(PD / Agencias).- Un hombre de 45 años, Carmelo González, comenzará el próximo viernes, día 16, una huelga de hambre de 24 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Palau de la Generalitat, para reclamar el derecho de su hija a recibir educación en castellano en Cataluña.
El padre ha comunicado en rueda de prensa que la huelga se produce tras "más de un año de lucha" y después de que el Gobierno central y la Generalitat hayan rechazado reunirse con él y de que obvien cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el derecho a recibir educación en la lengua materna.
También indicó que a mediados de septiembre convocará, junto con las asociaciones que apoyan su reivindicación (Convivencia Cívica Catalana y Universitarios Liberal Demócratas, entre otros), una mesa de partidos y asociaciones para tratar sobre el tema. La plataforma antinacionalista Ciutadans de Cataluña también estará invitada a participar en la mesa.
Quiere una comisión de investigación
Otra de las iniciativas impulsadas es la presentación de un informe al Parlamento europeo para "denunciar la situación actual" y pedir una comisión de investigación independiente sobre el tema.
González recalcó su posición de "profundo respeto" por el catalán, así como por su visto bueno a la "defensa y promoción" de este idioma, pero denunció que la imposibilidad de recibir educación pública en castellano es "antiestatutario" e incumple incluso la Ley catalana de política lingüística.
No se respetan las leyes
Es "preocupante", consideró, que el Gobierno central y la Generalitat "se permitan no respetar" las leyes y las sentencias de los tribunales.
Opinó que el Estatut que se someterá a referéndum el próximo 18 de junio "deja la puerta abierta" a que los alumnos puedan recibir educación en castellano, si bien matizó que esto se da a partir de una "interpretación" y que el texto debería ser "mucho más tajante" al respecto.
Sobre la coincidencia temporal de la protesta con la campaña del referéndum, González aseguró que la acción no tiene ninguna "intención política", más allá de la propia reivindicación. También aprovechó para definirse como "de izquierdas", aunque el PP haya apoyado su protesta con iniciativas parlamentarias. "No le voy a pedir a Zaplana que retire" las proposiciones legislativas, indicó.
Amenazas, insultos y descalificaciones
Carmelo González aprovechó el acto para denunciar "amenazas, insultos y descalificaciones" por parte de la asociación de padres de la escuela de su hija, de Sitges (Barcelona), en una actitud que "ralla lo criminal".
En cambio, consideró "intolerante con buen estilo" la actitud de los responsables de la escuela, que le recomendaron apuntar a su hija a una escuela privada para que recibiera clases en castellano.
Criticó las consignas de algunos planes lingüísticos de escuelas catalanas y mostró su "miedo" a que "la aventura de la construcción de la identidad nacional pase por encima de lo que haga falta". "Los países están hechos de ciudadanos y derechos", agregó.
Convivencia cívica
Por su parte, el presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, aseguró que, entre los alumnos castellanohablantes en Cataluña, el fracaso escolar es mayor cuando reciben en enseñanza en catalán (42,6%) que cuando reciben enseñanza en castellano (27,3%).
Consideró la situación "inaceptable" por "anticonstitucional y discriminatoria" y porque tiene el "rechazo de la mayoría de ciudadanos de Cataluña".
Caja indicó que su asociación ha contactado este año con unos 200 padres y madres que reclaman educación en castellano para sus hijos y pidió volver al modelo lingüístico anterior al 92, cuando «el sistema de conjunción lingüística se transformó en un sistema de inversión lingüística» al catalán.
El presidente de Convivencia Cívica Catalana también cargó contra las aulas de acogida en las escuelas para los inmigrantes que no hablan en catalán, que calificó que "correccional lingüístico", y denunció el "bombardeo lingüístico" que se produce en las mismas.
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