Condenado a muerte por blasfemo
Hadi Saeed al Mutif lleva 15 años en prisión por ofensas a Mahoma - Activistas pro derechos humanos piden al Rey y a Zapatero que medien ante Arabia Saudí. ÁNGELES ESPINOSA - Teherán EL PAÍS - Sociedad - 17-07-2008
El comentario fue irreverente. Pero lo que en cualquier otra parte del mundo no hubiera pasado de una anécdota, a Hadi Saeed al Mutif le ha costado la cárcel y una condena a muerte pendiente de ejecución. Este aspirante a policía tenía 18 años cuando respondió al "recemos por el profeta Mahoma" del imam con un "y por su pene", según dos reclutas que rezaban a su lado y que le denunciaron. Lleva 15 años, casi la mitad de su vida, entre rejas.
Sus superiores no se conformaron con castigarle a formar dos horas bajo la bandera nacional. El caso fue remitido a la justicia, una decisión que, según denuncian defensores de los derechos humanos saudíes, tuvo que ver más con su afiliación religiosa que con su agravio. Además de bromista, Al Mutif, originario de Najran, es un chií ismailí, una minoría que la interpretación wahhabí que domina Arabia Saudí considera "desviada y herética". De ahí que ante la convocatoria por parte del rey Abdalá de la Conferencia para el Diálogo Interreligioso, los activistas se hayan movilizado pidiendo al monarca que predique con el ejemplo. Los ismailíes ni siquiera fueron invitados a la conferencia intermusulmana de La Meca que precedió a la de Madrid. Como cada vez que algún alto cargo saudí viaja a un país occidental, el director del Institute for Gulf Affairs (IGA), un think tank con sede en Washington que promueve los derechos humanos y la democracia en la región del golfo Pérsico, ha escrito al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que saquen el caso de Al Mutif durante sus conversaciones con el Custodio de las Dos Mezquitas. "Su juicio fue un fallo de la justicia", denuncia Ali al Ahmed, el director del IGA. Como es frecuente en ese país, a Al Mutif no se le permitió tener asistencia letrada ni participar en su defensa. De acuerdo con Al Ahmed, el propio juez dejó clara su parcialidad al espetarle: "Usted pertenece a una minoría corrupta, está fuera del islam, no tiene ni credo ni religión". Fue condenado a muerte y sus dos apelaciones, rechazadas. Su padre se dirigió al entonces príncipe heredero Abdalá, pero las conclusiones del comité que revisó el caso no conmovieron a los jueces, y el ya rey parece remiso a intervenir. En Arabia Saudí, donde hasta a los convictos de Al Qaeda se les permite asistir a los funerales de sus familiares, a Al Mutif, que ni está condenado por terrorismo ni supone una amenaza directa para la sociedad, se le negó el permiso para acudir al entierro de su padre el pasado mes de abril. Desde entonces se le ha trasladado a una celda de aislamiento en la prisión más alejada de su ciudad de origen. La intervención de Human Rights Watch tampoco ha servido para mejorar su situación. "Consideramos que la dura sentencia y el trato que se le ha dado son fruto de la persecución por sus creencias religiosas a que le someten los extremistas wahhabíes que controlan el Gobierno saudí", concluye Al Ahmed, en conversación telefónica desde Washington.
Sus superiores no se conformaron con castigarle a formar dos horas bajo la bandera nacional. El caso fue remitido a la justicia, una decisión que, según denuncian defensores de los derechos humanos saudíes, tuvo que ver más con su afiliación religiosa que con su agravio. Además de bromista, Al Mutif, originario de Najran, es un chií ismailí, una minoría que la interpretación wahhabí que domina Arabia Saudí considera "desviada y herética". De ahí que ante la convocatoria por parte del rey Abdalá de la Conferencia para el Diálogo Interreligioso, los activistas se hayan movilizado pidiendo al monarca que predique con el ejemplo. Los ismailíes ni siquiera fueron invitados a la conferencia intermusulmana de La Meca que precedió a la de Madrid. Como cada vez que algún alto cargo saudí viaja a un país occidental, el director del Institute for Gulf Affairs (IGA), un think tank con sede en Washington que promueve los derechos humanos y la democracia en la región del golfo Pérsico, ha escrito al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que saquen el caso de Al Mutif durante sus conversaciones con el Custodio de las Dos Mezquitas. "Su juicio fue un fallo de la justicia", denuncia Ali al Ahmed, el director del IGA. Como es frecuente en ese país, a Al Mutif no se le permitió tener asistencia letrada ni participar en su defensa. De acuerdo con Al Ahmed, el propio juez dejó clara su parcialidad al espetarle: "Usted pertenece a una minoría corrupta, está fuera del islam, no tiene ni credo ni religión". Fue condenado a muerte y sus dos apelaciones, rechazadas. Su padre se dirigió al entonces príncipe heredero Abdalá, pero las conclusiones del comité que revisó el caso no conmovieron a los jueces, y el ya rey parece remiso a intervenir. En Arabia Saudí, donde hasta a los convictos de Al Qaeda se les permite asistir a los funerales de sus familiares, a Al Mutif, que ni está condenado por terrorismo ni supone una amenaza directa para la sociedad, se le negó el permiso para acudir al entierro de su padre el pasado mes de abril. Desde entonces se le ha trasladado a una celda de aislamiento en la prisión más alejada de su ciudad de origen. La intervención de Human Rights Watch tampoco ha servido para mejorar su situación. "Consideramos que la dura sentencia y el trato que se le ha dado son fruto de la persecución por sus creencias religiosas a que le someten los extremistas wahhabíes que controlan el Gobierno saudí", concluye Al Ahmed, en conversación telefónica desde Washington.
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