En España hay muchos cotos de caza. De hecho toda España está acotada. Los ayuntamientos o las sociedades particulares se benefician de esta industria que genera ingentes recursos. En España la caza es una actividad con cientos de miles de practicantes. Franco ya fue conocido por practicar la caza y la pesca junto con nobles y dignatarios de todo el mundo. El rey Juan Carlos ha cazado en España y en el extranjero, invitado hasta por Vladimir Putin. Fraga Iribarne y el juez Baltasar Garzón son otros dos cazadores conocidos. Incluso el anterior ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo dimitió de su cargo, entre otras causas, a consecuencia de una infracción administrativa, derivada de su gran afición a la caza mayor.
Muchos empresarios o aristócratas se compran y venden entre ellos cotos de mil y más hectáreas donde crían reses de muflones, ciervos, jabalíes y otras especies cinegéticas.
El coto de Bastarás es una de tantas fincas privadas valladas para su uso cinegético, aunque añade en su existencia dos peculiares circunstancias: poseer en su interior varios yacimientos arqueológicos de gran valor (con restos neolíticos y pinturas rupestres: (Chaves I, II y III...)) junto con varias cuevas y simas de enorme importancia espeleológica (Sima de la Grallera, Solencio de Bastarás...) y, además, la absurda situación de haber estado ubicado dentro del recinto del Parque Natural de los Barrancos y Sierra de Guara.
Del hecho de no racionalizar esta sinrazón y tomar las medidas oportunas por quien tenía que tomarlas (Patrimonio y Medio Ambiente de la DGA, Universidad de Zaragoza y Museo de Huesca) se ha derivado que el dueño del coto (como responsable legal), "a quien nunca nadie ha puesto coto" haya cometido presuntamente, posiblemente ignorando la gravedad del hecho (pues nadie sensato tira piedras contra su propio tejado), tan tremendo e irreparable desaguisado. Pero no es el único responsable y muchos están engordando y desviando el tema haciendo de él un chivo expiatorio con el que tapar sus vergüenzas.
ZARAGOZA.- El Departamento de Medio Ambiente iniciará la ejecución subsidiaria del coto de caza de Bastarás a finales de noviembre. Será entonces cuando se proceda a la eliminación del vallado, que impide el paso a este espacio ubicado en un monte de dominio público, y a controlar las especies alóctonas que han sido introducidas en la zona, como es el caso de los arruis africanos.
El Ejecutivo destinará a estas actuaciones 300.000 euros, con las que se intentará poner fin "al rosario de ilegalidades" acometidas por parte de la empresa titular del coto, Finbas S.A, que durante años se ha limitado a solventar las infracciones interpuestas por la DGA mediante el pago de multas pero no cumpliendo lo dictado en los expedientes, lo que ha conllevado a la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves.
Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, durante su comparecencia en las Cortes. El consejero ha explicado que son quince los expedientes abiertos, de los que doce se han presentado desde 2003 estando él al frente de la concejalía. De éstos, ocho han sido graves y uno muy grave.
Pese a las sanciones, los titulares del coto, ubicado en pleno Parque de Güara en la localidad de Casbas de Huesca, no han solucionado las infracciones cometidas tanto a nivel medioambiental como patrimonial, ya que, según ha dicho el consejero, "la empresa ha pagado las multas pero no ha cumplido lo marcado".
Ante ello, la DGA inició los trámites para poder llevar a cabo la ejecución subsidiaria y acometer las acciones a las que se niegan los titulares, pero según Boné, "no se podía actuar antes" porque corresponde a un complejo proceso legal cuyo plazo se culmina en noviembre.
"FALTA DE CONTUNDENCIA"
Desde Chunta Aragonesista, grupo parlamentario que ha solicitado la comparecencia, critican el que se haya permitido esta situación y acusan al Departamento de haber actuado con "falta de contundencia". "Si el Gobierno de Aragón hubiera sido más diligente, y se hubiera actuado con todas las armas de la ley es posible que no se hubiera destruido el yacimiento de Chaves", ha planteado su portavoz, Bizén Fuster.
El aragonesista ha recordado que éste es un problema que se arrastra desde hace décadas y que ya en el 2000 el Ejecutivo aseguró que actuaría. "Lo cierto es que el camino sigue vallado y que lo q es dominio público es de utilización restringida para unos particulares", ha lamentado.
Además, Fuster ha criticado que mientras la DGA "abría expedientes a la empresa y cobraba multas con una mano", "con la otra le otorgaba subvenciones" para sus actividades de cultivos alternativos.
Los populares, por su parte, también han dicho "no entender" este aspecto y han lamentado que se permita el que la empresa sólo haya cumplido la parte monetaria de las infracciones. Su portavoz Javier Gamón también ha hecho hincapié en que es un problema "que se arrastra" desde los setenta, y ha preguntado si los plazos para solucionarlo "se han cumplido o se han alargado".
Una posibilidad que han destarcado desde el equipo de gobierno. El portavoz del PAR, Joaquín Peribáñez, ha negado que existan responsabilidades políticas en cuanto a la dilatación del proceso. "Todos los expedientes se han tramitado siguiendo los plazos que marca la ley", ha asegurado.
También el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha defendido la gestión del Departamento. "No se puede decir que no se haya actuado, hay multitud de multas, sino que el problema es que se ha topado con una empresa que por un lado pagaba las sanciones y por otro hacía caso omiso".
Además, ha puntualizado que, pese a las críticas, "nadie ha dicho cómo se podía haber hecho algo más o algo más ráipdo" sin que eso no implicara complicaciones jurídicas a la hora de poder acomenter la ejecución subsidiaria.
COLABORACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE Y LA FISCALÍA
Por otra parte, el consejero Boné también ha informado durante su comparecencia de que "ya está prácticamente redactado" el protocolo de coordinación que adoptarán "en breve" el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y las Fiscalías de Teruel, Huesca y Zaragoza para mejorar su coordinación.
Este protocolo se decidió elaborar tras las denuncias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo recogidas en la memoria de 2008 sobre las relaciones de colaboración del Departamento con la Fiscalía de Teruel en relación a las funciones de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN).
El consejero, que tras las reuniones mantenidas entre las partes implicadas ha dado este conflicto por "resuelto", ha anunciado que este protocolo tiene tres aspectos. Con el primero se refuerzan los encuentros entre la Fiscalía y la DGA, que se celebrarán mensualmente. También asistirán los APN los "en aquellas reuniones que sea necesario".
En segundo aspecto, el protocolo aborda la colaboración entre el Departamiento y la Fiscalía, habiéndose acordado que los APN colaborarán cuando la justicia lo necesite pero determinando que estos agentes "no son funcionarios adscritos a la Policía Judicial y que no pueden ser protagonistas de la investigación, pues sólo actúan en función de auxilio".
Por último, también se ha consensuado que los APN remitarán primero los expedientes al Departamento, que decidirá si se llevan o no los temas a la Fiscalía.
Premio “Tocho Apudepa 2009″ a Victorino Alonso.
Nuestro triunfante empresario también lo hace en Huesca, en donde la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) le ha concedido el “Tocho APUDEPA 2009“, VI edición, por unanimidad. Aunque en esta ocasión no ha sido por hacer desaparecer todo el valle de Laciana, en veinte kilómetros lineales, sino como cabeza visible de la propiedad particular que tiene en la finca Finbas S. A. El empresario leonés, molesto por la presencia en su propiedad de un enclave arqueológico de máxima magnitud (el segundo en importancia del Neolítico español), y conocido como yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, lo ha arrasado hasta la roca viva construyendo un comedero de animales en su lugar.
Además de la destrucción de los yacimientos arqueológicos de cuevas Chaves (Paleolítico Superior y Neolítico), Apudepa ha denunciado que se ha dado en esta finca privada ubicada dentro del Parque Natural de los Cañones y Sierra de Guara un grave atentado ecológico al construirse más de 50 balsas para el ganado; abrirse innumerables nuevos caminos de gran impacto visual y clausurarse los caminos tradicionales utilizados desde siempre por las gentes del entorno [3]. El tema es tan grave que, ya que lo hemos abordado, volveremos a ampliar la información en otro artículo.
Sin embargo, la Asociación lamenta la dejadez e inoperancia del Gobierno de Aragón y en concreto al Departamento de Medio Ambiente, del Patronato del Parque Natural y del Departamento de Cultura y Patrimonio, al estar situada la Cueva de Chaves en el entorno protegido de los abrigos de Chaves I, II y III. Unos espacios que contienen pinturas protegidas de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo que están incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, desde hace doce años.
Una cosa tengo clara, y es lo que decía mi abuelica, que E.P.D.: “vale más caer en gracia que ser gracioso”. También contaba como un díal a policía se había llevado a la comisaría a un ladrón que había robado un melón en la plaza de Abastos de Ponferrada. Entonces, yo me pregunto: ¿qué es lo que tiene que hacer este señor para que lo enjuicien?
Por lo visto, ¡Esta es nuestra España del siglo XXI¡ Así nos va…
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