viernes, mayo 22, 2009

Relaciones familiares y aborto.

Relaciones familiares y aborto. JOSÉ ÁNGEL GIMÉNEZ - Zaragoza EL PAÍS - Opinión - 22-05-2009
Si yo fuera en la actualidad padre de una hija adolescente, no me preocuparía nada que se permita a las chicas de 16 años tomar la decisión de abortar sin contar con sus padres. En mi concepción de la paternidad, no me puedo imaginar la posibilidad de que mi hija, llegado el caso, acometiera una decisión de ese calibre sin hablarlo conmigo, sin solicitar un consejo y sin establecer un diálogo con sus padres...
Hablo desde mi propia experiencia. No tuve hijas, pero sí un hijo, y en circunstancias semejantes o incluso más graves, en su adolescencia y posteriormente, siempre hablamos libre y ampliamente, intercambiamos opiniones y tomó sus decisiones con libertad que yo siempre respeté, aunque no siempre compartiera el resultado final. ¿Por qué se supone que debería ser de otra manera?
A no ser que ese miedo irracional que ha hecho saltar tantas alarmas provenga de situaciones familiares en que no se habla, no hay confianza, no hay libertad, no hay comunicación, sino solamente valores inamovibles, temor, ortodoxia rígida, jerarquía autoritaria e imposición de valores y conductas, con lo que una decisión de este tipo en una hija rompería con siglos y siglos de pureza ideológica y comportamientos intachables en la tradición familiar.
Nunca consideré que mi hijo fuera propiedad mía y que yo debiera adoctrinarlo y condicionarlo. Más bien tuve la idea de que se pertenecía así mismo y que en modo alguno debería convertirse en un clon de su padre. Mi actitud educativa me condujo a orientarle, acompañarle, ayudarle a sacar lo mejor de sí mismo para que fuera capaz de tomar sus propias decisiones con libertad y responsabilidad. A la vista de lo que hoy ha resultado, sinceramente, no creo haberme equivocado demasiado adoptando esa postura. Si hay pánico a que nuestra hija pueda tomar una decisión así, sin contar con sus padres, mejor sería intentar modificar lo que no funciona en esas relaciones familiares que dedicarse a gritar contra el Gobierno.
Créanme, es mucho más práctico y útil.

Educación coloca a los niños sin plaza pero no sube ratios ni abre más aulas

Educación coloca a los niños sin plaza pero no sube ratios ni abre más aulas. La Comisión de Garantías ya ha asignado puesto a todos. Las listas se publicarán el lunes. P. CIRIA. Zaragoza
Veinticinco familias zaragozanas pedían un aula extra para entrar en Jesuitas, otros tantos protestaban porque se quedaban en la lista de espera de Corazonistas y alguna decena más proponía subir las ratios en su zona escolar para conseguir que sus hijos accedieran al colegio deseado. Ni unos ni otros han conseguido sus objetivos. La Comisión de Garantías -órgano que adjudica los centros- ha terminado ya de asignar plaza escolar a los 1.341 niños de Educación Infantil y Primaria que no lograron puesto en el colegio que sus padres escogieron en primera opción. A todos ellos los han reubicado sin la necesidad de abrir aulas de última hora ni de ampliar las ratios de las zonas.
Para ello, se ha hecho uso de las 18 clases nuevas (12 de ellas para niños de primero de Infantil) que Educación habilitó una vez iniciado ya el proceso de escolarización, y se ha tenido en cuenta los colegios que los padres pusieron en sus solicitudes en segunda, tercera y sucesivas opciones. Además, en los centros en los que solo se había quedado sin entrar un niño, se ha optado por hacer una excepción y dejarle entrar, siempre y cuando en esa clase no se superara la ratio máximo establecida, que es de 25 alumnos, y no fuera un centro preferente para discapacitados.
La Comisión de Garantías hará ahora una valoración del proceso y enviará todos los datos recogidos al Departamento de Educación. Con ellos, se publicarán las listas en las que se anunciará qué centro se le ha asignado a cada niño. Se podrán consultar en las distintas escuelas y con esa información, los padres podrán ya matricular al pequeño en la que se les haya dado. Tienen de tiempo para hacerlo desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio en el caso de los de Infantil y primero de Primaria y del 22 al 26 de junio en el resto de cursos y en los centros de Educación Especial.
Si una familia no está conforme con el centro que le han asignado, puede renunciar a la plaza y esperar a ver si quedan vacantes en el centro en el que está en lista de espera o probar suerte al año siguiente (la escolarización no es obligatoria hasta los 6 años). No obstante, desde la DGA siempre se insiste en recomendar que se matricule a los niños en la escuela que se les ha dado.
Una segunda oportunidad
Todos aquellos que no hayan conseguido el colegio deseado tienen una segunda oportunidad en junio, en lo que se denomina proceso de mejora. A partir del día 10 de ese mes, se recogerán todos los datos de matriculación de los centros de Zaragoza. Puede ocurrir que a unos padres se les haya dado plaza en una escuela, pero finalmente decidan no formalizar los trámites porque no les convence, porque optan por la red privada u otros motivos.
Esos puestos vacantes que han quedado una vez terminado el periodo de matrículas no se quedarán vacíos. La Comisión de Garantías se reunirá y volverá a analizar las solicitudes de todos los padres que se quedaron sin entrar en el centro que pidieron. Verán si alguno de ellos había solicitado entrar en el colegio X, que es en el que -por poner un ejemplo- se ha quedado una plaza libre. Si es así, se pondrán en contacto con la familia, para ofrecerles la posibilidad de ir allí. Se avisará en cualquier caso, es decir, aunque los padres ya hubieran matriculado a su niño en otro centro Y, se les dará la opción de llevarlo al X, que es el que habían puesto en su lista en primer lugar.
También se contactará con los que estén en lista de espera en el supuesto de que se demostrara que uno de los matriculados ha presentado documentos fraudulentos (padrón falso, discapacidades que no existen, etc.).
El objetivo: juntar a los hermanos
En estas semanas de proceso de escolarización, se ha trabajado también para conseguir que los hermanos no queden separados en distintos centros. En Primaria, hay un 50% de los que no estaban juntos que todavía no han sido unificados. Esto no se debe a que no se les ofrezca la posibilidad de que los dos vayan a la misma escuela, sino que ocurre en los casos en los que unos padres que tenían a un hijo en el centro A, piden para el segundo niño el colegio B (que les gusta más) y después piden que al primer pequeño lo cambien al B. Esto no siempre es posible, porque las plazas pueden estar ya todas copadas. En ese caso, se ofrece a la familia la posibilidad de llevar a ambos hijos a un mismo centro, que puede no ser ninguno de los dos en los que estudian, sino uno en el que hay vacantes para los dos. Los inspectores de Educación trabajan ahora para mejorar esa cifra del 50%.

Los ecologistas denuncian que continúan las obras ilegales en el coto de Bastarás

Ecologistas denuncian que siguen las obras ilegales en el coto de Bastarás. Obras en el entorno de la cueva denunciadas en 2007. | ECOLOGISTAS EN ACCIÓN La información recopilada sobre las nuevas obras será entregada a la Fiscalía
Ecologistas en Acción ha denunciado que continúa realizándose "obras ilegales" en el coto de Bastarás, "a pesar de la destrucción de la cueva de Chaves y de que se está deteriorando el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara". La información que se ha recabado al respecto será entregada a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. D.A. 22/05/2009
HUESCA.- Asimismo, los ecologistas solicitan la dimisión del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, y del responsable de esta consejería en Huesca, Inocencio Altuna. Esta petición que realizan al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, se basa en "la negligencia y dejación de funciones ante las múltiples irregularidades detectadas en la gestión del coto privado de caza de Bastaras". Asegura Ecologistas en Acción que en la actualidad "las acciones destructoras continúan" ante "la pasividad del Departamento, produciendo una importante e irreversible degradación de este espacio". Fotos aéreas de Fernando Navajas
En un comunicado de prensa, Ecologistas en Acción afirma que Finbas S.A. -empresa que relaciona con "el presidente de la patronal de la minería del carbón, Victorino Alonso"- lleva tres años "realizando obras ilegales, con abundante maquinaria pesada, ante la desidia e indiferencia del Departamento". Asegura que todavía ahora estas actuaciones "que han causado la destrucción del paisaje y gravísimas afecciones ambientales" continúan "ante la pasividad connivente de los responsables de Medio Ambiente, sin que se haya ordenado su paralización".
Explica que activistas de Ecologistas en Acción realizaron durante la pasada semana un vuelo autorizado sobre el parque natural en el que se observó que "las máquinas siguen trabajando sin ningún impedimento". En el vuelo también se constataron "los cuantiosos e irreversibles daños producidos por las obras". Esta información se está recogiendo en un extenso informe que será entregado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, según anuncia la organización.
Ecologistas en Acción considera "intolerable que se esté perpetrando semejante atentado contra la naturaleza en un espacio que cuenta con la máxima protección según la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, vulnerando el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque de los Cañones y Sierra de Guara, sin autorización ni permisos del departamento que debería tutelar la protección del patrimonio natural". Afirma que, a pesar de "las múltiples" denuncias y conocida la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, el Departamento de Medio Ambiente "no ha paralizado las obras, mostrando una incalificable indolencia para el ejercicio de las funciones que la sociedad le ha encomendado".
Aunque Ecologistas en Acción considera "incuestionable" que el primer responsable de los desmanes es el propietario de Finbas S.A., apunta que Alfredo Boné e Inocencio Altuna "están obligados a dar las pertinentes explicaciones, tanto en público como ante los organismos que entiendan de este desgraciado suceso".
Denuncia que si se hubiera actuado "con la contundencia que los hechos requerían" a raíz de las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción durante el periodo 2006-07, por unas actuaciones ilegales en el entorno de la cueva de Chaves, ampliadas posteriormente por el Seprona de la Guardia Civil, "hoy, seguramente, no estaríamos hablando de la destrucción de uno de los yacimientos del Neolítico más importantes de la península Ibérica, ni de la devastación de la naturaleza y el paisaje", concluyen los ecologistas.

Los ecologistas denuncian que continúan las obras ilegales en el coto de Bastarás. Con las imágenes aéreas que tomaron el pasado fin de semana, el colectivo conservacionista elabora un informe que trasladará en breve a la fiscalía de Huesca. ANA IPAS. Huesca. Imagen aérea captada el pasado fin de semana en el coto de Bastarás
La polémica no abandona al coto de Bastarás (Casbas de Huesca), la finca en la que se ha arrasado el importantísimo yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para convertirlo en un abrevadero para los animales de caza. Ahora son Ecologistas en Acción quienes, tras un vuelo sobre las más de 1.500 hectáreas valladas, denuncian que continúan las obras "ilegales" de roturación del terreno y apertura de pistas en este despoblado del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara. La asociación, que grabó las máquinas que realizan desmontes en vídeo, está elaborando un informe que enviará a la fiscalía.
Un vuelo autorizado con un ultraligero sobre el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, dentro de cuyos límites se encuentra el coto de caza, permitió a los ecologistas observar las obras. "Queríamos realizar un documental sobre la destrucción de la cueva de Chaves y cuando mis compañeros vieron lo que estaban haciendo?", comentó Chesús Ferrer, coordinador de Ecologistas en Acción de Aragón. Y es que según relató tienen muchas dificultades para acceder a la finca y aunque hasta ahora, desde diversos puntos, habían tomado imágenes de apertura de pistas y roturaciones de terrenos "no podíamos ver ni la cuarta parte de los destrozos que han cometido".
El grupo conservacionista exige que "de inmediato" se paralicen todas las obras en el interior de la finca, trabajos para los que tanto el Gobierno aragonés como el ayuntamiento de Casbas les han asegurado que no han dado nunca permisos.
Ecologistas en Acción, además, pide en una nota el cese del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y del director del Servicio Provincial en Huesca, Inocencio Altura. El colectivo achaca a "la negligencia y dejación de funciones" de estos dos directivos que continúen "las acciones destructoras" en este espacio del interior del Parque Natural. Porque según la asociación, a pesar de las múltiples denuncias FINBAS S.A. -empresa relacionada con el presidente de la patronal de la minería del carbón, Victorino Alonso-, lleva tres años "realizando estas obras ilegales, con abundante maquinaria pesada", unos trabajos que tachan de "atentado" contra la naturaleza. Es por ello, porque consideran que la "inhibición de la administración" los hace también responsables, por lo que han optado por elaborar un documento que llevarán directamente a la fiscalía de Huesca.
En la fiscalía se encuentra también la denuncia por la destrucción de Chaves. Los trabajos, que consistieron en rebajar hasta tres metros en algunos puntos de entrada de la cueva, acabaron con este yacimiento, el más importante del neolítico español y junto al valenciano de Or, los más destacados de España.
Quince denuncias en seis años
Por su parte, el departamento de Medio Ambiente informó que al servicio provincial no ha llegado esta denuncia de los ecologistas. Asimismo, recordó que en los últimos seis años se han abierto 15 expedientes. El Gobierno aragonés, en la actualidad, tramita varios por denuncias de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN).
Entre todas las infracciones cometidas en este coto destaca la de la introducción de una especie de cabra africana, el arrui, una acción considerada "muy grave" en la Ley de Caza. El Gobierno aragonés, además de la multa de entre 3.000 y 60.000 euros, ha propuesto en el expediente sancionador que tramitan contra la propiedad, FINBAS S.A., el cierre del coto de caza. Este periódico trató en vano de ponerse ayer en contacto con la empresa que tiene sede en el municipio de Casbas de Huesca.

CHA solicita a Broto y Boné que informen en las Cortes sobre Chaves y Bastarás. Fuster y Ibeas, ayer en la sede de CHA en Huesca. | S.E. D.A. 20/05/2009

HUESCA.- CHA ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Aragón de los consejeros de Educación y Cultura, María Victoria Broto, y de Medio Ambiente, Alfredo Boné, para que informen detalladamente sobre la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves y sobre las acciones del Departamento y del Inaga en relación al coto de caza de Bastarás, respectivamente.
La presidenta de CHA y diputada portavoz de Cultura, Nieves Ibeas, afirmó que el destrozo de la Cueva de Chaves "no hubiera pasado si se hubieran puesto en marcha medidas que hubieran atendido a la cantidad de demandas que hay en contra de las obras que se estaban llevando a cabo dentro del recinto del vallado cinegético". Consideró que "no se trata de resolverlo con una multa de mil euros. La pérdida de ese patrimonio, que es cultural, natural e histórico, es gravísima, porque, entre otras cosas, la Cueva de Chaves es un enclave que no se puede sustituir".
Ibeas recordó que Ecologistas en Acción denunció en 2006 unas obras que Finbas SA había puesto en marcha en el entorno de la cueva, o que el Justicia de Aragón instó al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Casbas en 2007 a que emprendieran acciones "para defender el patrimonio y, sobre todo, los intereses públicos".
Consideró la presidenta de CHA que lo ocurrido se debe básicamente a un conflicto entre los intereses privados y los públicos. Afirmó que Chaves tiene la protección, como Patrimonio Arqueológico y de BIC. "La protección teórica la tiene, pero ¿la práctica . El Gobierno de Aragón dice que está suficientemente protegida, pero la deducción que hace CHA es que ha habido fallos en la inspección, en el control de ese bien, y ha hecho que se haya perdido la parte del neolítico del yacimiento". Por otra parte, afirmó que el Gobierno de Aragón debe "dar cuenta de dónde han fallado los mecanismos de protección, abriendo una investigación interna, y exigir que sea implacable en ese sentido la justicia".
Por su parte, el diputado por el Alto Aragón y portavoz de Medio Ambiente, Bizén Fuster, consideró que la destrucción de Chaves ha sido "la gota que ha colmado un vaso de un larguísimo rosario de despropósitos absolutamente inaceptable, inasumible desde la Administración". Afirmó que se acumulan desde el año 75 "más de cien denuncias por irregularidades de todo tipo, de la Guardia Civil, el Seprona, agentes forestales... No es lógico que siga todo como si no hubiera pasado nada".
"Si se hubieran tomado medidas más allá de las meras sanciones administrativas, probablemente no hubiéramos llegado a esa gota que ha colmado el vaso", afirmó Fuster.
Boné debe responder sobre ese "mirar para otro lado, que quisiéramos que no tenga nada que ver con la importancia de los propietarios del coto. No imaginamos un coto de caza normal que acumule tan cantidad indiscriminada de sanciones", aseguró Fuster, quien añadió que son "de tal magnitud", que lo que debe hacer el Gobierno de Aragón es "anular ese coto ya, con independencia de las actuaciones que se desprendan de los expedientes todavía no resueltos".

La DGA exigirá a Gran Scala un aval de 6 millones y la reserva del 90% del suelo

LEY DE CENTROS DE OCIO. La DGA exigirá a Gran Scala un aval de 6 millones y la reserva del 90% del suelo. El PP pide que la ley garantice "un proyecto sostenible", CHA denuncia que se legisla "a la carta" e IU llevará la norma a la UE. Los promotores, preocupados por los requisitos.N. ASÍN. Zaragoza
Gran Scala deberá tener un 90% del suelo comprometido para poder solicitar al Gobierno de Arag
ón que declare su proyecto como centro de ocio de alta capacidad y empezar a tramitarlo. Hasta ahora tiene opciones de compra por 1.000 hectáreas y el complejo supera las 2.000. Este es uno de los requisitos que exige la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada ayer en el Consejo de Gobierno, para iniciar las diligencias. En ese momento, además, los promotores tendrán que presentar un aval de 3 millones, que se devolverá y será sustituido por otro de 6 cuando consiga esta consideración y comience el desarrollo urbanístico. Este se devolverá cuando finalice el proyecto.
La norma, con muchas cortapisas, establece las condiciones mínimas para este tipo de instalaciones: más de 3.000 puestos de trabajo directos, una superficie no inferior a 1.000 hectáreas y 8.000 plazas hoteleras. La tramitación del complejo será ardua y larga y podría demorarse más de un año. El propio vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, advirtió de que "en los últimos 30 años, no ha habido un proyecto en Aragón con tantas garantías legales, medioambientales, urbanísticas y de viabilidad empresarial". Solo para solicitar la calificación de centro de ocio de alta capacidad se exige un capital social de 10 millones, una propuesta de ubicación, un avance del proyecto de ordenación, un informe económico sobre la viabilidad empresarial, una valoración de las infraestructuras requeridas y un domicilio social fijado en Aragón, entre otros.
Después, una comisión integrada por los departamentos afectados estudiará la propuesta y remitirá, junto a un informe del Inaga, toda la documentación a la DGA, que dispone de seis meses para notificar su resolución. El silencio administrativo se considera, en este caso, como respuesta negativa. A partir de ahí, los promotores tienen dos meses para crear una sociedad gestora y uno para depositar el aval de 6 millones. Entonces, comenzará la tramitación urbanística.
Los promotores deberán presentar un plan de ordenación territorial similar a un Plan General de Ordenación Urbana de un municipio, por lo que también deberá pasar por trámites como la Comisión de Ordenación del Territorio. Deberán ceder el 10% del producto del coeficiente de edificabilidad o su equivalente económico al consorcio.
Un consorcio público
El consorcio -un órgano de control público- estará integrado por los departamentos afectados, por los ayuntamientos y las comarcas limítrofes y gestionará todos los trámites, salvo licencias de juego y el plan general, como una ventanilla única. Su financiación provendrá de las aportaciones de las administraciones (el porcentaje se fijará en los estatutos) en función de los ingresos obtenidos por la instalación del centro. Todos los beneficios los gestionará el consorcio y se deberán destinar a planes de desarrollo comarcal y, en concreto, a infraestructuras y mejoras de servicios públicos. En este caso, revertirán en las comarcas de Monegros, Bajo Cinca y Cinca Medio.

La ley establece un régimen sancionador que va desde 3.000 a 600.000 euros e incluye la posible pérdida de los derechos de la sociedad gestora hasta dos años. Estos complejos se regirán por libertad de horarios de actividad (bares, casinos, tiendas...) y por un plan local de comercio propio. La norma regulará el régimen jurídico de los juegos de azar y apuestas y las inspecciones.
Fuentes próximas al proyecto manifestaron su preocupación por "la falta de información" y por "los requisitos restrictivos" de esta ley, que podrían demorar la puesta en marcha del complejo.
Por su parte, el PP esperó a conocer la norma para valorarla, aunque pidió que garantice que es un proyecto "respetuoso con el medio ambiente, equilibrado y viable". CHA e IU la rechazaron por considerar que se ha elaborado "a la carta de los promotores". El europarlamentario de IU, Willy Meyer, anunció que trasladará el proyecto de ley al Parlamento Europeo. Apudepa ve la norma como "el mayor disparate legal de la historia de Aragón" y la Plataforma Stop Gran Scala y Azajer advirtieron que "supone consumar las políticas de legislación a la carta".

Gran Scala a debate

:blog de información

jueves, mayo 21, 2009

Medio Ambiente quiere cerrar el coto de caza de Bastarás tras la destrucción de Chaves

Medio Ambiente ha propuesto anular el coto de caza de Bastarás. Imagen aérea de una zona del coto de Bastarás.FERNANDO NAVAJAS. Existe un plazo de quince días para alegar antes de la resolución definitiva del expediente. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha propuesto la anulación del coto de caza de Bastarás, en la resolución del expediente abierto por introducir una especie alóctona en este espacio. La decisión ya ha sido remitida a los interesados que cuentan con un plazo de quince días para presentar alegaciones y, una vez analizadas, se formulará la resolución definitiva, sobre mediados del mes de junio. M.M.20/05/2009 HUESCA.- En caso de que se mantenga la propuesta, se perderán los derechos cinegéticos en Bastarás, por lo que ya no se podrá cazar. El secretario general técnico de Medio Ambiente, Roque Vicente, indicó que el Departamento ha procedido "dentro de la rotundidad con la que se puede actuar en estos casos. Sobre todo -señaló-, hay que cumplir los procedimientos y los tiempos, porque si es nulo por incumplir algún paso, hay que volver a empezar". Roque Vicente recordó que en los últimos años se han tramitado 15 expedientes en el coto de Bastarás, donde se encuentra la Cueva de Chaves, la gran mayoría de ellos por infracciones a la Ley de Caza y a la Ley de Montes, básicamente por roturaciones. Los expedientes tienen una sanción, por un lado, económica y, por otro, el requerimiento de que se vuelva a la situación anterior al hecho, por ejemplo, si se abre una pista, que se cierre. Uno de los expedientes más importantes ha sido por la infracción muy grave que supone introducir una especie alóctona (que no es originaria del lugar en el que se encuentra), en concreto al Arrui, una cabra africana, y que ya ha sido tramitado. "Hemos enviado a los interesados la propuesta de resolución de este expediente, que conlleva la anulación del coto de caza, así como una sanción económica y de que se tengan que retirar las especies alóctonas que se hayan introducido", explicó el secretario general técnico de Medio Ambiente. Apuntó que, a partir de ahora, "los interesados disponen de 15 días hábiles para poder alegar y esto acaba en una resolución administrativa". Según la Ley de Caza de Aragón, esta infracción está tipificada como muy grave e implica sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros, así como la propia anulación del coto. La prohibición de introducir especies distintas de las autóctonas está recogida en el artículo 57 de la Ley 5/2002 de Caza de Aragón. El expediente también se remitió a la Fiscalía, que respondió que "no había delito ambiental", por lo que se suspendió el procedimiento y se ha retomado el trámite administrativo. Roque Vicente consideró que el expediente "está bien armado", y llamó la atención sobre la importancia de cumplir los tiempo. "Se nos pide contundencia, y creo que el Departamento ha actuado con contundencia, porque se está proponiendo la anulación del coto de caza, lo que pasa es que los plazos hay que cumplirlos", reiteró. OTRO EXPEDIENTE Otro expediente importante que se tramita se refiere a una parte del coto que está ocupando el monte de utilidad pública. En este caso se inició el expediente sancionador y se solicitado que fuera retirado el vallado. "No lo han hecho, por lo que la Administración podrá actuar de forma subsidiaria, para poder reclamarlo después a quien gestione el coto". El secretario general técnico de Medio Ambiente expuso que el Departamento tiene "una hoja de trabajo" respecto al coto de Bastarás. "Tenemos 15 expedientes tramitados, en unos de ellos se pagó la sanción económica, se subsanaron y demás. Los tiempos son los que son y hay expedientes de 2003 y otros del 2009. Todos los expedientes nacen de alguna denuncia de los agentes de protección de la naturaleza", apuntó. Las sanciones corresponden a la apertura de pistas sin autorización, roturaciones ilegales y colocación de puestos de caza sin los permisos pertinentes, entre otros motivos.

Medio
Ambiente quiere cerrar el coto de caza de Bastarás tras la destrucción de Chaves. El Gobierno de Aragón se plantea retirar la valla que rodea la finca, 32 años después de la primera sentencia. ANA IPAS. Huesca
El coto de Bastarás, la finca privada en la que han arrasado el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para crear un abrevadero, podría tener los días contados. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón está dispuesto a cerrarlo y así lo propone en el expediente sancionador que tramita contra la propiedad por introducir una especie alóctona, una cabra africana llamada arrui. Además, no descartan retirar de manera subsidiaria el vallado de este finca ubicada en el municipio de Casbas de Huesca, un cercado que la gestora ha colocado en monte de utilidad pública y cortando caminos.
El secretario general técnico del departamento de Medio Ambiente, Roque Vicente, explicó ayer que son estos dos expedientes, de los 15 abiertos en los últimos seis años por infracciones bien a la Ley de Caza bien de la de Montes, los que ahora mismo están sobre la mesa y los que pueden tener consecuencias más graves para la empresa que hasta ahora ha solventado todas las denuncias pagando las multas, pero haciendo caso omiso de las recomendaciones de la administración.
"La introducción de una especie foránea es una infracción muy grave según el artículo 57 de la Ley de Caza de Aragón, la 5/2002", recordó Vicente. La sanción, que no pudo precisar, está entre los 3.000 y 60.000 euros, pero en la propuesta de resolución que ya ha redactado Medio Ambiente se incluye la anulación del coto de caza. La propiedad, no obstante, dispone ahora de un periodo de audiencia en el que podrá presentar las alegaciones que estime oportunas y será el propio Gobierno aragonés quien resuelva.
El secretario general técnico hizo hincapié en que todos estos trámites no se han demorado en el tiempo ya que a principios de este año, cuando se conoció que FINBAS -propietaria del coto- había introducido sin permiso el arrui, una especie que puede desplazar a la cabra montés de su nicho natural, lo primero que hicieron fue trasladarlo a la fiscalía.
Esta determinó que "no había delito ambiental". Sin embargo, durante este trámite hubo que suspender la tramitación administrativa que ahora se ha retomado.
El otro proceso en el que Medio Ambiente está poniendo todo su empeño es el que se remonta a 2007. En el se denuncia la ocupación de 270 hectáreas de monte de utilidad pública, una acción que no era nueva ya que en 1977 una sentencia obligaba a la propiedad del coto a retirar el cercado que rodea estos terrenos. Pero los dueños, como ya hicieron hace 32 años, pagaron la multa e incumplieron la recomendación de retirar el vallado. Por eso ahora, el Gobierno aragonés, reconoció Vicente, se plantea "realizarlo de manera subsidiaria", o sea, llevar a cabo ellos mismos esta acción y posteriormente, en otro proceso, reclamar el coste de la operación a FINBAS.
Cabe recordar que no son estas las únicas investigaciones en marcha ya que, a petición de Patrimonio, la fiscalía ha inspeccionado la cueva de Chaves para dilucidar si el rebaje del suelo de la gruta, que en algunos puntos es de hasta tres metros, es una acción constitutiva de delito. La encargada del caso visitó a finales de la pasada semana esta caverna en la que se ubicaba el yacimiento neolítico más importante de Aragón y, junto al valenciano de Or, el mejor de España.

La DGA denuncia ante la fiscalía la destrucción de la cueva neolítica de Chaves. Confirma que los propietarios han rebajado tres metros el nivel del suelo e instalado un abrevadero para la caza del coto privado. MARIANO GARCÍA. Zaragoza
"La destrucción del yacimiento es total y habrá que depurar responsabilidades". Jaime Vicente Redón, director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, aseguraba ayer que la consejería de Cultura ha remitido a la fiscalía un informe sobre lo sucedido en la cueva de Chaves "para que compruebe si es sujeto de acción penal. Habrá que ver qué es lo que dice la Justicia, pero lo que está claro es que se han realizado unas obras que no tenían autorización y que se ha destruido un yacimiento. Vamos a ser todo lo exigentes que podamos, siempre en el marco de lo que permita la ley". La DGA tiene intención de personarse en el juicio, si finalmente se celebra, y los directores científicos de la excavación, Vicente Baldellou y Pilar Utrilla, han asegurado que, en esa hipótesis, piensan constituirse en acusación particular.
Según Jaime Vicente, fue precisamente Baldellou, director del museo de Huesca, quien descubrió lo sucedido cuando intentaba mostrar la cueva a otro historiador. Técnicos del Gobierno de Aragón visitaron el enclave el martes, y el miércoles por la tarde el director general firmó la denuncia para que fuera trasladada al fiscal.
"Lo sucedido es incomprensible. Si hubiera ocurrido en un yacimiento desconocido para todos aún podría tener un resquicio de lógica. Pero no es el caso. La empresa propietaria de la finca es la misma que la compró hace décadas. Parece ser que tuvo nuevos accionistas hace unos años, pero no pueden alegar desconocimiento. Es la misma empresa, y con los mismos encargados, a los que se les solicitó en 2007 permiso para acceder a la cueva y realizar allí excavaciones arqueológicas. Al realizar el movimiento de tierras eran plenamente conscientes de lo que hacían".
Vicente confirmó ayer la información adelantada por HERALDO de que el yacimiento estaba completamente arrasado en los niveles más importantes, los correspondientes al periodo neolítico. En el interior de la cueva se ha instalado un abrevadero para la caza del coto.
"La pérdida de información científica ha sido total. En algunos puntos han rebajado el nivel del suelo hasta tres metros. Tenemos que comprobar ahora si ha quedado algo de lo correspondiente al nivel del Paleolítico pero, en cualquier caso, el daño ha sido enorme".
Pese a los destrozos, se sabe dónde están las toneladas de tierra removida, y la DGA no descarta, una vez concluido el proceso legal, cribarla en busca de elementos que hayan podido sobrevivir. Durante las excavaciones en el interior de la cueva, por ejemplo, se encontraron varios cantos rodados con pinturas geométricas, únicos en su género.
APUDEPA, indignada
Mientras, la noticia de la destrucción de la cueva de Chaves fue recibida ayer con indignación entre los amantes del patrimonio histórico. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, emitió un comunicado en el que exigía "la asunción inmediata de responsabilidades políticas en el Departamento de Educación y Cultura". A su juicio, hay "inexistencia de inspección y control por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural"; la catalogación de los bienes culturales aragoneses es deficiente, lo que "permite mantener desprotegidos yacimientos muy importantes"; y hay "fata de planificación y seguimiento de las actuaciones sobre patrimonio cultural".

RIP Cueva de Chaves por Nieves Ibeas de CHA
Si el destrozo de la Cueva de Chaves hubiera tenido lugar en otro lugar, no me cabe la menor duda de que habría abierto los informativos y que habría dado el salto, incluso, a las cadenas estatales. Pero, esto es Aragón, y hay pocas cosas que realmente trasciendan más allá de nuestra realidad. Y lo que es peor, ¿cuánta gente conoce de verdad el valor de lo que teníamos y ya se ha perdido? ¡Anda que no tiene trabajo el departamento de Educación, Cultura y Deporte para difundir y poner en valor nuestro patrimonio!
Estamos hablando de la desaparición de un valiosísimo yacimiento neolítico que estaba protegido por nuestra Ley de Patrimonio Cultural… en teoría. Una auténtica lástima. ¿Qué ha sucedido en la práctica? No le ha servido de nada, porque ha acabado literalmente arrasado. Tampoco han servido el buen montón de denuncias por las actuaciones irregulares realizadas con relación al coto de caza de Bastarás, en el vallado cinegético en el que se encontraba esta joya de nuestro patrimonio arqueológico.
FINBAS S.A. ha llevado a cabo grandes desmontes y roturaciones sin autorización, ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón al respecto? El Justicia de Aragón instó al Gobierno de Aragón y al propio Ayuntamiento de Casbas a proteger los intereses públicos en relación con las denuncias presentadas. ¿Qué hizo el Gobierno de Aragón al respecto?
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte insiste en que el yacimiento de la Cueva de Chaves estaba “suficientemente protegido”… ¿Y de qué le ha servido esa protección al yacimiento si ha fallado la inspección, el control y el seguimiento de las actuaciones que tenían lugar allí, como se ha podido comprobar, por desgracia?
Hay quien opina que el director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente, ha acertado denunciando el destrozo ante la fiscalía para que, si lo estima oportuno, se depuren responsabilidades… Yo creo que tenía que haber sido mucho más contundente y hay que exigir que la justicia sera implacable por una vez en ese coto que más que coto parece un cortijo.
Está claro que no han coincidido los intereses privados y los públicos, pero estamos en unos tiempos en los que todo está cogido con pinzas y en los que todo es exageradamente “presunto”, hasta lo político, aunque hay temas en los que no caben medias tintas, y el caso de la Cueva de Chaves es uno de ellos.
Alguien en la administración pública no hizo lo que tenía que hacer cuando se denunciaban hechos graves contra esta cueva y contra el propio entorno natural en el que se halla ubicado (que se lo pregunten a Ecologistas en Acción); alguien en la administración no hizo lo que tenía que hacer para evitar que volviera a suceder; alguien, en el Gobierno de Aragón, ha hecho primar los intereses privados sobre los públicos, perdonando o minimizando irregularidades a quienes han ocasionado definitivamente semejante atropello cultural, natural e histórico.
Más vale que tanto la Consejera Mª Victoria Broto, como el Consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné comparezcan pronto en las Cortes de Aragón para explicar lo sucedido, porque de otro modo vamos a tener que pensar que, una vez más, “tal vez alguien puede estar queriendo ocultar algo”. De momento, Broto ha respondido a las preguntas que le formulé hace unas semanas, pero mi compañero Bizén Fuster sigue esperando señales de vida de Alfredo Boné. ¿Por qué se estará resistiendo a responder?

"Mantenemos la decisión de exigir las responsabilidades al máximo". Jaime Vicente informa de la investigación sobre la cueva de Chaves. D.A. 19/05/2009
HUESCA.- El proceso judicial por la destrucción de la Cueva de Chaves sigue su curso. La fiscal encargada del caso, las fuerzas de seguridad, los equipos de investigación y técnicos del Gobierno de Aragón visitaron el pasado jueves la zona para comprobar la situación en que se encontraba. "Se está en la fase inicial de investigación y documentación sobre lo ocurrido, para luego proceder a las imputaciones y que se resuelva en el juicio", ha indicado el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente. Asimismo, se ha mostrado "muy satisfecho" con la respuesta ciudadana, que "apoya" la posición del Gobierno de Aragón "de exigir las responsabilidad al máximo". Vicente ha recordado que, nada más tener conocimiento de los hechos, se presentó la denuncia ante la fiscal, "que está trabajando muy eficazmente", dijo. "Nosotros mantenemos la decisión de exigir las responsabilidades al máximo", añadió. Asimismo, volvió a mostrar su indignación por la destrucción del yacimiento, hechos sobre los que no han obtenido ninguna explicación. "Nadie entiende qué objetivos perseguía lo acaecido en Chaves. No es normal que alguien, conocedor del yacimiento -protegido legalmente-, que ha autorizado las excavaciones, de repente se líe a destrozarlo", ha lamentado.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, mostró ayer su "respeto, apoyo y reconocimiento" a los técnicos del Departamento, por el "difícil" trabajo que desarrollan "siempre con total independencia de criterio". Boné, que visitó el Maestrazgo, quiso responder así a informaciones de los últimos días, como el coto de Bastarás o la tramitación de la cuarta fase de Centrovía, en La Muela. Mientras Boné defendía a los técnicos en el Teruel, activistas de Ecologistas en Acción, Ansar y Coagret se colaban en el Pignatelli para pedir su dimisión y la de Biel, y representantes de las organizaciones entregaban en el registro de la DGA la exigencia de cese de los "implicados políticamente" en la trama de La Muela.

En cueva Chaves y su entorno se han sucedido una caterva de fallos legales. Apudepa hace responsable a la propiedad privada y a la administración aragonesa. Esta asociación se pregunta si han sido arrasadas cueva Chaves I-II y III, Patrimonio de la Humanidad.

miércoles, mayo 20, 2009

La escasez de agentes forestales y la falta de medios chocan con la importancia de esta figura en la protección del Medio Ambiente

Forestales al rojo vivo. La escasez de agentes y la falta de medios chocan con la importancia de esta figura en la protección del Medio Ambiente. La Fiscalía desempolva al colectivo del olvido mientras la DGA fomenta Sodemasa. 17/05/2009 M. NAVARCORENA
Cada agente forestal tiene bajo su responsabilidad la supervisión y el control de alrededor de 132 kilómetros cuadrados del territorio aragonés. Y, para recorrerlos, hasta hace poco aún se podían ver los últimos 4 Latas por algunos campos de la provincia de Teruel. De hecho, continúan en activo los Nissan Patrol con más de diez años de antigüedad. Además, una locura de insignias en la ropa denosta no solo la falta de un uniforme oficial y único, que es sustituido por una variada ropa de trabajo, sino la decadencia y el abandono que sufre este colectivo.
Esta escasez de personal, de falta de medios para trabajar, de instalaciones, de información y formación, de incentivos o promoción laboral desde hace años viene siendo denunciada por la plantilla que conforman los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) aragoneses, con movilizaciones incluidas frente al Pignatelli. Pero ha tenido que ser la publicación de la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la que ha levantado la liebre esta semana por sus graves acusaciones, como la del "sabotaje" a su labor como policía judicial.
360 TRABAJADORES Para peinar todo el territorio aragonés, la plantilla efectiva de APNs cuenta con unos 360 trabajadores, ya que alrededor de una treintena están destinados a oficinas y despachos y no salen al campo. Y entre sus funciones está la de custodiar todos los recursos naturales de la comunidad aragonesa y sus vías pecuarias; velar por el cumplimiento de la pesca fluvial, los aprovechamientos hidráulicos y la actividad cinegética; vigilar los espacios naturales protegidos; controlar las acampadas y demás actividades turísticas autorizadas, y perseguir el empleo de venenos. Además, son una pieza fundamental y básica en los incendios forestales, dirigiendo con carácter general el trabajo de las cuadrillas de prevención y extinción de incendios, tanto terrestres como helitransportadas.
Y todo ello por la propia definición de agente forestal en la Ley de Montes, que establece que es aquel funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas y cuyas funciones son, entre otras, las de Policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y las de policía judicial.
Pero si todos pensamos en los forestales como vigilantes impertinentes y guardianes vocacionales de los ecosistemas, la realidad es que reciben escasa recompensa. Y aquellos destinados a municipios sin oficinas comarcales de la DGA incluso tienen que atender a los vecinos o curiosos en su propia casa, en el bar del pueblo o en el ayuntamiento.

La llegada del consejero Alfredo Boné a Medio Ambiente abrió la esperanza del cambio en el colectivo, ya que el nuevo responsable conocía perfectamente su trabajo y su situación. De hecho, la DGA les otorgó el premio Medio Ambiente Aragón 2003 y se comprometió con una serie de mejoras. Pero las quejas han vuelto a incrementarse. "Es muy triste que tras más de 30 años de democracia tengamos que seguir reclamando la dignidad de un colectivo que quiere realizar su trabajo con entera profesionalidad, y sin embargo está maniatado por las decisiones políticas y la gestión de la administración pública como si de un cortijo se tratase", aseguran algunos de ellos. Entre sus quejas subyace también el intento de privatización de la dirección técnica de la extinción de los incendios forestales y la comparación con la inversión con que se está fomentando Sodemasa.

Denuncia por irregularidades con los expedientes sancionadores. 17/05/2009
En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n° 226, el consejero Boné reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental hasta marzo del 2006 solamente se habían tramitado, por infracciones, diez denuncias en la provincia de Zaragoza, dos en la de Huesca y ninguna en Teruel, de las que se había resuelto con sanción una sola denuncia. Igualmente reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación no se había tramitado ninguna infracción administrativa de esta ley en todo Aragón. ¿Cómo es posible? Desde hace más de diez años, los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (APN) han venido denunciando la irregularidad del funcionamiento de las secciones de asuntos jurídicos de los tres servicios provinciales de Medio Ambiente. Secciones encargadas de tramitar los expedientes sancionadores de las denuncias de los APN en materia medioambiental. De hecho, el Justicia de Aragón abrió en 1999 expediente de oficio y constató la existencia de expedientes sancionadores que acabaron archivados por prescripción o caducidad, recomendando al Departamento de Medio Ambiente que corrigiera esas situaciones. En octubre del 2003, con Boné de consejero, se presenta de nuevo ante el Justicia una queja relacionada con la falta de tramitación de denuncias de los APN en Teruel. En este expediente, el Justicia afirma que "se ha comprobado que los problemas denunciados en 1999 y tratados en el expediente que nos ocupa siguen sin resolver". Y a la vista de la actual memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, parece que poco se ha avanzado. En este documento se habla de "sabotaje de las actividades de la fiscalía" y de que los agentes están siendo "presionados para no realizar atestados".

Forestales, fiscalía y medio ambiente. La consejería ha sido reacia a reconocer la condición de policía judicial genérica a los agentes. 15/05/2009 FRANCISCO Serrano
El fiscal de medio ambiente de Teruel ha reflejado sin complejos en su memoria anual, en cuanto a la gestión del colectivo de agentes forestales por parte del Departamento de Medio Ambiente, lo que desde UGT-FSP venimos denunciando desde hace años.
El Departamento de Medio Ambiente tradicionalmente ha sido reacio a reconocer la condición de policía judicial en sentido genérico de los agentes forestales, a quienes considera una mera policía administrativa, pero además les niega la copia de la resolución de las denuncias que ellos interponen, por lo que rara vez tienen conocimiento del resultado de las mismas. Cada agente actúa "motu propio" sin que haya objetivos ni coordinación adecuada en cuanto a afrontar problemas como el furtivismo en la caza o en la pesca, ni los aprovechamientos ilegales u otras agresiones al medio ambiente. Fuera de la oficina de asuntos jurídicos, que tramita las denuncias, ninguna sección del departamento es conocedora de la problemática en el territorio en cuanto a su materia. No se sabe cuántas denuncias se ponen ni dónde, quién las cursa, no se analiza la casuística y por consiguiente no existe estrategia alguna para la erradicación de comportamientos ilegales. En relación con infracciones en el medio rural de carácter urbanístico no se trabaja absolutamente nada y poco y mal en temas de calidad ambiental.
En cuanto a la carencia de instalaciones muchos de ellos todavía tienen que ofrecer su domicilio particular como dependencia administrativa y en el mejor de los casos se ven relegados en las oficinas comarcales de agricultura a ocupar la dependencia más pequeña que hay en la misma. Los concursos de traslados, que por norma deberían ser anuales, se convocan cada tres años lo que conlleva en ocasiones al deterioro de la convivencia familiar, las oposiciones se eternizan tardando cinco años en resolverse para desesperación de los aspirantes y nunca se ofertan todas las vacantes existentes provocando un alto nivel de interinidad y por consiguiente de inestabilidad laboral. La promoción y carrera profesional es mínima y la poca que hay obliga al traslado de residencia. La reclamada especialización brilla por su ausencia, lo que conlleva a la externalización de muchos trabajos que estos funcionarios podrían desarrollar sin aumentar el gasto de la administración.
Respecto a los medios de trabajo en la era de las tecnologías de vanguardia su "hardware" todavía se basa en la libreta y el bolígrafo. La dispersión de destinos unipersonales en pequeñas localidades sin servicios, sin medios ni apoyos conduce a los funcionarios a un éxodo en busca de una mejor calidad de vida. Lentamente van siendo despojados de parte de sus funciones que se trasfieren a asistencias técnicas o puestos innecesarios creados paralelamente en empresas públicas fuera del control de Las Cortes. Todo esto desde UGT lo hemos denunciado en numerosas ocasiones sin conseguir que se hayan tomado soluciones por parte de la Administración.
En cuanto a la formación y desarrollo de la faceta del agente forestal como policía judicial parece ser que políticamente no interesa que un colectivo autonómico presente en todo el territorio y con un elevado conocimiento del mismo, pueda pasar de denunciar administrativamente infracciones cuya tramitación es competencia exclusiva del departamento de medio ambiente, a denunciar presuntos delitos cuya tramitación escapa a su control y se gestionen desde el ministerio fiscal. Sin embargo nos encontramos con la paradoja de que el Gobierno de Aragón está formando a todos los miembros de la Policía Nacional adscritos a la unidad de policía autonómica en investigación de causas de incendios forestales cuando esta es una materia que vienen desarrollando históricamente los agentes forestales. Para paliar las carencias formativas del colectivo en materia de derecho y procedimiento penal (delitos medioambientales, atestados, etc) somos los sindicatos, como UGT, quienes las tenemos que fomentar y organizar para que los agentes forestales puedan desarrollar su trabajo conforme a la Ley y en beneficio de la sociedad para la que trabajan.
Desde UGT-FSP reivindicamos la potenciación de un colectivo infravalorado e infrautilizado, el colectivo autonómico de Agentes para la Protección de la Naturaleza (agentes forestales) como cuerpo de especialistas medioambientales para que puedan responder a los requerimientos de la fiscalía y dar respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio natural y medioambiental de todos los aragoneses.
Delegado sindical de UGT para los agentes forestales de Aragón

Cinco de los siete coordinadores forestales en Teruel son del PAR. El colectivo denuncia que tengan puestos públicos de responsabilidad.Además hay otros con vinculación y los hay también de otros partidos políticos. 31/05/2009 A. I. / M. N.
Foto: Una brigada de forestales, apagando un incendio en el 2007.

Además de las quejas por la situación laboral de determinado personal de empresas públicas del Gobierno de Aragón que realiza en ocasiones tareas que corresponden a la función pública, hay otro aspecto que inquieta y enfada a los empleados de estas entidades de derecho público que cumplen con los requisitos obligatorios. Esta queja es el proceso de selección para acceder al empleo, que consideran en muchos casos que se hace de forma arbitraria y que a veces se somete exclusivamente a criterios políticos.
Son muchos los empleados de la Sociedad de Desarrollo Medioambiental (Sodemasa) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, los que protestan por lo que consideran excesivos nombramientos de puestos de responsabilidad a personas con responsabilidades o filiación al Partido Aragonés (formación de la que depende el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón). Aunque también denuncian que el PAR no es el único partido que utiliza estas empresas para dar funciones a personas de su misma ideología, sí denuncian que es el que --y especialmente en Teruel-- más lo hace.
Según critican los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), los coordinadores en las seis áreas en las que se organiza la provincia obtuvieron estos puestos por concurso específico en el que se valoraba la experiencia y una memoria que había que defender ante un tribunal con responsables políticos del Departamento. Para muchos de estos puestos solo hubo un aspirante, ya que muchos otros optaron por no presentarse.
Casualidad o no, la mayoría tiene puestos de responsabilidad con el PAR. Así, en el Boletín Oficial del 12 de marzo del 2004 aparecieron los nombramientos de algunos de estos coordinadores. El coordinador de Albarracín es el alcalde de Villar del Cobo y consejero comarcal del PAR en la comarca, Manuel Lahoz. En Teruel, es Liberato Fortea, que se presentó a las elecciones en el número cinco del partido por Terriente. Manuel Górriz, cuarto en las listas del PAR por Montalbán, coordina los agentes en esa área. A estos tres responsables se le suma un cuarto, el de Cantavieja. José Urbano Mormeneo ha aparecido en las listas del partido y reveló en comisión de servicios a su antecesor, que se jubiló.
LAS RESERVAS DE CAZA El Departamento que dirige el secretario general del PAR, Alfredo Boné, ha creado el puesto de coordinador de reservas de Caza. Mientras el alcalde socialista de Ansó, Félix Ipas, es el coordinador de la reserva de los valles de esta zona. En la reserva de caza Montes Universales, coordina José Antonio Martí, alcalde de Torres de Albarracín y consejero comarcal del PAR. Cinco responsables del PAR de siete áreas de coordinación en Teruel. Aunque es una práctica legal, provoca críticas ante lo que muchos compañeros ven injusto.
El compromiso de los dirigentes del PAR con el Medio Ambiente también es palpable en la provincia de Zaragoza. Así, el coordinador provincial es Fernando Lucía, primo de Jesús Sola, el alcalde de Herrera de los Navarros y hasta hace diez días asesor de Boné y presidente de Asael.
Fuera de estos puestos sigue la nómina de candidatos y cargos aragonesistas que son forestales. Una lista que demandan los partidos en las Cortes con el silencio por respuesta. Pero se da la misma situación, por citar solo algunos casos, en Ejea, Santa Eulalia del Campo, Albarracín, Valdecuenca, Linares de Mora, Ráfales, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Ejulve, Calatayud o San Martín de la Virgen del Moncayo.
El Justicia insiste en que el acuerdo con Fiscalía no es la solución31/05/2009


comentarios:

Oroel ( http://oroel.blogspot.com ) - 15/05/2009 - 18:46:41 h.
Lo de los forestales es quizás el caso más extremo, pero no el único, de lo que está pasando en el Gobierno de Aragón, donde se está desmantelando la Administración y sustituyendo por otro entramado clientelar más dócil y que además sirve para colocar a familiares y militantes. ¿Qué más se puede pedir en estos tiempos que un conglomerado empresarial que permite colocar a la familia? ¿Por qué los parientes de quienes están en el poder se colocan antes y mejor que los ciudadanos corrientes?
Raúl - 15/05/2009 - 09:13:42 h.
Cualquier policía o departamento que defienda el medio ambiente es molesto a sociedades depredadoras como la nuestra. No hay que olvidar que tanto los políticos del Par, como los del Psoe o del Pp han salido de las urnas. Que cuando un estudio de impacto ambiental dice que la autovía de Teruel, el Gran Cascala o la ampliación de Formigal son gravosos para el patrimonio natural, el común de los ciudadanos se cagan en sus muertos (los ecojetas y tal).
Por eso no es de extrañar que los agentes para la protección de la naturaleza cuando actuamos para que se cumplan las leyes (leyes de adorno por lo demás), molestemos a vecinos, alcaldes, servicios jurídicos adormecidos, departamentos provinciales y gobiernos.

martes, mayo 19, 2009

El director de la excavación denuncia que Chaves "ha muerto como yacimiento"

El director de la excavación denuncia que Chaves "ha muerto como yacimiento". El arqueólogo Vicente Baldellou, responsable del Museo de Huesca, afirma que el daño es irreparable y que todavía no se sabe dónde se han depositado los sedimentos retirados. ANA IPAS. Huesca
"Chaves ha muerto como yacimiento arqueológico.
Han vaciado todos los sedimentos de tierra del neolítico, no ha quedado absolutamente nada y, por lo tanto, nos hemos quedado sin los datos arqueológicos que podía proporcionarnos la cueva". Son las duras palabras de Vicente Baldellou, director del Museo de Huesca y uno de los directores técnicos, junto a Pilar Utrilla, de las excavaciones arqueológicas que se llevaban a cabo en esta gruta del despoblado de Bastarás (Casbas de Huesca), ahora un coto privado de caza dentro del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara.
El arqueólogo reconoce que todavía no saben dónde han ido a parar las tierras retiradas, aunque intuye que puedan estar dentro de la propia finca. No obstante, éstas no pueden aportarles mucha información. "Podríamos recuperar algún material, pero fuera del yacimiento, lejos del contexto, no pueden revelar datos importantes", relató.
Baldellou sabe bien de lo que habla porque además de ser un buen conocedor de la cueva y el director de la investigación arqueológica -aunque desde el verano de 2007 no se habían realizado excavaciones-, fue él quien descubrió los desperfectos que la empresa gestora del coto había causado en el que los prehistoriadores consideran el yacimiento neolítico más importante de Aragón y el mejor de España junto a la cueva valenciana del Or. "Fue el 2 de marzo cuando lo descubrí. Quería enseñarle la cueva a Joan Bernabeu, un catedrático de la Universidad de Valencia que había oído hablar de Chaves pero que nunca había estado". Ambos se acercaron hasta la caverna y se encontraron "con que habían vaciado todo el depósito de tierras de la época neolítica".
Las obras, realizadas sin las autorizaciones pertinentes, consistieron en rebajar el suelo de la cueva hasta tres metros en algunos puntos, arrasando los niveles más importantes, los correspondientes al periodo neolítico. Además, en el interior de ella, donde se ubicaban dichos restos prehistóricos, se ha instalado un abrevadero para la caza del coto de esta finca particular a la que rodea la polémica. Y es que desde 2003, acumulan 15 denuncias por infracciones de la Ley de Montes y de la Ley de Caza.
Baldellou alabó la rapidez y agilidad del Gobierno de Aragón para denunciar la actuación. Él mismo avisó al Gobierno aragonés la tarde que descubrió los destrozos, al día siguiente técnicos de Patrimonio fueron a inspeccionar el terreno y el día 4 ya estaba presentada la denuncia", según Baldellou, quien apuntó que tiene constancia de que el proceso sigue adelante, ya que fue el uno de los que el pasado jueves acompañó a la fiscal a realizar una inspección de la zona.
No todos comparten su opinión. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que ultima un informe sobre la cueva de Chaves que pretende enviar a la fiscalía que lleva el caso, critica el comportamiento de Medio Ambiente y Patrimonio. Según dicen en una nota, la gruta "debería haber estado triplemente protegida" con la declaración de Bien de Interés Cultural o Zona de Protección Arqueológica. Además, forma parte del Parque Natural de los Cañones y de la Sierra de Guara. Y por último, alega Apudepa, porque en su inmediato entorno se sitúa Cueva Chaves I-II y III "con pintura parietal correspondiente a la más alta protección, Patrimonio de la Humanidad, bajo la denominación genérica 'Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica'. No obstante alertan de que nadie ha informado sobre el estado actual de estas pinturas ni de si están o no en peligro.
Comentarios:
# Rafael Lorente (19/05/09 13:39) ¡Yo estuve excavando en la cueva de Chaves con Pilar Utrilla en el verano del 2003! Siento mucha lástima de lo que ha pasado ya que la riqueza cultural que se hubiera sacado de esos estratos hubiera dado más vida a la zona. Hay que decir que la Sierra de Guara es fantástica, ya que se pueden encontrar abrigos con arte rupestre (y que están protegidos). Siento lástima por lo que hemos perdido, pero también siento vergüenza de los políticos aragones que tenemos, que ¡nunca han trabajado por nuestra tierra como realmente lo deberían haber hecho! Envidio a los catalanes cuyos políticos se desviven por su tierra, y creo que los aragoneses debemos exigir de los nuestros esa misma actitud!

Papa conduce mejor, pero mama se enfada menos y va más despacio con el coche

Papa conduce mejor, pero mama se enfada menos y va más despacio con el coche
# Los niños de entre 10 y 15 años piensan que su padre conduce "bien".
# El 10% de los encuestados irían menos rápido que su progenitor.
# Estos datos se desprenden del estudio 'Los españoles, según sus hijos'.

Obama reduce de forma drástica las emisiones de los coches. El presidente propone que, a partir de 2012, los autos contaminen un 30% menos

Obama reduce de forma drástica las emisiones de los coches
El presidente propone que, a partir de 2012, los autos contaminen un 30% menos

.

Archivo del blog

.