Pedro Santisteve conoce de cerca el sistema penitenciario. No en vano, es abogado penalista y está en contacto con los presos habitualmente. Ayer expuso en unas jornadas penitenciarias en Villa Suso su opinión sobre un modelo de prisión que lejos de rehabilitar a los reclusos les separa de sus principios constitucionales
Pedro Santisteve posa ayer en Villa Suso. Foto: j.r. gómez Usted considera un sinsentido las macrocárceles. ¿Por qué son peores?
Es la aplicación de criterios economicistas para ahorrar recursos en materia de reclusión. Se trata de propiciar el hacinamiento para abaratar costes, no tener que duplicar los profesionales y favorecer que haya personas que se enriquezcan con estas construcciones. El problema de las macrocárceles es que la gestión interna impide todo tratamiento efectivo rehabilitador. El principio de cumplimiento en el lugar de origen tampoco se cumple.
¿El perfil de las macrocárceles multiplica los problemas de los reclusos y dificulta su reinserción?
Los ejecutores del sistema penal han abandonado la ideología del tratamiento, aunque la rehabilitación social sea un principio constitucional. Ahora lo que prima es la reclusión por la reclusión, el hacinamiento y los medios de retribución, de venganza y del que la hace la paga. Eso está alejado de postulados constitucionales y del cumplimiento de los derechos fundamentales.
En Álava hay conciencia social ante las muertes en las cárceles. ¿Cómo se mejora esto en otros lugares?
La macrocárcel tiene un índice de mortandad bastante elevado para una media de edad joven. Todos los años hay no menos de cuatro o cinco muertes por suicidios, sobredosis o problemas médicos cogidos tardíamente. Es un problema que se va generalizando. La cárcel de Zuera, en Zaragoza, por ejemplo, se construye para mil personas, la habitan 1.700 y de ésas 700 están con medicación psiquiátrica con un sólo psiquiatra que va de vez en cuando.
¿Cómo se ha llegado hasta este punto de desidia en las prisiones?
Es un problema de pérdida de sensibilidad social en las macrocárceles. En la medida en la que alejan a estas personas del medio social en el que habitan, esto contribuye a que la imagen del infractor que se difunde en los medios se construya artificialmente como seres asociales aislados de vinculaciones con su familia y entorno social. Ese alejamiento y ese pretender por la clase política de solucionar los problemas por medio del aumento de penas y con sufrimientos que, en ocasiones, exceden la infracción es lo que está permitiendo la situación actual.
En Álava se prevé la construcción de una macrocárcel. ¿Un error más?
Instituciones Penitenciarias camina, como en gran parte de Europa, hacia políticas de privatización de las cárceles y de enriquecimiento para algunos de ese tipo de modelos. Las macrocárceles no solucionan los problemas, los empeoran y esto llegará a salpicar. No sé si es una cuestión de que intencionadamente han abandonado el principio orientador constitucional de rehabilitación social o se ha tratado de un equívoco, aunque no lo creo. Hay una política de aplicar criterios económicos con almacenaje de seres humanos, cuando lo que debe primar es el tratamiento de los problemas que lleva la gente a prisión.
Aquí la Diputación pide que sea para 300 ó 350 presos. ¿Más sensato?
Ése es el criterio que más se adecúa a la legalidad vigente, que permite una mejor gestión y el cumplimiento de los derechos fundamentales. El problema es que en vías reglamentarias se entiende que esos 350 pueden ser por módulos y dentro de una prisión se construyen ocho. O se edifican cárceles con el presupuesto de celdas individuales y una mejora de habitáculos, cuando al final se ponen letrinas y se duplica la capacidad de los centros. Es evidente que si se construyen macrocárceles es para hacinar gente allí.
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