MUERTE DIGNA. "En Zaragoza atendemos peticiones similares a la de Inmaculada Echevarría". En los hospitales ya se practica la limitación del esfuerzo terapéutico, lo cual se pretende regular ahora en Andalucía. El Gobierno ha reabierto el debate al anunciar que pretende legislar el suicidio asistido. Los médicos son reacios a que se "judicialice" su profesión. PAULA FIGOLS. Zaragoza
"Mantenerle mucho tiempo así no tiene sentido… Alargar esta situación es un drama para todos… Confiad en mí". La médico intensivista del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza Emilia Civeira hablaba hace unos días con la familia de un enfermo terminal, ingresado en la UCI, en situación de muerte encefálica, para proponerle desconectar al enfermo del respirador. Es una decisión muy meditada, que se toma siempre con el consentimiento de la familia y con la recomendación de varios médicos. Es un ejemplo de limitación del esfuerzo terapéutico (LET), una práctica habitual en los hospitales cuando la enfermedad es irreversible y el tratamiento no va a aportar ninguna mejora al paciente.
En un momento de gran debate médico y social sobre la eutanasia -Andalucía va a regular "el derecho a la muerte digna" y el ministro de Sanidad ha anunciado la posibilidad de legislar el suicidio asistido en esta legislatura-, los médicos piden que se aclaren conceptos y que no se caiga en la demagogia. La limitación del esfuerzo terapéutico no es eutanasia. "Es no hacer procedimientos fútiles, esto es, no aplicar tratamientos que en un paciente concreto no van a ser eficaces y solo pueden alargar momentáneamente una situación ya terminada. Es una práctica habitual, que se hace con mucho cuidado y siempre con enfermos terminales", explica Civeira, miembro de la comisión de Mortalidad del Clínico y profesora en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
La polémica es definir los límites: ¿Qué casos son limitación del esfuerzo terapéutico? ¿Cuándo se considera que el estado de un enfermo es terminal? ¿En qué casos puede un médico retirar un respirador? Si un enfermo rechaza un tratamiento, ¿su voluntad será siempre respetada? "Cuando se valora científicamente que una persona no tiene posibilidades de subsistir se le pueden dejar de administrar medidas extraordinarias que la mantienen viva de forma artificial. Es dejar que la enfermedad siga su curso evolutivo espontáneo, utilizando procedimientos que alivien el dolor", subraya Civeira. Siempre se respeta la voluntad del paciente. Si está incapacitado y no puede expresar su voluntad (por ejemplo, en situación de coma irreversible), su familia o representantes legales deben dar su conformidad. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se enfrentan a diario con estas situaciones. "Hay muchos casos anónimos que no llegan a la prensa", señala esta experta.
Los médicos afirman que no hay principios absolutos y que cada caso es diferente. En 2007, la solicitud de Inmaculada Echevarría (hospitalizada en Granada, aunque había vivido muchos años en Zaragoza) planteó dudas éticas. Sufría distrofia muscular progresiva e irreversible y pidió que se le retirara el respirador. La comisión de ética del hospital público al que fue trasladada (inicialmente estaba en uno privado religioso que rechazó su petición) resolvió que era un caso de limitación del esfuerzo terapéutico, no de eutanasia. Finalmente, fue desconectada del aparato y murió.
"El caso de Inmaculada Echevarría era extremo y muy complejo, pero poco habitual. Establecer normas para casos tan concretos es imposible. La autonomía del paciente está reconocida por ley y se respeta. Nosotros hemos atendido peticiones similares, como la de una persona tetrapléjica, conectada a ventilación mecánica y con testamento vital -escrito o comunicado explícitamente a la familia-, en el que pedía que no se le aplicaran otras medidas extraordinarias, y se ha respetado. La paciente falleció con limitación del esfuerzo terapéutico, sin dolor y con todos los cuidados paliativos que necesitó", cuenta Civeira. "Pero en el caso de una persona con una enfermedad crónica, por ejemplo tetrapléjica, y que no tiene ningún otro problema añadido, la retirada activa del respirador es un tema muy difícil, como tantos otros de la medicina y que no puede tener una norma escrita igual para todos", añade.
"No se puede generalizar. Hay casos en el límite que son complicados", apunta en la misma línea Rogelio Altisent, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos de España y profesor de Bioética en la Facultad de Medicina de Zaragoza. "El derecho a la información, a rechazar un tratamiento y el consentimiento informado son términos que están perfectamente contemplados en la legislación española: en la Ley de Autonomía de 2002 y en el Código Deontológico", afirma.
"Judicializar la medicina"
La ley para una muerte digna que prepara el Gobierno andaluz -se encuentra en fase de anteproyecto- se suma a estas normas que ya legislan sobre los tratamientos médicos en el final de la vida. Los médicos han acogido con cautela esta iniciativa, que contempla, entre otras medidas, el derecho a recibir información clínica "veraz y comprensible", a rechazar un tratamiento, a disponer de una habitación individual y a recibir cuidados paliativos hospitalarios o domiciliarios. En ningún momento se plantea regular la eutanasia activa, que está tipificada como delito en el Código Penal.
"Desde los colegios profesionales somos muy cautos y nos preocupa ese furor legislativo. La calidad asistencial no se logra con leyes. No es bueno judicializar la medicina. La ley de Andalucía es redundante y la mayoría de las cosas que se dicen ya están legisladas. Una medida muy positiva es que garantizará los cuidados paliativos a todos los pacientes", afirma Altisent.
Los cuidados paliativos están destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales. "El objetivo no es curar al enfermo, sino aliviarle el dolor, acompañarle, mantener su confort. Son claves para garantizar una muerte digna, en los hospitales y en casa. Lo ideal es que el enfermo muera en su ambiente: en su casa o en una residencia", explica Civeira. En Aragón funcionan desde hace unos diez años los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria para dar apoyo a los médicos de familia en esta tarea. "Hemos mejorado mucho, pero todavía faltan más recursos para que los cuidados paliativos lleguen a toda la población", reconoce Altisent. En este sentido, el Gobierno de Aragón está preparando un Plan Integral de Cuidados Paliativos, que presentará en esta legislatura.
Riesgos de legislar la eutanasia
El debate ha dado un paso más allá, con las recientes declaraciones del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que afirmó que el Gobierno se plantea la posibilidad de regular el suicidio asistido esta legislatura. De momento, ha anunciado la creación de una comisión conjunta de Sanidad y Justicia, que trabajará con un grupo de expertos. El Gobierno ha abierto una puerta, que hasta ahora era un tabú en España. ¿Qué hacer cuando un enfermo pide ayuda para poner fin a su vida? Cuando se trata no solo de dejar de administrar un tratamiento, sino de ayudarle activamente a morir. El caso más conocido en España fue el de Ramón Sampedro, de cuya muerte se cumplen ahora diez años. Sampedro, tetrapléjico, reclamó en los tribunales su derecho a la eutanasia. La justicia no le dio la razón y finalmente murió por ingestión de cianuro.
El debate escuece entre los médicos. El deseo de un paciente de acabar con su vida choca con el objetivo básico de la medicina: luchar contra la muerte. "Los médicos estamos para curar. Hay que regular qué hacemos ante un enfermo que se quiere suicidar o que mantiene una huelga de hambre, por ejemplo. La voluntad individual es importante. Si uno no quiere vivir, yo lo respeto. Pero como médico no le voy a ayudar a morir", asegura Civeira.
"Desde los colegios de médicos no nos gusta legalizar la eutanasia ni el suicidio asistido. Sin entrar en temas ideológicos, una ley sobre la eutanasia tendría graves riesgos sociales. Podría significar una coacción moral para los más débiles y los ancianos. Además, es difícil hacer una ley solo para unos casos concretos", sostiene el presidente de la comisión nacional de Deontología.
"Mantenerle mucho tiempo así no tiene sentido… Alargar esta situación es un drama para todos… Confiad en mí". La médico intensivista del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza Emilia Civeira hablaba hace unos días con la familia de un enfermo terminal, ingresado en la UCI, en situación de muerte encefálica, para proponerle desconectar al enfermo del respirador. Es una decisión muy meditada, que se toma siempre con el consentimiento de la familia y con la recomendación de varios médicos. Es un ejemplo de limitación del esfuerzo terapéutico (LET), una práctica habitual en los hospitales cuando la enfermedad es irreversible y el tratamiento no va a aportar ninguna mejora al paciente.
En un momento de gran debate médico y social sobre la eutanasia -Andalucía va a regular "el derecho a la muerte digna" y el ministro de Sanidad ha anunciado la posibilidad de legislar el suicidio asistido en esta legislatura-, los médicos piden que se aclaren conceptos y que no se caiga en la demagogia. La limitación del esfuerzo terapéutico no es eutanasia. "Es no hacer procedimientos fútiles, esto es, no aplicar tratamientos que en un paciente concreto no van a ser eficaces y solo pueden alargar momentáneamente una situación ya terminada. Es una práctica habitual, que se hace con mucho cuidado y siempre con enfermos terminales", explica Civeira, miembro de la comisión de Mortalidad del Clínico y profesora en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
La polémica es definir los límites: ¿Qué casos son limitación del esfuerzo terapéutico? ¿Cuándo se considera que el estado de un enfermo es terminal? ¿En qué casos puede un médico retirar un respirador? Si un enfermo rechaza un tratamiento, ¿su voluntad será siempre respetada? "Cuando se valora científicamente que una persona no tiene posibilidades de subsistir se le pueden dejar de administrar medidas extraordinarias que la mantienen viva de forma artificial. Es dejar que la enfermedad siga su curso evolutivo espontáneo, utilizando procedimientos que alivien el dolor", subraya Civeira. Siempre se respeta la voluntad del paciente. Si está incapacitado y no puede expresar su voluntad (por ejemplo, en situación de coma irreversible), su familia o representantes legales deben dar su conformidad. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se enfrentan a diario con estas situaciones. "Hay muchos casos anónimos que no llegan a la prensa", señala esta experta.
Los médicos afirman que no hay principios absolutos y que cada caso es diferente. En 2007, la solicitud de Inmaculada Echevarría (hospitalizada en Granada, aunque había vivido muchos años en Zaragoza) planteó dudas éticas. Sufría distrofia muscular progresiva e irreversible y pidió que se le retirara el respirador. La comisión de ética del hospital público al que fue trasladada (inicialmente estaba en uno privado religioso que rechazó su petición) resolvió que era un caso de limitación del esfuerzo terapéutico, no de eutanasia. Finalmente, fue desconectada del aparato y murió.
"El caso de Inmaculada Echevarría era extremo y muy complejo, pero poco habitual. Establecer normas para casos tan concretos es imposible. La autonomía del paciente está reconocida por ley y se respeta. Nosotros hemos atendido peticiones similares, como la de una persona tetrapléjica, conectada a ventilación mecánica y con testamento vital -escrito o comunicado explícitamente a la familia-, en el que pedía que no se le aplicaran otras medidas extraordinarias, y se ha respetado. La paciente falleció con limitación del esfuerzo terapéutico, sin dolor y con todos los cuidados paliativos que necesitó", cuenta Civeira. "Pero en el caso de una persona con una enfermedad crónica, por ejemplo tetrapléjica, y que no tiene ningún otro problema añadido, la retirada activa del respirador es un tema muy difícil, como tantos otros de la medicina y que no puede tener una norma escrita igual para todos", añade.
"No se puede generalizar. Hay casos en el límite que son complicados", apunta en la misma línea Rogelio Altisent, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos de España y profesor de Bioética en la Facultad de Medicina de Zaragoza. "El derecho a la información, a rechazar un tratamiento y el consentimiento informado son términos que están perfectamente contemplados en la legislación española: en la Ley de Autonomía de 2002 y en el Código Deontológico", afirma.
"Judicializar la medicina"
La ley para una muerte digna que prepara el Gobierno andaluz -se encuentra en fase de anteproyecto- se suma a estas normas que ya legislan sobre los tratamientos médicos en el final de la vida. Los médicos han acogido con cautela esta iniciativa, que contempla, entre otras medidas, el derecho a recibir información clínica "veraz y comprensible", a rechazar un tratamiento, a disponer de una habitación individual y a recibir cuidados paliativos hospitalarios o domiciliarios. En ningún momento se plantea regular la eutanasia activa, que está tipificada como delito en el Código Penal.
"Desde los colegios profesionales somos muy cautos y nos preocupa ese furor legislativo. La calidad asistencial no se logra con leyes. No es bueno judicializar la medicina. La ley de Andalucía es redundante y la mayoría de las cosas que se dicen ya están legisladas. Una medida muy positiva es que garantizará los cuidados paliativos a todos los pacientes", afirma Altisent.
Los cuidados paliativos están destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales. "El objetivo no es curar al enfermo, sino aliviarle el dolor, acompañarle, mantener su confort. Son claves para garantizar una muerte digna, en los hospitales y en casa. Lo ideal es que el enfermo muera en su ambiente: en su casa o en una residencia", explica Civeira. En Aragón funcionan desde hace unos diez años los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria para dar apoyo a los médicos de familia en esta tarea. "Hemos mejorado mucho, pero todavía faltan más recursos para que los cuidados paliativos lleguen a toda la población", reconoce Altisent. En este sentido, el Gobierno de Aragón está preparando un Plan Integral de Cuidados Paliativos, que presentará en esta legislatura.
Riesgos de legislar la eutanasia
El debate ha dado un paso más allá, con las recientes declaraciones del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que afirmó que el Gobierno se plantea la posibilidad de regular el suicidio asistido esta legislatura. De momento, ha anunciado la creación de una comisión conjunta de Sanidad y Justicia, que trabajará con un grupo de expertos. El Gobierno ha abierto una puerta, que hasta ahora era un tabú en España. ¿Qué hacer cuando un enfermo pide ayuda para poner fin a su vida? Cuando se trata no solo de dejar de administrar un tratamiento, sino de ayudarle activamente a morir. El caso más conocido en España fue el de Ramón Sampedro, de cuya muerte se cumplen ahora diez años. Sampedro, tetrapléjico, reclamó en los tribunales su derecho a la eutanasia. La justicia no le dio la razón y finalmente murió por ingestión de cianuro.
El debate escuece entre los médicos. El deseo de un paciente de acabar con su vida choca con el objetivo básico de la medicina: luchar contra la muerte. "Los médicos estamos para curar. Hay que regular qué hacemos ante un enfermo que se quiere suicidar o que mantiene una huelga de hambre, por ejemplo. La voluntad individual es importante. Si uno no quiere vivir, yo lo respeto. Pero como médico no le voy a ayudar a morir", asegura Civeira.
"Desde los colegios de médicos no nos gusta legalizar la eutanasia ni el suicidio asistido. Sin entrar en temas ideológicos, una ley sobre la eutanasia tendría graves riesgos sociales. Podría significar una coacción moral para los más débiles y los ancianos. Además, es difícil hacer una ley solo para unos casos concretos", sostiene el presidente de la comisión nacional de Deontología.
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