Apudepa pide que se amplíe la lista de imputados en el caso del expolio de la Cueva de Chaves 25/12/2010
La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha solicitado la ampliación de la lista de imputados en el proceso judicial en relación al supuesto expolio arqueológico en la Cueva de Chaves en la figura del accionista mayoritario de la empresa Fimbas, Victorino Alonso.
Zaragoza.- La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha presentado un escrito de pruebas en el proceso judicial que se está desarrollando en el Juzgado n° 3 de Huesca en relación al supuesto expolio arqueológico perpetrado en la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), dado que esta asociación solicitó en el 2009 formar parte como acusación particular.
Según Apudepa, el arrasamiento de la cueva tuvo lugar a finales del mes de octubre del año 2007, si bien no se tuvo conocimiento del mismo hasta casi un año y medio más tarde. La asociación denuncia que se removieron más de 1.000 m³ de tierra en apenas 24 horas, lo que confirma “el arrasamiento casi al completo de los niveles arqueológicos del neolítico”. “Al parecer, el material extraído se depositó en una finca próxima, que ha sido roturada pero, que sepamos, nada se ha comprobado sobre el depósito de los restos arqueológicos”, se asegura desde Apudepa en un comunicado, al tiempo que se sugiere que se pudieron haber comercializado.
La asociación ha solicitado que, además de los imputados que figuran en el mismo, el administrador y el apoderado de la empresa Fimbas, se incluya, por un posible delito contra el patrimonio histórico, al accionista mayoritario de la citada empresa, Victorino Alonso. Apudepa recuerda en su comunicado que el empresario “es conocido en el ámbito español por supuestos delitos medioambientales en tierras del Norte de España”.
Asimismo, ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, y el director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente, para que respondan en relación a una posible negligencia sobre sus responsabilidades inherentes en el ejercicio de sus cargos.
La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha solicitado la ampliación de la lista de imputados en el proceso judicial en relación al supuesto expolio arqueológico en la Cueva de Chaves en la figura del accionista mayoritario de la empresa Fimbas, Victorino Alonso.
Zaragoza.- La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha presentado un escrito de pruebas en el proceso judicial que se está desarrollando en el Juzgado n° 3 de Huesca en relación al supuesto expolio arqueológico perpetrado en la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), dado que esta asociación solicitó en el 2009 formar parte como acusación particular.
Según Apudepa, el arrasamiento de la cueva tuvo lugar a finales del mes de octubre del año 2007, si bien no se tuvo conocimiento del mismo hasta casi un año y medio más tarde. La asociación denuncia que se removieron más de 1.000 m³ de tierra en apenas 24 horas, lo que confirma “el arrasamiento casi al completo de los niveles arqueológicos del neolítico”. “Al parecer, el material extraído se depositó en una finca próxima, que ha sido roturada pero, que sepamos, nada se ha comprobado sobre el depósito de los restos arqueológicos”, se asegura desde Apudepa en un comunicado, al tiempo que se sugiere que se pudieron haber comercializado.
La asociación ha solicitado que, además de los imputados que figuran en el mismo, el administrador y el apoderado de la empresa Fimbas, se incluya, por un posible delito contra el patrimonio histórico, al accionista mayoritario de la citada empresa, Victorino Alonso. Apudepa recuerda en su comunicado que el empresario “es conocido en el ámbito español por supuestos delitos medioambientales en tierras del Norte de España”.
Asimismo, ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, y el director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente, para que respondan en relación a una posible negligencia sobre sus responsabilidades inherentes en el ejercicio de sus cargos.
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