Ajustes criminales, capítulo 4

Ajustes criminales, capítulo 4, 21 de diciembre de 2010.

Durante los primeros días de noviembre, los PIGS (acrónimo en inglés con el que las madres superioras del capitalismo se refieren a Portugal-Irlanda-Grecia-España) han sufrido un nuevo atentado especulativo-financiero y una posterior extorsión por los cuales la banca internacional, las multinacionales y las oligarquías locales han arrebatado una parte importante de la riqueza de las diferentes poblaciones y han aumentado sensiblemente las condiciones de explotación en esos países.

Irlanda ha sido, en esta ocasión, el país más perjudicado por una ‘ofensiva neoliberal’ que ha provocado la intervención de sus instituciones por el sistema financiero internacional y las potencias europeas. Como afirma el departamento de relaciones internacionales de la CUT colombiana, Irlanda ha pasado de ‘tigre asiático’ a ‘gato tercermundista’.

Analicemos con un poco de atención el caso Irlandés. En la década de los 90, Irlanda era un país ejemplar para los fanáticos del neoliberalismo. Su Producto Interior Bruto aumentaba a un ritmo desorbitado, cerrando la década con un crecimiento del 11%.

Pero un aumento en el PIB es perfectamente compatible con la acumulación de renta en las grandes empresas, el aumento de la desigualdad y la preparación de un endeudamiento descabellado. De una parte, este auge se basó en la especulación financiera, en los privilegios a la inversión extranjera, en la desregulación de las relaciones laborales (incluso creando zonas francas de producción) y en la rebaja de imposiciones a la producción –especialmente para las multinacionales. Por otro lado, los bancos irlandeses proporcionaron crédito a granel con tipos de interés artificialmente bajos y empujaron a la población a un consumo enloquecido. Las ‘burbujas’ distorsionaron la realidad: Irlanda era un paraíso neoliberal.

En 2008 estalló la principal burbuja irlandesa: la inmobiliaria. Cuando las familias no pudieron soportar ese nivel de endeudamiento que aseguraba el ritmo de circulación de capitales necesario para garantizar los beneficios de los especuladores, el crédito dejó de fluir y el sector privado quedó endeudado hasta las cejas con los bancos irlandeses –a su vez gravemente endeudados con los grandes bancos internacionales.

El gobierno irlandés, como han hecho todos los gobiernos europeos, corrió a salvar a la banca, a los empresarios y a los especuladores de toda calaña, es decir, a socializar las pérdidas de quienes llevaban más de una década obteniendo ingentes beneficios a costa de exprimir a la población irlandesa.

En dos tandas de rescate, el gobierno irlandés quitó 55.000 y 45.000 mil millones de euros a la población, lo que generó una deuda pública del 55,2% y un déficit público del 32% en 2010.

Aunque Irlanda ha sido el país europeo más obediente a los dictados de las instituciones económicas internacionales al garantizar el 100% de pérdidas de la banca y del sector inmobiliario, los especuladores financieros no han dudado en aprovechar esta socialización de pérdidas para volver a atacar a la economía irlandesa. Los ‘mercados’ han aprovechado para ir conquistando sectores estratégicos, ganar más ventajas fiscales, hacer retroceder los derechos laborales y aumentar hasta la asfixia los intereses que Irlanda ha de pagar para refinanciar su deuda. Basta decir que Irlanda pagaba, a primeros de enero de 2010, un 1% que se convertiría, diez meses después, ¡en el 8%!

Para colmo, el 21 de noviembre de 2010, el obediente Gobierno de Irlanda (sometido a la presión política de la UE y del FMI y al chantaje del capital internacional) solicitó el tipo de ayuda que los actores internacionales le estaban exigiendo. Los ministros europeos de economía se reunieron esa tarde por teleconferencia y dieron el visto bueno (alguno de ellos incluso por teléfono) al plan de rescate que tanto ansiaban imponer, tal y como afirmó el Comisario europeo de Economía y Asuntos Monetarios, Olli Rehn: ‘Celebramos la solicitud del Gobierno irlandés de ayuda financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional’. Otro gol de los dueños del dinero.

La ‘ayuda financiera’ ha consistido en un préstamo de 85.000 millones de euros a devolver en nueve años al 6% de interés, una cantidad menor de la que Irlanda tiene que pagar a los usureros internacionales por los créditos. Ese préstamo no es ningún favor ni aquí ni en Plutón, ya que muy por encima de él está la ‘barra libre de crédito’ al 1% que el BCE regala a los bancos privados de Europa. Este préstamo al 6% supone que Irlanda tendrá que pagar 8.500 millones de euros adicionales (¡un 20% de los ingresos anuales del Estado!) en concepto de intereses.

Pero solicitar este tipo de ayudas no sólo conlleva la devolución de la deuda y el pago de intereses sino también la cesión de la soberanía económica, que pasa a ser controlada por las instituciones representantes del capital internacional. Ellas son quienes aplican los programas que mejor expriman a la población para obtener los máximos excedentes.

Según dijo el ECOFIN en una nota de prensa: ‘el apoyo financiero se proporcionará bajo un firme programa de políticas que será negociado con las autoridades irlandesas por la Comisión y el FMI, en colaboración con el BCE’. Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, echa más leña al fuego: ‘un equipo del FMI que se encuentra en estos momentos en Irlanda para contactos técnicos iniciará ahora una discusión sobre un programa económico con las autoridades irlandesas’.

Las medidas impuestas entre unos y otros a la población irlandesa son entre otras:

1-Reducir el déficit público del 32% actual al 3% en 2014. Para ello deben rebajarse los presupuestos públicos en 15.000 millones de euros, lo que supone reducir drásticamente el gasto social y la inversión, dejando el sector público a merced de la privatización de recursos y derechos.

2- Suprimir 25.000 empleos públicos.

3- Reducir los salarios en un 12%.

4- Aumentar el IVA hasta el 23%.

5- Aumentar progresivamente la edad de jubilación hasta los 68 años y reducir el fondo de reserva de las pensiones en 17.500 millones usados para el rescate.

6- Aumentar las tasas universitarias en un 20%.

7- Implementar nuevos impuestos sobre el consumo de agua y energía y aumentar los impuestos sobre la renta.

8- Estimular la producción y la economía real.

9-Mantener el impuesto de sociedades en el límite del 12,5%.

El grado de aplicación de este plan está sujeto a cumplir las expectativas de las instituciones internacionales. Si Irlanda no las cumple, el FMI y la UE le pueden exigir que implemente ‘nuevas medidas’.

Cómo se perpetra el ataque financiero a un país.

El ciclo especulativo es simple y brutal: se detecta al país con mayor déficit fiscal, deuda, debilidad bancaria, burbujas y con una economía indefensa frente al ataque. A continuación entra en acción un concierto para delinquir conformado por corredores de bolsa, calificadoras de riesgo y especuladores.

Después de apostar al alza de los valores en bolsa para inflar las burbujas, se precipita una venta masiva de esas acciones y títulos. Por la inercia del mercado, sus precios tienden a la baja y, seguidamente, las todopoderosas calificadoras elevan la prima de riesgo a la cuantiosa deuda del país en cuestión.

Los intereses por la obtención de recursos frescos crecen exponencialmente para ‘cubrir el riesgo’ de los especuladores ante la evidente debilidad económica. Esta insolvencia genera el pánico y hunde la bolsa, donde los que antes apostaron al alza hacen su agosto comprando las acciones a la baja, seguros de que los Estados acudirán con recursos de los contribuyentes a rescatar la economía antes de que ésta se hunda definitivamente. Por eso el rescate viene siempre acompañado de dolorosos ‘planes de ajuste’ que exprimen a la población para arrebatarle los recursos necesarios para pagar a los especuladores. Por eso hablamos de ‘ajustes criminales’.

Ése es el ciclo que están sufriendo Irlanda, Portugal, España y otros estados de la periferia de la ‘zona euro’.

Reino de España, noviembre de 2010: consecuencias del ciclo especulativo.

El 27 de noviembre, con la ‘presión’ de una situación financiera muy adversa, el Presidente del Gobierno mantuvo una reunión con los 37 principales empresarios del país. En esta reunión, Zapatero pactó con los ‘mercados nacionales’ acelerar la reforma de las pensiones, acelerar la entrega de la cartera de negocio de las privatizadas cajas de ahorro a los grandes bancos e implementar nuevas medidas que ‘aumenten la competitividad’ de las empresas.

Cuatro días después, el 1 de diciembre, el Gobierno Español volvió a imponer un nuevo ‘plan de ajuste’ destinado a aumentar el excedente empresarial, ceder sectores estratégicos a los bancos de inversión y arrebatar ingresos a la población en favor del capitalismo internacional.

Este último (por ahora) plan de ajuste consiste en:

1- Privatizar el 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, abriendo la puerta de los aeropuertos al capital privado.

2- Implantar la gestión privada en algunos aeropuertos y torres de control. Entre ellos se declara la intención de privatizar el 100% de la gestión de El Prat y de Barajas. En 2011 se liberalizará el control aéreo de 13 de los 47 aeropuertos españoles (entre ellos Valencia, Sevilla y Vigo) y el resto a partir de 2012. Esta medida permitirá, según en ministro de Fomento, reubicar a 190 controladores el próximo año -privatización que el Gobierno ha impuesto manu militari.

3- Privatizar el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, una empresa pública muy rentable con ingresos anuales de 10.000 millones y beneficio anual de 3.000 millones de euros. Ya hay varias empresas de apuestas (como CIRSA y Bwin) y algunos bancos de inversión que se han postulado como candidatos para optar a ese 30%.

4- Suprimir el subsidio de hambre y miseria de 426 euros mensuales –previsto para parados de larga duración. A partir de febrero de 2011, las 650.000 personas que percibían esta ayuda pasarán a engrosar la lista del millón y medio de personas que no tienen ningún ingreso en el Estado Español. Se elimina así cualquier tipo de ayuda estatal a paradxs de larga duración y la pelota queda en el tejado de unas comunidades autónomas sin suficiente dotación presupuestaria. Así funciona la reforma del desempleo anunciada en la Reforma Laboral, cuyo hilo conductor predica que ‘quien no trabaja es porque tiene mucha cara’.

5- Comprometerse a aprobar esa misma semana el ‘Reglamento de agencias privadas de colocación’ (cuestión también introducida en la última reforma laboral), cuyo fin es aplicar la Directiva de comercialización de servicios para ‘liberalizar’ los servicios de colocación. Así se da un paso definitivo para vaciar de contenido y presupuesto al antiguo INEM. Aunque los servicios públicos de colocación forman parte del derecho al trabajo, una vez más se nos manda a comprar derechos en el mercado. De momento, lo que está claro es que las agencias privadas de colocación van a ser financiadas con dinero público, las ‘sin ánimo de lucro’ al 90% y las ‘con ánimo de lucro’ al 60%.

6- Incluir un cambio en el primer tramo del Impuesto de Sociedades ampliando la base imponible para las empresas que tributan al tipo reducido: desde los 120.000 euros actuales de beneficios hasta los 300.000. Es decir, las empresas que tengan beneficios inferiores a 300.000 euros anuales verán reducido su tipo impositivo en un 16,6%. Para ‘crear riqueza’ y ‘generar empleo’, por supuesto.

7- Ampliar el concepto de ‘empresa de tamaño reducido’ según el volumen de facturación, que pasará de 8 a 10 millones de euros. 40.000 nuevas empresas verán reducido el tipo impositivo sobre sus beneficios en un 33%. ¿Se cubrirá este agujero presupuestario con los 426 euros de los paradxs? Es que estamos tan preocupados por reducir el déficit y ayudar a las empresas… sin duda, mucho más que por dejar morir de hambre a tanto vago y maleante. Y a sus familias.

8- Generalizar la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta 2015, antes sólo prevista hasta 2012 y para empresas de reducida dimensión o para aquellas de mayor dimensión que mantuviesen su nivel de empleo. A partir de ahora se ampliará a todo tipo de empresas y desaparecerá la cláusula de mantenimiento de plantilla, aunque el texto definitivo está aún por concretar.

9- Eliminar la obligación del recurso cameral: hasta ahora, todas las empresas y trabajadores autónomos estaban obligados a pagar este canon a las cámaras de comercio. Esta medida supone un ahorro anual de 160 millones de euros para las grandes empresas y 90 para las pequeñas.

10- Posibilitar la creación de una empresa en 24 horas y por 100 euros: se adelanta lo previsto en la Ley de Economía Sostenible sobre las normas que persiguen la reducción de plazos, costes y obstáculos para crear una empresa. A demás de un presupuesto clásico del liberalismo, ésta es una medida clave para el desarrollo de esa economía ‘basada en el conocimiento’ contra la que luchan los estudiantes anti-Bolonia.

11- Integrar a los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto parece contradecir la lógica del resto de medidas y perjudicar los intereses de empresas como Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico: les impide el negocio con los jóvenes, sus clientes más rentables. Pero no debemos olvidar que esta medida, como el resto del paquete, ha sido dictada por el verdadero gobierno, el poder económico, así que todo hace prever que las futuras contraprestaciones aparezcan cuando se afronte la reforma sanitaria o la del régimen de la seguridad social.

El mismo 1 de diciembre de 2010, horas después de que el presidente del gobierno español anunciara estas medidas, Joseph Ackermann (Consejero delegado de Deutsche Bank, gigante financiero alemán y uno de los mayores bancos de inversión del mundo) declaró en prensa: ‘Los datos económicos no justifican de ninguna manera la aparente desconfianza que existe en el caso de España (...) las decisivas reformas económicas y la reestructuración de las instituciones financieras del sector público [cajas de ahorros] pueden devolver pronto al país al camino del crecimiento’.

El mismo 1 de diciembre, tras el anuncio del plan de ajuste, y después de las declaraciones benevolentes del BCE, del ministro de economía alemán y del Deutsche Bank, adivinad qué ocurrió: la prima de riesgo del Bono español se redujo del histórico registro 311 puntos a 252 puntos básicos, lo que quiere decir que los intereses que España tiene que pagar por su deuda se redujeron del 5,7% al 5,2%. El IBEX 35, que había caído 1.500 puntos (14%) a lo largo del mes de noviembre, recuperó 700 puntos sólo en los 4 primeros días hábiles de diciembre.

En las dos primeras semanas de diciembre de 2010 los especuladores parecían saciados con el botín del plan de ajuste, pero el gobierno, cual fiel vasallo, continuó cumpliendo con sus compromisos y haciendo trabajos voluntarios con los que contentar al Señor Feudal: en su afán por ser el primero de la clase, siguió buscando por aquí y por allá dónde robar unos miles de millones más a los trabajadores y trabajadoras para regalárselos a sus todopoderosos amos… Y encontró un lugar: el viernes 3 de diciembre subieron los impuestos regresivos sobre el consumo de alcohol y tabaco y se concretó el reglamento de las agencias privadas de colocación. La semana siguiente, el gobierno español la dedicó a preparar un paquete de 88 medidas con el que las empresas se ahorran 2.000 millones de euros más.

Estas medidas fueron publicadas el 14 de diciembre y con ellas se afecta fundamentalmente a las administraciones de Justicia, Hacienda, Industria y Transporte, abriendo el camino a la externalización y la gestión privada de los servicios administrativos. Esta será una de las líneas clave de la reforma de la administración pública a la que asistiremos durante 2011. Que nadie se sorprenda.

A pesar del servilismo de nuestros representantes democráticamente electos, los especuladores seguían insatisfechos. El gobierno aplazó a marzo de 2011 una Reforma de las Pensiones que debería haber aprobado en noviembre de 2010. Durante ese mes de noviembre, los voceros del capital internacional y su palmero español, el Gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez, no dudaron en repetir insistentemente la urgencia de una reforma de las pensiones y (toma dos tazas) de la negociación colectiva.

Sirvan como ejemplo estas declaraciones que Fernández Ordóñez hizo el 24 de noviembre, en plena crisis de deuda, en el Senado:

- Sobre la reforma de las pensiones: ‘es capital, crucial y vital para reafirmar [fuera de España] el compromiso de las autoridades con la disciplina presupuestaria y con su capacidad de efectuar reformas estructurales de calado, lo que podría repercutir favorablemente en el coste de la financiación del Tesoro y, por ende, de todos los agentes económicos (...) La modificación de las pensiones públicas es crucial para reafirmar en el exterior el compromiso con la disciplina presupuestaria’.

- Sobre negociación colectiva: ‘la adecuación de los salarios, la retribución variable y otras condiciones laborales a la situación individual de las empresas’. Es decir, que las compañías puedan incumplir el convenio del sector ‘de acuerdo con sus trabajadores’.

- Sobre la deuda de las comunidades autónomas: ‘el control y la transparencia de las cuentas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos’ son necesarios. El gobernador pidió un techo de gasto anual, una planificación de los ingresos y gastos y una mayor transparencia a los parlamentos regionales.

A las recomendaciones de Señor Gobernador hay que sumar las recomendaciones que hacía publicas en esos días el FMI en un informe sobre España en el que pedía la descentralización de la negociación colectiva, ‘la eliminación de la relación automática entre salarios e inflación’ y ‘una ambiciosa aplicación de la Directiva Europea de Comercialización de Servicios’, que no es otra cosa que la transposición europea de los Acuerdos para la Comercialización de Servicios de la OMC. Sumando las declaraciones de Ordóñez sobre las CCAA y las del FMI sobre servicios se hace evidente una próxima crisis de deuda pública de las Comunidades Autónomas que pagaremos con la Sanidad y la Educación primaria y secundaria.

Como el gobierno español se había apartado de la agenda dictada por el poder económico aplazando las pensiones y con la deuda de las comunidades en el punto de mira, los ladrones de Wall Street y la banca internacional enviaron a sus sicarios para que diesen comienzo a la segunda parte del ciclo financiero-especulativo. El miércoles 15 de diciembre, la agencia de calificación Moody´s puso en revisión con tendencia negativa la calidad de la deuda pública del Estado Español, poniendo así su prima de riesgo en el disparadero.

El informe de Barclays Capital (división de banca de inversión del grupo británico) del 10 de diciembre considera que ‘España, desde el punto de vista de los fundamentos de su economía y su deuda pública, es un país solvente. Pero si los inversores siguen nerviosos y el coste del bono público español llega al 7%, la situación sería explosiva y podría ser necesario un rescate del país por parte de Europa’. Precisamente: la revisión de calificación de Moody´s coloca a España al borde del rescate.

La sumisión del parlamento español y del gobierno no se hizo esperar. El mismo miércoles 15, la Comisión del Pacto de Toledo alcanzó un principio de acuerdo en materia de pensiones públicas. Es curiosa la eficacia que provocan S&P y Moody´s, porque la comisión llevaba discutiendo dese el 28 de enero de 2010 y a los suecos les costó8 años llegar a un acuerdo, pero las calificadoras consiguieron el inmediato acuerdo del Pacto de Toledo en cuestión de horas. Como no podía ser de otra manera, la vicepresidenta económica Elena Salgado anunció ese día 15 el adelanto de la publicación de los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas al lunes 20 de diciembre. ¡Crisis de deuda resuelta!

Por lo que respecta a la reforma de las pensiones, hay que añadir que ésta no es una medida urgente. La seguridad social española tiene, a día de hoy, un superávit de casi 3.000 millones de euros/año. Vincular el futuro de las pensiones al envejecimiento de la población es una disyuntiva estúpida. Por un lado, el sistema de seguridad social necesita 117.000 millones de euros anuales que obtiene sin problemas de las cotizaciones de los trabajadores incluso con una tasa de paro del 20% y una tendencia de los salarios a la baja. Este escenario actual genera una tasa de dependencia trabajador/jubilado inferior a la peor de las posibles que pinta la Comisión Europea con el envejecimiento de la población para 2050 y el sistema sigue ganando dinero. Por otro lado, el fraude fiscal en España es de 80.000 millones, cifra equivalente a casi otro sistema de pensiones y más de un sistema de salud.

Pero la verdadera disyuntiva ha de centrarse en cómo queremos que se reparta la riqueza nacional.

Si tenemos en cuenta que en el Estado Español el excedente empresarial es de medio billón de euros, podemos optar entre multiplicar por cinco las pensiones o dejar que unos pocos se queden el beneficio del trabajo de la mayoría y encima darles una parte de lo dedicado a la subsistencia de nuestros mayores para que especulen y nos exploten mejor durante más años. Esta es la verdadera disyuntiva.

Firma: otro antisistema.

ASSI –Acción Social y Sindical Internacionalista. Zaragoza.