El profesorado reclama más amparo a la DGA. Los sindicatos exigen que la agresión al profesor se juzgue como atentado a la autoridad

El profesorado reclama más amparo a la DGA. Huesca. 26/03/2008 EL PERIÓDICO. La Junta de Personal Docente no Universitario de Huesca acordó ayer solicitar a la Consejería de Educación del Gobierno aragonés que arbitre las medidas legales necesarias para que se persiga como "atentado a la autoridad" toda agresión verbal o física al profesorado por alumnos o padres. En un comunicado, los representantes sindicales del profesorado oscense aseguran que las confrontaciones con padres y alumnos dejan a los profesionales de la educación en una situación de "desamparo e indefensión". Esta petición se deriva de un incidente protagonizado semanas atrás por el padre de una alumna del instituto Sierra de Guara de Huesca que, según el equipo rector del centro, se enfrentó a la dirección del colegio para expresar su rechazo a la sanción con que fue castigada su hija por una indisciplina. Los profesores sostienen la necesidad de una regulación "urgente" mediante ley de una normativa clara sobre los derechos de los funcionarios docentes afectados por un conflicto en el ejercicio de sus funciones. Tras calificar de "insuficiente" la asistencia jurídica que ofrece actualmente la Administración educativa a los docentes, los integrantes de la Junta piden una legislación "más explicita" en relación a las confrontaciones con padres o alumnos, así como un protocolo de intervención ante estos casos. Reclaman, además, que se arbitren medidas para perseguir cualquier agresión al profesorado como atentado a la autoridad, en consonancia con las propuestas de los fiscales de Andalucía y Cataluña, según informó la agencia Efe.

Los sindicatos exigen que la agresión al profesor se juzgue como atentado a la autoridad. EDUCACIÓN Los sindicatos exigen que la agresión al profesor se juzgue como atentado a la autoridad La Junta de Personal Docente no Universitario envia cartas al Fiscal General de Aragón y a Educación ante el aumento de casos y reclama el reconocimiento de "autoridad pública" en la nueva Ley. ANA IPAS. Huesca La Junta de Personal Docente no Universitario exige que se arbitren las medidas necesarias para que se persiga como un atentado a la autoridad las agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente. Así lo manifiestan en una carta que han enviado tanto a la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Eva Almunia, como al Fiscal General de Aragón, José María Rivera. No es la primera vez que realizan esta petición los sindicatos e incluso la medida se ha llegado a aplicar en algún caso determinado en nuestra Comunidad. En la misiva, la Junta de Personal Docente no Universitario recuerda la confrontación (que no agresión) entre profesores y el padre de una alumna del IES Sierra de Guara que ha acabado en los juzgados con un cruce de acusaciones. Cabe señalar que de momento todas las sentencias han sido favorables a la dirección del instituto. Pero los sindicatos advierten de que este suceso "no es un hecho puntual" y muestran su convicción de que este tipo de casos "se están produciendo de forma reiterada en nuestros centros educativos" y que en algunos incluso se llega a la agresión. Según relatan en la carta, ante estas agresiones, el profesorado queda "en una situación de desamparo e indefensión". Y es que aseguran que "la administración sólo nos otorga derecho a la asistencia jurídica, proporcionando asesoramiento y defensa en los juicios", ayudas que los sindicatos tachan de "insuficientes". Es por ello que a la consejera de Educación aragonesa, en la carta, le requieren que ahora que se está elaborando la Ley de Educación Aragonesa legisle de forma "más explícita" y que "tramite cuanto antes el protocolo de intervención y asistencia jurídica (como tienen otros colectivos)". Además, piden a Eva Almunia que inste al Fiscal General de Aragón a que se arbitren las medidas necesarias para que se persiga como "atentado a la autoridad pública" las agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente. Se trata de una medida que, según apuntaron diversas fuentes se toma a instancias del juez y que, según recogen los sindicatos en los comunicados estaría en consonancia con las propuestas de los Fiscales Jefes de Andalucía y Cataluña. Y es que, tal y como señalan en la carta enviada al Fiscal General, este tipo de agresiones a los educadores además del menoscabo "de la integridad física y moral, perturban la función pública que ejercen los docentes". Existen antecedentes en Aragón No es la primera vez que los sindicatos realizan esta reclamación ya que hace algo más de un año, fue CSI-CSIF quien solicitó también al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), José María Rivera, que actuara de oficio ante las agresiones contra docentes y que aplicara la máxima pena recogida en el Código Penal. Asimismo, le exigían que considerara como un atentado contra funcionario público las agresiones al personal docente y el resto de trabajadores de los centros formativos. Por su parte, la dirección provincial de Educación recordó que en el módulo cuatro de las carpetas "Cuento contigo", un documento para la mejora de la convivencia escolar que poseen todos los centros de la provincia, se establecen los pasos a seguir ante una agresión e informó que el que un acto de agresión a un profesor sea considerado un "atentado a la autoridad" se trata de una medida que debe tomarse a instancias del juez.

Reclaman para los docentes la categoría de autoridad pública. La Junta de Personal Docente presenta una solicitud a Educación

HUESCA.- La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca solicita a la Consejería de Educación que regule “mediante ley y con una normativa clara los derechos de los funcionarios docentes que en el desempeño de sus funciones se ven afectados por un conflicto”, y pide que se les confiera la categoría de autoridad pública en el ejercicio de su función.
La Junta Docente, que aprobó formular esta petición en su último pleno, señala que, con los hechos acaecidos en el IES Sierra de Guara de Huesca, y con la información que sobre este asunto fue aportada a la Junta por el director provincial de Educación, “se ha puesto de manifiesto que las confrontaciones entre profesores con padres o con alumnos dejan al profesorado en una situación de desamparo e indefensión”, por lo que considera “urgente” esta regulación. Expone que la Administración “sólo nos otorga derecho a la asistencia jurídica, proporcionando asesoramiento y defensa en los juicios, lo cual nos parece a todas luces insuficiente, dada la difícil responsabilidad que se nos confiere mediante la labor educativa”.
Señala que, “ya que se está elaborando la Ley de Educación Aragonesa, esta Junta de Personal solicita a la Consejería de Educación, en primer lugar, que legisle sobre estos asuntos de una manera más explícita y que tramite cuanto antes el protocolo de intervención y asistencia jurídica -como tienen otros colectivos profesionales-, al que hacen referencia los puntos 3 y 9 del “Acuerdo para la mejora de la convivencia escolar en los Centros Educativos de Aragón”. Asimismo, reclama que, en consonancia con las propuestas de los fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Cataluña, “la Consejería de Educación inste al Fiscal General de Aragón a que se arbitren las medidas necesarias para que persiga como atentado a la autoridad todos aquellos casos de agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente, y se confiera a los funcionarios docentes la categoría de autoridad pública en el ejercicio de su función”.
La Junta indica que casos como el del IES Sierra de Guara “se están produciendo de forma reiterada”. D.A.

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