La facción reaccionaria Santos Juliá DOMINGO - 01-07-2007
PARA QUIEN haya seguido la sarta de manifestaciones de los obispos españoles contra la introducción en el currículo escolar de la asignatura de Educación para la ciudadanía, una cosa ha quedado clara: jerarquía católica española y ciudadanía son conceptos que se repelen. Atención: no cualquier jerarquía católica, sino la española, y no cualquier católico, sino de la clase de los jerarcas. Es la suma de jerarquía más católica más española la que se muestra, una vez más, incompatible con el concepto de ciudadanía.
Una vez más, y van ya ni se sabe cuántas. España ha sufrido secularmente de un episcopado, más que vulgar, ultramontano, siempre dispuesto a recurrir a todos los medios, sin excluir el derecho a la rebelión, para impedir que los españoles disfrutaran de libertades cívicas elementales, entre ellas, la libertad religiosa. El tiempo pasa rápido, la memoria es corta, y no sobra recordar que hasta la de 1978 ninguna Constitución española reconoció la libertad de conciencia salvo las de 1869 y 1931. Y las dos lo pagaron bien caro: ni a jovencitas lograron llegar.
La religión católica, apostólica, romana es, desde la Constitución de 1812 hasta el Fuero de los Españoles de 1945, "la religión del Estado". Cada vez que una Constitución sucumbía, la que venía después también reconocía el monopolio de oferta de la religión católica en el mercado de las creencias. Se comprende la sabiduría acumulada por la Iglesia para salir con bien de una historia constitucional tan asendereada como la española. Por eso, cuando en 1978 se acabó el monopolio, no dejó pasar ni un mes para amarrar bien sus privilegios: generosa financiación; envidiable posición, sufragada por el Estado, en el sistema educativo; legión de catequistas con libre y retribuido acceso a los colegios públicos, y la fiesta de la Inmaculada para que los españoles dieran gracias a la Virgen María por la Constitución promulgada dos días antes.
Treinta años después, alguien podría preguntar: ¿qué más quieren? La respuesta es sencilla: los que tienen mucho, siempre quieren más. Y si son fanáticos del poder, lo quieren todo. Y eso es lo que pasa con la facción reaccionaria que se ha apoderado de la cúpula episcopal, los Rouco, Cañizares y Martínez. Reaccionaria en sentido estricto, es decir, la que pretende volver a los buenos tiempos pasados y obligar al Estado a retirar de la circulación una asignatura recomendada por el Consejo de Europa porque "no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia". Y ¿desde cuándo un Estado está obligado a diseñar temarios "conformes" con semejante doctrina? Hase de saber que bajo tan pomposo nombre se esconde el esfuerzo de una sucesión de papas por encontrar una tercera vía entre el absolutismo y el liberalismo. Agotados en el empeño, dieron con una llamada "democracia orgánica", cumbre de la doctrina social de la Iglesia hasta que el Concilio Vaticano II la envió al museo de antigüedades vaticanas.
Pero la facción reaccionaria piensa que el Vaticano II, por la bondad de Juan XXIII y la famosa duda hamletiana de Pablo VI, resultó en pérdida neta de poder e influencia de la jerarquía eclesiástica, sobre todo en España, donde disponía, gracias a la democracia orgánica, de todo el poder sobre las conciencias privadas y la moral pública. Y quiere volver, no más, a la Doctrina Social de la Iglesia como norma a la que ha de ajustar el Estado los temarios de Educación para la ciudadanía. Iglesia, sociedad soberana en el ámbito espiritual, con una doctrina a la que el Estado, soberano en lo material, se debe "conformar". Y si no se conforma, los católicos habrán de "responder a tal desafío" recurriendo a todos los "medios legítimos" para defender -risum teneatis- la libertad de conciencia que los obispos de España, y de sus nacionalidades y regiones, llevan siglos despreciando.
No hay que tomarlo a broma, aunque lo parezca, del tipo de las pesadas. Estos jerarcas, otra cosa no, pero instinto de poder sí que tienen: lo han conservado durante siglos. De modo que el Gobierno sabrá lo que se hace, pero la confluencia en el otoño próximo de una campaña de agitación y propaganda en torno a la educación para la ciudadanía con la beatificación de varios centenares de "mártires de la cruzada" no es una casualidad: esta gente no da puntada sin hilo. En otoño entraremos en vísperas electorales y la facción reaccionaria se prepara, con artillería pesada, para devolvernos a los tiempos en que los católicos sólo podían votar, so pena de pecado mortal, al partido que sus obispos recomendaban.
Ay, señor, señor, las cosas que hemos visto... y las que nos quedan por ver.
PARA QUIEN haya seguido la sarta de manifestaciones de los obispos españoles contra la introducción en el currículo escolar de la asignatura de Educación para la ciudadanía, una cosa ha quedado clara: jerarquía católica española y ciudadanía son conceptos que se repelen. Atención: no cualquier jerarquía católica, sino la española, y no cualquier católico, sino de la clase de los jerarcas. Es la suma de jerarquía más católica más española la que se muestra, una vez más, incompatible con el concepto de ciudadanía.
Una vez más, y van ya ni se sabe cuántas. España ha sufrido secularmente de un episcopado, más que vulgar, ultramontano, siempre dispuesto a recurrir a todos los medios, sin excluir el derecho a la rebelión, para impedir que los españoles disfrutaran de libertades cívicas elementales, entre ellas, la libertad religiosa. El tiempo pasa rápido, la memoria es corta, y no sobra recordar que hasta la de 1978 ninguna Constitución española reconoció la libertad de conciencia salvo las de 1869 y 1931. Y las dos lo pagaron bien caro: ni a jovencitas lograron llegar.
La religión católica, apostólica, romana es, desde la Constitución de 1812 hasta el Fuero de los Españoles de 1945, "la religión del Estado". Cada vez que una Constitución sucumbía, la que venía después también reconocía el monopolio de oferta de la religión católica en el mercado de las creencias. Se comprende la sabiduría acumulada por la Iglesia para salir con bien de una historia constitucional tan asendereada como la española. Por eso, cuando en 1978 se acabó el monopolio, no dejó pasar ni un mes para amarrar bien sus privilegios: generosa financiación; envidiable posición, sufragada por el Estado, en el sistema educativo; legión de catequistas con libre y retribuido acceso a los colegios públicos, y la fiesta de la Inmaculada para que los españoles dieran gracias a la Virgen María por la Constitución promulgada dos días antes.
Treinta años después, alguien podría preguntar: ¿qué más quieren? La respuesta es sencilla: los que tienen mucho, siempre quieren más. Y si son fanáticos del poder, lo quieren todo. Y eso es lo que pasa con la facción reaccionaria que se ha apoderado de la cúpula episcopal, los Rouco, Cañizares y Martínez. Reaccionaria en sentido estricto, es decir, la que pretende volver a los buenos tiempos pasados y obligar al Estado a retirar de la circulación una asignatura recomendada por el Consejo de Europa porque "no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia". Y ¿desde cuándo un Estado está obligado a diseñar temarios "conformes" con semejante doctrina? Hase de saber que bajo tan pomposo nombre se esconde el esfuerzo de una sucesión de papas por encontrar una tercera vía entre el absolutismo y el liberalismo. Agotados en el empeño, dieron con una llamada "democracia orgánica", cumbre de la doctrina social de la Iglesia hasta que el Concilio Vaticano II la envió al museo de antigüedades vaticanas.
Pero la facción reaccionaria piensa que el Vaticano II, por la bondad de Juan XXIII y la famosa duda hamletiana de Pablo VI, resultó en pérdida neta de poder e influencia de la jerarquía eclesiástica, sobre todo en España, donde disponía, gracias a la democracia orgánica, de todo el poder sobre las conciencias privadas y la moral pública. Y quiere volver, no más, a la Doctrina Social de la Iglesia como norma a la que ha de ajustar el Estado los temarios de Educación para la ciudadanía. Iglesia, sociedad soberana en el ámbito espiritual, con una doctrina a la que el Estado, soberano en lo material, se debe "conformar". Y si no se conforma, los católicos habrán de "responder a tal desafío" recurriendo a todos los "medios legítimos" para defender -risum teneatis- la libertad de conciencia que los obispos de España, y de sus nacionalidades y regiones, llevan siglos despreciando.
No hay que tomarlo a broma, aunque lo parezca, del tipo de las pesadas. Estos jerarcas, otra cosa no, pero instinto de poder sí que tienen: lo han conservado durante siglos. De modo que el Gobierno sabrá lo que se hace, pero la confluencia en el otoño próximo de una campaña de agitación y propaganda en torno a la educación para la ciudadanía con la beatificación de varios centenares de "mártires de la cruzada" no es una casualidad: esta gente no da puntada sin hilo. En otoño entraremos en vísperas electorales y la facción reaccionaria se prepara, con artillería pesada, para devolvernos a los tiempos en que los católicos sólo podían votar, so pena de pecado mortal, al partido que sus obispos recomendaban.
Ay, señor, señor, las cosas que hemos visto... y las que nos quedan por ver.
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