Estas normas y sanciones, sin embargo, han sido totalmente ignoradas en la situación actual en la que los banqueros, debido a sus malas prácticas, han creado la mayor crisis financiera hasta ahora conocida desde la II Guerra Mundial, crisis que ha causado un enorme dolor y daño a millones de personas. A pesar de ello, ninguno ha terminado en la cárcel. La enorme incompetencia, negligencia y avaricia de tales banqueros ha llevado a la ruina a millones y millones de personas. Y el daño era previsible, pues ya a mediados de la primera década del siglo XXI hubo economistas como Dean Baker en EEUU, entre otros, que alertaron de que las malas prácticas bancarias nos estaban llevando a una situación catastrófica. Mientras, las agencias de evaluación de bonos como Moody, Standard & Poor’s, entre otras, estaban dando excelentes notas a los bancos que se colapsaron al día siguiente de que tales agencias les dieran una nota de sobresaliente. Y semejante incompetencia e irresponsabilidad (cuando no complicidad) se presentó entre las agencias e instituciones supervisoras de los bancos y del sistema bancario, incluyendo los Bancos Centrales de tales países. Nadie –repito, nadie- ha sido sancionado.
Este silencio ensordecedor de la actividad sancionadora de los Estados es escandaloso. Pero la situación es incluso peor. En lugar de llevar a la cárcel a los banqueros y a sus supervisores (tanto del sector público como del privado), se les dio millones y millones de dólares y euros, no sólo una sino dos, tres y cuatro veces, a fin de evitar que se colapsaran, conllevando además enormes beneficios personales. Ha sido el caso más bochornoso que ha ocurrido en los últimos cien años y que expresa el maridaje entre poder financiero y poder político en la mayoría de tales Estados. No es de extrañar que en la mayoría de las sociedades donde el Estado ha ayudado con dinero público a los bancos exista un enfado de la mayoría de las clases populares hacia el poder político, enfado que comienza incluso a cuestionar la legitimidad de tales Estados. De ahí que se esté intentando dar una respuesta a tal enfado.
La Comisión Europea ha propuesto hace unos días la homologación entre los países de la UE de los sistemas de normas y sanciones contra delitos financieros, intentando frenar los excesos en la especulación bancaria. Pero incluso estas medidas, bastante moderadas, no han ido más allá de propuestas hechas para intentar dar la impresión de que algo están haciendo. Pero son dramáticamente insuficientes. Como bien ha dicho el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, “hasta que los banqueros y responsables de las instituciones supervisoras del sistema financiero no terminen en la cárcel, la crisis financiera no se resolverá” (Washington Block, 4 de noviembre de 2010).
Pero no sólo no han ido a la cárcel, sino que los representantes de la banca y de los Bancos Centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, están ahora diciendo que los problemas con los que tales sociedades se encuentran, como son el elevado desempleo no se deben a ellos, sino a los sindicatos y a las supuestas rigideces que –según la banca- los sindicatos imponen en el mercado laboral en apoyo de los intereses de los trabajadores. Véanse los continuas y repetidas declaraciones del Gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, atribuyendo el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo e ignorando su responsabilidad por haber causado la crisis al no prevenir la burbuja inmobiliaria causada por el complejo bancario-inmobiliario.
Ahora bien, la protesta popular a esta situación comienza a tener efecto. Y algunos banqueros y sus supervisores pueden terminar en la cárcel. En Islandia, hace un año y medio, los tres mayores bancos –Kaupthing, Landsbanki y Glitnir- se colapsaron como resultado de sus actividades especulativas. Sólo la ayuda del Estado les permitió sobrevivir. El Parlamento de aquel país acaba de publicar el informe de una Comisión Parlamentaria nombrada para averiguar la causa de lo ocurrido. En el informe se documenta no sólo la incompetencia, sino las malas prácticas de los equipos de dirección de aquellos bancos, así como la incompetencia, cuando no la complicidad, de las agencias privadas (sistema de auditoría) y públicas, que en teoría deberían supervisarlas. Como consecuencia, se han llevado a los tribunales a los equipos directivos de aquellos bancos, así como a sus supervisores, con petición de encarcelamiento y sanción por su comportamiento, que el informe define como criminal. Sería de desear que en España las Cortes Españolas nombraran una comisión para analizar las causas de la crisis bancaria española y ver si los equipos de dirección de los mayores bancos y sus supervisores públicos y privados incurrieron en alguna responsabilidad criminal.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. rCR
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