Un juez frena una adopción porque cree que dos lesbianas no son una familia "normal"
El magistrado exige la opinión de todos los psicólogos de la Dirección de Familia de Murcia
MÓNIC
A C. BELAZA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 30-06-2007
Susana tiene una hija y quiere que su esposa, Vanesa, sea también madre legal. La ley la ampara desde julio de 2005: los matrimonios gays tienen el mismo derecho a adoptar que los heterosexuales. Pero un juez de Murcia lleva un año poniendo trabas. Ahora, después de un informe favorable de una psicóloga del Gobierno murciano, exige que ésta -y también, en un hecho sin precedentes, todo el resto de psicólogos de la Dirección General de Familia- le respondan si la niña no tiene derecho a una familia "normal" y si no es alta la probabilidad de que la pequeña se vuelva lesbiana. Adoptar al hijo de un cónyuge suele ser sencillo: el matrimonio presenta una solicitud ante el juez. El adoptante y la madre o el padre oficial deben consentir. Después, el fiscal tiene que emitir un informe, y, si es favorable, por lo general el juez autoriza la adopción y ésta se inscribe en el registro. Es todo, salvo que haya alguna circunstancia excepcional que exija otras diligencias.
Estos trámites son iguales para matrimonios homosexuales o heterosexuales. O al menos deberían serlo. Pero son los jueces los que deben aplicar la ley, y pueden empeñarse en poner obstáculos. Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, cónyuges desde noviembre de 2005 y que decidieron juntas que Susana tuviera una hija por inseminación artificial, se los han encontrado todos. Ellas hicieron su petición en mayo de 2006, dieron su consentimiento a la adopción de la pequeña Candela, que tiene ahora 15 meses, y el fiscal informó favorablemente. A partir de ese momento, nada siguió los cauces habituales.
Un año de obstáculos
El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrin Calamita, primero pidió un informe al equipo psicosocial para ver si la adopción iba a perjudicar a la niña. "Nos citó en agosto del año pasado", recuerda Susana. "Fuimos, y la psicóloga y la trabajadora social nos dijeron que no nos iban a entrevistar. Que la ley permitía la adopción a matrimonios homosexuales y que ellas no tenían nada que decir al respecto".
Tardaron ocho meses en volver a saber algo nuevo. El pasado abril, el juez emitió un auto en el que, entre otras cosas, cuando se refiere al "matrimonio" entre Vanesa y Susana, o a que son "cónyuges", lo hace en letra cursiva. En esa resolución asigna a la niña, Candela, un defensor judicial. Sostiene que la madre es "parte interesada" en la adopción y que, por lo tanto, no va a velar por sus intereses. Así que nombra defensor a la Dirección General de Familia de la Comunidad de Murcia. "Fuimos a hablar con ellos", señala Vanesa, "y nos dijeron que no entendían lo que pretendía el juez, pero que, para salir de esta situación, un psicólogo de su gabinete haría un estudio". Así fue. Una psicóloga entrevistó a Vanesa y elaboró un informe.
La respuesta del juez no se hizo esperar. El 18 de junio requirió a la psicóloga para que respondiera a preguntas como éstas: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarías entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?". Indica que, dada la "trascendencia" del caso, quiere que las preguntas sean respondidas no sólo por la persona que elaboró el informe sino por "todos los psicólogos que presten sus servicios en la Entidad Pública", y advierte que, si no es así, se reserva la facultad de citarlos a todos.
"Yo no sé qué pretende", se desespera Susana. "Un prejuicio del juez no puede provocar que no se cumpla la ley. No es legislador. ¿No tenemos separación de poderes o qué? Lo está parando todo, y hasta que llame a todos los psicólogos pueden pasar tres años. Mientras tanto, si a mí me pasa algo, Vanesa no tiene ningún derecho legal sobre Candela. Lo que está haciendo con nosotras es inconstitucional y, si deniega la adopción, recurriremos donde haga falta".
Después de una reforma legal del pasado marzo, en casos de reproducción asistida como el de Susana, la esposa de la madre biológica puede ya inscribirse directamente como madre en el registro. Pero la reforma no decía nada sobre la retroactividad de la norma, así que muchas parejas como Susana y Vanesa tienen que pasar por el proceso de adopción. Habitualmente, no plantea problemas. Pero a veces, como en este caso, sí. "Depende mucho del juez que lo lleve, y hay alguna pareja más en esta situación", señala Antonio Poveda, presidente de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales. "Nosotras sólo queremos que se cumpla la ley y que nos dejen de discriminar por ser lesbianas. Es lo único que pedimos", concluye Susana.
El magistrado exige la opinión de todos los psicólogos de la Dirección de Familia de Murcia
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A C. BELAZA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 30-06-2007Susana tiene una hija y quiere que su esposa, Vanesa, sea también madre legal. La ley la ampara desde julio de 2005: los matrimonios gays tienen el mismo derecho a adoptar que los heterosexuales. Pero un juez de Murcia lleva un año poniendo trabas. Ahora, después de un informe favorable de una psicóloga del Gobierno murciano, exige que ésta -y también, en un hecho sin precedentes, todo el resto de psicólogos de la Dirección General de Familia- le respondan si la niña no tiene derecho a una familia "normal" y si no es alta la probabilidad de que la pequeña se vuelva lesbiana. Adoptar al hijo de un cónyuge suele ser sencillo: el matrimonio presenta una solicitud ante el juez. El adoptante y la madre o el padre oficial deben consentir. Después, el fiscal tiene que emitir un informe, y, si es favorable, por lo general el juez autoriza la adopción y ésta se inscribe en el registro. Es todo, salvo que haya alguna circunstancia excepcional que exija otras diligencias.
Estos trámites son iguales para matrimonios homosexuales o heterosexuales. O al menos deberían serlo. Pero son los jueces los que deben aplicar la ley, y pueden empeñarse en poner obstáculos. Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, cónyuges desde noviembre de 2005 y que decidieron juntas que Susana tuviera una hija por inseminación artificial, se los han encontrado todos. Ellas hicieron su petición en mayo de 2006, dieron su consentimiento a la adopción de la pequeña Candela, que tiene ahora 15 meses, y el fiscal informó favorablemente. A partir de ese momento, nada siguió los cauces habituales.
Un año de obstáculos
El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrin Calamita, primero pidió un informe al equipo psicosocial para ver si la adopción iba a perjudicar a la niña. "Nos citó en agosto del año pasado", recuerda Susana. "Fuimos, y la psicóloga y la trabajadora social nos dijeron que no nos iban a entrevistar. Que la ley permitía la adopción a matrimonios homosexuales y que ellas no tenían nada que decir al respecto".
Tardaron ocho meses en volver a saber algo nuevo. El pasado abril, el juez emitió un auto en el que, entre otras cosas, cuando se refiere al "matrimonio" entre Vanesa y Susana, o a que son "cónyuges", lo hace en letra cursiva. En esa resolución asigna a la niña, Candela, un defensor judicial. Sostiene que la madre es "parte interesada" en la adopción y que, por lo tanto, no va a velar por sus intereses. Así que nombra defensor a la Dirección General de Familia de la Comunidad de Murcia. "Fuimos a hablar con ellos", señala Vanesa, "y nos dijeron que no entendían lo que pretendía el juez, pero que, para salir de esta situación, un psicólogo de su gabinete haría un estudio". Así fue. Una psicóloga entrevistó a Vanesa y elaboró un informe.
La respuesta del juez no se hizo esperar. El 18 de junio requirió a la psicóloga para que respondiera a preguntas como éstas: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarías entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?". Indica que, dada la "trascendencia" del caso, quiere que las preguntas sean respondidas no sólo por la persona que elaboró el informe sino por "todos los psicólogos que presten sus servicios en la Entidad Pública", y advierte que, si no es así, se reserva la facultad de citarlos a todos.
"Yo no sé qué pretende", se desespera Susana. "Un prejuicio del juez no puede provocar que no se cumpla la ley. No es legislador. ¿No tenemos separación de poderes o qué? Lo está parando todo, y hasta que llame a todos los psicólogos pueden pasar tres años. Mientras tanto, si a mí me pasa algo, Vanesa no tiene ningún derecho legal sobre Candela. Lo que está haciendo con nosotras es inconstitucional y, si deniega la adopción, recurriremos donde haga falta".
Después de una reforma legal del pasado marzo, en casos de reproducción asistida como el de Susana, la esposa de la madre biológica puede ya inscribirse directamente como madre en el registro. Pero la reforma no decía nada sobre la retroactividad de la norma, así que muchas parejas como Susana y Vanesa tienen que pasar por el proceso de adopción. Habitualmente, no plantea problemas. Pero a veces, como en este caso, sí. "Depende mucho del juez que lo lleve, y hay alguna pareja más en esta situación", señala Antonio Poveda, presidente de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales. "Nosotras sólo queremos que se cumpla la ley y que nos dejen de discriminar por ser lesbianas. Es lo único que pedimos", concluye Susana.
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