El congreso de teólogos ve al Gobierno "rehén de la Iglesia". La Asociación Juan XXIII reclama un "estatuto de laicidad". JUAN G. BEDOYA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 07-09-2008
El Gobierno "ha perdido parte de su autonomía y de su carácter laico" y la Iglesia católica se comporta "como el cuarto poder del Estado". Es la conclusión del debate sobre los acuerdos de 1979 entre España y el Vaticano, el plato fuerte del congreso de la Asociación de Teólogos Juan XXIII sobre Cristianismo y laicidad. "¿Quién nos iba a decir [que ocurriría esto] 30 años después de que la Constitución declarase que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal'?", lamentó el teólogo Juan José Tamayo. En la primera etapa de la legislatura pasada se aprobaron leyes con el rechazo radical de la jerarquía católica y "los legisladores no sucumbieron entonces a las presiones eclesiásticas", pero pasado el ecuador de la legislatura "la impresión es que el Gobierno se sintió rehén de la Iglesia católica hasta extremos difícilmente comprensibles", dijo.
"Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Ejecutivo", añadió.
Muchos de los congresistas reunidos por la Asociación Juan XXIII en la sede de Comisiones Obreras -en torno al millar de personas- coinciden en que la actual situación va "en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de 1978". También creen que todo esto sucede ante "la incomprensión" de no pocos de los militantes y electores socialistas.
Trato "exquisito"
"Así lo reconoció el número dos del PSOE José Blanco al afirmar que el trato del Gobierno a la Iglesia católica 'ha sido exquisito' y que el acuerdo de financiación 'ha sido cuestionado por buena parte de la sociedad y por muchos votantes del PSOE". Las frases de Blanco fueron subrayadas por el teólogo Tamayo.
"El ejemplo más palmario contra la laicidad del Estado y a favor de la nueva alianza entre el trono y el altar" ha sido el acuerdo de financiación firmado por los socialistas y los obispos en 2007, incrementando en la ley de Presupuestos de ese año algo más del 42% la cuota que recibe el episcopado de cada contribuyente que ponga una equis a su favor en el IRPF. El incremento contradice el propio Acuerdo Económico de 1979, en el que "la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades". Así dice textualmente el artículo 2.5.
"Con la fórmula actual, lejos de ir hacia a la autofinanciación, vamos en dirección contraria", concluyen los teólogos. Para avanzar hacia la construcción del Estado laico, el congreso pide la elaboración de una ley o estatuto de laicidad. Raquel Mallavibarrena, de Somos Iglesia, presentó un llamado Manifiesto por la laicidad en el que el colectivo Redes Cristianas enuncia los puntos de ese proyecto.
"Nuestra transición a la democracia estará incompleta mientras se mantenga el actual estado de cosas", concluyó por su parte Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Educativa y Asistencial CIVES.
El Gobierno "ha perdido parte de su autonomía y de su carácter laico" y la Iglesia católica se comporta "como el cuarto poder del Estado". Es la conclusión del debate sobre los acuerdos de 1979 entre España y el Vaticano, el plato fuerte del congreso de la Asociación de Teólogos Juan XXIII sobre Cristianismo y laicidad. "¿Quién nos iba a decir [que ocurriría esto] 30 años después de que la Constitución declarase que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal'?", lamentó el teólogo Juan José Tamayo. En la primera etapa de la legislatura pasada se aprobaron leyes con el rechazo radical de la jerarquía católica y "los legisladores no sucumbieron entonces a las presiones eclesiásticas", pero pasado el ecuador de la legislatura "la impresión es que el Gobierno se sintió rehén de la Iglesia católica hasta extremos difícilmente comprensibles", dijo.
"Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Ejecutivo", añadió.
Muchos de los congresistas reunidos por la Asociación Juan XXIII en la sede de Comisiones Obreras -en torno al millar de personas- coinciden en que la actual situación va "en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de 1978". También creen que todo esto sucede ante "la incomprensión" de no pocos de los militantes y electores socialistas.
Trato "exquisito"
"Así lo reconoció el número dos del PSOE José Blanco al afirmar que el trato del Gobierno a la Iglesia católica 'ha sido exquisito' y que el acuerdo de financiación 'ha sido cuestionado por buena parte de la sociedad y por muchos votantes del PSOE". Las frases de Blanco fueron subrayadas por el teólogo Tamayo.
"El ejemplo más palmario contra la laicidad del Estado y a favor de la nueva alianza entre el trono y el altar" ha sido el acuerdo de financiación firmado por los socialistas y los obispos en 2007, incrementando en la ley de Presupuestos de ese año algo más del 42% la cuota que recibe el episcopado de cada contribuyente que ponga una equis a su favor en el IRPF. El incremento contradice el propio Acuerdo Económico de 1979, en el que "la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades". Así dice textualmente el artículo 2.5.
"Con la fórmula actual, lejos de ir hacia a la autofinanciación, vamos en dirección contraria", concluyen los teólogos. Para avanzar hacia la construcción del Estado laico, el congreso pide la elaboración de una ley o estatuto de laicidad. Raquel Mallavibarrena, de Somos Iglesia, presentó un llamado Manifiesto por la laicidad en el que el colectivo Redes Cristianas enuncia los puntos de ese proyecto.
"Nuestra transición a la democracia estará incompleta mientras se mantenga el actual estado de cosas", concluyó por su parte Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Educativa y Asistencial CIVES.
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