Piden un año de prisión para los padres de un alumno por agredir a unas maestras. 07.02.08 | 17:30. Archivado en AUDIENCIA NACIONAL
(PD / EFE).- La fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han solicitado algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de la capital catalana acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado a la autoridad.
Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones han defendido que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora --ya que eran consideradas una falta-- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.
Rebaja de dos meses
Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, han negado cualquier agresión o amenaza así como tampoco haber faltado al respeto a las maestras, al tiempo que han atribuido las acusaciones a un "complot" en su contra.
Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las docentes, de la conserje y de algunos testigos y peritos, la fiscalía ha rebajado solo en dos meses su petición inicial, que ha dejado en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat ha solicitado un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.
La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, ha coincidido en su petición con la de la fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión.
La orden del fiscal jefe del TSJC
Este es el primer caso de agresión a profesores en que un juez abrió diligencias por un delito de atentado y no como una falta, a petición del ministerio público y de la Generalitat, a raíz de la instrucción dictada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Mena. El delito de atentado está castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel.
La agresión de que fueron víctimas la directora, una jefa de estudios y una conserje de la escuela Eduardo Marquina ocurrió el 11 de octubre del 2006. La directora, Maria Dolors Cortadillas, y la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, junto a la conserje Carmen Prados, impidieron la entrada en el centro al hijo menor de los acusados, de 4 años, ya que los padres no habían realizado el pago pactado de 5 euros para permitir que utilizara el servicio de guardería previo al inicio de las clases, pese a que se les requirió reiteradamente.
Las secuelas de las víctimas
Según han relatado hoy las maestras, la madre del niño, indignada, intentó que este entrara en el centro utilizando la fuerza y, cuando vio que no podía, llegó a agredir a la jefa de estudios,al tiempo que profería amenazas contra todas ellas, jaleada por su marido. "Pégales, mátalas, bueno, ya la encontraras en la calle", son algunas de las frases lanzadas por el padre, Juan V.Z., mientras que la madre, Montserrat Márquez, también insultaba y utilizaba palabras obscenas, mientras varios niños lloraban.
Al parecer, los acusados se habían comprometido a pagar los 5 euros simbólicos por un servicio de guardería que no les correspondía ya que está previsto sólo para los escolares de educación infantil con hermanos mayores en la escuela, pero que el centro les había permitido usar "como un favor". A consecuencia de los hechos, la jefa de estudios sufrió una crisis ansiosa de la que tardó 30 días en recuperarse y que agravó la depresión que ya tenía, mientras que la conserje presentó síntomas de ansiedad.
Las defensas, que han lamentado que el cambio de consideración de las agresiones contra los docentes llegue justamente en un caso en que los acusados son una pareja de un barrio socioeconómico desfavorecido como La Mina, han pedido la absolución de los acusados o, en su defecto, que se les imponga una multa por faltas.
Piden algo más de un año de prisión para los padres de un alumno que agredieron a las maestras Barcelona. (EFE).- La Fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento han solicitado algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de Barcelona acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones han defendido que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora -ya que eran consideradas una falta- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.
Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, han negado cualquier agresión o amenaza e incluso haber faltado al respeto a las maestras al tiempo que han atribuido las acusaciones a un "complot" en su contra.
Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las maestras y la conserje y de algunos testigos y peritos, la Fiscalía ha rebajado sólo en dos meses su petición inicial, que ha dejado en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat ha solicitado un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.
La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, ha coincidido en su petición con la de la Fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión.
Esta letrada ha asegurado que el sistema debe velar "porque se respete la autoridad" de las direcciones de los centros escolares, en especial en aquellos considerados más conflictivos, y ha advertido de que, en caso contrario, se corre el riesgo de que aparezcan "efectos reflejos".
Éste es el primer caso de agresión a profesores en que un juez abrió diligencias por un delito de atentado y no como una falta, a petición del ministerio público y de la Generalitat, a raíz de la instrucción dictada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena.
El delito de atentado está castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel.
La agresión de que fueron víctimas la directora, una jefa de estudios y una conserje de la escuela Eduard Marquina de Barcelona, que despertó protestas unánimes entre la comunidad educativa, ocurrió el 11 de octubre de 2006.
Ese día la directora de la escuela, Maria Dolors Cortadillas, y la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, junto a la conserje Carmen Prados, impidieron la entrada en el centro a las 08.30 horas del hijo menor de los acusados, de 4 años, ya que los padres no habían realizado el pago pactado de 5 euros para permitir que utilizara el servicio de guardería previo al inicio de las clases, pese a que se les había requerido reiteradamente.
Según han relatado hoy las maestras, la madre del niño, indignada, intentó que éste entrara en el centro utilizando la fuerza y, cuando vio que no podía, llegó a agredir a la jefa de estudios, zarandeándola e incluso cogiéndola por el cuello, al tiempo que profería amenazas contra todas ellas, jaleada por su marido.
"Pégales, mátalas, bueno, ya la encontraras en la calle", son algunas de las frases lanzadas por el padre, Juan V.Z., mientras que la madre, Montserrat Márquez, también insultaba y utilizaba palabras obscenas, mientras varios niños lloraban.
Al parecer, los acusados se habían comprometido a pagar los 5 euros simbólicos por un servicio de guardería que no les correspondía ya que está previsto sólo para los escolares de educación infantil con hermanos mayores en la escuela, pero que el centro les había permitido usar "como un favor".
A consecuencia de los hechos, la jefa de estudios sufrió una crisis ansiosa de la que tardó 30 días en recuperarse y que agravó la depresión que ya tenía, mientras que la conserje presentó síntomas de ansiedad que han incrementado sus patologías respiratoria y digestiva previas.
Las defensas, que han lamentado que el cambio de consideración d
e las agresiones contra los docentes llegue justamente en un caso en que los acusados son una pareja de un barrio socioeconómico desfavorecido como La Mina, han pedido la absolución de los acusados o, en su defecto, que se les imponga una multa por faltas.
ACUSADOS DE ATENTADO A FUNCIONARIOS
Juzgan por un delito de atentado a unos padres que agredieron a dos maestras
(PD / EFE).- La fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han solicitado algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de la capital catalana acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado a la autoridad.
Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones han defendido que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora --ya que eran consideradas una falta-- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.
Rebaja de dos meses
Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, han negado cualquier agresión o amenaza así como tampoco haber faltado al respeto a las maestras, al tiempo que han atribuido las acusaciones a un "complot" en su contra.
Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las docentes, de la conserje y de algunos testigos y peritos, la fiscalía ha rebajado solo en dos meses su petición inicial, que ha dejado en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat ha solicitado un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.
La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, ha coincidido en su petición con la de la fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión.
La orden del fiscal jefe del TSJC
Este es el primer caso de agresión a profesores en que un juez abrió diligencias por un delito de atentado y no como una falta, a petición del ministerio público y de la Generalitat, a raíz de la instrucción dictada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Mena. El delito de atentado está castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel.
La agresión de que fueron víctimas la directora, una jefa de estudios y una conserje de la escuela Eduardo Marquina ocurrió el 11 de octubre del 2006. La directora, Maria Dolors Cortadillas, y la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, junto a la conserje Carmen Prados, impidieron la entrada en el centro al hijo menor de los acusados, de 4 años, ya que los padres no habían realizado el pago pactado de 5 euros para permitir que utilizara el servicio de guardería previo al inicio de las clases, pese a que se les requirió reiteradamente.
Las secuelas de las víctimas
Según han relatado hoy las maestras, la madre del niño, indignada, intentó que este entrara en el centro utilizando la fuerza y, cuando vio que no podía, llegó a agredir a la jefa de estudios,al tiempo que profería amenazas contra todas ellas, jaleada por su marido. "Pégales, mátalas, bueno, ya la encontraras en la calle", son algunas de las frases lanzadas por el padre, Juan V.Z., mientras que la madre, Montserrat Márquez, también insultaba y utilizaba palabras obscenas, mientras varios niños lloraban.
Al parecer, los acusados se habían comprometido a pagar los 5 euros simbólicos por un servicio de guardería que no les correspondía ya que está previsto sólo para los escolares de educación infantil con hermanos mayores en la escuela, pero que el centro les había permitido usar "como un favor". A consecuencia de los hechos, la jefa de estudios sufrió una crisis ansiosa de la que tardó 30 días en recuperarse y que agravó la depresión que ya tenía, mientras que la conserje presentó síntomas de ansiedad.
Las defensas, que han lamentado que el cambio de consideración de las agresiones contra los docentes llegue justamente en un caso en que los acusados son una pareja de un barrio socioeconómico desfavorecido como La Mina, han pedido la absolución de los acusados o, en su defecto, que se les imponga una multa por faltas.
Piden algo más de un año de prisión para los padres de un alumno que agredieron a las maestras Barcelona. (EFE).- La Fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento han solicitado algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de Barcelona acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado.Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones han defendido que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora -ya que eran consideradas una falta- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.
Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, han negado cualquier agresión o amenaza e incluso haber faltado al respeto a las maestras al tiempo que han atribuido las acusaciones a un "complot" en su contra.
Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las maestras y la conserje y de algunos testigos y peritos, la Fiscalía ha rebajado sólo en dos meses su petición inicial, que ha dejado en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat ha solicitado un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.
La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, ha coincidido en su petición con la de la Fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión.
Esta letrada ha asegurado que el sistema debe velar "porque se respete la autoridad" de las direcciones de los centros escolares, en especial en aquellos considerados más conflictivos, y ha advertido de que, en caso contrario, se corre el riesgo de que aparezcan "efectos reflejos".
Éste es el primer caso de agresión a profesores en que un juez abrió diligencias por un delito de atentado y no como una falta, a petición del ministerio público y de la Generalitat, a raíz de la instrucción dictada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena.
El delito de atentado está castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel.
La agresión de que fueron víctimas la directora, una jefa de estudios y una conserje de la escuela Eduard Marquina de Barcelona, que despertó protestas unánimes entre la comunidad educativa, ocurrió el 11 de octubre de 2006.
Ese día la directora de la escuela, Maria Dolors Cortadillas, y la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, junto a la conserje Carmen Prados, impidieron la entrada en el centro a las 08.30 horas del hijo menor de los acusados, de 4 años, ya que los padres no habían realizado el pago pactado de 5 euros para permitir que utilizara el servicio de guardería previo al inicio de las clases, pese a que se les había requerido reiteradamente.
Según han relatado hoy las maestras, la madre del niño, indignada, intentó que éste entrara en el centro utilizando la fuerza y, cuando vio que no podía, llegó a agredir a la jefa de estudios, zarandeándola e incluso cogiéndola por el cuello, al tiempo que profería amenazas contra todas ellas, jaleada por su marido.
"Pégales, mátalas, bueno, ya la encontraras en la calle", son algunas de las frases lanzadas por el padre, Juan V.Z., mientras que la madre, Montserrat Márquez, también insultaba y utilizaba palabras obscenas, mientras varios niños lloraban.
Al parecer, los acusados se habían comprometido a pagar los 5 euros simbólicos por un servicio de guardería que no les correspondía ya que está previsto sólo para los escolares de educación infantil con hermanos mayores en la escuela, pero que el centro les había permitido usar "como un favor".
A consecuencia de los hechos, la jefa de estudios sufrió una crisis ansiosa de la que tardó 30 días en recuperarse y que agravó la depresión que ya tenía, mientras que la conserje presentó síntomas de ansiedad que han incrementado sus patologías respiratoria y digestiva previas.
Las defensas, que han lamentado que el cambio de consideración d
e las agresiones contra los docentes llegue justamente en un caso en que los acusados son una pareja de un barrio socioeconómico desfavorecido como La Mina, han pedido la absolución de los acusados o, en su defecto, que se les imponga una multa por faltas.ACUSADOS DE ATENTADO A FUNCIONARIOS
Juzgan por un delito de atentado a unos padres que agredieron a dos maestras
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