viernes, julio 30, 2010
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Siete de cada 10 controladores de baja no superan la inspección médica
miércoles, julio 21, 2010
FORO PALESTINA LIBRE: injustificada intervención de Lior Haiat, portavoz de la embajada israelí, en el VII Curso de verano “Ciudad de Tarazona”
martes, julio 20, 2010
¿Distancia o implicación emocional? FERRÁN RAMON-CORTÉS EL PAIS SEMANAL
lunes, julio 19, 2010
miércoles, julio 14, 2010
Oposiciones Secundaria Aragón 2010 Profesores de Instituto y FP y Artes y Conservatorios
martes, julio 13, 2010
sábado, julio 10, 2010
La concertada deberá acoger a más alumnos inmigrantes. El Gobierno prepara un decreto que veta el cobro de cuotas de exclusión
Los colegios concertados han dejado de cumplir la función para la que fueron creados en 1985 de llegar de manera subsidiaria a donde no lo hace la escolarización pública. Hoy, apenas acogen al 15% de los inmigranres, pese a estar sostenidos con unos 6.000 millones de euros anuales procedentes de fondos públicos. El Gobierno central prepara un decreto para combatir este desequilibrio, que obligará a estos centros, unos 2.700 en toda España, a escolarizar a más alumnos con dificultades, que suelen ser los más pobres (inmigrantes, discapacitados y procedentes de minorías étnicas).
El borrador de la norma de 46 artículos, al que ha tenido acceso este diario, establece que los centros concertados que escolaricen a este tipo de estudiantes obtendrán una financiación extra, pero no podrán "imponer en ningún caso" a los padres el pago de cuotas, y las actividades extraescolares no formarán parte del horario escolar.
SEGREGACIÓN
Aunque tenga carácter voluntario, el pago de cuotas supone en la práctica un medio para segregar a los alumnos con pocos recursos económicos, que se concentran en la pública, según la confederación laica de padres CEAPA. La entidad critica la excepción de posible cobro que el artículo 13 establece para actividades complementarias y servicios escolares. No obstante, el proyecto de decreto deja claro que las cuotas "serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos, carecerán de carácter lucrativo" y deberán ser autorizadas por la Administración.
La norma básica, que desarrollarán las autonomías, trata también de poner coto a la práctica, defendida por el PP y otros partidos conservadores, de que un centro acceda a un concierto por tener un determinado tamaño o alumnos suficientes. El decreto faculta a los gobiernos autonómicos, que se encargarán de aprobar o denegar los conciertos, para que exijan a estos centros una adaptación de la planificación escolar a la programación fijada por la Administración. El proyecto también prevé unos conciertos de carácter "singular" para enseñanzas posobligatorias. En este caso, las familias podrán aportar al centro, como "financiación complementaria", hasta un 10% del monto del módulo económico establecido por cada autonomía. La actualización del decreto de 1985, que fijó el régimen de conciertos, pasa de largo sobre la reivindicación de sindicatos, asociaciones y partidos de la izquierda de que se eliminen las subvenciones a los centros que discriminen por razón de sexo y no garanticen la coeducación de chicos y chicas. La mayoría están vinculados al Opus Dei.
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Valencia informará de la "trascendencia ética" de abortar. La portavoz del Consell advierte de que pondrá en marcha "lo que la ley permita"...
Valencia informará de la "trascendencia ética" de abortar
La portavoz del Consell advierte de que pondrá en marcha "lo que la ley permita" para defender el derecho a la vida"
La consellera de justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez.- PUBLICO/JUAN NAVARRO
La Generalitat valenciana informará a las mujeres que acudan a los centros sanitarios con intención de interrumpir su embarazo no sólo de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de su decisión sino también de la "trascendencia ética" de esta acción.
Para ello, se incorporará a la documentación escrita imágenes sobre el proceso de interrupción voluntaria del embarazo y del de formación de la vida por medio de "cualquier formato gráfico" como ecografías en 3D.
Lo cierto es que la ley ya prevé varias medidas para informar a las afectadas. Además de recoger la obligatoriedad de una estrategia de salud sexual y la formación sexual y reproductiva -que deben desarrollar las autonomías que son quien tienen las competencias en materia de educación- obliga a un periodo de reflexión.
Para que una mujer pueda abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación que establece la ley, deberán haber transcurrido al menos tres días desde que solicitó la intervención. La norma obliga a las clínicas que hagan abortos a dar un sobre a cada mujer con información sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. De esta forma, se establece un periodo de reflexión, como solicitaban los partidos conservadores.
Pese a ello, las comunidades gobernadas por los conservadores han tratado de boicotear la nueva ley desde el primer día. Además del recurso de inconstitucionalidad presentado, el mismo día de su aprobación el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, llamó a la insumisión .
Aunque posteriormente Valcárcel aseguro que acataría la ley, volvió a pronunciarse duramente contra ella asegurando que es "un bodrio de una perversidad tremenda".
"Transcendencia ética"
La portavoz del Consell valencano, Paula Sánchez de León, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que ha tomado una serie de decisiones para evitar "las situaciones y los problemas técnicos" que se pueden suscitar como consecuencia de la aplicación de la nueva ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Al respecto, ha acordado, en virtud del artículo 17.4 de la ley, que regula el derecho a la información con carácter previo a la prestación del consentimiento, informar no sólo de las consecuncias médicas, psicológicas y sociales de la interrupción del embarazo "sino también de la trascendencia ética de la decisión de abortar".
Para ello, se incorporará no sólo la información escrita de carácter médico o psicológico que prevé la ley, sino también "información visual" tanto del proceso de interrupción del embarazocomo del de formación de la vida a través de "cualquier formato gráfico" como ecografías en 3D.
El Ejecutivo valenciano también ha decidido crear un comité de expertos que analice y redacte la normativa autonómica necesaria para la aplicación del derecho a la objeción de conciencia. Sánchez de León ha avanzado que la pretensión es que este derecho se amplíe para los empleados públicos que no sean profesionales sanitarios.
La portavoz del Consell ha lamentado que el Tribunal Constitucional, que ha admitido los recursos contra la nueva ley, "haya perdido la oportunidad de decretar la suspensión cautelar" de la norma, que adolece de"importantes problemas técnicos en su aplicación".También se constituirá un servicio específico público para "dar respuesta" a los "conflictos" y "controversias" que la aplicación de la norma pueda generar, como en el caso de que una adolescente de 16 años decida abortar y sólo cuente con el consentimiento de uno de los progenitores o de ninguno y la menor invoque el derecho que prevé la ley, ha precisado Sánchez de León.
Está por ver el contenido de esa "información", aunque Sánchez de León ya da pistas: "la Generalitat Valenciana "va a trabajar por poner en marcha todo aquello que la ley permita para garantizar que las personas puedan defender el derecho a la vida frente a la protección del derecho a la no vida que garantiza" la ley del Aborto, ha remarcado.
También ha asegurado que en la reunión del pleno del Gobierno valenciano no ha habido ninguna opinión discrepante y ha apuntado que las medidas se han adoptado conjuntamente por todo el Gobierno regional.
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