En la provincia de Zaragoza se suspendió el derecho de asistencia a clase a 24 estudiantes de media al día por casos de indisciplina, 1.289 más que hace dos años. Por otro lado, Ana Pastor arremetió en su visita a Zaragoza contra el plan de convivencia de la DGA y Almunia le pidió más responsabilidad con la cifras.
Cerca de 24 alumnos zaragozanos fueron expulsados del colegio de forma temporal cada día durante el curso pasado. En esas fechas, los centros de la provincia aplicaron 4.134 de estas sanciones, (437 más que el anterior y 1.289 más que en 2003-2004). Los casos se concentran, sobre todo en los Institutos de Secundaria. En concreto, el 73,8 % de los expulsados de esos centros eran alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según los datos oficiales aportados por fuentes del Partido Popular en Aragón.
Los principales motivos que llevaron a aplicar estas sanciones -que suponen la suspensión del derecho de asistencia a clase de 1 a 3 días- fueron las faltas de respeto o contestaciones a los profesores, el mal comportamiento o la constante interrupción de las clases. Los expulsados, eran, además, reincidentes en un alto porcentaje de los casos, explicaron las mismas fuentes.
Estas cifras dejan ver, a juicio de la portavoz de Educación del PP, Ana Grande, "que el clima de las aulas aragonesas no es tan bueno como nos intentan presentar". Ésta indicó, además, que el elevado número de sanciones demuestra también que "muchos centros las aplican para evitar abrir un expediente, un proceso largo que desgasta a los docentes".
Sin embargo, los casos en los que un centro educativo decide tramitar un expediente (una sanción más severa, para faltas graves y muy graves, que implica la expulsión de 4 días a un mes o la petición de un cambio de centro) son cada año más abultadas. En el curso pasado se aplicaron 503 de estas medidas correctivas, una media de 2,8 al día (hay que recordar que hay 175 jornadas lectivas cada curso). En 2003-2004 se contabilizaron un total de 479 (24 menos que el curso pasado).
Más casos en el medio rural
También en el caso de estos castigos, los Institutos de Educación Secundaria aglutinan el mayor número. De hecho, en los IES de la capital aragonesa se abrieron 219 expedientes y otros 233 en los centros del medio rural. En Primaria, en cambio, se contabilizaron tan sólo 8 en la ciudad y 2 en los pueblos de la provincia. La mayor parte de los casos, explicaron fuentes del PP, están unidos al fracaso escolar o al absentismo.
La aplicación de este tipo de sanción es más costosa que la simple expulsión temporal. Cuando un profesor considera que un alumno ha cometido una falta grave y que hay que abrirle un expediente, debe comunicar por escrito lo ocurrido al director del centro. Éste sopesa la petición y nombra un juez instructor que recabe información sobre el caso. Normalmente esta labor la desempeña un docente del centro. Después, se propone la sanción y se lleva al consejo escolar. Éste debe aprobarlo y comunicarlo al Servicio Provincial de Educación. Este proceso puede demorarse hasta un mes y medio.
La portavoz de Educación del Partido Popular en las Cortes consideró que esta situación requiere "un debate a fondo" porque muestra que "los planes de convivencia que vende el Gobierno de Aragón no funcionan en absoluto". "En esta Comunidad no existe un protocolo de actuación para las situaciones de violencia en las aulas. Se requiere una normativa más ágil y planes realistas y eficaces", argumentó Ana Grande.
La visita de Ana Pastor
Por su parte, el PP alertó ayer sobre las "permanentes situaciones" de conflicto que se producen en las aulas aragonesas, donde se han registrado al menos nueve casos muy graves en lo que va de año. Ésta fue una de las cifras que destacaron ayer la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, el secretario general del PP aragonés, Ricardo Canals, y la portavoz de Educación en las Cortes autonómicas, Ana Grande, antes de intervenir en un acto público sobre acoso y violencia escolar.
Pastor recalcó que en el curso 2005-2006 se dieron 28 casos de acoso o violencia en Aragón, ante la "pasividad" de la Administración, que ha puesto en marcha un plan de convivencia "incompleto" y sin financiación, ha editado sólo una de las cuatro guías de buenas prácticas previstas o ha impulsado subvenciones de 120.000 euros para los centros sin plazo para que éstos puedan acogerse.
Ésta señaló que el panorama en Aragón, con el caso de varios alumnos que causaron graves destrozos en el colegio Condes de Aragón de Zaragoza, es "llamativo" y se preguntó cómo es posible que la Administración aragonesa adopte una decisión al respecto -mantener a los alumnos en el centro- contraria a la opinión de profesores y padres. Por su parte, Canals afirmó que hablar de violencia en las aulas es hacerlo de la "incompetencia" de la DGA.
"Se está trabajando bien"
Por su parte, la consejera de Educación, Eva Almunia, afirmó que en Aragón "se está trabajando bien" en temas de convivencia y que los profesores tienen medios para prevenir y atajar los casos de violencia que puedan surgir. La responsable de la DGA invitó a Pastor a "ser más seria y responsable con las cifras que da", porque "esto no se soluciona alarmando a la sociedad", apuntó Almunia.
La consejera pidió a los populares un compromiso para seguir trabajando en la línea que se sigue ahora y poder así "prevenir cualquier tipo de conflicto en las aulas".
En cuanto a los datos sobre las expulsiones registradas en la provincia de Zaragoza, la consejera matizó que no se pueden confundir las faltas de disciplina con los episodios de acoso entre alumnos o de estudiantes a profesores.
Cerca de 24 alumnos zaragozanos fueron expulsados del colegio de forma temporal cada día durante el curso pasado. En esas fechas, los centros de la provincia aplicaron 4.134 de estas sanciones, (437 más que el anterior y 1.289 más que en 2003-2004). Los casos se concentran, sobre todo en los Institutos de Secundaria. En concreto, el 73,8 % de los expulsados de esos centros eran alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según los datos oficiales aportados por fuentes del Partido Popular en Aragón.
Los principales motivos que llevaron a aplicar estas sanciones -que suponen la suspensión del derecho de asistencia a clase de 1 a 3 días- fueron las faltas de respeto o contestaciones a los profesores, el mal comportamiento o la constante interrupción de las clases. Los expulsados, eran, además, reincidentes en un alto porcentaje de los casos, explicaron las mismas fuentes.
Estas cifras dejan ver, a juicio de la portavoz de Educación del PP, Ana Grande, "que el clima de las aulas aragonesas no es tan bueno como nos intentan presentar". Ésta indicó, además, que el elevado número de sanciones demuestra también que "muchos centros las aplican para evitar abrir un expediente, un proceso largo que desgasta a los docentes".
Sin embargo, los casos en los que un centro educativo decide tramitar un expediente (una sanción más severa, para faltas graves y muy graves, que implica la expulsión de 4 días a un mes o la petición de un cambio de centro) son cada año más abultadas. En el curso pasado se aplicaron 503 de estas medidas correctivas, una media de 2,8 al día (hay que recordar que hay 175 jornadas lectivas cada curso). En 2003-2004 se contabilizaron un total de 479 (24 menos que el curso pasado).
Más casos en el medio rural
También en el caso de estos castigos, los Institutos de Educación Secundaria aglutinan el mayor número. De hecho, en los IES de la capital aragonesa se abrieron 219 expedientes y otros 233 en los centros del medio rural. En Primaria, en cambio, se contabilizaron tan sólo 8 en la ciudad y 2 en los pueblos de la provincia. La mayor parte de los casos, explicaron fuentes del PP, están unidos al fracaso escolar o al absentismo.
La aplicación de este tipo de sanción es más costosa que la simple expulsión temporal. Cuando un profesor considera que un alumno ha cometido una falta grave y que hay que abrirle un expediente, debe comunicar por escrito lo ocurrido al director del centro. Éste sopesa la petición y nombra un juez instructor que recabe información sobre el caso. Normalmente esta labor la desempeña un docente del centro. Después, se propone la sanción y se lleva al consejo escolar. Éste debe aprobarlo y comunicarlo al Servicio Provincial de Educación. Este proceso puede demorarse hasta un mes y medio.
La portavoz de Educación del Partido Popular en las Cortes consideró que esta situación requiere "un debate a fondo" porque muestra que "los planes de convivencia que vende el Gobierno de Aragón no funcionan en absoluto". "En esta Comunidad no existe un protocolo de actuación para las situaciones de violencia en las aulas. Se requiere una normativa más ágil y planes realistas y eficaces", argumentó Ana Grande.
La visita de Ana Pastor
Por su parte, el PP alertó ayer sobre las "permanentes situaciones" de conflicto que se producen en las aulas aragonesas, donde se han registrado al menos nueve casos muy graves en lo que va de año. Ésta fue una de las cifras que destacaron ayer la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, el secretario general del PP aragonés, Ricardo Canals, y la portavoz de Educación en las Cortes autonómicas, Ana Grande, antes de intervenir en un acto público sobre acoso y violencia escolar.
Pastor recalcó que en el curso 2005-2006 se dieron 28 casos de acoso o violencia en Aragón, ante la "pasividad" de la Administración, que ha puesto en marcha un plan de convivencia "incompleto" y sin financiación, ha editado sólo una de las cuatro guías de buenas prácticas previstas o ha impulsado subvenciones de 120.000 euros para los centros sin plazo para que éstos puedan acogerse.
Ésta señaló que el panorama en Aragón, con el caso de varios alumnos que causaron graves destrozos en el colegio Condes de Aragón de Zaragoza, es "llamativo" y se preguntó cómo es posible que la Administración aragonesa adopte una decisión al respecto -mantener a los alumnos en el centro- contraria a la opinión de profesores y padres. Por su parte, Canals afirmó que hablar de violencia en las aulas es hacerlo de la "incompetencia" de la DGA.
"Se está trabajando bien"
Por su parte, la consejera de Educación, Eva Almunia, afirmó que en Aragón "se está trabajando bien" en temas de convivencia y que los profesores tienen medios para prevenir y atajar los casos de violencia que puedan surgir. La responsable de la DGA invitó a Pastor a "ser más seria y responsable con las cifras que da", porque "esto no se soluciona alarmando a la sociedad", apuntó Almunia.
La consejera pidió a los populares un compromiso para seguir trabajando en la línea que se sigue ahora y poder así "prevenir cualquier tipo de conflicto en las aulas".
En cuanto a los datos sobre las expulsiones registradas en la provincia de Zaragoza, la consejera matizó que no se pueden confundir las faltas de disciplina con los episodios de acoso entre alumnos o de estudiantes a profesores.
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