¿Hasta cuándo el nacionalcatolicismo? JUAN JOSÉ TAMAYO EL PAÍS - Opinión - 09-06-2010
En su visita al Vaticano, mañana día 10, el presidente del Gobierno español llega como un alumno aplicado con los deberes religiosos hechos, las promesas cumplidas y la cartera presidencial repleta de privilegios para la Iglesia católica (IC): económicos, políticos, educativos, culturales, fiscales, jurídicos e incluso militares. Es posible que comunique al Papa que no va a denunciar los Acuerdos de 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede y que la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia no va a cambiar el trato de favor del que disfruta la Iglesia católica en España.
Lejos quedan en el imaginario social los tiempos en que los dirigentes eclesiásticos del Vaticano y del catolicismo español acusaban al Gobierno socialista de "laicismo agresivo" y "fundamentalista laicista" (cardenal Julián Herranz). O calificaban su política de "fobia religiosa" y declaraban sin rubor que el objetivo del Ejecutivo del PSOE era "desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones" y la "suplantación cultural del humanismo cristiano por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen" (Juan del Río, hoy vicario general castrense).
De entonces para acá, el Gobierno socialista ha dado muestras de debilidad en materia religiosa, que la Santa Sede y los obispos católicos españoles han aprovechado para mantener intactos no pocos de los favores de la época del nacionalcatolicismo. Han conseguido mantener la oferta obligatoria de la religión y la moral católicas en todos los centros de enseñanza escolar, públicos y privados, subvencionados o no con fondos públicos, y el pago a los profesores y profesoras de catolicismo. Con la anuencia del Ministerio de Educación han adaptado la asignatura laica de Educación para la Ciudadanía al ideario de centro, convirtiéndola en una clase de religión católica bis.
El Gobierno ha movido ficha en todos los terrenos y ha hecho no pocas concesiones a la Iglesia católica. Esta, empero, no ha cumplido algunos de los compromisos adquiridos solemnemente en los Acuerdos de 1979. Por ejemplo, el de la autofinanciación que aparece en el Acuerdo Ecuménico: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado" (artículo 2).
Han pasado 31 años de tan solemne compromiso, y ni la Iglesia ha logrado la autofinanciación, ni el Gobierno socialista la ha urgido a conseguirla. Todo lo contrario. En un intercambio de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura Apostólica se incrementó el coeficiente del IRPF en la asignación tributaria a la Iglesia católica del 0,52% al 0,70%, con carácter estable. Bueno es recordarlo en el tramo final de la declaración de la renta para visibilizar la discriminación a que se ven sometidas las demás religiones en un Estado no confesional. ¿O acaso España no es teóricamente un Estado no confesional, aunque es evidente que en la práctica conserva no pocos restos del multisecular nacionalcatolicismo? Si la dependencia económica de la Iglesia católica del erario público es un signo de minoría de edad de aquella, es también prueba de debilidad y de falta de coherencia por parte del Estado, que se convierte en recaudador de impuestos para la jerarquía y el clero católicos sin contraprestación alguna.
Para terminar, me gustaría mostrar a Rodríguez Zapatero dos contradicciones en las que, a mi juicio, está instalado el Gobierno que preside en su modo de proceder en materia religiosa.
1. Justifica la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Religiosa y de Conciencia, 30 años después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, atendiendo a las profundas transformaciones sociorreligiosas producidas durante ese tiempo en la sociedad española. Si esa justificación es correcta, y lo es, me pregunto ¿por qué no aplica el mismo criterio para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede? ¿O es que esas transformaciones en nada afectan a la Iglesia católica? Claro que la afectan, y mucho. Así lo demuestran el fenómeno creciente de las apostasías, el descenso de la práctica religiosa católica, la pérdida de credibilidad de los dirigentes eclesiásticos en la sociedad española, el significativo descenso de la fe en la juventud española, hoy por debajo del 50%, etcétera, etcétera.
2. El Gobierno y otros cargos políticos han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de avanzar hacia la igualdad de todas las religiones eliminando las discriminaciones que todavía existen hoy. Sin embargo, la práctica política parece ir en dirección contraria, al dejar incólumes los privilegios de la Iglesia católica e incluso profundizar todavía más las diferencias en las materias antes indicadas. Es lo más parecido a la cuadratura del círculo. ¿O es que no hay voluntad de caminar hacia el Estado laico? En cuyo caso, ¿qué sentido tiene la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia?
Zapatero visita al Papa para calmar al episcopado. La crisis y los reproches de laicismo radical frenan la reforma religiosa. JUAN G. BEDOYA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 06-06-2010
El Gobierno socialista se atiene al consejo jesuítico de no hacer mudanzas en tiempos de tribulación. Con la emergencia económica pisándole los talones, ese es el contexto en que se produce el primer encuentro oficial del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el papa Benedicto XVI. La cita es el próximo jueves en el despacho del pontífice en el Vaticano, a media mañana, y no se prolongará más allá de 35 minutos, según fuentes de la Moncloa. El presidente español se entrevistará más tarde con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tacisio Bertone, y con el responsable de los asuntos exteriores papales, el arzobispo Dominique Mamberti.
Acusado por los dirigentes católicos de plantear reformas laicistas radicales -el cardenal Julián Herranz, entonces miembro de la Curia romana, lo tachó incluso de "fundamentalista laicista"-, Rodríguez Zapatero ha sido motivo de preocupación en estos años entre la jerarquía del catolicismo. Los esfuerzos del Vaticano no sólo se han dirigido a neutralizarlo en España, sino a impedir que un supuesto modelo laicista español se extendiese a otros países. Mediada su segunda legislatura en el poder, las reformas anunciadas por el Ejecutivo socialista están por llegar o se han dulcificado por el camino.
Si nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que un gobierno ejerza de recaudador de impuestos para una religión concreta, el español está muy lejos de ser lo que se pretende desde el Ejecutivo. El Gobierno ha mejorado incluso el sistema de financiación pública a la Iglesia católica, como ningún otro Gobierno anterior, aceptando además la renuncia de los obispos a cumplir algún día su promesa de autofinanciación. También ha mantenido otros muchos privilegios eclesiásticos, como la oferta obligatoria de clases de catolicismo en todos los centros de enseñanza, con un profesorado elegido por los obispos y pagado por el Estado, y ha permitido la adaptación al ideario de cada centro -es decir, a gusto de los obispos-, de la muy polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tampoco ha concretado en estos seis años la frecuentemente anunciada reforma de la llamada ley de Libertad Religiosa, cumplidos sus tres décadas de vigencia.
Pese a todo, los obispos españoles y el Vaticano mantienen intacta su presión contra Zapatero, incluso por reformas que la mayoría de los países occidentales hicieron hace décadas, como la despenalización del aborto voluntario. Para ello, el Papa no ha dejado de mimar a su iglesia en España, con gestos como llamar a Roma como ministro de la Congregación para el Culto Divino al cardenal Antonio Cañizares, hasta entonces primado de Toledo. También ha programado dos próximas visitas pastorales, a Santiago y a Barcelona el próximo noviembre, y a Madrid para resalzar la Jornada Mundial de la Juventud, en el verano de 2011.
En su visita al Vaticano, mañana día 10, el presidente del Gobierno español llega como un alumno aplicado con los deberes religiosos hechos, las promesas cumplidas y la cartera presidencial repleta de privilegios para la Iglesia católica (IC): económicos, políticos, educativos, culturales, fiscales, jurídicos e incluso militares. Es posible que comunique al Papa que no va a denunciar los Acuerdos de 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede y que la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia no va a cambiar el trato de favor del que disfruta la Iglesia católica en España.
Lejos quedan en el imaginario social los tiempos en que los dirigentes eclesiásticos del Vaticano y del catolicismo español acusaban al Gobierno socialista de "laicismo agresivo" y "fundamentalista laicista" (cardenal Julián Herranz). O calificaban su política de "fobia religiosa" y declaraban sin rubor que el objetivo del Ejecutivo del PSOE era "desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones" y la "suplantación cultural del humanismo cristiano por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen" (Juan del Río, hoy vicario general castrense).
De entonces para acá, el Gobierno socialista ha dado muestras de debilidad en materia religiosa, que la Santa Sede y los obispos católicos españoles han aprovechado para mantener intactos no pocos de los favores de la época del nacionalcatolicismo. Han conseguido mantener la oferta obligatoria de la religión y la moral católicas en todos los centros de enseñanza escolar, públicos y privados, subvencionados o no con fondos públicos, y el pago a los profesores y profesoras de catolicismo. Con la anuencia del Ministerio de Educación han adaptado la asignatura laica de Educación para la Ciudadanía al ideario de centro, convirtiéndola en una clase de religión católica bis.
El Gobierno ha movido ficha en todos los terrenos y ha hecho no pocas concesiones a la Iglesia católica. Esta, empero, no ha cumplido algunos de los compromisos adquiridos solemnemente en los Acuerdos de 1979. Por ejemplo, el de la autofinanciación que aparece en el Acuerdo Ecuménico: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado" (artículo 2).
Han pasado 31 años de tan solemne compromiso, y ni la Iglesia ha logrado la autofinanciación, ni el Gobierno socialista la ha urgido a conseguirla. Todo lo contrario. En un intercambio de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura Apostólica se incrementó el coeficiente del IRPF en la asignación tributaria a la Iglesia católica del 0,52% al 0,70%, con carácter estable. Bueno es recordarlo en el tramo final de la declaración de la renta para visibilizar la discriminación a que se ven sometidas las demás religiones en un Estado no confesional. ¿O acaso España no es teóricamente un Estado no confesional, aunque es evidente que en la práctica conserva no pocos restos del multisecular nacionalcatolicismo? Si la dependencia económica de la Iglesia católica del erario público es un signo de minoría de edad de aquella, es también prueba de debilidad y de falta de coherencia por parte del Estado, que se convierte en recaudador de impuestos para la jerarquía y el clero católicos sin contraprestación alguna.
Para terminar, me gustaría mostrar a Rodríguez Zapatero dos contradicciones en las que, a mi juicio, está instalado el Gobierno que preside en su modo de proceder en materia religiosa.
1. Justifica la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Religiosa y de Conciencia, 30 años después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, atendiendo a las profundas transformaciones sociorreligiosas producidas durante ese tiempo en la sociedad española. Si esa justificación es correcta, y lo es, me pregunto ¿por qué no aplica el mismo criterio para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede? ¿O es que esas transformaciones en nada afectan a la Iglesia católica? Claro que la afectan, y mucho. Así lo demuestran el fenómeno creciente de las apostasías, el descenso de la práctica religiosa católica, la pérdida de credibilidad de los dirigentes eclesiásticos en la sociedad española, el significativo descenso de la fe en la juventud española, hoy por debajo del 50%, etcétera, etcétera.
2. El Gobierno y otros cargos políticos han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de avanzar hacia la igualdad de todas las religiones eliminando las discriminaciones que todavía existen hoy. Sin embargo, la práctica política parece ir en dirección contraria, al dejar incólumes los privilegios de la Iglesia católica e incluso profundizar todavía más las diferencias en las materias antes indicadas. Es lo más parecido a la cuadratura del círculo. ¿O es que no hay voluntad de caminar hacia el Estado laico? En cuyo caso, ¿qué sentido tiene la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia?
Zapatero visita al Papa para calmar al episcopado. La crisis y los reproches de laicismo radical frenan la reforma religiosa. JUAN G. BEDOYA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 06-06-2010
El Gobierno socialista se atiene al consejo jesuítico de no hacer mudanzas en tiempos de tribulación. Con la emergencia económica pisándole los talones, ese es el contexto en que se produce el primer encuentro oficial del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el papa Benedicto XVI. La cita es el próximo jueves en el despacho del pontífice en el Vaticano, a media mañana, y no se prolongará más allá de 35 minutos, según fuentes de la Moncloa. El presidente español se entrevistará más tarde con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tacisio Bertone, y con el responsable de los asuntos exteriores papales, el arzobispo Dominique Mamberti.
Acusado por los dirigentes católicos de plantear reformas laicistas radicales -el cardenal Julián Herranz, entonces miembro de la Curia romana, lo tachó incluso de "fundamentalista laicista"-, Rodríguez Zapatero ha sido motivo de preocupación en estos años entre la jerarquía del catolicismo. Los esfuerzos del Vaticano no sólo se han dirigido a neutralizarlo en España, sino a impedir que un supuesto modelo laicista español se extendiese a otros países. Mediada su segunda legislatura en el poder, las reformas anunciadas por el Ejecutivo socialista están por llegar o se han dulcificado por el camino.
Si nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que un gobierno ejerza de recaudador de impuestos para una religión concreta, el español está muy lejos de ser lo que se pretende desde el Ejecutivo. El Gobierno ha mejorado incluso el sistema de financiación pública a la Iglesia católica, como ningún otro Gobierno anterior, aceptando además la renuncia de los obispos a cumplir algún día su promesa de autofinanciación. También ha mantenido otros muchos privilegios eclesiásticos, como la oferta obligatoria de clases de catolicismo en todos los centros de enseñanza, con un profesorado elegido por los obispos y pagado por el Estado, y ha permitido la adaptación al ideario de cada centro -es decir, a gusto de los obispos-, de la muy polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tampoco ha concretado en estos seis años la frecuentemente anunciada reforma de la llamada ley de Libertad Religiosa, cumplidos sus tres décadas de vigencia.
Pese a todo, los obispos españoles y el Vaticano mantienen intacta su presión contra Zapatero, incluso por reformas que la mayoría de los países occidentales hicieron hace décadas, como la despenalización del aborto voluntario. Para ello, el Papa no ha dejado de mimar a su iglesia en España, con gestos como llamar a Roma como ministro de la Congregación para el Culto Divino al cardenal Antonio Cañizares, hasta entonces primado de Toledo. También ha programado dos próximas visitas pastorales, a Santiago y a Barcelona el próximo noviembre, y a Madrid para resalzar la Jornada Mundial de la Juventud, en el verano de 2011.
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