Los menores frente a la ley. Aragón es la comunidad con mayor índice de restituciones económicas a las víctimas por daños provocados por adolescentes Durante el 2007, 1.256 chicos fueron denunciados por cometer infracciones penales. 10/02/2008 J. M. PÉREZ BERNAD
Aragón fue durante el 2007 las comunidad con mayor índice de reparaciones extrajudiciales por infracciones penales cometidas por adolescentes. Según las estadísticas del Área de Atención al Menor en Conflicto Social del IASS, 609 de las 1.489 medidas de reforma impuestas por la Fiscalía de Menores se ejecutaron sin llegar a juicio.
Para ello, los infractores no solo tuvieron que pedir perdón a sus víctimas, sino que ellos o sus padres les resarcieron económicamente de los daños provocados y, además, tuvieron que realizar servicios sociales a la comunidad en algunos casos.
Al contrario que en el Código Penal, la Ley del Menor no contempla la insolvencia de los infractores. Si un adolescente rompe un retrovisor, un escaparate o incendia un contenedor de papel para reciclaje en un acto de vandalismo, tiene que pagarlo. O él o sus padres.
Para estos últimos tampoco se contempla la insolvencia. Si tienen bienes o salario, se les embarga. En caso contrario, se mantiene la deuda hasta que puedan pagarla.
Manuel Benedí, responsable del área, explica que, de las 609 medidas de reparación judicial, que se contemplan en el artículo 19 de la Ley del Menor, no se dio el año pasado ningún caso en el que los padres se negaran al resarcimiento económico, incluso a plazos si no disponían de medios.
Responsabilidad paterna
Según los expertos, este traslado de la responsabilidad civil a los padres del infractor, además de generar una mayor atención familiar a los menores en conflicto, también ha tenido otras consecuencias. En el País Vasco se atribuye a la Ley del Menor el fuerte descenso de adolescentes implicados en actividades de kale borroca.
Sobre la oportunidad de las medidas aplicadas a los infractores, destaca la escasa reincidencia de los protagonistas de actos de vandalismo. "No solo se resarce económicamente a la víctimas, sino que los adolescentes tienen que verse con ellas y conocer de su voz las consecuencias y perjuicios provocadas por sus actos", manifiesta Benedí.
La prestación de servicios a la comunidad en Zaragoza se orienta a sacar a pasear a miembros de la Asociación de Discapacitados Medulares, acompañar a ancianos, trabajar en ludotecas o Cruz Roja, o ayudar a los servicios municipales en las labores de limpieza de los parques. En Aragón fueron castigados con estas ocupaciones 239 adolescentes.
Durante el 2007, un total de 1.256 menores aragoneses fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, algunos de ellos en más de una ocasión. Destaca en las estadísticas el aumento de denuncias por hechos violentos que, principalmente, se refieren a agresiones escolares, de género, en el ámbito familiar y la protagonizada por bandas juveniles.
Benedí resalta que el incremento de denuncias "refleja una mayor conciencia del problema, pero no el aumento de hechos delictivos. Por un lado, las víctimas se sienten más arropadas por la sociedad ante su problema. Por otro, también encuentran una última oportunidad de reeducación de los infractores en el Tribunal de Menores. En los colegios hay una mayor sensibilidad para controlar estos incidentes".
En el pasado ejercicio, 28 menores fueron denunciados por violencia escolar, 11 por conflictos de género, 48 por incidentes domésticos y 8 por los provocados por bandas juveniles o tribus urbanas.
Agresiones
Llama la atención que, en las agresiones escolares, más de la mitad (16) fueron protagonizadas por chicas y solo en un caso fueron dirigidas contra personal docente. La mayoría de los incidentes (19) fueron esporádicos y solo se produjeron tres casos de bulliyng o acoso escolar. La mayoría de los conflictos (26) se resolvieron con reparaciones extrajudiciales.
Los hechos violentos más numerosos se registraron en el ámbito familiar. La víctima de estas agresiones suele ser la madre, como ocurrió en 27 de las 48 que se denunciaron. Solo en una ocasión las iras adolescentes fueron dirigidas contra el padre y en otra, contra una abuela.
"Las familias son reticentes a denunciar estos hechos en los juzgados. Cuando los casos llegan a la Fiscalía de Menores, ya han llamado a todas las puertas que conocen. Llegan aquí en busca de la última oportunidad, y los resultados obtenidos con las medidas de prevención que se aplican son muy positivos. Se necesita que estos hechos afloren pronto, antes de que se produzcan lesiones, porque entonces las medidas ya son penales", dice Benedí.
Las reparaciones extrajudiciales por violencia familiar ascendieron a 32 en el último ejercicio y en ningún caso se aplicaron medidas de reforma. Solo en una ocasión fue necesario el internamiento del transgresor y 15 de los implicados quedaron en libertad vigilada, que es a los adolescentes que delinquen el equivalente de la prisión condicional para los mayores.
En Zaragoza, al igual que en el resto de Aragón, no se produjeron denuncias contra las bandas tradicionales organizadas de latin kings, ñetas u otras similares. Sin embargo, se siguieron procedimientos contra cinco adolescentes de bandas suramericanas sin adscripción determinada por lesiones, casi todos ellos dominicanos.En los otros tres casos de violencia juvenil registrados en ese año fueron protagonizados por cabezas rapadas de ideología neonazi.
Aragón fue durante el 2007 las comunidad con mayor índice de reparaciones extrajudiciales por infracciones penales cometidas por adolescentes. Según las estadísticas del Área de Atención al Menor en Conflicto Social del IASS, 609 de las 1.489 medidas de reforma impuestas por la Fiscalía de Menores se ejecutaron sin llegar a juicio.
Para ello, los infractores no solo tuvieron que pedir perdón a sus víctimas, sino que ellos o sus padres les resarcieron económicamente de los daños provocados y, además, tuvieron que realizar servicios sociales a la comunidad en algunos casos.
Al contrario que en el Código Penal, la Ley del Menor no contempla la insolvencia de los infractores. Si un adolescente rompe un retrovisor, un escaparate o incendia un contenedor de papel para reciclaje en un acto de vandalismo, tiene que pagarlo. O él o sus padres.
Para estos últimos tampoco se contempla la insolvencia. Si tienen bienes o salario, se les embarga. En caso contrario, se mantiene la deuda hasta que puedan pagarla.
Manuel Benedí, responsable del área, explica que, de las 609 medidas de reparación judicial, que se contemplan en el artículo 19 de la Ley del Menor, no se dio el año pasado ningún caso en el que los padres se negaran al resarcimiento económico, incluso a plazos si no disponían de medios.
Responsabilidad paterna
Según los expertos, este traslado de la responsabilidad civil a los padres del infractor, además de generar una mayor atención familiar a los menores en conflicto, también ha tenido otras consecuencias. En el País Vasco se atribuye a la Ley del Menor el fuerte descenso de adolescentes implicados en actividades de kale borroca.
Sobre la oportunidad de las medidas aplicadas a los infractores, destaca la escasa reincidencia de los protagonistas de actos de vandalismo. "No solo se resarce económicamente a la víctimas, sino que los adolescentes tienen que verse con ellas y conocer de su voz las consecuencias y perjuicios provocadas por sus actos", manifiesta Benedí.
La prestación de servicios a la comunidad en Zaragoza se orienta a sacar a pasear a miembros de la Asociación de Discapacitados Medulares, acompañar a ancianos, trabajar en ludotecas o Cruz Roja, o ayudar a los servicios municipales en las labores de limpieza de los parques. En Aragón fueron castigados con estas ocupaciones 239 adolescentes.
Durante el 2007, un total de 1.256 menores aragoneses fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, algunos de ellos en más de una ocasión. Destaca en las estadísticas el aumento de denuncias por hechos violentos que, principalmente, se refieren a agresiones escolares, de género, en el ámbito familiar y la protagonizada por bandas juveniles.
Benedí resalta que el incremento de denuncias "refleja una mayor conciencia del problema, pero no el aumento de hechos delictivos. Por un lado, las víctimas se sienten más arropadas por la sociedad ante su problema. Por otro, también encuentran una última oportunidad de reeducación de los infractores en el Tribunal de Menores. En los colegios hay una mayor sensibilidad para controlar estos incidentes".
En el pasado ejercicio, 28 menores fueron denunciados por violencia escolar, 11 por conflictos de género, 48 por incidentes domésticos y 8 por los provocados por bandas juveniles o tribus urbanas.
Agresiones
Llama la atención que, en las agresiones escolares, más de la mitad (16) fueron protagonizadas por chicas y solo en un caso fueron dirigidas contra personal docente. La mayoría de los incidentes (19) fueron esporádicos y solo se produjeron tres casos de bulliyng o acoso escolar. La mayoría de los conflictos (26) se resolvieron con reparaciones extrajudiciales.
Los hechos violentos más numerosos se registraron en el ámbito familiar. La víctima de estas agresiones suele ser la madre, como ocurrió en 27 de las 48 que se denunciaron. Solo en una ocasión las iras adolescentes fueron dirigidas contra el padre y en otra, contra una abuela.
"Las familias son reticentes a denunciar estos hechos en los juzgados. Cuando los casos llegan a la Fiscalía de Menores, ya han llamado a todas las puertas que conocen. Llegan aquí en busca de la última oportunidad, y los resultados obtenidos con las medidas de prevención que se aplican son muy positivos. Se necesita que estos hechos afloren pronto, antes de que se produzcan lesiones, porque entonces las medidas ya son penales", dice Benedí.
Las reparaciones extrajudiciales por violencia familiar ascendieron a 32 en el último ejercicio y en ningún caso se aplicaron medidas de reforma. Solo en una ocasión fue necesario el internamiento del transgresor y 15 de los implicados quedaron en libertad vigilada, que es a los adolescentes que delinquen el equivalente de la prisión condicional para los mayores.
En Zaragoza, al igual que en el resto de Aragón, no se produjeron denuncias contra las bandas tradicionales organizadas de latin kings, ñetas u otras similares. Sin embargo, se siguieron procedimientos contra cinco adolescentes de bandas suramericanas sin adscripción determinada por lesiones, casi todos ellos dominicanos.En los otros tres casos de violencia juvenil registrados en ese año fueron protagonizados por cabezas rapadas de ideología neonazi.
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