cartera básica y la financiación de mas medicamentos. Se establece una agresión terrible sobre este colectivo de personas que es además el que tienen mayores problemas de salud y que va a ver seriamente obstaculizado su acceso a una parte importante de las prestaciones del SNS, sobre todo, pero no solo, las farmacéuticas.
- Se opta por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 tipos de tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el funcionamiento de la asistencia sanitaria (Final séptima)
- Se establece un sistema obligatorio de información al Ministerio del gasto farmacéutico total que es positivo, pero de cuya publicidad nada se dice ¿Dónde está la transparencia?
- Se vuelven a incluir algunas medidas que ya existían (principio activo, información de apoyo, etc)
- Hay algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de carácter débil
- Se obstaculiza la capacidad de las CCAA de tomar otras medidas de eficiencia en el control del gasto farmacéutico
- En resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a las personas con pocos recursos y no se aborda seriamente a los verdaderos responsables del gasto farmacéutico cuyos beneficios económicos se mantienen en lo esencial.
Capitulo V
Medidas en materia de recursos humanos
Recoge 3 artículos, el primero con cuatro apartados, el segundo sin apartados y el tercero con siete. Trata de 3 temas muy distintos:
- La regulación de las Áreas de capacitación especifica y su regulación (acreditación de centros, comités y diplomas)
- El registro de profesionales del SNS
- Modificaciones del Estatuto Marco: modificación, creación y supresión de categorías, retribuciones en relación con la evaluación del desempeño, regulación de IT, integración de funcionarios y personal de cupo y zona y regulación fondos acción social
Resumiendo: se trata de un apartado que poco o nada tiene que ver con el titulo del RDL, sobre todo el primer articulo. Además:
- No se comprende bien la necesidad de regular las áreas de capacitación especifica sin hacerlo primero con la troncalidad de la formación de especialistas
- El registro de profesionales esta, en teoría establecido desde 2003, lo que hay que hacer es hacerlo
- Las retribuciones de acuerdo con la evaluación del desempeño pueden ser positivas si se aseguran criterios explicados, ligados a la calidad y controles de la misma, caso contrario empeorara la calidad del sistema sanitario
Disposiciones Adicionales
Algunas se han comentado ya, pero merecen un comentario
- Adicional cuarta: Medidas de eficiencia:
- A pesar de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una agencia de compras del SNS, todo se queda en que el CI “fomentara” la “compra conjunta y centralizada”, es decir poco o nada concreto
- Plan de ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA “adoptaran las medidas oportunas”, otro brindis al sol
- Plazo de 6 meses para adecuar los envases a las pautas y tiempos habituales de tratamiento, abandonando cualquier intento de prescripción por tratamientos y no por envases comerciales, de manera que el despilfarro de medicamentos una de las supuestas razones del RDL seguirá mas o menos igual
Disposiciones Finales
Solo referirnos a:
- Final sexta, refuerza el papel de la ONT en el control de la donación y manejo de las células y tejidos humanos, su contenido es positivo, pero tampoco se entiende su presencia en este RDL
- Final séptima .tres: establece la incorporación en los informes de prescripción y terapéutica para los pacientes de los costes de los tratamientos, la llamada “factura sombra”, por supuesto sin que nadie haya evaluado ni los costes de hacerlo ni sus beneficios.
CONSIDERACIONES FINALES
Como se desprende del análisis detallado que se ha realizado del RDL, este incluye un conjunto de medidas de características muy distintas que en muchos casos nada tienen que ver con el supuesto objeto del mismo. Por supuesto ninguna de sus medidas, ni de manera aislada ni en su conjunto garantizan el supuesto ahorro de 7.000 millones € que ha sido su teórica causa, y ello es perfectamente congruente con la ausencia notoria de una memoria económica que no se ha hecho y que por otro lado, leído en detalle el RDL no se podía hacer porque el mismo se mueve en el ámbito de la ciencia – ficción.
No obstante el RDL si que avanza algunos aspectos muy relevantes que deben ser considerados y que retratan los objetivos de la política sanitaria del PP mas allá de las declaraciones entre el marketing y la demagogia.
El primero es el acabar con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer paso, todavía en el terreno declarativo que puede avanzar hacía un sistema dual en que las personas con mas recursos obtengan la atención de seguros privados (mas o menos subvencionados con fondos públicos) dejando a resto de la población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia.
El segundo es una actitud xenófoba que pretende dejar fuera de la atención sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido como son los inmigrantes no regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un colectivo en franca disminución por la crisis y cuya presión sobre el sistema asistencial es muy pequeña, y que por lo tanto producen un gasto muy reducido, y a los que se obliga a saturar mas aún las ya saturadas urgencias.
El tercero es que a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el supuesto impacto del “turismo sanitario” este no ha sido acreditado mas allá de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no pertenecen al grupo anteriormente señalado.
El cuarto es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a penalizar extremadamente dificultándoles y en muchos casos impidiéndoles en la practica el acceso a prestaciones sanitarias que son indispensables para su salud. A ello habrá que sumar el nuevo “medicamentazo” que se anuncia y la previsible retirada de prestaciones de la cartera básica. El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es difícil de evaluar todavía pero inevitablemente se concretara en un empeoramiento de la salud, aumento de la morbilidad y de la mortalidad.
En contraste con la virulencia de estas medidas dirigidas a las personas mas enfermas y con menos recursos, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico.
Otras medidas que se han vendido como soluciones a los problemas económicos del SNS, como la agencia de compras del conjunto del sistema sanitario público se queda en una mera recomendación sin mucha capacidad operativa. Además se complementa el RDL con una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones del sistema sanitario público.
Desde la FADSP propusimos en su momento una serie de medidas para la eficiencia y la racionalidad del SNS que en nada agredían a los derechos de los ciudadanos a una atención sanitaria de calidad y que conseguían un mayor ahorro económico que por supuesto no han sido consideradas porque suponían merma de los beneficios de las multinacionales (disponibles en http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20SNS.doc)
En suma se trata de una evidencia mas de que este gobierno solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio es cobarde con las grandes multinacionales
SOBRAN LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR ESTA CONTRARREFORMA SANITARIA
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, SINDICALES Y PROFESIONALES A MOVILIZARSE PARA EXIGIR SU INMEDIATA DEROGACION
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