"No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional". Mediante un comunicado, la Ejecutiva Federal del PSOE trata de "salir al paso" de las afirmaciones vertidas por algunos responsables de la jerarquía eclesiástica en la concentración que se celebró en Madrid el pasado día 30.
En el texto, que comienza expresando el "pleno respeto" a los actos litúrgicos o confesionales, la dirección del PSOE recalca que no dará "ningún paso atrás" en la defensa de los valores constitucionales, cuya esencia es que es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos.
En el comunicado se afirma que "quienes deliberadamente ignoran" la soberanía de la sociedad sobre los principios de libertad individual y la convivencia "se apartan de los fundamentos de la democracia".
La soberanía reside en el pueblo
Asimismo, subraya que es la Constitución de 1978 la que determina que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado, y la que proclama que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión.
Recuerda el PSOE que el objetivo último del orden jurídico democrático es favorecer la dignidad de las personas, para lo cual los ciudadanos han decidido en los últimos 30 años, en ejercicio de su soberanía, ampliar sus derechos y libertades individuales.
Medidas en favor de la libertad
Eso es también lo que han hecho en los últimos cuatro años, dice el PSOE, con medidas para promover la natalidad y promover la conciliación, subidas de pensiones, atención a la dependencia o aumento de becas.
También han tenido ese objetivo las nuevas leyes "para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas".
"Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante", promete el texto.
La fe "no se legisla"
Dicen los socialistas que la fortaleza de la democracia es la garantía de la convivencia entre opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, "sin aceptar la imposición de ninguna en particular".
Por su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha entrado en la polémica con la jerarquía eclesiástica al señalar que "todo el mundo tiene su sitio y derecho a tener derechos, piense como piense y profese una religión o no la profese", algo que, según ha señalado, "es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles, por lo que esa España va a continuar así".
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, instó a la Iglesia a través de su blog a que se presente a las elecciones o se quede al margen de la política, y le ha emplazado a que antes de pedir el voto para el PP, le exija que en su programa se incluya la derogación de leyes como el divorcio o el aborto.
Reacciones y contrarreacciones
Con el "máximo respeto" de su partido para la concentración del pasado sábado en apoyo a la familia cristiana, el secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, ha calificado la reacción de los socialistas de "desmesurada y radical".
Astarloa ha subrayado el "asombro" que le ha producido el comunicado del PSOE y lo ha achacado a la "incapacidad" de los dirigentes socialistas, que en lugar de "hablar de los problemas que hoy preocupan a las personas", han decidido "cargar" contra la Iglesia y el "respeto a los derechos de todos".
Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares , es "preocupante" que "a lo largo de cuatro años el Gobierno no haya puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática".
Llamazares ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que rectificar su política" en materia religiosa a favor de un "Estado aconfesional" y debe "reconsiderar" los acuerdos con la Santa Sede para "modificar la situación de privilegios" que brinda a la Iglesia en materia de financiación y educación.
Desde San Sebastián, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, ha recordado a la jerarquía eclesiástica que debe aceptar que "hay una separación de poderes" y debe reconocer "cuál es el papel y lugar que le corresponde" en una "sociedad democrática y laica".
Azkarate ha puntualizado que el Gobierno representa a "una sociedad civil laica en su conjunto y con más de una creencia religiosa en su seno" y que "legisla de acuerdo con las mayorías y minorías existentes en el Congreso de los Diputados", que "pueden coincidir o no con la doctrina de la Iglesia católica".
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