LEY DE CENTROS DE OCIO. La DGA exigirá a Gran Scala un aval de 6 millones y la reserva del 90% del suelo. El PP pide que la ley garantice "un proyecto sostenible", CHA denuncia que se legisla "a la carta" e IU llevará la norma a la UE. Los promotores, preocupados por los requisitos.N. ASÍN. Zaragoza
Gran Scala deberá tener un 90% del suelo comprometido para poder solicitar al Gobierno de Aragón que declare su proyecto como centro de ocio de alta capacidad y empezar a tramitarlo. Hasta ahora tiene opciones de compra por 1.000 hectáreas y el complejo supera las 2.000. Este es uno de los requisitos que exige la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada ayer en el Consejo de Gobierno, para iniciar las diligencias. En ese momento, además, los promotores tendrán que presentar un aval de 3 millones, que se devolverá y será sustituido por otro de 6 cuando consiga esta consideración y comience el desarrollo urbanístico. Este se devolverá cuando finalice el proyecto.
La norma, con muchas cortapisas, establece las condiciones mínimas para este tipo de instalaciones: más de 3.000 puestos de trabajo directos, una superficie no inferior a 1.000 hectáreas y 8.000 plazas hoteleras. La tramitación del complejo será ardua y larga y podría demorarse más de un año. El propio vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, advirtió de que "en los últimos 30 años, no ha habido un proyecto en Aragón con tantas garantías legales, medioambientales, urbanísticas y de viabilidad empresarial". Solo para solicitar la calificación de centro de ocio de alta capacidad se exige un capital social de 10 millones, una propuesta de ubicación, un avance del proyecto de ordenación, un informe económico sobre la viabilidad empresarial, una valoración de las infraestructuras requeridas y un domicilio social fijado en Aragón, entre otros.
Después, una comisión integrada por los departamentos afectados estudiará la propuesta y remitirá, junto a un informe del Inaga, toda la documentación a la DGA, que dispone de seis meses para notificar su resolución. El silencio administrativo se considera, en este caso, como respuesta negativa. A partir de ahí, los promotores tienen dos meses para crear una sociedad gestora y uno para depositar el aval de 6 millones. Entonces, comenzará la tramitación urbanística.
Los promotores deberán presentar un plan de ordenación territorial similar a un Plan General de Ordenación Urbana de un municipio, por lo que también deberá pasar por trámites como la Comisión de Ordenación del Territorio. Deberán ceder el 10% del producto del coeficiente de edificabilidad o su equivalente económico al consorcio.
Un consorcio público
El consorcio -un órgano de control público- estará integrado por los departamentos afectados, por los ayuntamientos y las comarcas limítrofes y gestionará todos los trámites, salvo licencias de juego y el plan general, como una ventanilla única. Su financiación provendrá de las aportaciones de las administraciones (el porcentaje se fijará en los estatutos) en función de los ingresos obtenidos por la instalación del centro. Todos los beneficios los gestionará el consorcio y se deberán destinar a planes de desarrollo comarcal y, en concreto, a infraestructuras y mejoras de servicios públicos. En este caso, revertirán en las comarcas de Monegros, Bajo Cinca y Cinca Medio.
La ley establece un régimen sancionador que va desde 3.000 a 600.000 euros e incluye la posible pérdida de los derechos de la sociedad gestora hasta dos años. Estos complejos se regirán por libertad de horarios de actividad (bares, casinos, tiendas...) y por un plan local de comercio propio. La norma regulará el régimen jurídico de los juegos de azar y apuestas y las inspecciones.
Fuentes próximas al proyecto manifestaron su preocupación por "la falta de información" y por "los requisitos restrictivos" de esta ley, que podrían demorar la puesta en marcha del complejo.
Por su parte, el PP esperó a conocer la norma para valorarla, aunque pidió que garantice que es un proyecto "respetuoso con el medio ambiente, equilibrado y viable". CHA e IU la rechazaron por considerar que se ha elaborado "a la carta de los promotores". El europarlamentario de IU, Willy Meyer, anunció que trasladará el proyecto de ley al Parlamento Europeo. Apudepa ve la norma como "el mayor disparate legal de la historia de Aragón" y la Plataforma Stop Gran Scala y Azajer advirtieron que "supone consumar las políticas de legislación a la carta".
Gran Scala deberá tener un 90% del suelo comprometido para poder solicitar al Gobierno de Aragón que declare su proyecto como centro de ocio de alta capacidad y empezar a tramitarlo. Hasta ahora tiene opciones de compra por 1.000 hectáreas y el complejo supera las 2.000. Este es uno de los requisitos que exige la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada ayer en el Consejo de Gobierno, para iniciar las diligencias. En ese momento, además, los promotores tendrán que presentar un aval de 3 millones, que se devolverá y será sustituido por otro de 6 cuando consiga esta consideración y comience el desarrollo urbanístico. Este se devolverá cuando finalice el proyecto.
La norma, con muchas cortapisas, establece las condiciones mínimas para este tipo de instalaciones: más de 3.000 puestos de trabajo directos, una superficie no inferior a 1.000 hectáreas y 8.000 plazas hoteleras. La tramitación del complejo será ardua y larga y podría demorarse más de un año. El propio vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, advirtió de que "en los últimos 30 años, no ha habido un proyecto en Aragón con tantas garantías legales, medioambientales, urbanísticas y de viabilidad empresarial". Solo para solicitar la calificación de centro de ocio de alta capacidad se exige un capital social de 10 millones, una propuesta de ubicación, un avance del proyecto de ordenación, un informe económico sobre la viabilidad empresarial, una valoración de las infraestructuras requeridas y un domicilio social fijado en Aragón, entre otros.
Después, una comisión integrada por los departamentos afectados estudiará la propuesta y remitirá, junto a un informe del Inaga, toda la documentación a la DGA, que dispone de seis meses para notificar su resolución. El silencio administrativo se considera, en este caso, como respuesta negativa. A partir de ahí, los promotores tienen dos meses para crear una sociedad gestora y uno para depositar el aval de 6 millones. Entonces, comenzará la tramitación urbanística.
Los promotores deberán presentar un plan de ordenación territorial similar a un Plan General de Ordenación Urbana de un municipio, por lo que también deberá pasar por trámites como la Comisión de Ordenación del Territorio. Deberán ceder el 10% del producto del coeficiente de edificabilidad o su equivalente económico al consorcio.
Un consorcio público
El consorcio -un órgano de control público- estará integrado por los departamentos afectados, por los ayuntamientos y las comarcas limítrofes y gestionará todos los trámites, salvo licencias de juego y el plan general, como una ventanilla única. Su financiación provendrá de las aportaciones de las administraciones (el porcentaje se fijará en los estatutos) en función de los ingresos obtenidos por la instalación del centro. Todos los beneficios los gestionará el consorcio y se deberán destinar a planes de desarrollo comarcal y, en concreto, a infraestructuras y mejoras de servicios públicos. En este caso, revertirán en las comarcas de Monegros, Bajo Cinca y Cinca Medio.
La ley establece un régimen sancionador que va desde 3.000 a 600.000 euros e incluye la posible pérdida de los derechos de la sociedad gestora hasta dos años. Estos complejos se regirán por libertad de horarios de actividad (bares, casinos, tiendas...) y por un plan local de comercio propio. La norma regulará el régimen jurídico de los juegos de azar y apuestas y las inspecciones.
Fuentes próximas al proyecto manifestaron su preocupación por "la falta de información" y por "los requisitos restrictivos" de esta ley, que podrían demorar la puesta en marcha del complejo.
Por su parte, el PP esperó a conocer la norma para valorarla, aunque pidió que garantice que es un proyecto "respetuoso con el medio ambiente, equilibrado y viable". CHA e IU la rechazaron por considerar que se ha elaborado "a la carta de los promotores". El europarlamentario de IU, Willy Meyer, anunció que trasladará el proyecto de ley al Parlamento Europeo. Apudepa ve la norma como "el mayor disparate legal de la historia de Aragón" y la Plataforma Stop Gran Scala y Azajer advirtieron que "supone consumar las políticas de legislación a la carta".
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