La futura Ley del aborto será una ley de plazos. 13.02.09 - MIGUEL LORENCI | MADRID
El Gobierno deberá fijar el límite para abortar libremente, que estará entre las 14 y las 16 semanas.
El PP califica de «barbaridad» la propuesta, que llevará al Tribunal Constitucional, e IU y ERC piden más de 20 semanas
La futura Ley del aborto será de plazos, pero aún queda pendiente fijar el límite de semanas para abortar libremente en el tramo inicial del embarazo. El PSOE ha dejado en manos del Gobierno la fijación de ese plazo, al no referirse a ninguno concreto en las conclusiones que presentó este jueves ante la subcomisión parlamentaria que ha estudiado durante casi seis meses la modificación de una ley que ha cumplido veinte años. Con todo, son muchas las fuentes -incluida la oposición- que sitúan entre las 14 y las 16 semanas el plazo en el que se podrá interrumpir libremente el embarazo. Todo indica que ese será el límite que contemple la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los expertos que asesoraron al Ejecutivo propusieron un periodo máximo de 14 semanas para abortar sin justificación y de 22 para determinados supuestos.
Una propuesta a la que se opone frontalmente el Partido Popular (PP), que la calificó de «barbaridad» y que ha anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional cuando la disposición gane rango de Ley. Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) juzgan insuficiente ese plazo, que calculan también que estará entre las 14 y las 16 semanas, y reclaman un plazo superior a las 20 semanas para abortar libremente. Por ello anunciaron que, como el PP, mantendrían su voto particular en las conclusiones que la subcomisión puso en común y votó el jueves. Sobre esas conclusiones, basadas en los testimonios de una treintena de especialistas, y junto al informe que elabore el Ministerio de Igualdad, trabajará el Gobierno para diseñar la futura IVE, una Ley que será de plazos e indicaciones.
A pesar de la inconcreción del Grupo Socialista, se sabe que el Gobierno baraja que el plazo para el aborto libre esté entre las 14 y las 16 semanas. A partir de ahí, y con un límite de 22 semanas, sólo se podrá abortar en situaciones excepcionales.
Aunque tampoco figura deliberadamente, este plazo de 22 semanas será el aplicable para casos de malformación del feto y de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer. Esto supone una de las grandes novedades de la propuesta ya que la legislación actual no establece ningún límite para abortar si se alegan riesgos psíquicos, el supuesto al que más mujeres se acogen. La propuesta tampoco se refiere expresamente a la posibilidad de abortar en cualquier momento si se diagnostica que el feto no es viable, tal como recomendaba el informe de los expertos.
Información precisa
La práctica del aborto quedará, según la propuesta socialista, supeditada al consentimiento expreso de la mujer o de su representante legal. Lo llevarán a cabo profesionales sanitarios, bien en centros públicos, bien en privados acreditados. Las mujeres que opten por abortar contarán con información precisa «objetiva, neutra y con base científica» sobre la intervención y sobre las alternativas y ayudas sociales si decidiera llevar a término su embarazo.
El informe del PSOE propone que la edad mínima para decidir libremente sobre la interrupción del embarazo sea de 16 años -la misma 'autonomía de decisión' que contempla la Ley de Autonomía del Paciente para donación de órganos o aceptación de tratamientos de quimioterapia- y que en casos entre los 12 y los 16 años se escuchará a la menor pero la decisión será de los padres y tutores.
Se insta además al Gobierno a incluir una nueva reglamentación en el marco de una ley sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública que incluya al despenalización del aborto. Se pide que el aborto deje de ser delito tipificado en el Código Penal -lo será sólo cuando se realice en contra de la voluntad de la mujer.
El Gobierno deberá fijar el límite para abortar libremente, que estará entre las 14 y las 16 semanas.
El PP califica de «barbaridad» la propuesta, que llevará al Tribunal Constitucional, e IU y ERC piden más de 20 semanas
La futura Ley del aborto será de plazos, pero aún queda pendiente fijar el límite de semanas para abortar libremente en el tramo inicial del embarazo. El PSOE ha dejado en manos del Gobierno la fijación de ese plazo, al no referirse a ninguno concreto en las conclusiones que presentó este jueves ante la subcomisión parlamentaria que ha estudiado durante casi seis meses la modificación de una ley que ha cumplido veinte años. Con todo, son muchas las fuentes -incluida la oposición- que sitúan entre las 14 y las 16 semanas el plazo en el que se podrá interrumpir libremente el embarazo. Todo indica que ese será el límite que contemple la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los expertos que asesoraron al Ejecutivo propusieron un periodo máximo de 14 semanas para abortar sin justificación y de 22 para determinados supuestos.
Una propuesta a la que se opone frontalmente el Partido Popular (PP), que la calificó de «barbaridad» y que ha anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional cuando la disposición gane rango de Ley. Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) juzgan insuficiente ese plazo, que calculan también que estará entre las 14 y las 16 semanas, y reclaman un plazo superior a las 20 semanas para abortar libremente. Por ello anunciaron que, como el PP, mantendrían su voto particular en las conclusiones que la subcomisión puso en común y votó el jueves. Sobre esas conclusiones, basadas en los testimonios de una treintena de especialistas, y junto al informe que elabore el Ministerio de Igualdad, trabajará el Gobierno para diseñar la futura IVE, una Ley que será de plazos e indicaciones.
A pesar de la inconcreción del Grupo Socialista, se sabe que el Gobierno baraja que el plazo para el aborto libre esté entre las 14 y las 16 semanas. A partir de ahí, y con un límite de 22 semanas, sólo se podrá abortar en situaciones excepcionales.
Aunque tampoco figura deliberadamente, este plazo de 22 semanas será el aplicable para casos de malformación del feto y de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer. Esto supone una de las grandes novedades de la propuesta ya que la legislación actual no establece ningún límite para abortar si se alegan riesgos psíquicos, el supuesto al que más mujeres se acogen. La propuesta tampoco se refiere expresamente a la posibilidad de abortar en cualquier momento si se diagnostica que el feto no es viable, tal como recomendaba el informe de los expertos.
Información precisa
La práctica del aborto quedará, según la propuesta socialista, supeditada al consentimiento expreso de la mujer o de su representante legal. Lo llevarán a cabo profesionales sanitarios, bien en centros públicos, bien en privados acreditados. Las mujeres que opten por abortar contarán con información precisa «objetiva, neutra y con base científica» sobre la intervención y sobre las alternativas y ayudas sociales si decidiera llevar a término su embarazo.
El informe del PSOE propone que la edad mínima para decidir libremente sobre la interrupción del embarazo sea de 16 años -la misma 'autonomía de decisión' que contempla la Ley de Autonomía del Paciente para donación de órganos o aceptación de tratamientos de quimioterapia- y que en casos entre los 12 y los 16 años se escuchará a la menor pero la decisión será de los padres y tutores.
Se insta además al Gobierno a incluir una nueva reglamentación en el marco de una ley sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública que incluya al despenalización del aborto. Se pide que el aborto deje de ser delito tipificado en el Código Penal -lo será sólo cuando se realice en contra de la voluntad de la mujer.
La futura ley del aborto será una ley de plazos. Así lo anunció la Secretaria de Políticas de Igualdad, que defiende que las mujeres no quieren abortar en la sanidad pública. Estado Español, Aborto, Madrid, Viernes 12 de diciembre de 2008, por Elena Duque
Falta peso de quienes defienden una nueva ley del aborto, sólo se oye a la derecha y a los sectores más reaccionarios. Así se manifestó la Secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, en un encuentro con feministas y asociaciones de mujeres. Entre las participantes se exigió la despenalización del aborto, más esfuerzo en educación sexual y reproductiva, y la prescripción de los anticonceptivos por la sanidad pública.
Isabel Martínez, en su intervención inicial, lamentó que, en su opinión, y con motivo de la subcomisión encargada del proyecto para la futura reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no existe debate público, que en la calle parece que el tema está superado, y que en los medios de comunicación solo se presenta la opinión de los antiabortistas, la derecha y los sectores más reaccionarios. Pareció sugerir la necesidad de más agitación por parte de los grupos que exigen una reforma, “no hay ningún posicionamiento sobre las opiniones de otros sectores que piden una nueva regulación, que tipo de regulación, y por qué y para qué”, aunque después se retractó.
Libertad en la futura Ley de Interrupción del Embarazo
Lucía Mazarrasa, Vicepresidenta del Forum de Política Feminista, ya había puesto sobre la mesa las cuestiones clave: “una ley que no tutele a las mujeres”, y que despenalice totalmente el aborto, mediante la eliminación del Código Penal de los artículos 146 y 417 bis, aprovechando la reforma que ahora está en trámite sobre la cuestión de la pederastia. “Salvo que se haga en contra de la voluntad de la mujer”, añadió, aunque reconoció que no es un supuesto muy probable. Exigió que se deje de tratar a la mujer como una inválida, que una mayor de edad es perfectamente consciente de lo que hace y que un aborto no es un capricho. Es “un momento difícil para cualquier mujer. Que no venga nadie a tutelarnos”, insistió.
Preguntada después una vez más por una de las asistentes sobre la posible despenalización del aborto, la Secretaria dio esta respuesta: “El planteamiento que tenemos sobre la mesa es una ley de plazos, que bajo un número determinado de semanas, el derecho a abortar sea una decisión de la madre”. Afirmó que no ha sido fácil convencer a algunos juristas, que lo consideran anticonstitucional, y que en el proceso se cuidará “que el gobierno no tenga ninguna duda de que es una ley plenamente constitucional y plenamente garantista con los derechos de las mujeres”, que incluirá por primera vez los derechos en materia de educación sexual y reproductiva. “Los jóvenes no van a los centros de planificación familiar”, así que buscan otras formas de llegar hasta ellos y ellas.
Lucía Mazarrasa defendió el papel esencial que la educación en materia sexual está teniendo en diferentes países en la prevención de embarazos no deseados, y de enfermedades sexuales, y animó al trabajo en las APAS y los colegios, pero también a una mayor promoción desde la administración.
Sobre el Código Penal, Martínez informó de que se está manteniendo el debate, pero que lo importante no es la cuestión filosófica. Que la ley de plazos dará libertad a la mujer en las primeras semanas de la gestación. Es decir, que seguirá dentro del Código Penal, auque puedan cambiar los supuestos.
Para tranquilizar la confianza de las presentes, defendió que las miembros del comité de expertos, como Patricia Laurenzo, saben mucho de feminismo y de derechos. “Ni en progresismo ni en feminismo ganamos a los juristas que están ahora trabajando”.
La objeción de conciencia
Otra polémica se abrió en torno al acceso desde la Seguridad Social. “Las mujeres no quieren abortar en la sanidad pública”, manifestó Martínez, de acuerdo con las encuestas que han realizado en su equipo. Quieren que esté dentro de la red pública, pero con las garantías y la intimidad que, en su opinión, ofrece la privada. Que sea financiado por la sanidad pública, y que sean tratadas adecuadamente. “Hay que distinguir entre los mitos y las demandas reales”.
Lucía Mazarrasa afirmó que falta mucho trabajo en las conciencias de la ciudadanía, y de las y los profesionales sanitarios del sistema público. Hay muchas mujeres que se encuentran con la negativa médica de realizarles un aborto, más llamativo en el caso de inmigrantes, sin red social ni familiar, que no tiene recursos para asistir a otro sitio. Además, recalcó la fuerte falta de equidad entre las Comunidades Autónomas. La Secretaria recordó que “vamos a una ley específica de objeción de conciencia”, como ha informado el Ministro de Sanidad, que trate temas como el aborto y la eutanasia.
Anticonceptivos
El acceso a los anticonceptivos también se puso en tela de juicio. Mazarrasa cuestionó porqué se pueden prescribir en casos de acné severo o de quistes ováricos, pero no para su uso común, y criticó su elevado coste. “Un anticonceptivo cuesta menos de un euro”, afirmó Martínez. El problema, según ella, se basa en que hay un cambio de conducta en la juventud y no hay ningún tipo de educación sobre el uso. “La única manera de que en las relaciones sexuales se use preservativos es si la chica lo impone”.
En los últimos años ha crecido enormemente el número de embarazos no deseados en España, y más de la mitad de las mujeres que lo solicitan son inmigrantes. Muchas de ellas sin recursos. Para ellas, según Mazarrasa, vale la pena correr el riesgo con tal de poder enviar dinero a sus casas, porque unos doce euros al mes, que cuestan los anticonceptivos para las mujeres, sí supone un gasto importante. Además, somos las mujeres las que tenemos que asegurarnos de conseguir e imponer el uso de anticonceptivos, y paradójicamente, está comprobado que ganamos menos.
El debate se mantuvo ayer en el encuentro de Martínez con las asociaciones feministas con motivo de la presentación del libro “Las mujeres en el estado de bienestar. Inmigración, Género y Ciudadanía”. Durante la reunión se debatió, además de sobre el aborto, otras cuestiones como la situación de la mujer de cara a la crisis que afrontamos; la violencia de género, con énfasis en la población inmigrante, algunas en situación irregular; el desarrollo de la Ley de Dependencia y los problemas generados por los cuidados.
Fotos: AmecoPress Pie de foto: Isabel Martínez, Teresa Nevado, María Naredo y lucía Mazarrasa
Falta peso de quienes defienden una nueva ley del aborto, sólo se oye a la derecha y a los sectores más reaccionarios. Así se manifestó la Secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, en un encuentro con feministas y asociaciones de mujeres. Entre las participantes se exigió la despenalización del aborto, más esfuerzo en educación sexual y reproductiva, y la prescripción de los anticonceptivos por la sanidad pública.
Isabel Martínez, en su intervención inicial, lamentó que, en su opinión, y con motivo de la subcomisión encargada del proyecto para la futura reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no existe debate público, que en la calle parece que el tema está superado, y que en los medios de comunicación solo se presenta la opinión de los antiabortistas, la derecha y los sectores más reaccionarios. Pareció sugerir la necesidad de más agitación por parte de los grupos que exigen una reforma, “no hay ningún posicionamiento sobre las opiniones de otros sectores que piden una nueva regulación, que tipo de regulación, y por qué y para qué”, aunque después se retractó.
Libertad en la futura Ley de Interrupción del Embarazo
Lucía Mazarrasa, Vicepresidenta del Forum de Política Feminista, ya había puesto sobre la mesa las cuestiones clave: “una ley que no tutele a las mujeres”, y que despenalice totalmente el aborto, mediante la eliminación del Código Penal de los artículos 146 y 417 bis, aprovechando la reforma que ahora está en trámite sobre la cuestión de la pederastia. “Salvo que se haga en contra de la voluntad de la mujer”, añadió, aunque reconoció que no es un supuesto muy probable. Exigió que se deje de tratar a la mujer como una inválida, que una mayor de edad es perfectamente consciente de lo que hace y que un aborto no es un capricho. Es “un momento difícil para cualquier mujer. Que no venga nadie a tutelarnos”, insistió.
Preguntada después una vez más por una de las asistentes sobre la posible despenalización del aborto, la Secretaria dio esta respuesta: “El planteamiento que tenemos sobre la mesa es una ley de plazos, que bajo un número determinado de semanas, el derecho a abortar sea una decisión de la madre”. Afirmó que no ha sido fácil convencer a algunos juristas, que lo consideran anticonstitucional, y que en el proceso se cuidará “que el gobierno no tenga ninguna duda de que es una ley plenamente constitucional y plenamente garantista con los derechos de las mujeres”, que incluirá por primera vez los derechos en materia de educación sexual y reproductiva. “Los jóvenes no van a los centros de planificación familiar”, así que buscan otras formas de llegar hasta ellos y ellas.
Lucía Mazarrasa defendió el papel esencial que la educación en materia sexual está teniendo en diferentes países en la prevención de embarazos no deseados, y de enfermedades sexuales, y animó al trabajo en las APAS y los colegios, pero también a una mayor promoción desde la administración.
Sobre el Código Penal, Martínez informó de que se está manteniendo el debate, pero que lo importante no es la cuestión filosófica. Que la ley de plazos dará libertad a la mujer en las primeras semanas de la gestación. Es decir, que seguirá dentro del Código Penal, auque puedan cambiar los supuestos.
Para tranquilizar la confianza de las presentes, defendió que las miembros del comité de expertos, como Patricia Laurenzo, saben mucho de feminismo y de derechos. “Ni en progresismo ni en feminismo ganamos a los juristas que están ahora trabajando”.
La objeción de conciencia
Otra polémica se abrió en torno al acceso desde la Seguridad Social. “Las mujeres no quieren abortar en la sanidad pública”, manifestó Martínez, de acuerdo con las encuestas que han realizado en su equipo. Quieren que esté dentro de la red pública, pero con las garantías y la intimidad que, en su opinión, ofrece la privada. Que sea financiado por la sanidad pública, y que sean tratadas adecuadamente. “Hay que distinguir entre los mitos y las demandas reales”.
Lucía Mazarrasa afirmó que falta mucho trabajo en las conciencias de la ciudadanía, y de las y los profesionales sanitarios del sistema público. Hay muchas mujeres que se encuentran con la negativa médica de realizarles un aborto, más llamativo en el caso de inmigrantes, sin red social ni familiar, que no tiene recursos para asistir a otro sitio. Además, recalcó la fuerte falta de equidad entre las Comunidades Autónomas. La Secretaria recordó que “vamos a una ley específica de objeción de conciencia”, como ha informado el Ministro de Sanidad, que trate temas como el aborto y la eutanasia.
Anticonceptivos
El acceso a los anticonceptivos también se puso en tela de juicio. Mazarrasa cuestionó porqué se pueden prescribir en casos de acné severo o de quistes ováricos, pero no para su uso común, y criticó su elevado coste. “Un anticonceptivo cuesta menos de un euro”, afirmó Martínez. El problema, según ella, se basa en que hay un cambio de conducta en la juventud y no hay ningún tipo de educación sobre el uso. “La única manera de que en las relaciones sexuales se use preservativos es si la chica lo impone”.
En los últimos años ha crecido enormemente el número de embarazos no deseados en España, y más de la mitad de las mujeres que lo solicitan son inmigrantes. Muchas de ellas sin recursos. Para ellas, según Mazarrasa, vale la pena correr el riesgo con tal de poder enviar dinero a sus casas, porque unos doce euros al mes, que cuestan los anticonceptivos para las mujeres, sí supone un gasto importante. Además, somos las mujeres las que tenemos que asegurarnos de conseguir e imponer el uso de anticonceptivos, y paradójicamente, está comprobado que ganamos menos.
El debate se mantuvo ayer en el encuentro de Martínez con las asociaciones feministas con motivo de la presentación del libro “Las mujeres en el estado de bienestar. Inmigración, Género y Ciudadanía”. Durante la reunión se debatió, además de sobre el aborto, otras cuestiones como la situación de la mujer de cara a la crisis que afrontamos; la violencia de género, con énfasis en la población inmigrante, algunas en situación irregular; el desarrollo de la Ley de Dependencia y los problemas generados por los cuidados.
Fotos: AmecoPress Pie de foto: Isabel Martínez, Teresa Nevado, María Naredo y lucía Mazarrasa
* El PP llevará al Constitucional la futura ley de plazos del aborto. IU propone que el tiempo para abortar libremente sea de 20 a 24 semanas. MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 12/02/2009
* La Iglesia asume que no hay excomunión para los políticos. El Episcopado llama "detestable acto de violencia" a la futura ley de plazos para la interrupción del embarazo, pero renuncia a echarse a la calle, como hizo en 2005 contra el matrimonio homosexual
* El Congreso pide no limitar el aborto si hay malformación. La reforma de la ley del aborto podría dejar sin cobertura a 9.000 mujeres.
* La Iglesia asume que no hay excomunión para los políticos. El Episcopado llama "detestable acto de violencia" a la futura ley de plazos para la interrupción del embarazo, pero renuncia a echarse a la calle, como hizo en 2005 contra el matrimonio homosexual
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