LA BASE DE LA OTAN Defensa siempre había resaltado los “beneficios” de la base de la OTAN Carlos Villanova. Zaragoza
¿Qué puede haber ocurrido para que un proyecto como el de instalar una base de la OTAN especializada en vigilancia a gran escala, del que se supone una trascendencia como para estar basado y respaldado por informes rigurosos, haya pasado en un suspiro y a hurtadillas de “inversión importantísima”, superior a la Expo, a la categoría de propuesta inadecuada y “prescindible”?
¿En qué se basaban todos los principales responsables de Defensa, empezando por el entonces ministro, José Antonio Alonso, para asegurar con absoluto convencimiento en reiteradas ocasiones que ese complejo militar se traduciría en grandes inversiones, un elevado número de puestos de trabajo y un estímulo para la industria e incluso la Universidad y el I+D? ¿Qué informes manejaban para garantizar que ese proyecto no solo no dificultaría el desarrollo del aeropuerto civil, sino que además coadyuvaría en su impulso y mejora?
No se trata de cuestiones baladíes, puesto que sus sucesores en las responsabilidades de Defensa han decidido dar carpetazo al asunto, y a las cuantiosas inversiones previstas en las instalaciones de Garrapinillos, ofreciendo como única explicación dos argumentos totalmente contradictorios con lo afirmado hasta la fecha: que el desembolso necesario por parte del Gobierno central para construir la llamada base espía no se compensaría con los beneficios generables (260 millones de impacto económico global y 3.100 empleos, según se había dicho) y que su funcionamiento conllevaría graves servidumbres y trabas para el futuro de la zona civil del aeropuerto de Zaragoza.
Según fuentes oficiales de Presidencia, esa fue la manera en que se lo trasladó Defensa hace un mes al presidente de la DGA, Marcelino Iglesias, quien decidió dar por buena esa nueva versión y asumir sin rechistar que Moncloa abandonase la puja por lograr el centro de la Alianza Atlántica, lo que allanó el triunfo final de la candidata italiana, la base militar de Sigonella, en Sicilia (Italia).
Pero la ausencia de datos periciales que vengan a desmentir más fehacientemente la tan favorable información que se venía ofreciendo sobre el proyecto hasta hace pocos meses deja mucho espacio a la duda. No deja de ser relevante que esta haya sido la primera decisión importante para la comunidad de la nueva ministra, Carme Chacón. ¿Ha podido pesar una posible falta de sintonía con una propuesta elaborada por el equipo anterior? Tampoco se le escapa a nadie la influencia del contexto económico de crisis galopante. ¿Estamos ante el intento de justificar un simple, aunque abultado en cuantía, recorte presupuestario que vuelve a cargarse a cuenta de Aragón, a pesar de los ingentes beneficios que generaría, según se prometió? ¿Una mezcla de ambas posibilidades unida a una menor querencia de Chacón por la Alianza Atlántica que su predecesor en el cargo?
Las respuestas solo puede darlas el Gobierno central, o quizás el propio Ejecutivo autonómico. En cualquier caso, un repaso por la hemeroteca evidencia el extraño y acelerado giro que ha dado el asunto en muy corto espacio de tiempo. Cuando el diario ‘El País’ publicó, en junio de 2006, el interés de Defensa por el proyecto, Marcelino Iglesias dijo que era una de las medidas destinadas a compensar a la comunidad por su gran servidumbre territorial en instalaciones y usos militares. El presidente, ante el “importantísimo proyecto”, se atrevió a profetizar que, al igual que había ocurrido con Trieste y la Expo, “ahora también ganaremos a Italia”.
Al día siguiente, fue Juan Alberto Belloch, quien habló de la “excelente oportunidad” que suponía una propuesta que se traduciría “en 4.000 puestos de trabajo” y sin que resultasen afectados “los usos civiles ni el desarrollo del aeropuerto”. Tampoco se le ha oído al alcalde de Zaragoza cuestionar ahora el abandono de un proyecto con prestaciones tan interesantes cuando el paro en la comunidad está a punto de saltar del 10%.
Desde instancias militares perfectamente conocedoras de las instalaciones de Garrapinillos también se ha manifestado repetidamente que la base espía de la OTAN no supondría ningún problema ni para el tráfico aéreo, ni para el funcionamiento de la plataforma civil ni para la capacidad de carga o de operaciones.
En enero de 2007, el coronel Navarro, jefe entonces de la Base Aérea, fue muy positivo al hablar del proyecto. Aseguró que era mejor que la Expo en cuanto a proyección internacional, dijo que potenciaría “extraordinariamente la industria nacional”, que “necesariamente habrá colaboración con la industria civil y la Universidad” y que la Base estaba “por encima de sus rivales” y no habría “hipotecas para el aeropuerto”.
¿Qué puede haber ocurrido para que un proyecto como el de instalar una base de la OTAN especializada en vigilancia a gran escala, del que se supone una trascendencia como para estar basado y respaldado por informes rigurosos, haya pasado en un suspiro y a hurtadillas de “inversión importantísima”, superior a la Expo, a la categoría de propuesta inadecuada y “prescindible”?
¿En qué se basaban todos los principales responsables de Defensa, empezando por el entonces ministro, José Antonio Alonso, para asegurar con absoluto convencimiento en reiteradas ocasiones que ese complejo militar se traduciría en grandes inversiones, un elevado número de puestos de trabajo y un estímulo para la industria e incluso la Universidad y el I+D? ¿Qué informes manejaban para garantizar que ese proyecto no solo no dificultaría el desarrollo del aeropuerto civil, sino que además coadyuvaría en su impulso y mejora?
No se trata de cuestiones baladíes, puesto que sus sucesores en las responsabilidades de Defensa han decidido dar carpetazo al asunto, y a las cuantiosas inversiones previstas en las instalaciones de Garrapinillos, ofreciendo como única explicación dos argumentos totalmente contradictorios con lo afirmado hasta la fecha: que el desembolso necesario por parte del Gobierno central para construir la llamada base espía no se compensaría con los beneficios generables (260 millones de impacto económico global y 3.100 empleos, según se había dicho) y que su funcionamiento conllevaría graves servidumbres y trabas para el futuro de la zona civil del aeropuerto de Zaragoza.
Según fuentes oficiales de Presidencia, esa fue la manera en que se lo trasladó Defensa hace un mes al presidente de la DGA, Marcelino Iglesias, quien decidió dar por buena esa nueva versión y asumir sin rechistar que Moncloa abandonase la puja por lograr el centro de la Alianza Atlántica, lo que allanó el triunfo final de la candidata italiana, la base militar de Sigonella, en Sicilia (Italia).
Pero la ausencia de datos periciales que vengan a desmentir más fehacientemente la tan favorable información que se venía ofreciendo sobre el proyecto hasta hace pocos meses deja mucho espacio a la duda. No deja de ser relevante que esta haya sido la primera decisión importante para la comunidad de la nueva ministra, Carme Chacón. ¿Ha podido pesar una posible falta de sintonía con una propuesta elaborada por el equipo anterior? Tampoco se le escapa a nadie la influencia del contexto económico de crisis galopante. ¿Estamos ante el intento de justificar un simple, aunque abultado en cuantía, recorte presupuestario que vuelve a cargarse a cuenta de Aragón, a pesar de los ingentes beneficios que generaría, según se prometió? ¿Una mezcla de ambas posibilidades unida a una menor querencia de Chacón por la Alianza Atlántica que su predecesor en el cargo?
Las respuestas solo puede darlas el Gobierno central, o quizás el propio Ejecutivo autonómico. En cualquier caso, un repaso por la hemeroteca evidencia el extraño y acelerado giro que ha dado el asunto en muy corto espacio de tiempo. Cuando el diario ‘El País’ publicó, en junio de 2006, el interés de Defensa por el proyecto, Marcelino Iglesias dijo que era una de las medidas destinadas a compensar a la comunidad por su gran servidumbre territorial en instalaciones y usos militares. El presidente, ante el “importantísimo proyecto”, se atrevió a profetizar que, al igual que había ocurrido con Trieste y la Expo, “ahora también ganaremos a Italia”.
Al día siguiente, fue Juan Alberto Belloch, quien habló de la “excelente oportunidad” que suponía una propuesta que se traduciría “en 4.000 puestos de trabajo” y sin que resultasen afectados “los usos civiles ni el desarrollo del aeropuerto”. Tampoco se le ha oído al alcalde de Zaragoza cuestionar ahora el abandono de un proyecto con prestaciones tan interesantes cuando el paro en la comunidad está a punto de saltar del 10%.
Desde instancias militares perfectamente conocedoras de las instalaciones de Garrapinillos también se ha manifestado repetidamente que la base espía de la OTAN no supondría ningún problema ni para el tráfico aéreo, ni para el funcionamiento de la plataforma civil ni para la capacidad de carga o de operaciones.
En enero de 2007, el coronel Navarro, jefe entonces de la Base Aérea, fue muy positivo al hablar del proyecto. Aseguró que era mejor que la Expo en cuanto a proyección internacional, dijo que potenciaría “extraordinariamente la industria nacional”, que “necesariamente habrá colaboración con la industria civil y la Universidad” y que la Base estaba “por encima de sus rivales” y no habría “hipotecas para el aeropuerto”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario