08Para entender el caso de las sedaciones de Leganés hay que imaginarse allí, en las urgencias del Severo Ochoa. "Llega una mujer de unos 44 años, con un cáncer de pulmón con metástasis. Era un caso intratable. Pesaba 33 kilos. Estaba consumida. Los hijos la trajeron a urgencias porque llevaba una semana gritando del dolor, y eso que estaba en casa con una dosis altísima de morfina. Eran chicos jóvenes y estaban destrozados". Miguel Ángel López Varas, el número dos de Luis Montes, insiste en dar los detalles. Es necesario para saber de qué hablamos cuando hablamos de sedación terminal. "Pensé que con cinco miligramos de morfina la calmaría. Pero no fue suficiente. Le puse 15, pero la mujer seguía gritando entre dolores terribles. Le subí la dosis, hasta 90 miligramos, y le di 95 miligramos de midazolam [un sedante] hasta que se acabó el de la urgencia y le puse 200 miligramos de tranxilium a chorro. No le hicieron nada porque llevaba tres años en su casa acostumbrada a tomar dos gramos de morfina diarios. ¿Qué tenía que haber hecho?".
López Varas no ha olvidado las sensaciones de aquel día de otoño de 2004, unos meses antes de que estallase el escándalo, y recuerda las cifras exactas. "Entonces tuvo que venir Montes, que es anestesista, y sedarla con pentotal", una droga que sólo los especialistas manejan. "La mujer pasó unas 24 horas más en el hospital, con su familia, en una habitación aparte, calmada, dormida. Sus hijos pudieron despedirse de ella". López Varas mira al suelo y murmura: "De esto va el caso Leganés".
El médico ya no está en el hospital. Estuvo imputado por 10 de las 15 sedaciones que investigó el juzgado (de los 400 casos iniciales, ése fue el número que llevó a ser investigado; el resto se cayeron por sí solos) y ahora trabaja en Illescas (Toledo). Tras renunciar a su plaza en Leganés por el acoso sufrido, el 9 de junio de 2006 se incorporó a su nuevo empleo. En Toledo estaban ya sus compañeros de Leganés Jorge Olalla, Susana Cortizo y José Luis Menéndez, todos represaliados por el Gobierno regional de Madrid, del PP. "Me dijeron que no me molestara en buscar trabajo en Madrid", recuerda Menéndez, uno de los imputados por el bulo de las sedaciones y que el lunes pasado vio cómo la Audiencia archivaba definitivamente el caso, ordenaba retirar cualquier alusión a la mala práctica médica y limpiaba el nombre de los médicos.
Ya en Toledo creían haber pasado lo peor. Pero no iba a ser tan sencillo. Sólo 13 días después, el PP de Toledo manifestó en un comunicado "su preocupación" porque "cuatro médicos supuestamente implicados en las sedaciones irregulares monopolicen" las urgencias de Illescas. "Ahí me di cuenta de que querían acabar con nosotros, que no iban a parar", sostiene López Varas, de enormes patillas y lengua afilada, que ha llevado el calvario con entereza.
El diálogo se produce en la puerta del Severo Ochoa con seis de los 11 médicos imputados por las sedaciones y dos degradaos de sus puestos por apoyar a Luis Montes, ex coordinador de urgencias de Leganés. Los vecinos que salen del hospital les saludan desde el coche -"enhorabuena, doctor"- y les palmean. En media hora son seis saludos, y uno que sale gritando del centro les espeta: "No me extraña que les denuncien, este hospital es una mierda". Montes mira al suelo y alza las cejas con resignación. Así será su vida durante años. Recibe decenas de cartas de apoyo y algún insulto. El miércoles escuchó cómo en TVE el ex portavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez le llamó nazi. Sin pruebas y sin inmutarse.
Todos tienen historias similares. A Diego Gamero le dijeron que era "uno de los mejores médicos de urgencias", pero que tenían órdenes de no renovarle el contrato, y ahora trabaja en la sanidad privada; Jorge Olalla llegó un día a su puesto de trabajo y le espetaron que ya no trabajaba allí, que la noche antes le habían despedido por burofax; a Fernando Gimeno le mandaron de vuelta a su plaza en Móstoles tras 16 años como jefe de urología del Severo Ochoa y de haber colocado a su servicio entre los mejores de España; Joaquín Insausti fue destituido como jefe de la unidad del dolor; Frutos del Nogal fue relevado como jefe de la UVI... De los 14 médicos de urgencias que había con Montes no queda nada; cinco jefes de servicio y de enfermería fueron relevados; el hospital se llenó de cámaras para grabar a los que protestaban.
Como la mujer que cuenta López Varas, otros 150 enfermos terminales agónicos fallecieron sedados en las urgencias de Leganés entre 2002 y marzo de 2005.
La sedación terminal, el tratamiento paliativo cuando todo falla para dormir al paciente incluso si acelera la muerte, está aceptada por la OMS, las sociedades médicas y hasta por la Iglesia católica. Pero al ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, del PP, actualmente titular de Transportes en el gobierno de Esperanza Aguirre, le debió de parecer un horror cuando el 2 de marzo de 2005 recibió una denuncia anónima sobre "400 homicidios en el Severo Ochoa". El texto, torpemente redactado, partió del hospital -los médicos tienen sus sospechas, pero la investigación policial se cerró sin culpables-. El anónimo atribuía a Montes el deseo de acabar con cientos de enfermos "para ahorrar dinero al centro".
El caso era descabellado de principio a fin. La forma (el anónimo) era ridícula, y los motivos (el ahorro) absurdos. Los datos eran ciertos, pero los antecedentes recomendaban tomar distancia. A finales de 2002 hubo un anónimo similar. "El entonces gerente del centro, Jesús Rodríguez, me dijo que quería destituir a Montes, que era intolerable. Yo era director médico y me negué. Llevamos el caso a la consejería y ellos enviaron una inspección", explica ahora Gimeno.
La consejería ya estaba en manos del PP. El entonces consejero, José Ignacio Echániz, ha sido hasta ahora diputado popular. Tras las elecciones de mayo de 2003, y mientras se dirimía si el presidente sería el socialista Rafael Simancas o Esperanza Aguirre, Alfredo Macho llegó al frente de la consejería. El responsable de sanidad de los socialistas madrileños, Lucas Fernández, recuerda cómo se llevó aquella primera denuncia: "Me llamaron a comer, me dijeron que había una denuncia y que lo iban a investigar. Querían que lo supiera para que no me enterara por fuera. Me pareció bien y no hubo ningún escándalo. Aunque era el verano del tamayazo, no hicimos oposición con esto".
La Consejería de Sanidad encargó a dos de sus inspectores que fueran a Leganés, que estudiasen el caso, que hablasen con los médicos, los familiares y las enfermeras y que hicieran un informe. Tras dos meses allí, el 18 de septiembre de 2003, los inspectores concluyen que "no hay mala praxis" en las sedaciones a pacientes terminales. El informe atribuye la alta mortalidad en urgencias -el argumento favorito del PP para culpar a Montes- a la falta de camas. El hospital estaba diseñado para 240.000 personas, pero atendía a 400.000, y, ante el colapso, en 2002, el Ministerio de Sanidad, en manos del PP, construyó en urgencias dos pequeñas salas para terminales. No había camas en medicina interna, lugar ideal para los moribundos. La existencia de esas salas no era ningún secreto. En los planos de la urgencia que marcan las salidas de emergencia aparecían con un letrero: "Terminales y aislados". Por eso moría más gente en urgencias. La consejería no tomó medidas contra los médicos. El sentido común había triunfado. Caso cerrado.
El día que los inspectores entregan su informe, Luis Montes llama al presidente del Comité de Ética de Getafe y de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Casares, y le pide que audite su trabajo. Sabe que le vigilan, que tiene enemigos en la urgencia que dirige desde 2000 con mano firme, sobre todo con los médicos que estaban antes de su llegada. El 1 de diciembre de 2003, Casares concluye que en las sedaciones no hay mala praxis y alaba a Montes. El último párrafo no deja lugar a dudas: "Mi respeto y admiración a todos los profesionales del servicio de urgencias, que tantas veces en condiciones de gran presión asistencial están comprometidos en proporcionar una asistencia de calidad a estos pacientes".
Por si acaso, Montes aprueba un protocolo de sedación que obliga a que el tratamiento lo firmen dos médicos y a que los familiares consientan por escrito. Creía haberse cubierto las espaldas. No volvería a pasar por aquello. Error.
El 10 de marzo de 2005, Lamela llama a Casares y le pide el informe del Comité de Ética de Getafe. "Querían tener los antecedentes del caso. Evidentemente, les dio igual lo que yo decía", recuerda Casares, que dimitió del Colegio de Médicos porque estaba controlado por la consejería.
Durante meses, y dado que Lamela es abogado del Estado, mucha gente atribuyó su nefasta gestión de la crisis a que no conocía la denuncia previa y la actuación de sus antecesores. La llamada a Casares demuestra que sí lo conocía. "Yo creo que se puso nervioso cuando la asociación Defensor del Paciente le escribe y le dice que también ha recibido la denuncia y que se la ha mandado al Ministerio de Sanidad. Teme que el Gobierno le acuse de taparlo todo porque él recibió la denuncia el 2 de marzo, y decide golpear primero", explica una persona que trató al consejero esos días.
El 11 de marzo, en el Bosque de los Ausentes en memoria de las 191 víctimas del 11-M, Lamela llama a un aparte al socialista Simancas y le advierte: "Tengo una denuncia de 400 eutanasias en Leganés muy documentada. Es muy gordo. Hablamos de eutanasia activa, masiva y continuada".
Montes llega a urgencias a las 7.45, como cada día. "Me llamó el gerente, Adolfo Bermúdez de Castro, a media mañana y me dijo que me tenía que ir, que había una nueva denuncia de las sedaciones". Menos de media hora después, Montes paseaba nervioso por urgencias. Golpeaba un cigarrillo habanos contra el paquete. "Estoy muy tranquilo", dijo a este periodista. Se encerró en su despacho y sólo salió después de las cuatro de la tarde, y escoltado por los guardas de seguridad. Comenzaba la purga.
Lamela había decidido que lo de Leganés era muy grave, que iba a destituir a toda la cúpula del centro. Es difícil pensar que el consejero esperara tanta oposición: los médicos del centro se alzaron, luego los sindicatos y los vecinos... El consejero comienza entonces una errática huida hacia adelante. Primero denuncia el caso a la fiscalía, envía al centro a los inspectores de la consejería para que revisen 25 casos de sedaciones que la comisión de mortalidad del hospital había encontrado dudosos. Los inspectores afirman que no ven mala praxis y que todos los pacientes eran terminales. Lamela podía haber cerrado aquí el asunto, pero decide que sus inspectores están contaminados y nombra a dedo un comité de expertos para que analicen las historias. Ha nacido la comisión Lamela, con nombres sesgados hacia la derecha y el catolicismo.
Uno de esos días, el doctor Javier Martínez Salmeán, amigo de Montes, reputado ginecólogo y jefe de servicio del Severo Ochoa, contacta con Lamela a través de Hernán Cortés Funes. Éste es el líder de la comisión Lamela, oncólogo del hospital Doce de Octubre y compañero de golf de Aguirre. Quedaron una tarde en un reservado del hotel Ritz. Lamela y Salmeán con Cortés Funes de testigo. "Lamela decía que estaba todo clarísimo, que era muy grave y que estaba escrito. Se basaba en los informes de la comisión de mortalidad que había considerado 'irregulares, no indicadas, indebidas o en exceso' unas sedaciones. Yo le llevé la respuesta que los médicos a esos casos mandaron por escrito a la comisión y él comenzó a leerlos", recuerda Salmeán.
En esas respuestas, de diciembre de 2004, los médicos de urgencias detallan que los pacientes eran terminales, que uno de ellos había sido calificado en Getafe como "pronóstico infausto en breve" y el resto eran discrepancias médica entre si era mejor usar tranxilium o dormicum. "Lamela los leyó muy atento y despacio, y me dio la impresión de que no conocía esos documentos, pero cuando le pregunté me dijo que ya los había visto", explica Salmeán.
En esa larga conversación, el médico pide al consejero que reponga en su puesto al gerente, ya que sólo lleva unos meses en el cargo y todo ocurrió con su antecesor, Jesús Rodríguez. Ahí, Lamela da una respuesta que explica mucho de su actuación, tal vez todo: "Políticamente, ya no puedo dar marcha atrás. No se entendería". Ya estaba metido en aquello hasta las cejas y no iba a dar marcha atrás. Si lo hacía, su carrera política estaba terminada. El escándalo era ya el mayor de la sanidad pública y él ya había declarado: "Las irregularidades en Leganés tenían resultado de muerte". Una acusación demasiado grave. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Lamela, que se fue de vacaciones a Baqueira en pleno escándalo.
Los médicos de Leganés están convencidos de que Lamela dirigía una amplia campaña contra la sanidad pública y los cuidados paliativos con motivaciones religiosas, que pretendía hacer frente a la demanda social que las películas Mar adentro y Million dollar baby habían impulsado ese año y desgastar al PSOE. Pero esa hipótesis sólo encaja a martillazos. Lamela es un liberal, un hombre de Rodrigo Rato que ha acudido a matrimonios homosexuales, no es un legionario de Cristo. Es cierto que privatizó los cuidados paliativos a domicilio en Madrid, pero, como explica el socialista Fernández, "lo hizo a los hermanos San Juan de Dios. Los paliativos no dan dinero ni hay grandes intereses, y la orden no se forró". Es probable que todo fuese más sencillo: que no podía dar marcha atrás, y que luego se sumaron los grupos más derechistas, la emisora de los obispos y el propio PP madrileño.
Le va en el carácter. En 1996, nada más llegar al Gobierno el PP, Lamela organizó desde el Ministerio de Hacienda otro escándalo similar. Denunció que el PSOE había perdonado 200.000 millones de pesetas a sus amigos mediante una amnistía fiscal encubierta. Nunca más se supo de aquello.
Mientras Lamela maniobra con su comisión de expertos, la fiscalía encarga a la clínica médico-forense de Madrid que analice las historias clínicas y le diga si ve algo raro. Pero no lo ve. Cuando el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, nombrado con el PP, se dispone a archivar el caso, Lamela recibe el informe de sus expertos. Éstos, sin hablar con los médicos ni los familiares, concluyen que hay 73 sedaciones "no indicadas, contraindicadas o inadecuadas".
El informe contiene errores de bulto y posiciones de partida erróneas, como demostró la Sociedad Española de Epidemiología. La comisión Lamela justificó sus conclusiones en que los pacientes con más dosis de sedantes fallecían antes. Los epidemiólogos replicaron: "Los pacientes más graves, los que se mueren antes, reciben más dosis de sedantes debido precisamente a la gravedad de su situación".
Los expertos de la consejería no lograban establecer la conexión causa-efecto, pero le dieron a Lamela tiempo. Con ese informe, la consejería denunció el caso al juzgado y desactivó la investigación del fiscal (a punto de archivarse), ya que cuando un juez se hace cargo de la investigación, el ministerio público se tiene que inhibir. El 24 de mayo de 2005, el viceconsejero de Sanidad Arturo Canalda presenta en el juzgado la denuncia contra sus médicos. Canalda, hoy defensor del menor de Madrid, sostiene: "No me siento responsable de nada de nada". Ese escrito, de tres folios, es la prueba del bulo del PP, que ahora niega en su argumentario que judicializase el caso. Sí lo hizo, aunque lo nieguen Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, del juez Rafael Rosel, que en contra del criterio del fiscal comenzó a imputar.
De las historias quedaron 15 sospechosas, y llamó a los 11 médicos que habían firmado las sedaciones (en cada caso hacían falta dos firmas). Encargó un nuevo informe, el enésimo, al Colegio de Médicos, controlado por una persona próxima a la consejería, Juliana Fariñas, y se emitió un dictamen plagado de errores. Consideraron que una sedación era indebida porque el paciente había fallecido minutos después de que le aplicaran la morfina. En realidad habían confundido las 23.00 por las 11.00, y el paciente no había pasado minutos con la sedación, sino 12 horas y minutos. Más de dos años después, el 22 de junio pasado, el juez no tuvo más remedio que archivar el caso. Pero lo hizo dejando abierta la posibilidad de que se hubiese registrado en algún momento mala práctica.
El caso se había cerrado en falso, y Montes y López Varas recurrieron a la Audiencia para eliminar esa referencia. Los otros nueve médicos imputados no recurrieron porque les defendía una empresa de seguros que no quiso correr el riesgo. El resultado es conocido: la Audiencia Provincial considera que esa referencia fue un exceso del juez y ha ordenado retirar cualquier referencia a la mala práctica.
Montes está ahora tranquilo. "No dejé de venir ni un día a trabajar. Al día siguiente de mi relevo me llamó Canalda al móvil y me preguntó si me interesaría irme a otro centro. Le dije que no. Era un pulso desde el primer momento. Al día siguiente estaba a las 7.45 en mi plaza de anestesista. Estuve cuatro meses reciclándome antes de entrar en quirófano".
El médico era un desconocido para la opinión pública, pero no en el mundo médico. En los años setenta militó en un grupúsculo anarquista llamado Solidaridad y fundó la editorial ZYX. Su nombre de la clandestinidad era Felipe; el de Frutos del Nogal, jefe de la UVI hasta que fue relevado, era Macario. A principios de los ochenta, si una chica quería abortar en España tenía que ir al hospital de Móstoles. Salméan era de los pocos que hacían abortos en España, y Montes era su anestesista. El grupo era conocido como Sendero Luminoso ,y juntos fueron a Leganés cuando abrió en 1985. Esto también explica la inquina que el PP ha mostrado en el caso contra los médicos.
En 2006, Lucas Fernández se reunió con Lamela para acordar un pacto sanitario en la Comunidad. Cuando el socialista le pidió que arreglara el caso del Severo Ochoa, el consejero respondió: "Se arreglará cuando haga lo que tengo que hacer: destituir a cinco jefes de servicio". Lo hizo en agosto. Del grupo de amigos, sólo queda Salmeán en el cargo.
Los represaliados no tienen ninguna duda de que hicieron lo correcto. Andrés Bernardo Aranda fue el único que vivió una instrucción por separado. La familia de Cándido Pestaña fue la única de las 151 fallecidas que se sumó a las denuncias. El juez archivó el caso. Pestaña tenía 78 años, un cáncer y una enfermedad pulmonar. Entró terminal y la familia apoyó la sedación. El juzgado alabó la actuación del médico.
Andrés, que hoy rota en unas prácticas por varios hospitales, pasa unas semanas en el hospital Severo Ochoa. No tiene duda de que hizo lo correcto. "Hace seis meses murió mi suegro, una persona joven, de un cáncer de pulmón. Él pidió que cuando se fuera a morir lo sedaran. Lo hice en su casa y murió tranquilo y dormido en lugar de hacerlo entre ahogos y dolores. Quizá habría podido vivir unas horas más en la agonía. Pero eso no merece la pena. La gente en España muere mal, con dolor, sufriendo ellos y sus familiares, pero no hay necesidad".
De esto va el caso de las sedaciones de Leganés.
López Varas no ha olvidado las sensaciones de aquel día de otoño de 2004, unos meses antes de que estallase el escándalo, y recuerda las cifras exactas. "Entonces tuvo que venir Montes, que es anestesista, y sedarla con pentotal", una droga que sólo los especialistas manejan. "La mujer pasó unas 24 horas más en el hospital, con su familia, en una habitación aparte, calmada, dormida. Sus hijos pudieron despedirse de ella". López Varas mira al suelo y murmura: "De esto va el caso Leganés".
El médico ya no está en el hospital. Estuvo imputado por 10 de las 15 sedaciones que investigó el juzgado (de los 400 casos iniciales, ése fue el número que llevó a ser investigado; el resto se cayeron por sí solos) y ahora trabaja en Illescas (Toledo). Tras renunciar a su plaza en Leganés por el acoso sufrido, el 9 de junio de 2006 se incorporó a su nuevo empleo. En Toledo estaban ya sus compañeros de Leganés Jorge Olalla, Susana Cortizo y José Luis Menéndez, todos represaliados por el Gobierno regional de Madrid, del PP. "Me dijeron que no me molestara en buscar trabajo en Madrid", recuerda Menéndez, uno de los imputados por el bulo de las sedaciones y que el lunes pasado vio cómo la Audiencia archivaba definitivamente el caso, ordenaba retirar cualquier alusión a la mala práctica médica y limpiaba el nombre de los médicos.
Ya en Toledo creían haber pasado lo peor. Pero no iba a ser tan sencillo. Sólo 13 días después, el PP de Toledo manifestó en un comunicado "su preocupación" porque "cuatro médicos supuestamente implicados en las sedaciones irregulares monopolicen" las urgencias de Illescas. "Ahí me di cuenta de que querían acabar con nosotros, que no iban a parar", sostiene López Varas, de enormes patillas y lengua afilada, que ha llevado el calvario con entereza.
El diálogo se produce en la puerta del Severo Ochoa con seis de los 11 médicos imputados por las sedaciones y dos degradaos de sus puestos por apoyar a Luis Montes, ex coordinador de urgencias de Leganés. Los vecinos que salen del hospital les saludan desde el coche -"enhorabuena, doctor"- y les palmean. En media hora son seis saludos, y uno que sale gritando del centro les espeta: "No me extraña que les denuncien, este hospital es una mierda". Montes mira al suelo y alza las cejas con resignación. Así será su vida durante años. Recibe decenas de cartas de apoyo y algún insulto. El miércoles escuchó cómo en TVE el ex portavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez le llamó nazi. Sin pruebas y sin inmutarse.
Todos tienen historias similares. A Diego Gamero le dijeron que era "uno de los mejores médicos de urgencias", pero que tenían órdenes de no renovarle el contrato, y ahora trabaja en la sanidad privada; Jorge Olalla llegó un día a su puesto de trabajo y le espetaron que ya no trabajaba allí, que la noche antes le habían despedido por burofax; a Fernando Gimeno le mandaron de vuelta a su plaza en Móstoles tras 16 años como jefe de urología del Severo Ochoa y de haber colocado a su servicio entre los mejores de España; Joaquín Insausti fue destituido como jefe de la unidad del dolor; Frutos del Nogal fue relevado como jefe de la UVI... De los 14 médicos de urgencias que había con Montes no queda nada; cinco jefes de servicio y de enfermería fueron relevados; el hospital se llenó de cámaras para grabar a los que protestaban.
Como la mujer que cuenta López Varas, otros 150 enfermos terminales agónicos fallecieron sedados en las urgencias de Leganés entre 2002 y marzo de 2005.
La sedación terminal, el tratamiento paliativo cuando todo falla para dormir al paciente incluso si acelera la muerte, está aceptada por la OMS, las sociedades médicas y hasta por la Iglesia católica. Pero al ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, del PP, actualmente titular de Transportes en el gobierno de Esperanza Aguirre, le debió de parecer un horror cuando el 2 de marzo de 2005 recibió una denuncia anónima sobre "400 homicidios en el Severo Ochoa". El texto, torpemente redactado, partió del hospital -los médicos tienen sus sospechas, pero la investigación policial se cerró sin culpables-. El anónimo atribuía a Montes el deseo de acabar con cientos de enfermos "para ahorrar dinero al centro".
El caso era descabellado de principio a fin. La forma (el anónimo) era ridícula, y los motivos (el ahorro) absurdos. Los datos eran ciertos, pero los antecedentes recomendaban tomar distancia. A finales de 2002 hubo un anónimo similar. "El entonces gerente del centro, Jesús Rodríguez, me dijo que quería destituir a Montes, que era intolerable. Yo era director médico y me negué. Llevamos el caso a la consejería y ellos enviaron una inspección", explica ahora Gimeno.
La consejería ya estaba en manos del PP. El entonces consejero, José Ignacio Echániz, ha sido hasta ahora diputado popular. Tras las elecciones de mayo de 2003, y mientras se dirimía si el presidente sería el socialista Rafael Simancas o Esperanza Aguirre, Alfredo Macho llegó al frente de la consejería. El responsable de sanidad de los socialistas madrileños, Lucas Fernández, recuerda cómo se llevó aquella primera denuncia: "Me llamaron a comer, me dijeron que había una denuncia y que lo iban a investigar. Querían que lo supiera para que no me enterara por fuera. Me pareció bien y no hubo ningún escándalo. Aunque era el verano del tamayazo, no hicimos oposición con esto".
La Consejería de Sanidad encargó a dos de sus inspectores que fueran a Leganés, que estudiasen el caso, que hablasen con los médicos, los familiares y las enfermeras y que hicieran un informe. Tras dos meses allí, el 18 de septiembre de 2003, los inspectores concluyen que "no hay mala praxis" en las sedaciones a pacientes terminales. El informe atribuye la alta mortalidad en urgencias -el argumento favorito del PP para culpar a Montes- a la falta de camas. El hospital estaba diseñado para 240.000 personas, pero atendía a 400.000, y, ante el colapso, en 2002, el Ministerio de Sanidad, en manos del PP, construyó en urgencias dos pequeñas salas para terminales. No había camas en medicina interna, lugar ideal para los moribundos. La existencia de esas salas no era ningún secreto. En los planos de la urgencia que marcan las salidas de emergencia aparecían con un letrero: "Terminales y aislados". Por eso moría más gente en urgencias. La consejería no tomó medidas contra los médicos. El sentido común había triunfado. Caso cerrado.
El día que los inspectores entregan su informe, Luis Montes llama al presidente del Comité de Ética de Getafe y de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Casares, y le pide que audite su trabajo. Sabe que le vigilan, que tiene enemigos en la urgencia que dirige desde 2000 con mano firme, sobre todo con los médicos que estaban antes de su llegada. El 1 de diciembre de 2003, Casares concluye que en las sedaciones no hay mala praxis y alaba a Montes. El último párrafo no deja lugar a dudas: "Mi respeto y admiración a todos los profesionales del servicio de urgencias, que tantas veces en condiciones de gran presión asistencial están comprometidos en proporcionar una asistencia de calidad a estos pacientes".
Por si acaso, Montes aprueba un protocolo de sedación que obliga a que el tratamiento lo firmen dos médicos y a que los familiares consientan por escrito. Creía haberse cubierto las espaldas. No volvería a pasar por aquello. Error.
El 10 de marzo de 2005, Lamela llama a Casares y le pide el informe del Comité de Ética de Getafe. "Querían tener los antecedentes del caso. Evidentemente, les dio igual lo que yo decía", recuerda Casares, que dimitió del Colegio de Médicos porque estaba controlado por la consejería.
Durante meses, y dado que Lamela es abogado del Estado, mucha gente atribuyó su nefasta gestión de la crisis a que no conocía la denuncia previa y la actuación de sus antecesores. La llamada a Casares demuestra que sí lo conocía. "Yo creo que se puso nervioso cuando la asociación Defensor del Paciente le escribe y le dice que también ha recibido la denuncia y que se la ha mandado al Ministerio de Sanidad. Teme que el Gobierno le acuse de taparlo todo porque él recibió la denuncia el 2 de marzo, y decide golpear primero", explica una persona que trató al consejero esos días.
El 11 de marzo, en el Bosque de los Ausentes en memoria de las 191 víctimas del 11-M, Lamela llama a un aparte al socialista Simancas y le advierte: "Tengo una denuncia de 400 eutanasias en Leganés muy documentada. Es muy gordo. Hablamos de eutanasia activa, masiva y continuada".
Montes llega a urgencias a las 7.45, como cada día. "Me llamó el gerente, Adolfo Bermúdez de Castro, a media mañana y me dijo que me tenía que ir, que había una nueva denuncia de las sedaciones". Menos de media hora después, Montes paseaba nervioso por urgencias. Golpeaba un cigarrillo habanos contra el paquete. "Estoy muy tranquilo", dijo a este periodista. Se encerró en su despacho y sólo salió después de las cuatro de la tarde, y escoltado por los guardas de seguridad. Comenzaba la purga.
Lamela había decidido que lo de Leganés era muy grave, que iba a destituir a toda la cúpula del centro. Es difícil pensar que el consejero esperara tanta oposición: los médicos del centro se alzaron, luego los sindicatos y los vecinos... El consejero comienza entonces una errática huida hacia adelante. Primero denuncia el caso a la fiscalía, envía al centro a los inspectores de la consejería para que revisen 25 casos de sedaciones que la comisión de mortalidad del hospital había encontrado dudosos. Los inspectores afirman que no ven mala praxis y que todos los pacientes eran terminales. Lamela podía haber cerrado aquí el asunto, pero decide que sus inspectores están contaminados y nombra a dedo un comité de expertos para que analicen las historias. Ha nacido la comisión Lamela, con nombres sesgados hacia la derecha y el catolicismo.
Uno de esos días, el doctor Javier Martínez Salmeán, amigo de Montes, reputado ginecólogo y jefe de servicio del Severo Ochoa, contacta con Lamela a través de Hernán Cortés Funes. Éste es el líder de la comisión Lamela, oncólogo del hospital Doce de Octubre y compañero de golf de Aguirre. Quedaron una tarde en un reservado del hotel Ritz. Lamela y Salmeán con Cortés Funes de testigo. "Lamela decía que estaba todo clarísimo, que era muy grave y que estaba escrito. Se basaba en los informes de la comisión de mortalidad que había considerado 'irregulares, no indicadas, indebidas o en exceso' unas sedaciones. Yo le llevé la respuesta que los médicos a esos casos mandaron por escrito a la comisión y él comenzó a leerlos", recuerda Salmeán.
En esas respuestas, de diciembre de 2004, los médicos de urgencias detallan que los pacientes eran terminales, que uno de ellos había sido calificado en Getafe como "pronóstico infausto en breve" y el resto eran discrepancias médica entre si era mejor usar tranxilium o dormicum. "Lamela los leyó muy atento y despacio, y me dio la impresión de que no conocía esos documentos, pero cuando le pregunté me dijo que ya los había visto", explica Salmeán.
En esa larga conversación, el médico pide al consejero que reponga en su puesto al gerente, ya que sólo lleva unos meses en el cargo y todo ocurrió con su antecesor, Jesús Rodríguez. Ahí, Lamela da una respuesta que explica mucho de su actuación, tal vez todo: "Políticamente, ya no puedo dar marcha atrás. No se entendería". Ya estaba metido en aquello hasta las cejas y no iba a dar marcha atrás. Si lo hacía, su carrera política estaba terminada. El escándalo era ya el mayor de la sanidad pública y él ya había declarado: "Las irregularidades en Leganés tenían resultado de muerte". Una acusación demasiado grave. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Lamela, que se fue de vacaciones a Baqueira en pleno escándalo.
Los médicos de Leganés están convencidos de que Lamela dirigía una amplia campaña contra la sanidad pública y los cuidados paliativos con motivaciones religiosas, que pretendía hacer frente a la demanda social que las películas Mar adentro y Million dollar baby habían impulsado ese año y desgastar al PSOE. Pero esa hipótesis sólo encaja a martillazos. Lamela es un liberal, un hombre de Rodrigo Rato que ha acudido a matrimonios homosexuales, no es un legionario de Cristo. Es cierto que privatizó los cuidados paliativos a domicilio en Madrid, pero, como explica el socialista Fernández, "lo hizo a los hermanos San Juan de Dios. Los paliativos no dan dinero ni hay grandes intereses, y la orden no se forró". Es probable que todo fuese más sencillo: que no podía dar marcha atrás, y que luego se sumaron los grupos más derechistas, la emisora de los obispos y el propio PP madrileño.
Le va en el carácter. En 1996, nada más llegar al Gobierno el PP, Lamela organizó desde el Ministerio de Hacienda otro escándalo similar. Denunció que el PSOE había perdonado 200.000 millones de pesetas a sus amigos mediante una amnistía fiscal encubierta. Nunca más se supo de aquello.
Mientras Lamela maniobra con su comisión de expertos, la fiscalía encarga a la clínica médico-forense de Madrid que analice las historias clínicas y le diga si ve algo raro. Pero no lo ve. Cuando el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, nombrado con el PP, se dispone a archivar el caso, Lamela recibe el informe de sus expertos. Éstos, sin hablar con los médicos ni los familiares, concluyen que hay 73 sedaciones "no indicadas, contraindicadas o inadecuadas".
El informe contiene errores de bulto y posiciones de partida erróneas, como demostró la Sociedad Española de Epidemiología. La comisión Lamela justificó sus conclusiones en que los pacientes con más dosis de sedantes fallecían antes. Los epidemiólogos replicaron: "Los pacientes más graves, los que se mueren antes, reciben más dosis de sedantes debido precisamente a la gravedad de su situación".
Los expertos de la consejería no lograban establecer la conexión causa-efecto, pero le dieron a Lamela tiempo. Con ese informe, la consejería denunció el caso al juzgado y desactivó la investigación del fiscal (a punto de archivarse), ya que cuando un juez se hace cargo de la investigación, el ministerio público se tiene que inhibir. El 24 de mayo de 2005, el viceconsejero de Sanidad Arturo Canalda presenta en el juzgado la denuncia contra sus médicos. Canalda, hoy defensor del menor de Madrid, sostiene: "No me siento responsable de nada de nada". Ese escrito, de tres folios, es la prueba del bulo del PP, que ahora niega en su argumentario que judicializase el caso. Sí lo hizo, aunque lo nieguen Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, del juez Rafael Rosel, que en contra del criterio del fiscal comenzó a imputar.
De las historias quedaron 15 sospechosas, y llamó a los 11 médicos que habían firmado las sedaciones (en cada caso hacían falta dos firmas). Encargó un nuevo informe, el enésimo, al Colegio de Médicos, controlado por una persona próxima a la consejería, Juliana Fariñas, y se emitió un dictamen plagado de errores. Consideraron que una sedación era indebida porque el paciente había fallecido minutos después de que le aplicaran la morfina. En realidad habían confundido las 23.00 por las 11.00, y el paciente no había pasado minutos con la sedación, sino 12 horas y minutos. Más de dos años después, el 22 de junio pasado, el juez no tuvo más remedio que archivar el caso. Pero lo hizo dejando abierta la posibilidad de que se hubiese registrado en algún momento mala práctica.
El caso se había cerrado en falso, y Montes y López Varas recurrieron a la Audiencia para eliminar esa referencia. Los otros nueve médicos imputados no recurrieron porque les defendía una empresa de seguros que no quiso correr el riesgo. El resultado es conocido: la Audiencia Provincial considera que esa referencia fue un exceso del juez y ha ordenado retirar cualquier referencia a la mala práctica.
Montes está ahora tranquilo. "No dejé de venir ni un día a trabajar. Al día siguiente de mi relevo me llamó Canalda al móvil y me preguntó si me interesaría irme a otro centro. Le dije que no. Era un pulso desde el primer momento. Al día siguiente estaba a las 7.45 en mi plaza de anestesista. Estuve cuatro meses reciclándome antes de entrar en quirófano".
El médico era un desconocido para la opinión pública, pero no en el mundo médico. En los años setenta militó en un grupúsculo anarquista llamado Solidaridad y fundó la editorial ZYX. Su nombre de la clandestinidad era Felipe; el de Frutos del Nogal, jefe de la UVI hasta que fue relevado, era Macario. A principios de los ochenta, si una chica quería abortar en España tenía que ir al hospital de Móstoles. Salméan era de los pocos que hacían abortos en España, y Montes era su anestesista. El grupo era conocido como Sendero Luminoso ,y juntos fueron a Leganés cuando abrió en 1985. Esto también explica la inquina que el PP ha mostrado en el caso contra los médicos.
En 2006, Lucas Fernández se reunió con Lamela para acordar un pacto sanitario en la Comunidad. Cuando el socialista le pidió que arreglara el caso del Severo Ochoa, el consejero respondió: "Se arreglará cuando haga lo que tengo que hacer: destituir a cinco jefes de servicio". Lo hizo en agosto. Del grupo de amigos, sólo queda Salmeán en el cargo.
Los represaliados no tienen ninguna duda de que hicieron lo correcto. Andrés Bernardo Aranda fue el único que vivió una instrucción por separado. La familia de Cándido Pestaña fue la única de las 151 fallecidas que se sumó a las denuncias. El juez archivó el caso. Pestaña tenía 78 años, un cáncer y una enfermedad pulmonar. Entró terminal y la familia apoyó la sedación. El juzgado alabó la actuación del médico.
Andrés, que hoy rota en unas prácticas por varios hospitales, pasa unas semanas en el hospital Severo Ochoa. No tiene duda de que hizo lo correcto. "Hace seis meses murió mi suegro, una persona joven, de un cáncer de pulmón. Él pidió que cuando se fuera a morir lo sedaran. Lo hice en su casa y murió tranquilo y dormido en lugar de hacerlo entre ahogos y dolores. Quizá habría podido vivir unas horas más en la agonía. Pero eso no merece la pena. La gente en España muere mal, con dolor, sufriendo ellos y sus familiares, pero no hay necesidad".
De esto va el caso de las sedaciones de Leganés.
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