La fiscalía ve indicios de delito en los destrozos en el yacimiento de Chaves. Los dueños de la finca de Bastarás podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión por haber convertido la cueva neolítica en un abrevadero para animales. ANA IPAS. Huesca
Hasta tres años de prisión. Esa es la pena a la que podrían enfrentarse los autores de los destrozos en la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico situado dentro del coto de caza de Bastarás (Casbas de Huesca) que ha sido demolido para convertirlo en un abrevadero para animales. La fiscalía oscense, que abrió diligencias tras la notificación de lo ocurrido por parte de Patrimonio, ve indicios de delito en la destrucción de esta excavación arqueológica que, junto a la de Or, es la más destacada en España.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, Felipe Zazurca, confirmó ayer estos datos. "Es notorio que ha habido un gran destrozo", informó Zazurca, quien añadió que en breve se presentará la denuncia al juzgado por un presunto delito sobre el patrimonio histórico, concretamente, por vulnerar los artículos del 321 al 324 del Código Penal. En ellos, se estipula que podrán ser castigados con penas de prisión de hasta tres años y multa veinticuatro meses a quien cause daños en yacimientos arqueológicos.
En las diligencias previas, además de la visita a la zona, inspección que realizó una fiscal a mediados del pasado mes de mayo acompañada de dos técnicos de Patrimonio de la Diputación General de Aragón. También se ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre el rebaje del suelo de la gruta, que en algunos puntos es de hasta tres metros y que descubrió a principios de marzo Vicente Baldellou, director del Museo de Huesca y responsable, junto a Pilar Utrilla, de las excavaciones arqueológicas que se llevaban a cabo en esta gruta del despoblado de Bastarás.
¿Quién es el dueño?
Pero quién es el verdadero dueño del coto sigue siendo un misterio. El nombre de Victorino Alonso, un empresario leonés vinculado a la minería, es el que más suena en Casbas cuando se habla de los propietarios de la finca, que ha pasado por diferentes manos desde 1978. Documentalmente, siempre se ha mantenido a nombre de FINBAS, S. A (previsiblemente para no perder la autorización como coto de caza), aunque los dueños de la empresa han variado bastante en los últimos treinta años.
Entre otros, Codorníu y una multinacional francesa han constado como propietarios, aunque desde mediados de 2005, el administrador único es Antonio Francisco de la Fuente Vidales. Pese a que su nombre puede resultar desconocido, ha sido directivo, administrador y apoderado de varias compañías del grupo de Alonso, el nombre al que apuntan ecologistas y otras organizaciones cuando se habla del coto de caza de Bastarás, situado en el municipio de Casbas de Huesca.
De la Fuente Vidales es también el administrador único de Flogemar, S. L., sociedad propietaria del coto Rivera Baja en Zarza la Mayor (Cáceres), que fue denunciado en 2006 por importar ilegalmente antílopes indios.
El coto de Bastarás tampoco se ha librado de estas tropelías ya que en él se han introducido una cabra de origen africano, el arrui. Esta acción ilegal, que supone una infracción muy grave, según el artículo 57 de la Ley de Caza de Aragón, la 5/2002, podría suponer el cierre del coto ya que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón así lo propone en el expediente sancionador que tramita contra la propiedad por introducir esta especie alóctona.
Hasta tres años de prisión. Esa es la pena a la que podrían enfrentarse los autores de los destrozos en la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico situado dentro del coto de caza de Bastarás (Casbas de Huesca) que ha sido demolido para convertirlo en un abrevadero para animales. La fiscalía oscense, que abrió diligencias tras la notificación de lo ocurrido por parte de Patrimonio, ve indicios de delito en la destrucción de esta excavación arqueológica que, junto a la de Or, es la más destacada en España.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, Felipe Zazurca, confirmó ayer estos datos. "Es notorio que ha habido un gran destrozo", informó Zazurca, quien añadió que en breve se presentará la denuncia al juzgado por un presunto delito sobre el patrimonio histórico, concretamente, por vulnerar los artículos del 321 al 324 del Código Penal. En ellos, se estipula que podrán ser castigados con penas de prisión de hasta tres años y multa veinticuatro meses a quien cause daños en yacimientos arqueológicos.
En las diligencias previas, además de la visita a la zona, inspección que realizó una fiscal a mediados del pasado mes de mayo acompañada de dos técnicos de Patrimonio de la Diputación General de Aragón. También se ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre el rebaje del suelo de la gruta, que en algunos puntos es de hasta tres metros y que descubrió a principios de marzo Vicente Baldellou, director del Museo de Huesca y responsable, junto a Pilar Utrilla, de las excavaciones arqueológicas que se llevaban a cabo en esta gruta del despoblado de Bastarás.
¿Quién es el dueño?
Pero quién es el verdadero dueño del coto sigue siendo un misterio. El nombre de Victorino Alonso, un empresario leonés vinculado a la minería, es el que más suena en Casbas cuando se habla de los propietarios de la finca, que ha pasado por diferentes manos desde 1978. Documentalmente, siempre se ha mantenido a nombre de FINBAS, S. A (previsiblemente para no perder la autorización como coto de caza), aunque los dueños de la empresa han variado bastante en los últimos treinta años.
Entre otros, Codorníu y una multinacional francesa han constado como propietarios, aunque desde mediados de 2005, el administrador único es Antonio Francisco de la Fuente Vidales. Pese a que su nombre puede resultar desconocido, ha sido directivo, administrador y apoderado de varias compañías del grupo de Alonso, el nombre al que apuntan ecologistas y otras organizaciones cuando se habla del coto de caza de Bastarás, situado en el municipio de Casbas de Huesca.
De la Fuente Vidales es también el administrador único de Flogemar, S. L., sociedad propietaria del coto Rivera Baja en Zarza la Mayor (Cáceres), que fue denunciado en 2006 por importar ilegalmente antílopes indios.
El coto de Bastarás tampoco se ha librado de estas tropelías ya que en él se han introducido una cabra de origen africano, el arrui. Esta acción ilegal, que supone una infracción muy grave, según el artículo 57 de la Ley de Caza de Aragón, la 5/2002, podría suponer el cierre del coto ya que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón así lo propone en el expediente sancionador que tramita contra la propiedad por introducir esta especie alóctona.
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