Forestales al rojo vivo. La escasez de agentes y la falta de medios chocan con la importancia de esta figura en la protección del Medio Ambiente. La Fiscalía desempolva al colectivo del olvido mientras la DGA fomenta Sodemasa. 17/05/2009 M. NAVARCORENA
Cada agente forestal tiene bajo su responsabilidad
la supervisión y el control de alrededor de 132 kilómetros cuadrados del territorio aragonés. Y, para recorrerlos, hasta hace poco aún se podían ver los últimos 4 Latas por algunos campos de la provincia de Teruel. De hecho, continúan en activo los Nissan Patrol con más de diez años de antigüedad. Además, una locura de insignias en la ropa denosta no solo la falta de un uniforme oficial y único, que es sustituido por una variada ropa de trabajo, sino la decadencia y el abandono que sufre este colectivo.
Esta escasez de personal, de falta de medios para trabajar, de instalaciones, de información y formación, de incentivos o promoción laboral desde hace años viene siendo denunciada por la plantilla que conforman los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) aragoneses, con movilizaciones incluidas frente al Pignatelli. Pero ha tenido que ser la publicación de la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la que ha levantado la liebre esta semana por sus graves acusaciones, como la del "sabotaje" a su labor como policía judicial.
360 TRABAJADORES Para peinar todo el territorio aragonés, la plantilla efectiva de APNs cuenta con unos 360 trabajadores, ya que alrededor de una treintena están destinados a oficinas y despachos y no salen al campo. Y entre sus funciones está la de custodiar todos los recursos naturales de la comunidad aragonesa y sus vías pecuarias; velar por el cumplimiento de la pesca fluvial, los aprovechamientos hidráulicos y la actividad cinegética; vigilar los espacios naturales protegidos; controlar las acampadas y demás actividades turísticas autorizadas, y perseguir el empleo de venenos. Además, son una pieza fundamental y básica en los incendios forestales, dirigiendo con carácter general el trabajo de las cuadrillas de prevención y extinción de incendios, tanto terrestres como helitransportadas.
Y todo ello por la propia definición de agente forestal en la Ley de Montes, que establece que es aquel funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas y cuyas funciones son, entre otras, las de Policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y las de policía judicial.
Pero si todos pensamos en los forestales como vigilantes impertinentes y guardianes vocacionales de los ecosistemas, la realidad es que reciben escasa recompensa. Y aquellos destinados a municipios sin oficinas comarcales de la DGA incluso tienen que atender a los vecinos o curiosos en su propia casa, en el bar del pueblo o en el ayuntamiento.
La llegada del consejero Alfredo Boné a Medio Ambiente abrió la esperanza del cambio en el colectivo, ya que el nuevo responsable conocía perfectamente su trabajo y su situación. De hecho, la DGA les otorgó el premio Medio Ambiente Aragón 2003 y se comprometió con una serie de mejoras. Pero las quejas han vuelto a incrementarse. "Es muy triste que tras más de 30 años de democracia tengamos que seguir reclamando la dignidad de un colectivo que quiere realizar su trabajo con entera profesionalidad, y sin embargo está maniatado por las decisiones políticas y la gestión de la administración pública como si de un cortijo se tratase", aseguran algunos de ellos. Entre sus quejas subyace también el intento de privatización de la dirección técnica de la extinción de los incendios forestales y la comparación con la inversión con que se está fomentando Sodemasa.
Denuncia por irregularidades con los expedientes sancionadores. 17/05/2009
En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n° 226, el consejero Boné reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental hasta marzo del 2006 solamente se habían tramitado, por infracciones, diez denuncias en la provincia de Zaragoza, dos en la de Huesca y ninguna en Teruel, de las que se había resuelto con sanción una sola denuncia. Igualmente reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación no se había tramitado ninguna infracción administrativa de esta ley en todo Aragón. ¿Cómo es posible? Desde hace más de diez años, los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (APN) han venido denunciando la irregularidad del funcionamiento de las secciones de asuntos jurídicos de los tres servicios provinciales de Medio Ambiente. Secciones encargadas de tramitar los expedientes sancionadores de las denuncias de los APN en materia medioambiental. De hecho, el Justicia de Aragón abrió en 1999 expediente de oficio y constató la existencia de expedientes sancionadores que acabaron archivados por prescripción o caducidad, recomendando al Departamento de Medio Ambiente que corrigiera esas situaciones. En octubre del 2003, con Boné de consejero, se presenta de nuevo ante el Justicia una queja relacionada con la falta de tramitación de denuncias de los APN en Teruel. En este expediente, el Justicia afirma que "se ha comprobado que los problemas denunciados en 1999 y tratados en el expediente que nos ocupa siguen sin resolver". Y a la vista de la actual memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, parece que poco se ha avanzado. En este documento se habla de "sabotaje de las actividades de la fiscalía" y de que los agentes están siendo "presionados para no realizar atestados".
Forestales, fiscalía y medio ambiente. La consejería ha sido reacia a reconocer la condición de policía judicial genérica a los agentes. 15/05/2009 FRANCISCO Serrano
El fiscal de medio ambiente de Teruel ha reflejado sin complejos en su memoria anual, en cuanto a la gestión del colectivo de agentes forestales por parte del Departamento de Medio Ambiente, lo que desde UGT-FSP venimos denunciando desde hace años.
El Departamento de Medio Ambiente tradicionalmente ha sido reacio a reconocer la condición de policía judicial en sentido genérico de los agentes forestales, a quienes considera una mera policía administrativa, pero además les niega la copia de la resolución de las denuncias que ellos interponen, por lo que rara vez tienen conocimiento del resultado de las mismas. Cada agente actúa "motu propio" sin que haya objetivos ni coordinación adecuada en cuanto a afrontar problemas como el furtivismo en la caza o en la pesca, ni los aprovechamientos ilegales u otras agresiones al medio ambiente. Fuera de la oficina de asuntos jurídicos, que tramita las denuncias, ninguna sección del departamento es conocedora de la problemática en el territorio en cuanto a su materia. No se sabe cuántas denuncias se ponen ni dónde, quién las cursa, no se analiza la casuística y por consiguiente no existe estrategia alguna para la erradicación de comportamientos ilegales. En relación con infracciones en el medio rural de carácter urbanístico no se trabaja absolutamente nada y poco y mal en temas de calidad ambiental.
En cuanto a la carencia de instalaciones muchos de ellos todavía tienen que ofrecer su domicilio particular como dependencia administrativa y en el mejor de los casos se ven relegados en las oficinas comarcales de agricultura a ocupar la dependencia más pequeña que hay en la misma. Los concursos de traslados, que por norma deberían ser anuales, se convocan cada tres años lo que conlleva en ocasiones al deterioro de la convivencia familiar, las oposiciones se eternizan tardando cinco años en resolverse para desesperación de los aspirantes y nunca se ofertan todas las vacantes existentes provocando un alto nivel de interinidad y por consiguiente de inestabilidad laboral. La promoción y carrera profesional es mínima y la poca que hay obliga al traslado de residencia. La reclamada especialización brilla por su ausencia, lo que conlleva a la externalización de muchos trabajos que estos funcionarios podrían desarrollar sin aumentar el gasto de la administración.
Respecto a los medios de trabajo en la era de las tecnologías de vanguardia su "hardware" todavía se basa en la libreta y el bolígrafo. La dispersión de destinos unipersonales en pequeñas localidades sin servicios, sin medios ni apoyos conduce a los funcionarios a un éxodo en busca de una mejor calidad de vida. Lentamente van siendo despojados de parte de sus funciones que se trasfieren a asistencias técnicas o puestos innecesarios creados paralelamente en empresas públicas fuera del control de Las Cortes. Todo esto desde UGT lo hemos denunciado en numerosas ocasiones sin conseguir que se hayan tomado soluciones por parte de la Administración.
En cuanto a la formación y desarrollo de la faceta del agente forestal como policía judicial parece ser que políticamente no interesa que un colectivo autonómico presente en todo el territorio y con un elevado conocimiento del mismo, pueda pasar de denunciar administrativamente infracciones cuya tramitación es competencia exclusiva del departamento de medio ambiente, a denunciar presuntos delitos cuya tramitación escapa a su control y se gestionen desde el ministerio fiscal. Sin embargo nos encontramos con la paradoja de que el Gobierno de Aragón está formando a todos los miembros de la Policía Nacional adscritos a la unidad de policía autonómica en investigación de causas de incendios forestales cuando esta es una materia que vienen desarrollando históricamente los agentes forestales. Para paliar las carencias formativas del colectivo en materia de derecho y procedimiento penal (delitos medioambientales, atestados, etc) somos los sindicatos, como UGT, quienes las tenemos que fomentar y organizar para que los agentes forestales puedan desarrollar su trabajo conforme a la Ley y en beneficio de la sociedad para la que trabajan.
Desde UGT-FSP reivindicamos la potenciación de un colectivo infravalorado e infrautilizado, el colectivo autonómico de Agentes para la Protección de la Naturaleza (agentes forestales) como cuerpo de especialistas medioambientales para que puedan responder a los requerimientos de la fiscalía y dar respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio natural y medioambiental de todos los aragoneses.
Delegado sindical de UGT para los agentes forestales de Aragón
Cinco de los siete coordinadores forestales en Teruel son del PAR. El colectivo denuncia que tengan puestos públicos de responsabilidad.Además hay otros con vinculación y los hay también de otros partidos políticos. 31/05/2009 A. I. / M. N.
Foto: Una brigada de forestales, apagando un incendio en el 2007.
Además de las quejas por la situación laboral de determinado personal de empresas públicas del Gobierno de Aragón que realiza en ocasiones tareas que corresponden a la función pública, hay otro aspecto que inquieta y enfada a los empleados de estas entidades de derecho público que cumplen con los requisitos obligatorios. Esta queja es el proceso de selección para acceder al empleo, que consideran en muchos casos que se hace de forma arbitraria y que a veces se somete exclusivamente a criterios políticos.
Son muchos los empleados de la Sociedad de Desarrollo Medioambiental (Sodemasa) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, los que protestan por lo que consideran excesivos nombramientos de puestos de responsabilidad a personas con responsabilidades o filiación al Partido Aragonés (formación de la que depende el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón). Aunque también denuncian que el PAR no es el único partido que utiliza estas empresas para dar funciones a personas de su misma ideología, sí denuncian que es el que --y especialmente en Teruel-- más lo hace.
Según critican los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), los coordinadores en las seis áreas en las que se organiza la provincia obtuvieron estos puestos por concurso específico en el que se valoraba la experiencia y una memoria que había que defender ante un tribunal con responsables políticos del Departamento. Para muchos de estos puestos solo hubo un aspirante, ya que muchos otros optaron por no presentarse.
Casualidad o no, la mayoría tiene puestos de responsabilidad con el PAR. Así, en el Boletín Oficial del 12 de marzo del 2004 aparecieron los nombramientos de algunos de estos coordinadores. El coordinador de Albarracín es el alcalde de Villar del Cobo y consejero comarcal del PAR en la comarca, Manuel Lahoz. En Teruel, es Liberato Fortea, que se presentó a las elecciones en el número cinco del partido por Terriente. Manuel Górriz, cuarto en las listas del PAR por Montalbán, coordina los agentes en esa área. A estos tres responsables se le suma un cuarto, el de Cantavieja. José Urbano Mormeneo ha aparecido en las listas del partido y reveló en comisión de servicios a su antecesor, que se jubiló.
LAS RESERVAS DE CAZA El Departamento que dirige el secretario general del PAR, Alfredo Boné, ha creado el puesto de coordinador de reservas de Caza. Mientras el alcalde socialista de Ansó, Félix Ipas, es el coordinador de la reserva de los valles de esta zona. En la reserva de caza Montes Universales, coordina José Antonio Martí, alcalde de Torres de Albarracín y consejero comarcal del PAR. Cinco responsables del PAR de siete áreas de coordinación en Teruel. Aunque es una práctica legal, provoca críticas ante lo que muchos compañeros ven injusto.
El compromiso de los dirigentes del PAR con el Medio Ambiente también es palpable en la provincia de Zaragoza. Así, el coordinador provincial es Fernando Lucía, primo de Jesús Sola, el alcalde de Herrera de los Navarros y hasta hace diez días asesor de Boné y presidente de Asael.
Fuera de estos puestos sigue la nómina de candidatos y cargos aragonesistas que son forestales. Una lista que demandan los partidos en las Cortes con el silencio por respuesta. Pero se da la misma situación, por citar solo algunos casos, en Ejea, Santa Eulalia del Campo, Albarracín, Valdecuenca, Linares de Mora, Ráfales, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Ejulve, Calatayud o San Martín de la Virgen del Moncayo.
El Justicia insiste en que el acuerdo con Fiscalía no es la solución31/05/2009
comentarios:
Por eso no es de extrañar que los agentes para la protección de la naturaleza cuando actuamos para que se cumplan las leyes (leyes de adorno por lo demás), molestemos a vecinos, alcaldes, servicios jurídicos adormecidos, departamentos provinciales y gobiernos.
Cada agente forestal tiene bajo su responsabilidad
la supervisión y el control de alrededor de 132 kilómetros cuadrados del territorio aragonés. Y, para recorrerlos, hasta hace poco aún se podían ver los últimos 4 Latas por algunos campos de la provincia de Teruel. De hecho, continúan en activo los Nissan Patrol con más de diez años de antigüedad. Además, una locura de insignias en la ropa denosta no solo la falta de un uniforme oficial y único, que es sustituido por una variada ropa de trabajo, sino la decadencia y el abandono que sufre este colectivo.Esta escasez de personal, de falta de medios para trabajar, de instalaciones, de información y formación, de incentivos o promoción laboral desde hace años viene siendo denunciada por la plantilla que conforman los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) aragoneses, con movilizaciones incluidas frente al Pignatelli. Pero ha tenido que ser la publicación de la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la que ha levantado la liebre esta semana por sus graves acusaciones, como la del "sabotaje" a su labor como policía judicial.
360 TRABAJADORES Para peinar todo el territorio aragonés, la plantilla efectiva de APNs cuenta con unos 360 trabajadores, ya que alrededor de una treintena están destinados a oficinas y despachos y no salen al campo. Y entre sus funciones está la de custodiar todos los recursos naturales de la comunidad aragonesa y sus vías pecuarias; velar por el cumplimiento de la pesca fluvial, los aprovechamientos hidráulicos y la actividad cinegética; vigilar los espacios naturales protegidos; controlar las acampadas y demás actividades turísticas autorizadas, y perseguir el empleo de venenos. Además, son una pieza fundamental y básica en los incendios forestales, dirigiendo con carácter general el trabajo de las cuadrillas de prevención y extinción de incendios, tanto terrestres como helitransportadas.
Y todo ello por la propia definición de agente forestal en la Ley de Montes, que establece que es aquel funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas y cuyas funciones son, entre otras, las de Policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y las de policía judicial.
Pero si todos pensamos en los forestales como vigilantes impertinentes y guardianes vocacionales de los ecosistemas, la realidad es que reciben escasa recompensa. Y aquellos destinados a municipios sin oficinas comarcales de la DGA incluso tienen que atender a los vecinos o curiosos en su propia casa, en el bar del pueblo o en el ayuntamiento.
La llegada del consejero Alfredo Boné a Medio Ambiente abrió la esperanza del cambio en el colectivo, ya que el nuevo responsable conocía perfectamente su trabajo y su situación. De hecho, la DGA les otorgó el premio Medio Ambiente Aragón 2003 y se comprometió con una serie de mejoras. Pero las quejas han vuelto a incrementarse. "Es muy triste que tras más de 30 años de democracia tengamos que seguir reclamando la dignidad de un colectivo que quiere realizar su trabajo con entera profesionalidad, y sin embargo está maniatado por las decisiones políticas y la gestión de la administración pública como si de un cortijo se tratase", aseguran algunos de ellos. Entre sus quejas subyace también el intento de privatización de la dirección técnica de la extinción de los incendios forestales y la comparación con la inversión con que se está fomentando Sodemasa.
Denuncia por irregularidades con los expedientes sancionadores. 17/05/2009
En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n° 226, el consejero Boné reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental hasta marzo del 2006 solamente se habían tramitado, por infracciones, diez denuncias en la provincia de Zaragoza, dos en la de Huesca y ninguna en Teruel, de las que se había resuelto con sanción una sola denuncia. Igualmente reconoce que desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación no se había tramitado ninguna infracción administrativa de esta ley en todo Aragón. ¿Cómo es posible? Desde hace más de diez años, los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (APN) han venido denunciando la irregularidad del funcionamiento de las secciones de asuntos jurídicos de los tres servicios provinciales de Medio Ambiente. Secciones encargadas de tramitar los expedientes sancionadores de las denuncias de los APN en materia medioambiental. De hecho, el Justicia de Aragón abrió en 1999 expediente de oficio y constató la existencia de expedientes sancionadores que acabaron archivados por prescripción o caducidad, recomendando al Departamento de Medio Ambiente que corrigiera esas situaciones. En octubre del 2003, con Boné de consejero, se presenta de nuevo ante el Justicia una queja relacionada con la falta de tramitación de denuncias de los APN en Teruel. En este expediente, el Justicia afirma que "se ha comprobado que los problemas denunciados en 1999 y tratados en el expediente que nos ocupa siguen sin resolver". Y a la vista de la actual memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, parece que poco se ha avanzado. En este documento se habla de "sabotaje de las actividades de la fiscalía" y de que los agentes están siendo "presionados para no realizar atestados".
Forestales, fiscalía y medio ambiente. La consejería ha sido reacia a reconocer la condición de policía judicial genérica a los agentes. 15/05/2009 FRANCISCO Serrano
El fiscal de medio ambiente de Teruel ha reflejado sin complejos en su memoria anual, en cuanto a la gestión del colectivo de agentes forestales por parte del Departamento de Medio Ambiente, lo que desde UGT-FSP venimos denunciando desde hace años.
El Departamento de Medio Ambiente tradicionalmente ha sido reacio a reconocer la condición de policía judicial en sentido genérico de los agentes forestales, a quienes considera una mera policía administrativa, pero además les niega la copia de la resolución de las denuncias que ellos interponen, por lo que rara vez tienen conocimiento del resultado de las mismas. Cada agente actúa "motu propio" sin que haya objetivos ni coordinación adecuada en cuanto a afrontar problemas como el furtivismo en la caza o en la pesca, ni los aprovechamientos ilegales u otras agresiones al medio ambiente. Fuera de la oficina de asuntos jurídicos, que tramita las denuncias, ninguna sección del departamento es conocedora de la problemática en el territorio en cuanto a su materia. No se sabe cuántas denuncias se ponen ni dónde, quién las cursa, no se analiza la casuística y por consiguiente no existe estrategia alguna para la erradicación de comportamientos ilegales. En relación con infracciones en el medio rural de carácter urbanístico no se trabaja absolutamente nada y poco y mal en temas de calidad ambiental.
En cuanto a la carencia de instalaciones muchos de ellos todavía tienen que ofrecer su domicilio particular como dependencia administrativa y en el mejor de los casos se ven relegados en las oficinas comarcales de agricultura a ocupar la dependencia más pequeña que hay en la misma. Los concursos de traslados, que por norma deberían ser anuales, se convocan cada tres años lo que conlleva en ocasiones al deterioro de la convivencia familiar, las oposiciones se eternizan tardando cinco años en resolverse para desesperación de los aspirantes y nunca se ofertan todas las vacantes existentes provocando un alto nivel de interinidad y por consiguiente de inestabilidad laboral. La promoción y carrera profesional es mínima y la poca que hay obliga al traslado de residencia. La reclamada especialización brilla por su ausencia, lo que conlleva a la externalización de muchos trabajos que estos funcionarios podrían desarrollar sin aumentar el gasto de la administración.
Respecto a los medios de trabajo en la era de las tecnologías de vanguardia su "hardware" todavía se basa en la libreta y el bolígrafo. La dispersión de destinos unipersonales en pequeñas localidades sin servicios, sin medios ni apoyos conduce a los funcionarios a un éxodo en busca de una mejor calidad de vida. Lentamente van siendo despojados de parte de sus funciones que se trasfieren a asistencias técnicas o puestos innecesarios creados paralelamente en empresas públicas fuera del control de Las Cortes. Todo esto desde UGT lo hemos denunciado en numerosas ocasiones sin conseguir que se hayan tomado soluciones por parte de la Administración.
En cuanto a la formación y desarrollo de la faceta del agente forestal como policía judicial parece ser que políticamente no interesa que un colectivo autonómico presente en todo el territorio y con un elevado conocimiento del mismo, pueda pasar de denunciar administrativamente infracciones cuya tramitación es competencia exclusiva del departamento de medio ambiente, a denunciar presuntos delitos cuya tramitación escapa a su control y se gestionen desde el ministerio fiscal. Sin embargo nos encontramos con la paradoja de que el Gobierno de Aragón está formando a todos los miembros de la Policía Nacional adscritos a la unidad de policía autonómica en investigación de causas de incendios forestales cuando esta es una materia que vienen desarrollando históricamente los agentes forestales. Para paliar las carencias formativas del colectivo en materia de derecho y procedimiento penal (delitos medioambientales, atestados, etc) somos los sindicatos, como UGT, quienes las tenemos que fomentar y organizar para que los agentes forestales puedan desarrollar su trabajo conforme a la Ley y en beneficio de la sociedad para la que trabajan.
Desde UGT-FSP reivindicamos la potenciación de un colectivo infravalorado e infrautilizado, el colectivo autonómico de Agentes para la Protección de la Naturaleza (agentes forestales) como cuerpo de especialistas medioambientales para que puedan responder a los requerimientos de la fiscalía y dar respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio natural y medioambiental de todos los aragoneses.
Delegado sindical de UGT para los agentes forestales de Aragón
Cinco de los siete coordinadores forestales en Teruel son del PAR. El colectivo denuncia que tengan puestos públicos de responsabilidad.Además hay otros con vinculación y los hay también de otros partidos políticos. 31/05/2009 A. I. / M. N.
Foto: Una brigada de forestales, apagando un incendio en el 2007.
Además de las quejas por la situación laboral de determinado personal de empresas públicas del Gobierno de Aragón que realiza en ocasiones tareas que corresponden a la función pública, hay otro aspecto que inquieta y enfada a los empleados de estas entidades de derecho público que cumplen con los requisitos obligatorios. Esta queja es el proceso de selección para acceder al empleo, que consideran en muchos casos que se hace de forma arbitraria y que a veces se somete exclusivamente a criterios políticos.
Son muchos los empleados de la Sociedad de Desarrollo Medioambiental (Sodemasa) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, los que protestan por lo que consideran excesivos nombramientos de puestos de responsabilidad a personas con responsabilidades o filiación al Partido Aragonés (formación de la que depende el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón). Aunque también denuncian que el PAR no es el único partido que utiliza estas empresas para dar funciones a personas de su misma ideología, sí denuncian que es el que --y especialmente en Teruel-- más lo hace.
Según critican los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), los coordinadores en las seis áreas en las que se organiza la provincia obtuvieron estos puestos por concurso específico en el que se valoraba la experiencia y una memoria que había que defender ante un tribunal con responsables políticos del Departamento. Para muchos de estos puestos solo hubo un aspirante, ya que muchos otros optaron por no presentarse.
Casualidad o no, la mayoría tiene puestos de responsabilidad con el PAR. Así, en el Boletín Oficial del 12 de marzo del 2004 aparecieron los nombramientos de algunos de estos coordinadores. El coordinador de Albarracín es el alcalde de Villar del Cobo y consejero comarcal del PAR en la comarca, Manuel Lahoz. En Teruel, es Liberato Fortea, que se presentó a las elecciones en el número cinco del partido por Terriente. Manuel Górriz, cuarto en las listas del PAR por Montalbán, coordina los agentes en esa área. A estos tres responsables se le suma un cuarto, el de Cantavieja. José Urbano Mormeneo ha aparecido en las listas del partido y reveló en comisión de servicios a su antecesor, que se jubiló.
LAS RESERVAS DE CAZA El Departamento que dirige el secretario general del PAR, Alfredo Boné, ha creado el puesto de coordinador de reservas de Caza. Mientras el alcalde socialista de Ansó, Félix Ipas, es el coordinador de la reserva de los valles de esta zona. En la reserva de caza Montes Universales, coordina José Antonio Martí, alcalde de Torres de Albarracín y consejero comarcal del PAR. Cinco responsables del PAR de siete áreas de coordinación en Teruel. Aunque es una práctica legal, provoca críticas ante lo que muchos compañeros ven injusto.
El compromiso de los dirigentes del PAR con el Medio Ambiente también es palpable en la provincia de Zaragoza. Así, el coordinador provincial es Fernando Lucía, primo de Jesús Sola, el alcalde de Herrera de los Navarros y hasta hace diez días asesor de Boné y presidente de Asael.
Fuera de estos puestos sigue la nómina de candidatos y cargos aragonesistas que son forestales. Una lista que demandan los partidos en las Cortes con el silencio por respuesta. Pero se da la misma situación, por citar solo algunos casos, en Ejea, Santa Eulalia del Campo, Albarracín, Valdecuenca, Linares de Mora, Ráfales, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Ejulve, Calatayud o San Martín de la Virgen del Moncayo.
El Justicia insiste en que el acuerdo con Fiscalía no es la solución31/05/2009
comentarios:
Oroel ( http://oroel.blogspot.com ) - 15/05/2009 - 18:46:41 h.
Lo de los forestales es quizás el caso más extremo, pero no el único, de lo que está pasando en el Gobierno de Aragón, donde se está desmantelando la Administración y sustituyendo por otro entramado clientelar más dócil y que además sirve para colocar a familiares y militantes. ¿Qué más se puede pedir en estos tiempos que un conglomerado empresarial que permite colocar a la familia? ¿Por qué los parientes de quienes están en el poder se colocan antes y mejor que los ciudadanos corrientes?Raúl - 15/05/2009 - 09:13:42 h.
Cualquier policía o departamento que defienda el medio ambiente es molesto a sociedades depredadoras como la nuestra. No hay que olvidar que tanto los políticos del Par, como los del Psoe o del Pp han salido de las urnas. Que cuando un estudio de impacto ambiental dice que la autovía de Teruel, el Gran Cascala o la ampliación de Formigal son gravosos para el patrimonio natural, el común de los ciudadanos se cagan en sus muertos (los ecojetas y tal).Por eso no es de extrañar que los agentes para la protección de la naturaleza cuando actuamos para que se cumplan las leyes (leyes de adorno por lo demás), molestemos a vecinos, alcaldes, servicios jurídicos adormecidos, departamentos provinciales y gobiernos.
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