El tabaco como demostración de la falta de civismo de algunos españoles. Carlos Carnicero. 07 ene 2011
En contra de lo que pudiera parecer por las declaraciones desproporcionadas de algunos líderes sociales, no somos pioneros en el mundo en una regulación estricta del consumo de tabaco. Hace muchos años, casi veinte, que no se puede fumar en ningún punto de los aeropuertos norteamericanos ni en los lugares públicos de ese país y del Reino Unido. En la mayor parte de los países europeos las normas son tan estrictas cómo la recién aprobada en España.
Los avances de la ciencia médica en la precisión sobre las consecuencias negativas del humo del tabaco para los consumidores y para los fumadores pasivos han sido determinante de las restricciones. No hay ninguna controversia médica sobre la gravedad de las consecuencias de fumar o de estar cerca de quienes lo hacen.
En todos los países la transición se hizo sin discusión, porque en los lugares donde la democracia está asentada existe un consenso básico de respeto a la ley y en que el derecho a la salud prima sobre el derecho a fumar. En caso de colisión, como ocurre en muchas otras esferas, el interés general prima sobre el minoritario. Quien se compra un deportivo de lujo puede invocar su derecho a circular a toda la velocidad que permite su automóvil, puesto que está a la venta con esas prestaciones. Sin embargo, el interés general de la seguridad vial hace legítimo que se legisle un límite de velocidad y se sancione a quien lo incumple. El alcohol es un producto permitido, pero está sancionado conducir con exceso de ese producto en el cuerpo por el peligro que supone para los demás. Cosas tan de sentido común han sido aceptadas socialmente. Sin embargo con el tabaco hay bronca.
En España hemos tardado mucho tiempo en hacer prevalecer el derecho a la salud de quienes no fuman sobre el derecho a fumar de quienes lo hacen. Y ahora, las amenazas de insumisión, las agresiones y el cuestionamiento de la legitimidad de la ley se adoba con todo tipo de razones. Algunas tienen fundamento transitorio: es cierto que algunos establecimientos de restauración y gastronomía pueden sufrir momentáneamente las consecuencias colaterales de la ley en sus economías. Lo mismo se podría decir de las limitaciones de velocidad y de las sanciones a quienes cometen una infracción de tráfico en relación a la venta de automóviles potentes. O con la venta de alcohol en los restaurantes donde los conductores dejan de hacerlo para no ser sancionados.
El perjuicio económico a los establecimientos de hostelería durará hasta que la sociedad asuma su vigencia y los fumadores que quieran seguir siéndolo se acostumbrarán a hacerlo en sus ámbitos privados. Entonces sencillamente se irá al bar y no se fumará o se saldrá a la calle para hacerlo. Indirectamente, mucha gente atrapada por el tabaco agradecerá la ayuda indirecta que recibe al hacerle más difícil encontrar espacios para fumar.
Lo que no es de recibo es que una norma que está socialmente asentada en todo el mundo civilizado sea utilizada aquí como un elemento de agresión al estado de derecho, de reto a la legitimidad de la soberanía popular y que encima se utilicen comparaciones tan indignantes como las que se han hecho algunos individuos con la persecución de los judíos por el III Reich. La derecha más dura de este país sigue utilizando cualquier asunto, incluso los relacionados con la salud, para tratar de erosionar al Gobierno.
Es cierto, que a preguntas de un periodista, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, dijo que todo ciudadano tenía la posibilidad de denunciar a quien infrinja la ley. Y la traducción de esa afirmación, en una simplificación de lo que probablemente quiso decir la responsable de sanidad, se equiparó a una invitación a la delación.
El estado está para hacer cumplir la ley; no es obligación de los ciudadanos hacer de policías de nadie. Pero si es cierto que los responsables de cada establecimiento tienen que hacer cumplir la ley en su ámbito y en su caso avisar de que hay alguien que no cumple con una norma obligatoria para todos.
Es cierto que la ley del tabaco va a promover un cambio de costumbres sociales. Para unos, para la mayoría que no fuma, se establece la protección de su salud. Para otros, se les priva del placer de poder fumar en lugares de reunión contaminando el aire y dando satisfacción a su deseo de perjudicar su salud e indirectamente la de los demás. Es normal que estén disgustados. Pero es inaceptable la posibilidad de la insumisión y la rebeldía contra una norma que protege el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Como siempre la derecha más extrema aprovecha cualquier oportunidad para hacer demagogia y tratar de desprestigiar a un gobierno que sólo cumple con la normativa comunitaria al llevar al Parlamento y sancionar con valor legal una ley beneficiosa para la salud de los españoles.
En contra de lo que pudiera parecer por las declaraciones desproporcionadas de algunos líderes sociales, no somos pioneros en el mundo en una regulación estricta del consumo de tabaco. Hace muchos años, casi veinte, que no se puede fumar en ningún punto de los aeropuertos norteamericanos ni en los lugares públicos de ese país y del Reino Unido. En la mayor parte de los países europeos las normas son tan estrictas cómo la recién aprobada en España.
Los avances de la ciencia médica en la precisión sobre las consecuencias negativas del humo del tabaco para los consumidores y para los fumadores pasivos han sido determinante de las restricciones. No hay ninguna controversia médica sobre la gravedad de las consecuencias de fumar o de estar cerca de quienes lo hacen.
En todos los países la transición se hizo sin discusión, porque en los lugares donde la democracia está asentada existe un consenso básico de respeto a la ley y en que el derecho a la salud prima sobre el derecho a fumar. En caso de colisión, como ocurre en muchas otras esferas, el interés general prima sobre el minoritario. Quien se compra un deportivo de lujo puede invocar su derecho a circular a toda la velocidad que permite su automóvil, puesto que está a la venta con esas prestaciones. Sin embargo, el interés general de la seguridad vial hace legítimo que se legisle un límite de velocidad y se sancione a quien lo incumple. El alcohol es un producto permitido, pero está sancionado conducir con exceso de ese producto en el cuerpo por el peligro que supone para los demás. Cosas tan de sentido común han sido aceptadas socialmente. Sin embargo con el tabaco hay bronca.
En España hemos tardado mucho tiempo en hacer prevalecer el derecho a la salud de quienes no fuman sobre el derecho a fumar de quienes lo hacen. Y ahora, las amenazas de insumisión, las agresiones y el cuestionamiento de la legitimidad de la ley se adoba con todo tipo de razones. Algunas tienen fundamento transitorio: es cierto que algunos establecimientos de restauración y gastronomía pueden sufrir momentáneamente las consecuencias colaterales de la ley en sus economías. Lo mismo se podría decir de las limitaciones de velocidad y de las sanciones a quienes cometen una infracción de tráfico en relación a la venta de automóviles potentes. O con la venta de alcohol en los restaurantes donde los conductores dejan de hacerlo para no ser sancionados.
El perjuicio económico a los establecimientos de hostelería durará hasta que la sociedad asuma su vigencia y los fumadores que quieran seguir siéndolo se acostumbrarán a hacerlo en sus ámbitos privados. Entonces sencillamente se irá al bar y no se fumará o se saldrá a la calle para hacerlo. Indirectamente, mucha gente atrapada por el tabaco agradecerá la ayuda indirecta que recibe al hacerle más difícil encontrar espacios para fumar.
Lo que no es de recibo es que una norma que está socialmente asentada en todo el mundo civilizado sea utilizada aquí como un elemento de agresión al estado de derecho, de reto a la legitimidad de la soberanía popular y que encima se utilicen comparaciones tan indignantes como las que se han hecho algunos individuos con la persecución de los judíos por el III Reich. La derecha más dura de este país sigue utilizando cualquier asunto, incluso los relacionados con la salud, para tratar de erosionar al Gobierno.
Es cierto, que a preguntas de un periodista, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, dijo que todo ciudadano tenía la posibilidad de denunciar a quien infrinja la ley. Y la traducción de esa afirmación, en una simplificación de lo que probablemente quiso decir la responsable de sanidad, se equiparó a una invitación a la delación.
El estado está para hacer cumplir la ley; no es obligación de los ciudadanos hacer de policías de nadie. Pero si es cierto que los responsables de cada establecimiento tienen que hacer cumplir la ley en su ámbito y en su caso avisar de que hay alguien que no cumple con una norma obligatoria para todos.
Es cierto que la ley del tabaco va a promover un cambio de costumbres sociales. Para unos, para la mayoría que no fuma, se establece la protección de su salud. Para otros, se les priva del placer de poder fumar en lugares de reunión contaminando el aire y dando satisfacción a su deseo de perjudicar su salud e indirectamente la de los demás. Es normal que estén disgustados. Pero es inaceptable la posibilidad de la insumisión y la rebeldía contra una norma que protege el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Como siempre la derecha más extrema aprovecha cualquier oportunidad para hacer demagogia y tratar de desprestigiar a un gobierno que sólo cumple con la normativa comunitaria al llevar al Parlamento y sancionar con valor legal una ley beneficiosa para la salud de los españoles.
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